País
Aborto: ley aprobada por la mayoría del Frente de Todos
11 de diciembre de 2020
El proyecto que legaliza el aborto fue aprobado esta madrugada en la Cámara de Diputados con el respaldo de la mayoría del bloque del Frente de Todos, al ser votado por 82 de los 119 legisladores que conforman la bancada oficialista que preside Máximo Kirchner.
Tras 20 horas de debate, la votación exhibió las división de aguas que generó la iniciativa, luego de que el dictamen de mayoría fuera sancionado con el voto del Frente de Todos, Juntos por el Cambio, la izquierda y bloques provinciales.
La iniciativa fue aprobada por 131 votos que correspondieron 82 al Frente de Todos, 42 a Juntos por el Cambio, 3 del Interbloque Federal, 2 de Unidad y Equidad para el Desarrollo y 2 de la Izquierda.
En tanto, el rechazo al proyecto reunió 117 sufragios, de los cuales 69 correspondieron a Juntos por el Cambio, 32 al Frente de Todos, 8 al Interbloque Federal, 4 a Unidad y Equidad para el Desarrollo, 2 a Acción Federal, 1 al Partido de la Justicia Social y 1 del Movimiento Popular Neuquino.
En la sesión hubo una asistencia casi perfecta a la hora de votar y solo estuvo ausente el diputado del PRO, Eduardo Cáceres, mientras que José de Mendiguren continúa de licencia y el presidente de la cámara, Sergio Massa, no vota.
Las seis abstenciones correspondieron al presidente de la UCR, Alfredo Cornejo; a los diputados del PRO José Patiño y de la Coalición Cívica, Mariana Zuvic; y los legisladores del Frente de Todos Héctor Bárbaro, Romina Uhrig, y Daniel Ferreyra.
En el bloque del Frente de Todos, de los 117 en condiciones de votar, 82 lo hizo a favor -lo que representa el 70 por ciento- y 32 lo hizo en contra -que significa un 27 por ciento- y 3 por ciento representan las 3 abstenciones.
Entre los principales dirigentes del oficialismo que votaron a favor se encuentran el titular del bloque, Máximo Kirchner; la secretaria parlamentaria Cristina Alvarez Rodriguez; y los titulares de las comisiones de Legislación General, Cecilia Moreau; de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin; de Legislación Penal, Carolina Gaillard; y de Mujeres y Diversidades, Mónica Macha.
En cuanto a los exmandatarios provinciales que integran el bloque lo hicieron en contra José Luis Gioja (San Juan), Roxana Bertone y Sergio Casas (La Rioja) y solo lo hizo a favor la exmandataria de Catamarca Lucia Carpacci.
También votaron en contra de la iniciativa los seis diputados del Frente de Todos de Santiago del Estero, Daniel Brue, Norma Abdala de Matarazzo, Bernardo Herrera, Graciela Montoto, Graciela Navarro, y Estela Neder,
Por su parte, Juntos por el Cambio votó también en forma dividida ya que de los 115 diputados 69 lo hicieron en contra, 42 a favor y 3 se abstuvieron.
Dentro de la principal coalición opositora el jefe del interbloque, Mario Negri, y el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, votaron a favor, mientras que el titular del PRO, Cristian Ritondo, y el vicepresidente primero Omar de Marchi lo hicieron en contra.
De los 46 radicales que integran el bloque 27 lo hicieron a favor, 18 en contra y uno se abstuvo, mientras que de los 53 que forman el PRO 40 lo hicieron en contra, 11 a favor y se registró una abstención; y en la Coalición Cívica 4 lo hicieron a favor, 10 en contra y hubo una abstención.
En el Interbloque Federal votaron a favor el justicialista Eduardo Bucca, el socialista Enrique Estevez, y el bonaerense de Consenso Federal Jorge Sarghini, mientras que los cuatro cordobeses Alejandra Vigo, Carlos Gutiérrez, Pablo Cassineiro, y Claudia Marquez votaron en contra. También votaron en contra los diputados de Consenso Federal Graciela Camaño y Alejandro «Topo» Rodríguez, y el justicialista Andrés Zotto.
En el Interbloque Unidad y Equidad Federal para el Desarrollo, su titular José Luis Ramon, Pablo Ansaloni y Diego Horacio Sartori y Ricardo Wellbach del Frente Misionero de la Concordia lo hicieron en contra, mientras que Flavia Morales y Luis Di Giacomo lo hicieron a favor.
Los dos diputados de Acción Federal, Felipe Alvarez, y Antonio Carambia, y Beatriz Avila del Partido de la Justicia Social estuvieron en contra de la iniciativa; en tanto, los dos diputados del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño y Juan Carlos Giordano lo hicieron a favor.
