País
Reestructuran organismos clave para el agro y la industria
8 de julio de 2025
A través del Decreto 462/2025, el Gobierno nacional dispuso, entre las medidas más destacables, la transformación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en un organismo desconcentrado que dependerá de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Además, se elimina su histórica conducción colegiada, que será reemplazada por un Presidente designado por el Ejecutivo y un Consejo Técnico ad honorem que garantizará la representación del sector productivo.
“Con esta reforma, se busca reencauzar al organismo en su misión original: la investigación y el desarrollo tecnológico al servicio del campo argentino y del complejo agroindustrial”, resaltó el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
“La medida pone fin a una estructura sobredimensionada y opaca. En abril de 2025, el INTA contaba con 6.059 empleados (el doble que hace unos pocos años), 2.403 vehículos (uno cada 2,5 agentes), 1.611 celulares, 932 cargos jerárquicos (¡más que cualquier ministerio nacional!), y 450 sedes entre Centros Regionales, Centros e Institutos de Investigación, Estaciones Experimentales, Unidades de Extensión y Centros de Experimentación”, agregó.
Además, el INTA posee más de 110.000 hectáreas distribuidas en todo el país, de las cuales sólo 45.000 están siendo utilizadas para experimentación con fines comerciales y productivos.
Un informe de la SIGEN realizado en 2023 reveló importantes deficiencias en el control del organismo: viviendas usurpadas, bienes sin inventariar ni asignar, donaciones sin registrar, compras y viáticos sin documentación mínima, asociaciones cooperadoras sin balances ni supervisión.
Asimismo, el INTA creó y controla una empresa (INTEA S.A.) y una fundación (ArgenINTA), estructuras que operan por fuera del régimen de contrataciones y control del Estado.
La reforma llevada adelante mediante el Decreto 462/2025 permitirá echar luz sobre estas estructuras y transparentar el destino de los recursos generados por la explotación de los campos bajo su administración.
La transformación del INTA en un organismo desconcentrado preserva íntegramente sus capacidades técnicas, reduce la burocracia y refuerza los mecanismos de control y transparencia.
Además de los cambios en el INTA, el decreto dispone la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE), del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y de la Agencia Regulatoria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME). En tanto, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) se reorganiza como organismo desconcentrado, con mayor independencia técnica.
En el caso de ARICCAME, la normativa implica la redistribución de competencias en materia de regulación y control del cannabis medicinal y del cáñamo industrial. La decisión responde a objetivos de simplificación administrativa, reducción del gasto público y mayor eficiencia en la gestión del Estado. El Ministro Federico Sturzenegger, destacó: “Desde ahora, ANMAT se encargará del cannabis medicinal, de la misma manera que regula el resto de las drogas medicinales, la Secretaría de Industria regulará el cáñamo con destino industrial, y la Secretaría de Agricultura regulará la parte de las semillas y propagación vegetal de la planta de Cannabis”.
En referencia al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el mismo se transforma en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, pero mantendrá su nombre por su reconocimiento internacional. El Ministro Sturzenegger se expresó sobre un cambio clave de esta reforma: “El INV dejará de ejercer controles obligatorios sobre las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo (como la propiedad de los viñedos, la cosecha, la elaboración, el fraccionamiento, el transporte), y se concentrará exclusivamente en el tramo final de la cadena, en la góndola, donde controlará la aptitud para el consumo y que los productos no estén adulterados ni manipulados de forma indebida (los controles también se podrán hacer de manera privada)”.
La nueva norma también reforma el INTI, convirtiéndolo en una unidad organizativa dentro del Ministerio de Economía, con el fin de hacer más eficiente su estructura. La transformación del INTI en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio implica la eliminación de estructuras administrativas sobredimensionadas, conservando exclusivamente al personal técnico necesario para cumplir con sus funciones esenciales.
“El INTI fue creado para impulsar el desarrollo tecnológico de la industria, pero como un instituto independiente de las universidades argentinas que concentran el conocimiento necesario para ese desarrollo. El resultado, dramático y trágico a la vez, es que en los hechos fue utilizado por la burocracia para hacer todo lo contrario: generar trabas, regulaciones técnicas innecesarias y procesos engorrosos que perjudicaban a las empresas. El certificado CHAS para autopartes (ya desaparecido pero todavía ofrecido en la página del organismo), los controles para balanzas, o los requisitos sobre tanques -todas normativas que fuimos eliminando a lo largo de este último año-, son apenas algunos ejemplos del sinsentido de muchos de los requisitos del organismo y que le costaban millones a nuestra industria y otro tanto a todos los argentinos”, señaló el Ministro Sturzenegger.
Actualmente el INTI cuenta con 2.356 empleados y más de 250 reparticiones; el 20% de sus departamentos son puramente administrativos, y su área de administración concentra el 30% del personal, muy por encima de los estándares habituales para este tipo de organizaciones.
Repercusiones
En opinión de Luis Pablo Panatti, presidente del Consejo Regional del Centro Regional Córdoba del INTA, se “rompe con un sistema de gobernanza con un Consejo Directivo Nacional que representa a productores y la comunidad científica”.
“Quiénes mejores que ellos para saber qué puede brindar el INTA a la producción del país en todo su territorio, sistema que, además, ha durado casi 70 años y ha sido totalmente virtuoso, llevando al INTA a ser la institución de prestigio que es hoy en día y hacerla totalmente independiente del color político de turno”, agregó.
Remarcó: “Creo que se pierde una excelente oportunidad de reformar al INTA pero para bien, con una propuesta de adecuación que fue presentada, pero trabajada y consensuada desde el territorio, para eficientizar procesos, eliminar burocracia, y mejorar el uso de los recursos”.
Añadió: “Siempre estaremos dispuestos a dialogar para construir un INTA mejor, pero necesitamos que la política nos escuche y entienda las consecuencias que esto puede traer en el sistema productivo, que no se pierda más de lo que se ahorra”.
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
