País
Alarmado por la suba de casos, el Gobierno reclamó mayores cuidados
16 de diciembre de 2020
Ginés González García, Daniel Gollan y Fernán Quiros, los ministros de Salud de Nación, provincia y ciudad de Buenos Aires, respectivamente, se manifestaron «preocupados» por la detención en la caída de los casos de coronavirus que se venía registrando en el todo el país y también por el aumento en las naciones limítrofes, y de cara a los encuentros de fin de año pidieron «aumentar los cuidados» que indican los protocolos contra la covid-19.
«Sigue habiendo circulación comunitaria del virus», dijo el ministro de Salud de la Nación al iniciar la conferencia de prensa en la Casa Rosada junto con sus pares de Ciudad y provincia de Buenos Aires, en la que se los escuchó con criterios unificados respecto a la situación epidemiológica del país.
Los tres funcionarios coincidieron en que luego de varias semanas de descenso ininterrumpidos de casos, la curva se estabilizó «en los últimos 7 a 10 días».
De todos modos, González García comentó que la situación en Argentina difiere de la que se vive en países limítrofes, en los que la cantidad de casos «está ascendiendo» y no relacionó este panorama con el comienzo de una segunda ola de la enfermedad, tal como está ocurriendo en Europa, por ejemplo.
El titular de la cartera de Salud informó que el sistema sanitario «no está saturado», que el Consejo Federal de Salud acordó incrementar los testeos pero planteó que, aún así, es necesario aumentar «los cuidados» de cara a las fiestas, porque «sigue habiendo circulación comunitaria en el país» y «la llegada de la vacuna no cambiará esa realidad a mediano plazo».
«No lo puedo descartar, pero queremos que no lo sea. Tenemos que hacer lo posible para que no lo sea», resaltó el ministro de Salud, Ginés González García. Al referirse a un rebrote, González García afirmó que lo que quieren es que «no pase, y si pasa que sea lo más tarde posible y lo más atenuado posible».
El funcionario nacional advirtió que «se ha flexibilizado bastante la conducta» de la ciudadanía frente a la pandemia del coronavirus, por lo que pidió «extremar los cuidados» frente a las fiestas de fin de año y las vacaciones.
«Si bien auspiciosamente hemos visto un descenso muy importante de todo el país en las últimas semanas, notamos que desde hace unos días está tendiendo a estabilizarse ese descenso», subrayó.
En esa línea, el ministro de Salud de la Nación destacó: «Cuidado, miremos un poco más. Usemos esta información para tomar las decisiones ahora y no después. Veníamos bajando muy bien, muy contentos, pero hace dos semanas que estamos en donde esa tendencia se aplanó».
En otro tramo del anuncio, el ministro nacional aseguró que «no» quieren «perder lo ganado», y precisó: «Se ha flexibilizado bastante la conducta y se ha dejado de cumplir el uso del barbijo, la distancia, las reuniones sociales. Sigue habiendo circulación comunitaria y si aumentamos la circulación, va a incrementarse la cantidad de contagios».
Los tres ministros desestimaron que la meseta de casos haya sido provocada por manifestaciones masivas como el funeral de Diego Maradona y apuntaron que «la causa modal de los contagios está en los encuentros» que se hacen en lugares cerrados.
Gollan, en tanto, se mostró confiado en que la temporada estival pueda desarrollarse en la Costa Atlántica bonaerense adoptando los controles y protocolos necesarios.
Consultado sobre la campaña de vacunación, González García dijo que se está recibiendo mucha información por parte de la delegación argentina que por estas horas visita los laboratorios en los que se produce la vacuna rusa Sputnik V y, por otra parte, fue crítico con las actitudes adoptadas por la empresa estadounidense Pfizer.
El ministro dijo que «no pierde la esperanza» de firmar un contrato con Pfizer, aunque señaló que ese laboratorio «cambió las condiciones» y calificó a alguna de ellas como «inaceptables».
«Se nos pidió una ley, que se hizo. Pero después se nos pidió una nueva ley y que el contrato lo firmara el Presidente», dijo el titular de la cartera sanitaria y estimó que ese cambio de postura, en realidad, podría explicarse por una «caída a la mitad» de la producción que estimaban tener para principios de 2021.
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Diputados debatirá la baja de la edad de imputabilidad el 12 de febrero
El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, indicó que la intención es emitir dictamen el miércoles y tratarlo en el recinto de sesiones el día siguiente.
La Libertad Avanza, junto a los bloques dialoguistas, buscará sancionar el próximo jueves en la Cámara de Diputados el proyecto del Régimen Penal Juvenil, que establece una reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años, informaron fuentes legislativas.
El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, indicó que la intención es emitir dictamen el miércoles y el jueves tratarlo en el recinto de sesiones, y aclaró que se establecerá la edad de 14 años que fue consensuada el año pasado entre el oficialismo y un grupo de bloques opositores.