Otro dato de la sesión es que hubo seis diputados que cambiaron el voto con respecto al proyecto votado en el 2018.
Se trata de las diputadas de la UCR Aída Ayala y Roxana Reyes -quien pidió votar a último momento en forma virtual, tras atravesar un momento delicado por la muerte de su hijo- y los macristas Sofia Brambilla y Héctor Di Stefano, que habían votado a favor hace dos años y ahora lo hicieron en contra.
En tanto, la diputada Flavia Morales del Frente Misionero de la Concordia que en el 2018 había votado en contra ahora lo hizo a favor, mientras que el legislador del Frente de Todos Héctor Bárbaro en esta votación se abstuvo y hace dos años lo había hecho en contra.
También modificó su voto la diputada de Córdoba Federal, Alejandra Vigo que en el 2018 había optado por la abstención y ahora votó en contra.
EN CONTRA
El diputado marplatense del PRO, Juan Aicega, tuvo una encendida exposición en el recinto. “Esta es una solución facilista porque es mucho más difícil proteger a la madre en el momento de la gestación y el embarazo que tomar una decisión de este tipo”, planteó el ex concejal. Para Aicega, “este tema no es prioritario en la agenda de los argentinos”.
Acto seguido, destacó la necesidad de soluciones mucho menos costosas desde el punto de vista ético y humano, e instó votar en contra del proyecto.

Infografia Telam
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Crean un plan nacional para reducir las muertes por infartos
El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, anunció la creación del Plan Nacional de Abordaje Integral de Salud Vascular 2026-2030, una iniciativa que busca articular las capacidades y los programas existentes para reducir la mortalidad prematura, la enfermedad y la discapacidad vascular en todo el país.
Durante el Congreso Argentino de Cardiología, Lugones presentó el plan que propone trabajar de manera integral sobre la salud vascular, desde la prevención de los factores de riesgo hasta la detección temprana, el tratamiento oportuno, la rehabilitación y el seguimiento a largo plazo.
Entre sus principales líneas de acción se encuentran el fortalecimiento de la prevención y el control de factores de riesgo como la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad y la enfermedad renal crónica; el desarrollo de redes para la atención de eventos agudos; y la mejora de la continuidad de los cuidados, incluida la rehabilitación.
"Lanzamos el Plan Nacional de Salud Vascular para dejar de pensar al cerebro y al corazón como dos órganos que requieren dos políticas separadas. La enfermedad vascular es un problema único y necesita una misma lógica de respuesta en todo el territorio nacional”, aseguró el ministro.
Además, anunció que el infarto agudo de miocardio se incorporará como evento de notificación obligatoria en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. La medida se suma a la incorporación del accidente cerebrovascular (ACV) y la insuficiencia cardíaca, anunciada el último 20 de agosto.
“La notificación obligatoria del infarto nos va a dar, por primera vez, un registro nacional real. Y con su incorporación a la Stroke App, la misma herramienta que hoy coordina la respuesta ante un ACV va a coordinar también la respuesta ante un infarto: un único sistema para dos emergencias en las que cada minuto cuenta”, afirmó.
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Caputo negocia financiamiento por US$ 10.000 millones
El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió hoy con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y con las autoridades de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), el brazo del organismo que le presta al sector privado, con el objetivo de sumar nuevos proyectos y ampliar los fondos de financiamiento disponibles para la Argentina.
“Excelente reunión con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, con la vicepresidente para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra y con el vicepresidente para Europa, América Latina y el Caribe del IFC, Alfonso García Mora, en la que avanzamos en nuevos proyectos con financiamiento del organismo y analizamos la posibilidad de ampliar los fondos disponibles para la Argentina”, escribió Caputo en la red social X, en el marco de las reuniones anuales del FMI y del Banco Mundial que se desarrollan en la capital de Tailandia.
Según el ministro, en el encuentro también se identificaron oportunidades de inversión privada en sectores estratégicos, con potencial para generar empleo, desarrollar cadenas de valor y estimular la inclusión financiera de las pymes. Caputo precisó que el Gobierno trabaja para “viabilizar nuevas inversiones en el sector privado” por US$10.000 millones, aunque no detalló en qué sectores ni con qué plazos.
No se trataría de un préstamo, sino del monto que la IFC manejaría en inversiones con el sector privado en la Argentina durante los próximos meses, entre inversiones propias y movilización de capital.
Uno de los anuncios concretos es que el Banco Mundial brindará asistencia técnica para el monitoreo y la ejecución de proyectos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el esquema de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios que el Gobierno busca usar como motor para atraer capitales a la minería y la energía.
“Esta agenda integral busca seguir potenciando nuestros recursos mineros y energéticos para generar más inversiones, exportaciones, empleo y crecimiento económico”, sostuvo el ministro.
