País
Peligra el langostino
20 de marzo de 2025
En un comunicado conjunto, entidades como el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca) y la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (Caipa), alertaron sobre la falta de competitividad del sector.
A pesar del inicio de la temporada de pesca del langostino, los barcos congeladores no salieron a la mar, encendiendo las alarmas en el sector pesquero. Los empresarios afirman que los costos laborales y la presión impositiva han vuelto insostenible la actividad, llevando a la flota a operar con pérdidas.
Un sector en crisis: Damián Santos, CEO del Grupo Pesquera San Isidro y dueño del 10% de la flota nacional, explicó que la situación económica es insostenible. “Cada barco pierde US$10.000 por día. No podemos seguir operando en estas condiciones”, aseguró.
Aun si se llegara a una solución, los barcos tardarían al menos 15 días en zarpar, ya que se encuentran desarmados en Zárate. La falta de operatividad compromete la primera parte de la temporada, que finaliza en octubre.
Impacto económico: 46.000 empleos en riesgo y exportaciones en peligro
La industria pesquera argentina genera más de 46.000 empleos directos y en 2024 exportó más de US$1.981 millones.
El langostino representa un rubro clave, con exportaciones por US$600 millones. Sin embargo, la incertidumbre amenaza la continuidad de estos envíos, afectando mercados como China, España, Italia y Japón.
Empresarios exigen cambios en costos laborales e impositivos
En un comunicado conjunto, entidades como el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca) y la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (Caipa), alertaron sobre la falta de competitividad del sector.
El costo de una tripulación a nivel internacional equivale al 33% de la producción de un barco por marea. En Argentina, este costo se eleva al 60%. “A esto –agrega el documento–, se suman impuestos elevados y el aumento de los Derechos Únicos de Extracción (DUE), que erosionan la rentabilidad de las empresas pesqueras”.
Desbalance en costos y precios internacionales. Eduardo Boiero, presidente de Capeca, explicó al diario La Nación que el alto costo operativo supera los ingresos.
“Si un barco pesca 100 toneladas, el 60% se lo lleva la tripulación, el 6% son retenciones, el 9% combustible, el 2% derechos de extracción, y los costos siguen. Hoy, por cada dólar que se pesca, el costo es de US$1,21”.
Por su parte, Santos insistió en la necesidad de eliminar los derechos de exportación para la pesca.“Nos endeudamos para pagar impuestos, esto es confiscatorio”, sostuvo.
Convenios laborales desactualizados. Otro punto clave del conflicto es la estructura salarial del sector.
Según Boiero, el convenio vigente data de 2005, cuando el precio del langostino era de US$12 el kilo.
Hoy, con un valor inferior a US$6, los costos laborales resultan insostenibles. “Los convenios deben actualizarse. Un capitán puede ganar US$30.000 brutos al mes, y aunque solo trabajen seis meses al año, reciben un sueldo fijo en los meses inactivos. “Cada barco emplea entre 25 y 40 personas, con costos salariales que ya no se pueden sostener”, agregó.
“No se trata de culpar a los trabajadores, sino de ajustar los convenios a la nueva realidad. Antes el negocio era rentable, pero ahora no aguanta el nivel salarial anterior”.
El sector exige respuestas urgentes. Empresarios pesqueros piden al Gobierno medidas inmediatas para evitar el colapso de la industria.
La falta de acción podría generar un impacto devastador en la economía del sector, poniendo en riesgo miles de empleos y la continuidad de las exportaciones.Mientras tanto, los barcos siguen amarrados en el puerto y la incertidumbre crece.
Fuente Argenports.com/La Nación
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Iglesia cuestiona baja de la edad de imputabilidad y pide más educación
La Conferencia Episcopal Argentina advirtió que centrar el debate solo en la pena simplifica una realidad compleja y reclamó políticas de prevención, acompañamiento y educación para niños y jóvenes.
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su preocupación frente a las propuestas que impulsan la baja de la edad de imputabilidad como respuesta a los delitos cometidos por menores y llamó a priorizar políticas de prevención, educación y acompañamiento comunitario.
En un pronunciamiento difundido en el marco de la memoria de san Juan Bosco, referente histórico en la educación y el acompañamiento de jóvenes, la Iglesia sostuvo que el debate centrado casi exclusivamente en la sanción penal deja en segundo plano las verdaderas causas del problema y las herramientas necesarias para evitar que los hechos se repitan.
Desde la CEA manifestaron su cercanía con el dolor de las familias y comunidades afectadas por hechos delictivos, aunque advirtieron que reducir la discusión a la edad de imputabilidad "corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja", que involucra a la familia, la escuela, la comunidad y al Estado.
En ese sentido, recordaron un documento de la Pastoral Social de marzo del año pasado, en el que se planteaban interrogantes que, según indicaron, siguen vigentes: el destino de los menores privados de libertad, la existencia de dispositivos adecuados en las provincias, las posibilidades reales de educación y reinserción social y la eficacia del sistema penitenciario como respuesta.
"La experiencia muestra cómo funcionan los establecimientos carcelarios y nos preguntamos si realmente creemos que esa es la solución", señalaron, al tiempo que reafirmaron la necesidad de avanzar hacia un régimen penal juvenil con una mirada "humana, integral y abierta a la esperanza".
El comunicado destaca el legado de san Juan Bosco, quien promovía un sistema preventivo basado en la presencia cercana de los adultos, la educación, el trabajo y la vida comunitaria, sin negar los conflictos pero apostando a la inclusión y al desarrollo pleno de los jóvenes.
A 150 años de la presencia salesiana en la Argentina, la Iglesia reiteró su llamado a fortalecer políticas educativas y comunitarias que construyan futuro y eviten respuestas tardías cuando el daño ya está hecho. "La verdadera prevención nace del cuidado compartido", subrayaron, y reclamaron familias acompañadas, comunidades comprometidas, un Estado presente y una sociedad que no se resigna a perder a sus niños y jóvenes.
Finalmente, la Conferencia Episcopal sostuvo que la niñez y la juventud representan "una tierra sagrada donde se siembra el futuro" y pidió especialmente por los jóvenes más vulnerables.
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Los aumentos de febrero
El mes que comienza hoy volverá a ser un desafío para los bolsillos, ya que se esperan aumentos de todo tipo. Las subas incluyen al transporte público, las prepagas y los alquileres, entre otros sectores.
Los aumentos de febrero impactarán en los alquileres. Los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán un aumento más moderado que los últimos meses y subirán 34,6%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL).
Los valores que comenzarán a regir para los inquilinos en los casos en que corresponda actualizar el contrato con el propietario:
Contrato anual por ICL (Ley de Alquileres derogada).
- Alquiler inicial: $ 400.000.
- Ajuste anual: 34,6%.
- Nuevo valor: $ 538.400.
Contratos post DNU sobre un alquiler de $ 500.000.
- Ajuste trimestral (6,08%): $ 530.400.
- Ajuste cuatrimestral (8,22%): $ 541.100.
- Ajuste semestral (12,81%): $ 564.050.
Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas alcanzarán el 2,80% en febrero. Este aumento también aplicará a los copagos.
La Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) logró hace unas semanas la firma de un nuevo aumento salarial para enero, en el marco de las negociaciones paritarias con las tres principales operadoras del país, Claro, Telecom y Movistar.
En ese sentido, las empresas responsables de servicios de cable, Internet y telefonía comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de febrero, aplicarán un nuevo ajuste de tarifas, con un incremento que oscilará entre 2,8 y 3,5%, según el servicio y la operadora.
A partir de febrero entra en vigencia el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) para la luz y el gas.
Según se informó, se busca que el precio del servicio se pague de manera más pareja a lo largo de todo el año, para suavizar los históricos que se generan en los meses de mayor consumo.
El aumento en los servicios dependerá de los consumos de cada usuario y su situación patrimonial.
A nivel general, la Secretaría de Energía aseguró que con el nuevo esquema, en los meses de mayor demanda, el 35% de los usuarios de luz pagará una factura promedio inferior a $ 22.000; el 66%, menos de $ 44.000: y el 81%, menos de $ 67.000.
En el caso del gas, durante los meses de invierno el 56% de los hogares pagará una factura inferior a $ 14.000; el 75%, menos de $ 56.000; y el 83%, menos de $ 73.000. DIB
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Argentina recibiría deportados de otras nacionalidades desde EEUU
El prestigioso diario The New York Times asegura que hay conversaciones avanzadas entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par argentino , Javier Milei, para que Buenos Aires acepte inmigrantes que Washington no puede expulsar a sus naciones de origen.
De acuerdo a una investigación publicada este viernes por The New York Times, hay "conversaciones avanzadas" por este tema ya que se busca profundizar el alineamiento geopolítico entre ambas naciones.
La intención sería firmar un acuerdo que permita a la administración de Trump deportar inmigrantes de otras nacionalidades hacia la Argentina.
Ese pacto convertiría a la Argentina en un "tercer país" de acogida para expulsados que Washington no logra devolver a sus lugares de origen, ya sea por falta de relaciones diplomáticas o por la imposibilidad de obtener documentos de viaje.
Sin embargo, horas después Milei pareció desmentir esa información al repostear un mensaje del militante de La Libertad Avanza (LLA) Daniel Parisini, quien se hace llamar el Gordo Dan, en el que negaba las tratativas.
Esta nueva iniciativa se enmarca en la agresiva campaña de deportación masiva movilizada por la administración de Trump, que busca disuadir los cruces ilegales y descomprimir su sistema migratorio derivando a los detenidos hacia naciones aliadas.
Para el gobierno de Milei, aceptar esos traslados representaría un gesto de alto valor para fortalecer su alianza con Estados Unidos, incluso a riesgo de contradecir su propia retórica de endurecimiento fronterizo a nivel local.
El New York Times destaca que esas charlas ocurren mientras la Casa Rosada intensifica sus propios operativos de control migratorio y reivindica cifras récord de expulsiones.
El mecanismo de "tercer país seguro" o acuerdos similares suelen utilizarse para enviar a nacionales de países con los que Estados Unidos tiene relaciones tensas o nulas, usándolos también como mensaje disuasorio para futuros migrantes.
