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Paro docente: Aplicarán sanciones si no se cumple el servicio mínimo
1 de agosto de 2026
El Gobierno fiscalizará a través de las agencias territoriales el cumplimiento de la cobertura mínima exigida durante el paro docente convocado por CTERA para este lunes y elaborará un informe nacional sobre el nivel de actividad.
El Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, advirtió que, si detecta incumplimientos en la obligación de garantizar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, “se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan” contra las entidades sindicales.
La medida estará coordinada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que depende de Capital Humano. “El lunes habrá que fiscalizar para comprobar si se respetó o no lo que manda el artículo 101 respecto de los servicios esenciales”, expresaron en Nación.
El esquema todavía está bajo definición operativa, pero la intención oficial es que las agencias territoriales recopilen información en las provincias, registren el funcionamiento de los establecimientos y eleven los resultados a la administración central. Esas dependencias responden directamente a la Secretaría de Trabajo y funcionan como enlace territorial con trabajadores, empleadores, sindicatos y autoridades locales.
Un comunicado de Capital Humano brindó detalles de sus mecanismos de control y señaló que “desarrollará una inspección oculear en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo”.
Aunque el comunicado menciona una inspección muestral en escuelas de todo el país, en el Ejecutivo no detallaron todavía cuántos establecimientos serán relevados ni si el operativo incluirá pedidos formales de información a las jurisdicciones o un sistema mixto que combine constataciones propias con datos enviados por los gobiernos provinciales.
La base de la intervención será la Ley 27.802 de Modernización Laboral. El artículo 101 modificó el régimen de conflictos colectivos y declaró servicio esencial al cuidado de menores y a la educación de los niveles inicial, primario, secundario y especial. Para esas actividades estableció que la cobertura durante una medida de fuerza no podrá ser inferior al 75% de la prestación normal.
El porcentaje no se refiere necesariamente a que deba asistir el 75% de los docentes ni a que tengan que abrir exactamente tres de cada cuatro escuelas. La norma habla de la “prestación normal del servicio”, por lo que el Gobierno deberá definir cómo traduce ese concepto en indicadores comprobables: establecimientos abiertos, cursos cubiertos, personal afectado, horas de clase o una combinación de esas variables.
La ley prevé además un procedimiento previo. El sindicato debe notificar la medida a la contraparte y a la autoridad laboral con cinco días de anticipación y, al día siguiente, las partes deben acordar ante Trabajo las modalidades del servicio mínimo, con identificación del personal, horarios, funciones y forma de ejecución.
Cuando no exista un acuerdo o la cobertura propuesta sea insuficiente, la Secretaría de Trabajo puede fijar los servicios mínimos en consulta con la Comisión de Garantías. La decisión debe ser notificada a las partes y puede establecer cuántos trabajadores deben prestar tareas, en qué horarios y bajo qué esquema operativo.
El régimen también obliga a informar a las familias y a los usuarios, al menos 48 horas antes de la protesta, cómo funcionará el servicio, cuánto durará la medida y de qué manera se garantizará la prestación mínima. Ese punto podría formar parte del relevamiento que realizará Capital Humano.
En el Gobierno aclaran que una sanción no sería automática por el nivel de adhesión al paro. Primero deberá constatarse el incumplimiento, determinarse qué obligación concreta no fue respetada, identificar a la entidad responsable y sustanciarse el procedimiento administrativo correspondiente, con posibilidad de defensa y revisión judicial.
El artículo 24.6 remite a los regímenes sancionatorios de las leyes 14.786, 23.551 y 25.212. Esas normas permiten, según el tipo de infracción, disponer intimaciones, apercibimientos y multas, además de promover acciones judiciales contra una asociación sindical que desobedezca resoluciones de la autoridad laboral.
La Ley de Asociaciones Sindicales faculta a Trabajo a exigir que un gremio deje sin efecto medidas que vulneren la legislación o incumplan disposiciones de la autoridad competente. Ante una desobediencia persistente, el Poder Ejecutivo no puede retirar por sí solo una personería, pero la autoridad laboral puede acudir a la Justicia para solicitar su suspensión, cancelación o la intervención de la organización.
