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Ingenieros advierten sobre la paralización de la obra pública
22 de julio de 2025
El presidente del Consejo Superior del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, Civil Jorge Castellano, dio a conocer un sombío panorama por la que atraviesa la obra pública en territorio bonaerense, en el marco de una entrevista radial en el programa “Sexto Día”.
El profesional señaló que muchas obras están detenidas desde gestiones anteriores pero que la diferencia con el pasado es que ahora esas interrupciones ya no se deben a errores de gestión, sino a una decisión política del Gobierno Nacional de paralizar el financiamiento.
“El parate actual no es por ineficiencia o mala planificación, como entre otras causas, lo ha sido anteriormente. Es producto de una decisión política del Estado Nacional”, sostuvo Castellano, quien destacó que en contraposición,que la Provincia de Buenos Aires, a través de fondos propios, continúa ejecutando obras con esfuerzo. “La decisión política del gobernador Axel Kicillof es clara: seguir invirtiendo, aún con menores recursos”, remarcó.
El ingeniero explicó que la situación varía según el origen de los fondos: mientras que los municipios sólo pueden sostener pequeñas obras según su capacidad presupuestaria, la Provincia sostiene obras importantes como la repavimentación de la Ruta 4. En cambio, “las obras con financiamiento nacional están completamente paralizadas”, apuntó.
Uno de los ejemplos citados fue el puente sobre las vías del Ferrocarril Sarmiento a la altura del Instituto de Haedo, una obra que estuvo completamente frenada y que ahora muestra signos de reactivación, aunque se desconoce su fuente de financiamiento. “Ese tipo de obras de conectividad son claves en toda la Provincia y deberían tener continuidad”, dijo Castellano.
Además, alertó sobre el impacto del freno en obras viales para zonas rurales: “La falta de mantenimiento de caminos afecta la producción y el arraigo en el campo”. A modo de ejemplo, mencionó que en muchos casos, citó como ejemplo el del municipio de Las Flores, que cuenta con más de 1.000 km de caminos rurales a su cargo, los intendentes deben destinar muchos recursos ya que enfrentan serias dificultades para garantizar accesibilidad y servicios básicos a los productores y vecinos.
Consultado sobre el rol institucional del Colegio de Ingenieros, Castellano resaltó que se atraviesa un cambio de paradigma: “La obra de infraestructura pública era la principal fuente de trabajo para nuestros matriculados. Hoy hay más proyectos de iniciativas desde el sector privado, como barrios cerrados o desarrollos urbanos, que esperemos se concreten”. En ese marco, señaló que el Colegio trabaja para ampliar su presencia desde la mejora técnica, modernizando su funcionamiento interno, y que intentará convertirse en ente certificador de diversas tareas.
Castellano también se refirió al reciente Congreso sobre Cambio Climático y Gestión Hídrica realizado en Mar del Plata, al que calificó como “altamente positivo”. Destacó que la asistencia superó ampliamente las expectativas y valoró la participación de disertantes provenientes tanto del ámbito público como del privado, así como de reconocidos académicos. Uno de los aspectos más relevantes, según señaló, fue la presencia del ministro de Infraestructura de la provincia, Gabriel Katopodis, quien participó por primera vez de una actividad organizada por la entidad. También estuvieron el presidente de la Autoridad del Agua (ADA), ingeniero Damián Costamagna, y funcionarios de la Dirección Provincial de Hidráulica.
En esa misma línea, anticipó que ya se encuentran trabajando en la organización del Congreso de Energía, previsto para los días 30 y 31 de octubre, nuevamente en Mar del Plata. “Esperamos repetir el éxito”, afirmó.
En cuanto a casos concretos del conurbano, Castellano señaló que la Provincia está avanzando en obras como la Ruta 4, pero reclamó coherencia en la planificación: “En el pasado, hubo intentos de ejecutar proyectos en esta arteria sin tener en cuenta los aspectos hidráulicos de las obras sin consultar a la Dirección Provincial ni al municipio, lo que pudo haber generado más problemas, los que fueron evitados por la firme intervención de nuestro Colegio que fue avalada por los entes municipales y provinciales”. También mencionó obras paralizadas como el bajo nivel de la calle Arturo Illia en San Justo, licitada con financiamiento de la Nación ahora detenida por razones legales y financieras tras el cambio de gobierno.
