País
Alarmado por la suba de casos, el Gobierno reclamó mayores cuidados
16 de diciembre de 2020
Ginés González García, Daniel Gollan y Fernán Quiros, los ministros de Salud de Nación, provincia y ciudad de Buenos Aires, respectivamente, se manifestaron «preocupados» por la detención en la caída de los casos de coronavirus que se venía registrando en el todo el país y también por el aumento en las naciones limítrofes, y de cara a los encuentros de fin de año pidieron «aumentar los cuidados» que indican los protocolos contra la covid-19.
«Sigue habiendo circulación comunitaria del virus», dijo el ministro de Salud de la Nación al iniciar la conferencia de prensa en la Casa Rosada junto con sus pares de Ciudad y provincia de Buenos Aires, en la que se los escuchó con criterios unificados respecto a la situación epidemiológica del país.
Los tres funcionarios coincidieron en que luego de varias semanas de descenso ininterrumpidos de casos, la curva se estabilizó «en los últimos 7 a 10 días».
De todos modos, González García comentó que la situación en Argentina difiere de la que se vive en países limítrofes, en los que la cantidad de casos «está ascendiendo» y no relacionó este panorama con el comienzo de una segunda ola de la enfermedad, tal como está ocurriendo en Europa, por ejemplo.
El titular de la cartera de Salud informó que el sistema sanitario «no está saturado», que el Consejo Federal de Salud acordó incrementar los testeos pero planteó que, aún así, es necesario aumentar «los cuidados» de cara a las fiestas, porque «sigue habiendo circulación comunitaria en el país» y «la llegada de la vacuna no cambiará esa realidad a mediano plazo».
«No lo puedo descartar, pero queremos que no lo sea. Tenemos que hacer lo posible para que no lo sea», resaltó el ministro de Salud, Ginés González García. Al referirse a un rebrote, González García afirmó que lo que quieren es que «no pase, y si pasa que sea lo más tarde posible y lo más atenuado posible».
El funcionario nacional advirtió que «se ha flexibilizado bastante la conducta» de la ciudadanía frente a la pandemia del coronavirus, por lo que pidió «extremar los cuidados» frente a las fiestas de fin de año y las vacaciones.
«Si bien auspiciosamente hemos visto un descenso muy importante de todo el país en las últimas semanas, notamos que desde hace unos días está tendiendo a estabilizarse ese descenso», subrayó.
En esa línea, el ministro de Salud de la Nación destacó: «Cuidado, miremos un poco más. Usemos esta información para tomar las decisiones ahora y no después. Veníamos bajando muy bien, muy contentos, pero hace dos semanas que estamos en donde esa tendencia se aplanó».
En otro tramo del anuncio, el ministro nacional aseguró que «no» quieren «perder lo ganado», y precisó: «Se ha flexibilizado bastante la conducta y se ha dejado de cumplir el uso del barbijo, la distancia, las reuniones sociales. Sigue habiendo circulación comunitaria y si aumentamos la circulación, va a incrementarse la cantidad de contagios».
Los tres ministros desestimaron que la meseta de casos haya sido provocada por manifestaciones masivas como el funeral de Diego Maradona y apuntaron que «la causa modal de los contagios está en los encuentros» que se hacen en lugares cerrados.
Gollan, en tanto, se mostró confiado en que la temporada estival pueda desarrollarse en la Costa Atlántica bonaerense adoptando los controles y protocolos necesarios.
Consultado sobre la campaña de vacunación, González García dijo que se está recibiendo mucha información por parte de la delegación argentina que por estas horas visita los laboratorios en los que se produce la vacuna rusa Sputnik V y, por otra parte, fue crítico con las actitudes adoptadas por la empresa estadounidense Pfizer.
El ministro dijo que «no pierde la esperanza» de firmar un contrato con Pfizer, aunque señaló que ese laboratorio «cambió las condiciones» y calificó a alguna de ellas como «inaceptables».
«Se nos pidió una ley, que se hizo. Pero después se nos pidió una nueva ley y que el contrato lo firmara el Presidente», dijo el titular de la cartera sanitaria y estimó que ese cambio de postura, en realidad, podría explicarse por una «caída a la mitad» de la producción que estimaban tener para principios de 2021.
País
Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