Las agencias territoriales serán la herramienta para reunir el respaldo fáctico de una eventual actuación posterior. La estructura laboral nacional puede recibir denuncias, realizar inspecciones cuando existe competencia federal, instruir sumarios y coordinar acciones con las provincias, que conservan facultades autónomas de policía del trabajo dentro de sus jurisdicciones.
Ese reparto de competencias será uno de los puntos sensibles. Las escuelas y los docentes dependen mayoritariamente de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que CTERA es una confederación nacional. Por eso, Nación puede intervenir sobre el conflicto colectivo y la conducta de la organización sindical, pero necesitará información de las jurisdicciones para reconstruir qué ocurrió concretamente en cada establecimiento.
El operativo del lunes será la primera prueba de alcance nacional del nuevo régimen en el sistema educativo. La Casa Rosada buscará demostrar que la declaración de esencialidad tiene aplicación efectiva, mientras CTERA reclama la convocatoria a la paritaria nacional, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y mayores fondos educativos. El informe de las agencias territoriales será el documento que utilizará Capital Humano para decidir si cierra la actuación, intima a las partes o abre un procedimiento sancionatorio.
Foto: El presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello. (Foto: X @JMilei) . Ignacio Salerno (TN)
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El desempleo subió llegó al 7,9%
El desempleo en la Argentina llegó al 7,9% en el segundo trimestre de 2026, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC). A partir de las cifras, se proyecta que 1,8 millones de personas sufrieron la falta de trabajo durante ese período.
En tanto, la desocupación en Mar del Plata es de 9,9% y afecta a 34 mil personas, lo que marca una suba de respecto al mismo período del año pasado cuando fue de 6,3%.El índice de desempleo de General Pueyrredon supera la media nacional que fue de 7,9%.
El dato que publicó el INDEC releva el mercado de trabajo en un grupo de 31 aglomerados urbanos. Para alcanzar ese cálculo, se tienen en cuenta la estimación de la población y el porcentaje de los desocupados dentro de la población económicamente activa.
En la comparación interanual, el desempleo se incrementó 0,3 puntos, al subir de 7,6% en el segundo trimestre de 2025 al 7,9% en el mismo período de este año.
El INDEC también indicó que la tasa de actividad —que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total— alcanzó el 48,9%; mientras que la tasa de empleo —que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total— se ubicó en 45%.
Por su parte, la tasa de desocupación —personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la PEA— se ubicó en 7,9%.
En la comparación interanual, la informalidad en el empleo presentó un aumento de 1 punto con respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que la proporción de trabajadores por cuenta propia dentro de los informales aumentó 3 puntos, de 34,3% a 37,3%).
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Dónde está Julio López
El 18 de septiembre de 2006, Jorge Julio López se preparó para dejar su casa en el barrio platense de Los Hornos. Lo iba a ir a buscar un sobrino para asistir a las últimas horas del juicio contra el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz. El hombre, de 76 años en ese momento, había ofrecido un testimonio clave del juicio que terminó condenando al excomisario a prisión perpetua. López cerró con llave, salió, y los últimos que lo vieron fueron unos vecinos. Había desaparecido durante la dictadura; desapareció de nuevo en 2006. Veinte años después, nada de sabe de él y, así, corre el riesgo de desaparecer por tercera vez, esta vez de la memoria. Mientras tanto, tanto la Nación como el Gobierno bonaerense mantienen activas sendas recompensas por cualquier dato que conduzca a su paradero.
López había nacido en General Villegas, provincia de Buenos Aires, el 25 de noviembre de 1929. Se instaló en Los Hornos hacia 1955 y en 1973 comenzó a colaborar con la unidad básica Juan Pablo Maestre, ubicada a pocas cuadras de su casa.
La noche del 27 de octubre de 1976 fuerzas de seguridad ingresaron a Los Hornos con el fin de secuestrar a los militantes del barrio. Entre los detenidos-desaparecidos se encontraba Jorge Julio López.