Respecto a la situación de los túneles urbanos que se inundan con frecuencia en partidos como Lomas de Zamora o La Matanza, Castellano advirtió que esas obras requieren estaciones elevadoras con bombas automatizadas. “Si hay fallas en el sistema electromecánico o las bombas no responden, el agua se acumula. Es una cuestión técnica que debe resolverse con mantenimiento constante y parámetros de diseño adecuados a las nuevas lluvias”.
Finalmente, destacó que si no se invierte de forma estructural en cuencas como la del Río Matanza-Riachuelo, “seguiremos viviendo los mismos desastres cada vez con más frecuencia”. Subrayó que el municipio matancero ha licitado mejoras puntuales en sumideros y pluviales, pero alertó sobre los riesgos de cargar toda la responsabilidad sobre jurisdicciones locales sin el financiamiento necesario.
Castellano cerró con una advertencia: “No podemos repetir lo que ocurrió con la educación en los 90: las escuelas eran de las provincias, pero la plata seguía en la Nación. Si se transfiere la responsabilidad de la ejecución de las obras de infraestructura pública, también se debe transferir el financiamiento. Si no, no hay salida”.
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Iglesia cuestiona baja de la edad de imputabilidad y pide más educación
La Conferencia Episcopal Argentina advirtió que centrar el debate solo en la pena simplifica una realidad compleja y reclamó políticas de prevención, acompañamiento y educación para niños y jóvenes.
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su preocupación frente a las propuestas que impulsan la baja de la edad de imputabilidad como respuesta a los delitos cometidos por menores y llamó a priorizar políticas de prevención, educación y acompañamiento comunitario.
En un pronunciamiento difundido en el marco de la memoria de san Juan Bosco, referente histórico en la educación y el acompañamiento de jóvenes, la Iglesia sostuvo que el debate centrado casi exclusivamente en la sanción penal deja en segundo plano las verdaderas causas del problema y las herramientas necesarias para evitar que los hechos se repitan.
Desde la CEA manifestaron su cercanía con el dolor de las familias y comunidades afectadas por hechos delictivos, aunque advirtieron que reducir la discusión a la edad de imputabilidad "corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja", que involucra a la familia, la escuela, la comunidad y al Estado.
En ese sentido, recordaron un documento de la Pastoral Social de marzo del año pasado, en el que se planteaban interrogantes que, según indicaron, siguen vigentes: el destino de los menores privados de libertad, la existencia de dispositivos adecuados en las provincias, las posibilidades reales de educación y reinserción social y la eficacia del sistema penitenciario como respuesta.
"La experiencia muestra cómo funcionan los establecimientos carcelarios y nos preguntamos si realmente creemos que esa es la solución", señalaron, al tiempo que reafirmaron la necesidad de avanzar hacia un régimen penal juvenil con una mirada "humana, integral y abierta a la esperanza".
El comunicado destaca el legado de san Juan Bosco, quien promovía un sistema preventivo basado en la presencia cercana de los adultos, la educación, el trabajo y la vida comunitaria, sin negar los conflictos pero apostando a la inclusión y al desarrollo pleno de los jóvenes.
A 150 años de la presencia salesiana en la Argentina, la Iglesia reiteró su llamado a fortalecer políticas educativas y comunitarias que construyan futuro y eviten respuestas tardías cuando el daño ya está hecho. "La verdadera prevención nace del cuidado compartido", subrayaron, y reclamaron familias acompañadas, comunidades comprometidas, un Estado presente y una sociedad que no se resigna a perder a sus niños y jóvenes.
Finalmente, la Conferencia Episcopal sostuvo que la niñez y la juventud representan "una tierra sagrada donde se siembra el futuro" y pidió especialmente por los jóvenes más vulnerables.