Ritondo formuló estas declaraciones al salir de la reunión que se efectuó entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los bloques de la Cámara de Diputados.
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Conciliación obligatoria
Tras la advertencia del gremio La Fraternidad de avanzar este jueves con un paro de trenes, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria y desacivó por esa vía la medida de fuerza.
La decisión se terminó de definir luego de una reunión realizada en el Ministerio de Economía, de la que participaron delegados del sindicato, entre ellos, el secretario general del gremio, Omar Maturano, junto a representantes del área de Transporte, en la que no se llegó a un acuerdo.
Minutos después, llegó la confirmación oficial a través de un comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, en el que se informó que el Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que involucra tanto al sindicato como a las empresas del sector, Operadora Ferroviaria S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Metrovías S.A. y Ferrovías S.A. Concesionaria.
De acuerdo al comunicado oficial, se establece un período de conciliación obligatoria de 15 días, “durante el cual las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al conflicto y garantizar la prestación normal de los servicios, evitando demoras, cancelaciones o cualquier tipo de afectación a los usuarios ”.
Bajo esa misma línea, el Gobierno lanzó además una advertencia directa al sector sindical e intimó a La Fraternidad a “dejar sin efecto las medidas de fuerza dispuestas o anunciadas, así como cualquier otra acción que pueda afectar la normal prestación del servicio”.
La decisión oficial llegó luego de que el sábado el sindicato que nuclea a los maquinistas ferroviarios confirmara que avanzaría con un paro nacional de actividades por 24 horas para este jueves 5 de febrero, una medida que iba a afectar a todas las líneas de pasajeros y a algunos servicios de carga, tras un fallido encuentro con el sector empresarial, en el que las partes ofrecieron un aumento salarial del 2% para diciembre y del 1% para enero.
Desde el gremio reclaman una recomposición salarial por encima de la inflación y advierten que “en lo que va del año estamos perdiendo casi el 35% del salario”. Según cifras que maneja el sindicato, el sueldo básico de un maquinista es actualmente de $1.136.000, mientras que el de un ayudante de conductor ronda los $893.000.
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Piden la liberación de la argentina presa en Brasil por racismo
Agostina Páez, abogada argentina de 29 años, se encuentra detenida en Brasil por un caso relacionado con racismo. Actualmente, enfrenta el uso de una tobillera electrónica y no tiene acceso a su pasaporte para regresar a Argentina. La fiscalía brasileña ha solicitado su prisión preventiva, mientras que la Fundación Apolo ha solicitado la intervención de la Cancillería Argentina.
El reclamo de la Fundación Apolo, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, sostiene que la imputación es desproporcionada debido a la falta de una condena firme por el cargo de injuria racial. Este incidente se produjo durante sus vacaciones en Río de Janeiro.
Según el documento presentado, Páez fue detenida tras un desacuerdo en un bar del barrio de Ipanema, donde se le acusó de realizar gestos considerados ofensivos.
La detención no solo resultó en la retención de su pasaporte, sino que también se le impuso un dispositivo de monitoreo electrónico que le impide regresar a Argentina mientras avanza la causa.
El reclamo indica que la respuesta del sistema penal brasileño no se ajusta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y que la medida restrictiva fue adoptada sin una evaluación adecuada de alternativas menos gravosas, además de no considerar la condición de mujer extranjera de la imputada.
Además, se destaca que existen registros fílmicos previos al incidente, en los cuales uno de los empleados del bar realizó gestos obscenos hacia ella y su acompañante, conducta que no fue adecuadamente considerada por las autoridades.
El documento argumenta que la abogada fue inicialmente víctima de un intento de cobro indebido y de burlas de carácter sexual, y que su reacción debería ser entendida en ese contexto, lo que revertiría los roles de víctima y victimaria.
La fundación, liderada por el exlegislador Yamil Santoro, menciona la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la Ley 20.957 del Servicio Exterior, destacando que la Cancillería está habilitada para intervenir ante una persecución penal que no cumple con criterios de razonabilidad o debido proceso.
Además, el escrito cita la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y las Reglas de Bangkok de las Naciones Unidas, que establecen un deber reforzado de protección en casos que involucran a mujeres en contextos de violencia o asimetría.
El texto también critica el uso del caso por parte de las fuerzas de seguridad brasileñas, quienes han difundido imágenes y mensajes en redes sociales oficiales, lo que refuerza una lógica de estigmatización y "mano dura" que es incompatible con la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.
La entidad solicita que la Cancillería ejerza activamente la protección consular y considere un reclamo diplomático ante el Estado brasileño para revisar las medidas cautelares impuestas y permitir el regreso de Páez a Argentina.
Por su parte, la justicia de Río de Janeiro ha avanzado en la causa, la cual ha tomado mayor complejidad, y el Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva de la influencer, quien sigue en Brasil. La fiscalía argumenta que la joven "extrapoló cualquier contexto de discusión o malentendido" y la califica de tener una conducta "discriminatoria y ofensiva".NA