Las fuerzas que lo secuestraron junto a las demás personas estaban bajo el mando de Etchecolatz, por entonces director de Investigaciones de la Policía Bonaerense y mano derecha del entonces jefe de Policía de la provincia, Ramón Camps. Etchecolatz dirigía los 21 centros clandestinos de detención (CCD) que había instalado la Bonaerense.
López estuvo detenido-desaparecido en cuatro centros clandestinos: Cuatrerismo, Pozo de Arana, la Comisaría Quinta y la Comisaría Octava. Allí sufrió torturas y presenció varios asesinatos, entre ellos los de dos compañeros de militancia en el barrio, Ambrosio Francisco de Marco y Patricia Dell'Orto.
El 4 de abril de 1977, cinco meses y cinco días después de haber sido secuestrado, fue "blanqueado" cuando el dictador Jorge Rafael Videla dispuso formalmente su detención sin juicio en la Unidad Penal N.º 9 de La Plata, de donde fue liberado el 25 de junio de 1979.
Luego de su liberación, López se mantuvo en silencio sobre el tema durante muchos años. Recién dos décadas después, el 7 de julio de 1999 declaró como testigo en el Juicio por la Verdad de La Plata, sin que se enterara ningún miembro de su familia. Allí relató en detalle, ante los jueces de la Cámara de Federal de Apelaciones, su secuestro, las torturas sufridas, los asesinatos, violaciones y demás delitos de lesa humanidad que presenció, y los diferentes centros clandestinos en los que estuvo.
Jorge Julio López declara en el juicio contra Etchecolatz.
Más tarde, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, el Congreso de la Nación anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. La causa por delitos de lesa humanidad contra Miguel Etchecolatz fue la primera en ser reabierta y Jorge Julio López fue uno de los testigos directos que declaró en el juicio sobre los crímenes que se le imputaban al represor.
López declaró en esa causa el 28 de junio de 2006. Sus hijos, hasta ese momento, nunca lo habían oído contar que alguna vez hubiera estado detenido.
Dos meses y medio después, el 18 de septiembre de 2006 era el día de los alegatos. López había arreglado con su sobrino Hugo Savegnago que lo pasara a buscar por su casa, con el fin de asistir al tribunal. Pero cuando Savegnano llegó a su casa no lo encontró. Según testimonios de los vecinos, salió de su casa por su propia voluntad y fue visto caminando solo por las cuadras adyacentes.
Al día siguiente, Etchecolatz y otros catorce represores fueron condenados por delitos cometidos en el centro de detención clandestino de La Cacha. Mientras se leía la sentencia, el fotógrafo Leo Vaca, del portal Infojus, tomó varias fotografías a Etchecolatz sosteniendo un papel, donde se leía escrita a mano la siguiente anotación: "Jorge Julio López".
La causa judicial formada para investigar su desaparición fue asignada al Juzgado Federal N.º 1 de La Plata, a cargo del juez Manuel Blanco hasta su muerte en 2014. Al principio, la causa fue caratulada como desaparición simple y la investigación del hecho quedó a cargo de la Policía Bonaerense, la misma fuerza de la que Etchecolatz había sido un alto funcionario.
En mayo de 2008, la causa fue caratulada “López, Jorge Julio, s/ desaparición forzada de personas” y la Policía Bonaerense fue apartada de la investigación.
En estos últimos 20 años hubo muchas ideas y vueltas sobre el paradero del albañil. Se habló al principio de un shock traumático que lo habría llevado a extraviarse, luego de grupos de extrema derecha que lo habrían secuestrado, y hasta se siguió una pista que apuntaba a su hijo Rubén López como responsable de su desaparición.
Pero nada se sabe todavía.
En los últimos meses, el Gobierno de Axel Kicillof aumentó la recompensa para quienes aporten datos que permitan determinar el paradero de López. Según se informó, la suma será de entre $ 5 millones y $ 10 millones, de acuerdo con la relevancia de la información aportada y los resultados que permita obtener en la investigación.