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Los aumentos de febrero
El mes que comienza hoy volverá a ser un desafío para los bolsillos, ya que se esperan aumentos de todo tipo. Las subas incluyen al transporte público, las prepagas y los alquileres, entre otros sectores.
Los aumentos de febrero impactarán en los alquileres. Los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán un aumento más moderado que los últimos meses y subirán 34,6%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL).
Los valores que comenzarán a regir para los inquilinos en los casos en que corresponda actualizar el contrato con el propietario:
Contrato anual por ICL (Ley de Alquileres derogada).
- Alquiler inicial: $ 400.000.
- Ajuste anual: 34,6%.
- Nuevo valor: $ 538.400.
Contratos post DNU sobre un alquiler de $ 500.000.
- Ajuste trimestral (6,08%): $ 530.400.
- Ajuste cuatrimestral (8,22%): $ 541.100.
- Ajuste semestral (12,81%): $ 564.050.
Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas alcanzarán el 2,80% en febrero. Este aumento también aplicará a los copagos.
La Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) logró hace unas semanas la firma de un nuevo aumento salarial para enero, en el marco de las negociaciones paritarias con las tres principales operadoras del país, Claro, Telecom y Movistar.
En ese sentido, las empresas responsables de servicios de cable, Internet y telefonía comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de febrero, aplicarán un nuevo ajuste de tarifas, con un incremento que oscilará entre 2,8 y 3,5%, según el servicio y la operadora.
A partir de febrero entra en vigencia el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) para la luz y el gas.
Según se informó, se busca que el precio del servicio se pague de manera más pareja a lo largo de todo el año, para suavizar los históricos que se generan en los meses de mayor consumo.
El aumento en los servicios dependerá de los consumos de cada usuario y su situación patrimonial.
A nivel general, la Secretaría de Energía aseguró que con el nuevo esquema, en los meses de mayor demanda, el 35% de los usuarios de luz pagará una factura promedio inferior a $ 22.000; el 66%, menos de $ 44.000: y el 81%, menos de $ 67.000.
En el caso del gas, durante los meses de invierno el 56% de los hogares pagará una factura inferior a $ 14.000; el 75%, menos de $ 56.000; y el 83%, menos de $ 73.000. DIB
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Argentina recibiría deportados de otras nacionalidades desde EEUU
El prestigioso diario The New York Times asegura que hay conversaciones avanzadas entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par argentino , Javier Milei, para que Buenos Aires acepte inmigrantes que Washington no puede expulsar a sus naciones de origen.
De acuerdo a una investigación publicada este viernes por The New York Times, hay "conversaciones avanzadas" por este tema ya que se busca profundizar el alineamiento geopolítico entre ambas naciones.
La intención sería firmar un acuerdo que permita a la administración de Trump deportar inmigrantes de otras nacionalidades hacia la Argentina.
Ese pacto convertiría a la Argentina en un "tercer país" de acogida para expulsados que Washington no logra devolver a sus lugares de origen, ya sea por falta de relaciones diplomáticas o por la imposibilidad de obtener documentos de viaje.
Sin embargo, horas después Milei pareció desmentir esa información al repostear un mensaje del militante de La Libertad Avanza (LLA) Daniel Parisini, quien se hace llamar el Gordo Dan, en el que negaba las tratativas.
Esta nueva iniciativa se enmarca en la agresiva campaña de deportación masiva movilizada por la administración de Trump, que busca disuadir los cruces ilegales y descomprimir su sistema migratorio derivando a los detenidos hacia naciones aliadas.
Para el gobierno de Milei, aceptar esos traslados representaría un gesto de alto valor para fortalecer su alianza con Estados Unidos, incluso a riesgo de contradecir su propia retórica de endurecimiento fronterizo a nivel local.
El New York Times destaca que esas charlas ocurren mientras la Casa Rosada intensifica sus propios operativos de control migratorio y reivindica cifras récord de expulsiones.
El mecanismo de "tercer país seguro" o acuerdos similares suelen utilizarse para enviar a nacionales de países con los que Estados Unidos tiene relaciones tensas o nulas, usándolos también como mensaje disuasorio para futuros migrantes.