Además, Caputo señaló que conversaron sobre el desarrollo de una estrategia de inteligencia artificial, con un proyecto que pueda ampliarse a distintos sectores y regiones con la participación de diferentes agencias del Banco Mundial.
La ronda con los multilaterales incluyó también al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Caputo se reunió con su presidente, Ilan Goldfajn, con quien analizó la cartera actual de proyectos y las perspectivas de financiamiento para el año próximo. “Conversamos sobre el importante respaldo del organismo al desarrollo de la Argentina y al proceso de reformas que estamos llevando adelante”, dijo.
La revisión pendiente con el FMI
Las reuniones con el Banco Mundial y el BID se dieron un día después del encuentro de Caputo con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, del que también participó el presidente del BCRA, Santiago Bausili. “Kristalina fue muy elogiosa en particular de la disciplina fiscal, a la que calificó como ejemplar en el mundo, a pesar de los shocks globales”, escribió el ministro.
Georgieva, por su parte, destacó “las mejoras en los fundamentos económicos y la resiliencia, anclados en la disciplina fiscal, mientras muchos países luchan con altos déficits”, y agregó que los equipos de ambas partes siguen trabajando.
Sin embargo, todavía no se anunció un acuerdo a nivel técnico para completar la tercera revisión del programa, que habilitaría un desembolso de aproximadamente US$869 millones.
Esos fondos permitirían compensar el pago de US$795 millones que la Argentina realizó recientemente al organismo. Para lo que resta del año, el país enfrenta otros vencimientos con el FMI por US$865 millones en noviembre y US$340 millones en diciembre.
Uno de los puntos sensibles de la revisión es el resultado fiscal del primer semestre. La Argentina registró un superávit primario de $6,29 billones, por debajo de la meta de $6,86 billones, por lo que deberá solicitar una dispensa al Fondo, conocida como waiver. En cambio, cumplió la meta de reservas netas de junio, luego de que el organismo flexibilizara la exigencia.
La búsqueda de financiamiento llega, además, en un contexto de dudas sobre la economía. La caída mensual de 2,9% de la actividad en julio llevó a distintas consultoras privadas a recortar sus estimaciones de crecimiento para este año.
En la previa de las reuniones en Bangkok, el FMI rebajó 1,4 puntos su pronóstico de expansión para la Argentina en 2026, a 2,1%, y el Banco Mundial también lo redujo a 2,1%, desde el 3,6% que estimaba en junio.
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El Gobierno promulgó la Ley 27.828, que modifica el régimen de Zona Fría
El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.828, que modifica el régimen de Zona Fría y establece nuevos criterios para acceder a los descuentos en las facturas de gas.
La normativa fue publicada en el Boletín Oficial, luego de su aprobación en el Congreso el 24 de septiembre, y mantiene el beneficio permanente para la Patagonia, Malargüe, en Mendoza, y la región de la Puna.
En cambio, las localidades incorporadas al régimen mediante la ampliación de 2021 dejarán de recibir la bonificación de manera generalizada. El cambio podría afectar a unos 3,35 millones de usuarios en todo el país, incluidos residentes de ciudades bonaerenses como Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Olavarría, Necochea, Pergamino y San Nicolás.
Los usuarios que pierdan el descuento automático podrán solicitar una bonificación adicional si están inscriptos en el Régimen de Subsidios Focalizados y cumplen con los requisitos establecidos. Además, deberán acreditar su situación socioeconómica y residir en las zonas contempladas por la normativa. La secretaría de Energía será la encargada de reglamentar el procedimiento de inscripción y validación.
Cuáles son los requisitos para mantener el subsidio de gas
Para acceder al beneficio, los usuarios deberán cumplir las condiciones previstas en la ley.
Entre los principales criterios se encuentran:
Correo electrónico
Registrar
• Ingresos familiares: no superar el equivalente a tres canastas básicas totales para un Hogar 2.
• Certificado Único de Discapacidad (CUD): contar con al menos un integrante del grupo familiar con certificado vigente.
• Certificado de Vivienda Familiar: tener un integrante del hogar con inscripción en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
• Veteranos de Malvinas: contar con una persona que perciba una pensión vitalicia como veterano de la Guerra de Malvinas.
• Residencia: vivir en las subzonas bioambientales alcanzadas por los criterios establecidos en la normativa.
La ley también modifica la forma de calcular el descuento: la bonificación se aplicará únicamente sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST). De esta manera, los costos de transporte, distribución e impuestos quedarán fuera del cálculo, lo que podría incrementar el importe final de las facturas. El régimen tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031 y se financiará mediante un recargo de hasta el 7,5 % sobre el precio del gas natural. (GN)