Desde el Gobierno provincial recordaron que la recompensa había sido establecida originalmente en 2006 y que posteriormente fue incrementada en varias oportunidades.
Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece una recompensa de $ 5 millones por la misma causa.
Detalle: en septiembre de 2010 el entonces ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, afirmó que la recompensa por datos de López se había llevado a 1,5 millones de pesos. Esa suma equivalía a casi US$ 380.000, que traducidos al cambio actual son 590 millones de pesos. Nada menos.
Desde 2007, cuando se cumplió el primer año de la desaparición de Jorge Julio López, se realizan marchas cada 17 de septiembre en varios puntos del país en reclamo de justicia por el hecho.
Las marchas más fuertes se llevan a cabo en la ciudad de La Plata, con fuertes críticas a los gobiernos nacional y bonaerense.
Un mural en 7 y 48, en el centro platense, busca mantener la memoria del albañil que desapareció dos veces. Cada año los artistas modifican el número que marca el tiempo que pasó desde ese 17 de septiembre de 2006, y debajo aparece la frase “¿A qué te podés acostumbrar?”.
Además, en las paredes de la capital de la provincia grafitis, esténciles y otras intervenciones urbanas recordaban su figura con versiones modificadas de un famoso retrato de la fotógrafa Helen Zout.
Intervención urbana en La Plata durante la marcha por Jorge Julio López el 17 de septiembre de 2010. DIB | Marcelo Metayer
Uno de los esténciles, pintado hacia 2009, afirmaba: “Ya me olvidarás”.
Esténcil de Julio López en diagonal 73, La Plata. DIB | Marcelo Metayer
Dos décadas después de aquella mañana misteriosa en Los Hornos, ese olvido parece que quiere llevar a López a su tercera desaparición. DIB. PorMarcelo Metayer
Foto :Una placa con la cara de Jorge Julio López, elaborada con baldosas por la fábrica Zanon, reclamándole al gobierno de Néstor Kirchner la aparición de Jorge Julio López, en la Pirámide de Mayo.
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ATENCIÓN! Modifican el sistema de control de la AUH
El Gobierno nacional modificó el sistema utilizado para controlar el cumplimiento de los requisitos exigidos para cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH) y amplió el mecanismo de verificación automática de las condiciones de salud, vacunación y escolaridad.
La medida fue oficializada a través de la Resolución 508/2026 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, publicada en el Boletín Oficial. La medida se conoce horas después que el Gobierno mandara el Presupuesto 2027 al Congreso y entre su articulado está la intención de eliminar los aumentos automáticos de las asignaciones familiares y la AUH.
Hasta ahora, la Ley 24.714 establecía que el 80% de la asignación se abonaba mensualmente y que el 20% restante quedaba retenido hasta que el titular acreditara el cumplimiento de determinadas condiciones.
En el caso de los menores de hasta cuatro años, debían comprobarse los controles sanitarios y el calendario de vacunación obligatorio, mientras que para los niños y adolescentes en edad escolar también debía acreditarse la asistencia al ciclo lectivo correspondiente.
En los considerandos de la flamante normativa, el Gobierno recordó que mediante la Resolución 1170/2025 se había implementado un mecanismo de verificación automática únicamente para los controles sanitarios y de vacunación de los menores de hasta cuatro años. Ahora, se decidió ampliar ese sistema "tanto de salud como de educación, a todos los beneficiarios de dicha prestación".
Los cambios en la AUH
La principal modificación establece que "el cumplimiento de ambas condicionalidades se acreditará en forma automática a través del intercambio de información segura entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)".
La resolución mantiene, sin embargo, una vía alternativa para aquellos casos en los que la información no esté disponible en las bases oficiales. En esos casos, "el titular podrá presentar la documentación correspondiente ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a través de los procedimientos que dicho organismo determine al efecto".
Según el nuevo esquema, cuando se verifique automáticamente el cumplimiento de los controles sanitarios y de vacunación de los niños de hasta cuatro años, "el monto reservado se liquidará automáticamente y de forma mensual junto con el ochenta por ciento (80%) del monto de la prestación".
