Axel Kicillof asumió formalmente al frente del PJ bonaerense y como primer gesto político de impronta personal puso en marcha una campaña masiva de afiliación, apuntada a sumar jóvenes al partido y un discurso de “apertura hacia sectores que nos han sido adversos”. Hubo además un cuidado de los equilibrios internos, con críticas al gobierno de Javier Milei combinadas con el reclamo por la prisión de Cristina Kirchner.

La presidencia de Kicillof se formalizó en una reunión del Consejo partidario que se realizó en la sede de La Plata, a la que concurrieron dirigentes alienados en todas las corrientes internas con la excepción de Máximo Kirchner, que estuvo en un acto en Santa Fe, un gesto que pareció apuntado a marcar las tensiones internas que persisten, más allá de que su rol como titular del Congreso no le exigía estar presente.

Kicillof esquivó la polémica y, a la salida, dedicó unos minutos a la prensa para desgranar un discurso que combinó una llamado a sumar sectores “que muchas veces nos han sido adversos” con el rol que quiere para el partido: “tenemos que estar en la calle, acompañando y resistiendo: el peronismo de la provincia de Buenos Aires va a ser el responsable de terminar con este modelo de destrucción”, se entusiasmó.

“Hemos demostrado madurez, hemos demostrado responsabilidad", afirmó en esa línea. Y agregó que "no hay sector que no crea que es fundamental poner de pie y poner a funcionar el partido justicialista provincial". Enfatizó que "vi un espíritu de cooperación, un espíritu para contribuir" y que el resultado fue "una declaración conjunta de todos los sectores".

El Consejo aprobó un comunicado oficial que recoge la agenda crítica hacia el gobierno de Javier Milei, con un lugar destacado para la exigencia de reponer fondos nacionales “retenidos indebidamente” a la provincia por el gobierno de Milei, con el reclamo por Cristina Kirchner, a quien define como “proscripta” y para quien piden “la liberación”. Le suman un reclamo “humanitario” por Julio De Vido, preso con el acceso a un tratamiento médico por su diabetes dificultados, según denunció.

De la reunión emergió una marcha que el miércoles encabezarán intendentes y el gobernador al ministerio de Capital Humano para reclamarle a Sandra Petovello por una deuda de $220.000 mil millones, que ella niega, para financiar el Servicio Alimentario Escolar. Kicillof ya participó esta semana en un reclamo ante la Corte por fondos jubilatorios y también se sumará a la movilización del partido por el día del Trabajador, que quedó definida hoy.

En lo formal, se completó también la grilla de autoridades. Se designó a Verónica Magario como vicepresidenta 1º y a Federico Otermín como vicepresidente 2º, en tanto que Mariano Cascallares estará al frente de la Secretaría General, Julio Alak de la Secretaría de Formación Política y Mariel Fernández de la Secretaría de las Mujeres y Género. Asimismo, se ratificó a Ariel Sujarchuk como secretario de Finanzas y Tesorería, y a Noelia Castaño como subtesorera del partido.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó el cuadro tarifario que van a aplicar las distribuidoras de luz el mes que viene. Los nuevos valores de la energía eléctrica quedaron plasmados en la Resolución 222/26 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Cómo va a impactar en las facturas que llegan a los hogares.

“El impacto en factura final será en promedio del 1%“. De esta manera, un usuario residencial sin subsidio con un consumo medió que pagó $50.000 este mes, en mayo va a abonar $50.500 incluyendo impuestos. 

Paralelamente, un usuario con la tarifa subsidiada que pagaba $31.500 va a pasar a $31.800.

Este incremento de tarifas entra en vigencia el 1º de mayo y se verá reflejado en los consumos de ese mes por lo que llegará a las facturas que reciben los usuarios en junio. Según se explicó, se debe a un ajuste del valor agregado de distribución (VAD).

En mayo, la luz va a aumentar un 1% respecto de las tarifas de abril en toda la provincia de Buenos Aires.

Vale aclarar que esta suba rige para las cuatro distribuidoras que operan en el territorio bonaerense (EDELAP, EDEN, EDES y EDEA) y para las cooperativas eléctricas. Es de esperar que en los próximos días el Gobierno Nacional autorice los aumentos de luz para EDENOR y EDESUR que prestan servicio en el conurbano bonaerense.

Dirigentes empresarios de todas las provincias analizaron junto a los legisladores las principales necesidades y problemáticas que atraviesa el sector ante la sostenida caída del consumo y del poder adquisitivo, la apertura indiscriminada de importaciones y la pérdida de rentabilidad que tiene como consecuencia el cierre de pymes.

“El 95% de las pymes viven del mercado interno. Podemos trabajar en las mejores leyes, pero si no tenemos consumo no podemos transformar nada. No podemos tener innovación, inventiva, ni generar empleo. El desafío es que apuntemos a tener un consumo activo”, manifestó el presidente de CAME, Ricardo Diab, y agregó: “La pequeña y mediana empresa es nuestro objetivo y estaremos con quienes tengan ese mismo objetivo”.

En ese sentido, uno de los reclamos fue un nuevo consenso fiscal que dé un marco de ordenamiento a los impuestos provinciales, entre ellos los Ingresos Brutos, y a las tasas municipales, además de la reducción de la presión fiscal a las pymes. De esta manera se evitaría lo que muchas veces sucede: que la marginalidad se convierta en la única salida para evitar la carga tributaria que se superpone.

Al respecto, CAME propuso que la capacitación sea un puente para cortar la brecha entre la informalidad y la formalidad. Por eso pidió que el Congreso acompañe la oferta de capacitación de la Escuela de Negocios de CAME, que apunta a mejorar la empleabilidad y la profesionalización de las pymes.

Por otra parte, para luchar contra el comercio ilegal y el contrabando, CAME requirió avanzar con el proyecto de ley de Armonización del Comercio Fronterizo, que propone un régimen especial para pymes en zonas de fronteras para así reducir asimetrías cambiarias y fomentar la competitividad.

A su vez, se planteó que para acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) habría que contemplar un monto mínimo de inversión más bajo que el establecido para las microempresas y para las pequeñas empresas (US$ 150.000 y US$ 600.000, respectivamente). Asimismo, que las inversiones puedan realizarse dentro de los primeros cinco años desde la entrada en vigencia del RIMI (versus los dos años estipulados).

Por último, los representantes de CAME solicitaron mayores líneas de financiamiento, ya que sólo 1 de cada 3 pymes accede a él. En tanto, los diputados nacionales presentes informaron que trabajarán en la posibilidad de declarar la emergencia pyme en todo el país.
 

Directivos de CAME junto a diputados

Además del presidente de CAME, Ricardo Diab, estuvieron presentes los vicepresidentes Fabián Castillo y Claudia Fernández; la secretaria general, Beatriz Tourn; el secretario de Hacienda, Blas Taladrid; el secretario de Organización, Silvio Farach; el secretario Gremial, Guillermo Polke; el secretario de Relaciones Internacionales, Alfredo González; el secretario de Prensa, Salvador Femenía; el secretario de Relaciones Institucionales, Fausto Brandolin; el secretario de Capacitación, Luis Alonso; el secretario de Servicios, Dino Minnozzi; el secretario de Interior, Gerardo Díaz Beltrán; el director del sector de Economías Regionales, Eduardo Rodríguez; el coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios, Vicente Lourenzo; el coordinador de la Comisión de Fronteras y de la Comisión de Ilegalidad, Fabián Hryniewicz; y representantes de federaciones y cámaras de las 23 provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires.