País
Nunca en la historia el Congreso rechazó un DNU sobre deuda pública
18 de marzo de 2025
A raíz del Decreto de Necesidad y Urgencia 179/2025 recientemente dictado por el Poder Ejecutivo Nacional por el cual se aprueba un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Observatorio de Decretos Sujetos a Control Legislativo (ODCL) de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral analiza en un informe cómo fue el comportamiento legislativo a lo largo de los años en materia de deuda pública.
El Observatorio de Decretos Sujetos a Control Legislativo (ODCL) de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral elaboró un informe titulado “DNU sobre deuda pública: ¿cómo fue la práctica institucional hasta ahora?”, con la autoría de los profesores de Derecho Constitucional de esa casa de estudios, Alfonso Santiago, Luis E. Vivacqua y Verónica Nolazco.
El informe explica que, a lo largo de la historia, el Congreso Nacional nunca ha rechazado un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vinculado a deuda pública.
Según el análisis de los autores, el comportamiento histórico del Congreso en esta materia revela una práctica institucional permisiva en materia de financiamiento externo.
El estudio se centra en el DNU 179/2025, recientemente emitido por el Poder Ejecutivo, que aprueba un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para cancelar deuda del Tesoro Nacional con el Banco Central. El DNU será tratado este martes 18 de marzo por la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo del Congreso.
A través de un análisis histórico y normativo, el informe demuestra cómo esta herramienta ha sido utilizada por distintos gobiernos a lo largo de la historia argentina y plantea interrogantes sobre el rol del Congreso en el control de la deuda pública.

Las claves del informe
El DNU 179/2025 y su alcance: el decreto autoriza un Programa de Facilidades Extendidas con el FMI, con un plazo de amortización de 10 años y un período de gracia de 4 años y 6 meses, bajo el argumento de mejorar la estabilidad monetaria y financiera.
La práctica institucional hasta el momento: el informe destaca que ningún DNU sobre deuda pública ha sido rechazado por ambas Cámaras del Congreso, lo que confirma una tendencia histórica en la que el Legislativo no ha ejercido un control efectivo sobre estas decisiones.
El uso de DNU en cifras: desde la reforma constitucional de 1994, se han dictado 943 DNU. Sobre este total, el presidente Javier Milei emitió 63 DNU en poco más de un año de gobierno.
Una ley que limita el control legislativo: la Ley 26.122 establece que un DNU solo puede ser derogado si ambas Cámaras lo rechazan expresamente, lo que en la práctica ha generado un control laxo que permite la continuidad de estas medidas sin mayor debate parlamentario.
Luis Vivacqua, coautor del informe, señala: “Existe una arraigada práctica institucional de DNUs en materia de Deuda Pública y modificaciones al Presupuesto que en muchos casos son avalados por el Congreso. Esto es fruto de la Ley 26.122, que exige que las dos Cámaras del Congreso rechacen el DNU para que pierda sus efectos. En ese sentido, si se mantienen los precedentes todo indica que el Congreso podría terminar avalando implícita o explícitamente la decisión presidencial”.
Por su parte, Verónica Nolazco, también coautora del informe, sostiene: “Desde el año 2008 a la fecha se han presentado más de 100 proyectos de ley tendientes a modificar la Ley 26.122. De todos ellos, uno sólo, en el año 2010, obtuvo media sanción. Este proyecto establecía un plazo de caducidad de 60 días corridos para que el Congreso apruebe un DNU. En caso contrario, el DNU perdía vigencia. Además del plazo de caducidad, debería revisarse el régimen legal de la ley en cuanto a la designación e integración de los miembros de la Comisión Bicameral Permanente”.
Un análisis histórico y normativo
Por otra parte, el informe del ODCL revisa el impacto de los DNU en los últimos años. Durante la presidencia de Mauricio Macri, en 2018, el acuerdo con el FMI fue aprobado sin una ley especial del Congreso, mientras que, durante el gobierno de Néstor Kirchner, en 2005, la cancelación de deuda con el organismo se realizó por medio de un DNU que modificó la Ley de Convertibilidad para habilitar el uso de reservas del Banco Central.
Además, expone cómo la creación de la Comisión Bicameral Permanente en 2006, que debía fortalecer el control legislativo sobre los DNU, no ha logrado frenar la práctica del Ejecutivo de manejar la deuda pública a través de decretos.
¿Qué sigue ahora?
El DNU 179/2025 ya fue enviado al Congreso y la Comisión Bicameral Permanente deberá dictaminar sobre su validez en los próximos diez días. Sin embargo, el informe anticipa que si continúa el patrón institucional, el decreto podría no ser invalidado por el Congreso.
Facultad de Derecho de la Universidad Austral
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Nuevo sistema de scoring para la licencia de conducir
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) oficializó una actualización del sistema de scoring de la Licencia Nacional de Conducir con el objetivo de unificar criterios para registrar y clasificar las infracciones de tránsito en todo el país. La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante la Disposición 167/2026.
Aunque el sistema de puntos ya existía, la novedad es la incorporación de códigos unívocos para cada infracción, una herramienta que permitirá que las distintas jurisdicciones utilicen un mismo lenguaje administrativo para identificar faltas y antecedentes de tránsito.
La decisión busca mejorar la interoperabilidad entre organismos y facilitar la aplicación homogénea del sistema de scoring, que funciona como un mecanismo para sancionar conductas peligrosas al volante y promover una conducción más segura.
La ANSV aclaró que la disposición no crea nuevas multas ni modifica las sanciones vigentes. Lo que hace es asignar un código específico a cada una de las infracciones contempladas en el régimen nacional.
De esta manera, infracciones como conducir con alcoholemia positiva, usar el celular al volante, exceder los límites de velocidad o cruzar un semáforo en rojo quedarán identificadas bajo un código único en todo el territorio adherido al sistema.
Según explicó el organismo, esto permitirá una administración más eficiente de los antecedentes de tránsito y una mejor coordinación entre las provincias y municipios que integran el Sistema Nacional de Seguridad Vial.
Entre las infracciones de tránsito más comunes detalladas en el nuevo sistema de scoring publicado en el boletín oficial por la ANSV figuran:
Conducir con alcoholemia positiva.
Negarse a realizar el test de alcoholemia.
Circular a contramano.
Exceder los límites de velocidad.
No usar cinturón de seguridad.
Utilizar el celular o auriculares mientras se conduce.
Circular sin seguro vigente.
Circular sin Revisión Técnica Obligatoria (RTO).
No respetar semáforos.
Conducir estando inhabilitado.
Participar en picadas o competencias ilegales.
También aparecen faltas vinculadas a la documentación del vehículo, el estado de los elementos de seguridad, el respeto de las prioridades de paso y distintas infracciones de estacionamiento.
Cuánto podrían costar las multas
Las sanciones se expresan en Unidades Fijas (UF) y, en muchas jurisdicciones del país, se calculan tomando como referencia el valor de un litro de nafta premium o de mayor octanaje.
Para dimensionar el impacto económico de las infracciones, puede tomarse como referencia un valor de $2.249 por UF, equivalente al precio aproximado de un litro de nafta premium. Se trata de un cálculo orientativo, ya que los valores pueden variar según la provincia o municipio donde se aplique la sanción.
Los valores de algunas multas de tránsito estimadas para la licencia nacional de conducir en el nuevo sistema de scoring publicado en el boletín oficial del 18 de junio por la ANSV son las siguientes:
No usar cinturón de seguridad: entre 100 y 300 UF ($224.900 a $674.700).
Circular sin RTO: entre 100 y 300 UF ($224.900 a $674.700).
No respetar semáforos: entre 100 y 300 UF ($224.900 a $674.700).
Usar celular al volante: entre 150 y 500 UF ($337.350 a $1.124.500).
Exceso de velocidad: entre 150 y 1.000 UF ($337.350 a $2.249.000).
Alcoholemia positiva: entre 200 y 1.000 UF ($449.800 a $2.249.000).
Circular a contramano: entre 200 y 1.000 UF ($449.800 a $2.249.000).
Negarse al control de alcoholemia: entre 300 y 1.000 UF ($674.700 a $2.249.000).
Conducir inhabilitado: entre 300 y 1.000 UF ($674.700 a $2.249.000).
Participar en picadas ilegales: entre 300 y 1.000 UF ($674.700 a $2.249.000).
El listado aprobado por la ANSV reserva las multas más altas para infracciones consideradas especialmente graves por el riesgo que representan para la seguridad vial.
Entre ellas figuran las siguientes:
Liberar un vehículo al tránsito sin las condiciones mínimas de seguridad.
Circular con servicios de transporte sin las luces reglamentarias.
Exceso de carga sin autorización.
Alterar o adulterar sistemas de control del vehículo.
En estos casos, las sanciones pueden oscilar entre 5.000 y 20.000 UF, lo que tomando la referencia de $2.249 por unidad equivale a multas de entre $11.245.000 y $44.980.000.
La Disposición 167/2026 establece que el nuevo esquema operativo comenzará a regir a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
La medida apunta a consolidar un sistema de puntos más uniforme entre las distintas jurisdicciones del país, facilitando el intercambio de información y la correcta registración de las infracciones de tránsito. (NA)
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La salud del padre de Messi
Diferentes rumores circularon en las últimas horas sobre la salud del padre de Lionel Messi, los cuales obligaron a su entorno íntimo a explicar cómo se encuentra. Ante algunas versiones que circularon durante la mañana respecto de la salud de Jorge Messi, padre del astro argentino, la familia emitió un comunicado.
El mismo señala textualmente lo siguiente:
La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud.
En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta.
Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado
una situación estrictamente privada y familiar.
La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz.
En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad.
La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable.
Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso.
Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes.
Gracias por la comprensión.
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Caída de la natalidad
La fuerte caída de la natalidad que atraviesa Argentina está produciendo cambios profundos en el sistema educativo que se ven, sobre todo en los niveles iniciales.
Después de décadas en las que el principal desafío fue ampliar la infraestructura escolar para responder al crecimiento de la matrícula, las proyecciones indican que, por primera vez, la demanda podría quedar completamente cubierta sin necesidad de construir nuevos jardines de infantes.
El informe de Argentinos por la Educación llamado “Cobertura actual y proyectada para el jardín de infantes” y elaborado por Sebastián Kiguel, María Sol Alzú y Martín Nistal, sostiene que, si se mantiene la capacidad instalada actual y se aprovechan plenamente las vacantes disponibles, la cobertura del nivel inicial podría alcanzar el 98% en 2027.
La cifra representa un salto significativo respecto del 87% registrado en 2024 y acercaría al país a una virtual universalización del acceso a las salas de 3, 4 y 5 años.
Tendencia acelerada
El fenómeno está directamente vinculado con la caída de los nacimientos, una tendencia que se aceleró durante la última década y que ya comienza a reflejarse en las aulas. Según el estudio, la población de niños de entre 3 y 5 años pasó de 2,25 millones en 2016 a 1,56 millones en 2025, una disminución del 31%.
Las proyecciones del INDEC indican que la reducción continuará durante los próximos años: para 2030 habrá cerca de 250.000 chicos menos en edad de asistir al nivel inicial.
"La caída sostenida de la natalidad está modificando la matrícula del nivel inicial en Argentina", señala el informe. Los autores agregan que la reducción de la demanda educativa podría "liberar capacidad instalada dentro del sistema", y así generar oportunidades para ampliar la cobertura sin realizar inversiones proporcionales en nuevas construcciones.
Dos procesos
La situación se explica por la combinación de dos procesos simultáneos. Por un lado, el dato insoslayable de que cada vez nacen menos chicos. Por otro, durante los últimos años el Estado y las provincias continuaron expandiendo la oferta educativa.
Entre 2016 y 2025, veinte de las veinticuatro jurisdicciones del país aumentaron la cantidad de secciones de jardín de infantes. El crecimiento fue particularmente fuerte en las salas de 3 años, donde la cantidad de secciones aumentó un 28%.
Ese esfuerzo permitió ampliar el acceso al nivel inicial. Actualmente, la sala de 5 años presenta niveles prácticamente universales de escolarización, con una cobertura nacional del 99%. La sala de 4 años alcanza el 87%, mientras que la sala de 3 años continúa siendo el principal desafío pendiente, con una cobertura promedio del 58% y marcadas diferencias entre provincias.
Buenos Aires al 100%
La proyección elaborada por Argentinos por la Educación parte de la suposición de que la cantidad de vacantes disponibles se mantenga en niveles similares a los actuales y que los cupos puedan reorganizarse entre las distintas salas según las necesidades de cada jurisdicción. Bajo ese escenario, la cobertura nacional podría alcanzar el 98% en apenas un año.
Incluso varias provincias estarían en condiciones de llegar al 100% de cobertura. Entre ellas aparecen Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Neuquén, Río Negro, San Juan, Tucumán, Santa Cruz, Santiago del Estero y la Ciudad de Buenos Aires.
Otras jurisdicciones también registrarían avances importantes, aunque mantendrían algunos déficits. Es el caso de Santa Fe, que podría alcanzar el 95%; Mendoza y Salta, el 94%; Corrientes, el 97%; y Chaco, el 99%.
Las excepciones más marcadas serían Formosa y Misiones, donde las estimaciones proyectan coberturas del 81% y 85%.
Acceso y calidad
Los especialistas aclaran, de todos modos, que disponer de vacantes suficientes no garantiza automáticamente que todos los niños asistan al jardín.
"En la medida en que la oferta deje de constituir una restricción, los desafíos podrían desplazarse hacia la identificación, convocatoria y acompañamiento de los niños y niñas que hoy no asisten", advierte el trabajo.
Los autores subrayan que el desafío actual no se limita a seguir ampliando la cobertura: “La evidencia internacional muestra que los beneficios de la educación temprana dependen tanto del acceso como de la calidad de las experiencias educativas”. Por eso, sostienen que la expansión del nivel inicial debe ir acompañada por mejoras en aspectos como “la formación docente y las condiciones de enseñanza”.
DIB

