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Derrumbe de la tasa de natalidad: cómo impacta en los jardines
17 de febrero de 2025
En menos de 15 años, el número de alumnos por curso en los jardines de infantes de los centros de educación privada cayó un 18,2% producto de un fenómeno que es totalmente ajeno al sistema educativo: la caída sostenida de los niveles de natalidad que registra la Argentina.
Según un informe elaborado por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA) los datos que sostienen esta afirmación son elocuentes. La tasa de natalidad pasó de 19 nacimientos por cada 1.000 habitantes en el año 2000 a aproximadamente 11 en 2022. En ese contexto, uno de los niveles más afectados es el inicial, en el que ya se observa una caída considerable en el número de alumnos matriculados. La tendencia se empieza a reflejar también en primaria
“La caída sostenida de la tasa de natalidad en Argentina en las últimas dos décadas ya tiene -y sobre todo tendrá- un impacto significativo en el sistema educativo. El fenómeno es transversal a todo el país. Cada vez nacen menos chicos y el sistema escolar enfrenta un fenómeno de descenso de matrícula que plantea tanto desafíos como oportunidades”, aseguró el secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita.
La entidad que agrupa a miles de centros de educación privada de todo el país (sólo en la Provincia de Buenos Aires nuclea a más de 2.300) sostiene que la matrícula en el nivel inicial sufrió un fuerte golpe en la pandemia y aún no logró recuperarse.
“Hoy tenemos un promedio de 18,8 alumnos por sección, mientras que en 2011 esa cifra era de 23. Esta caída en la matrícula en tan pocos años es significativa”, advirtió. Esto representa una caída, en menos de tres lustros, del 18,2%.
La tendencia de disminución de alumnos en primer grado es similar. El último relevamiento anual muestra que, en comparación con 2011, en 2023 ingresaron 102.000 alumnos menos a la primaria, lo que representa una disminución del 12,6% en la matrícula general. El fenómeno se refleja principalmente en el sector estatal, cuya caída es del 15%. En cambio, en las escuelas privadas, la reducción es del 6%.
“La baja en la matrícula implica una serie de retos para el sistema educativo, pero también una oportunidad para mejorar la calidad de la enseñanza. Con menos alumnos por aula, los docentes podrían tener más tiempo y recursos para dedicar a cada estudiante. Les permitiría darles una atención más personalizada y una educación adaptada a las necesidades de cada uno”, sostuvo Zurita.
Sin embargo, el fenómeno también presenta desafíos estructurales. Una de las problemáticas más apremiantes es la normativa que exige un número mínimo de alumnos para que las instituciones puedan acceder a los aportes estatales. “Necesitamos revisar la normativa que requiere un número determinado de estudiantes para conservar el aporte estatal. Hoy en día tenemos menos alumnos, pero igual cantidad de cursos y cargos”, consideró el dirigente de los institutos privados.
Esta regulación, que se diseñó en tiempos de mayor natalidad y mayor demanda de vacantes educativas, no es sostenible en el contexto actual y mucho menos en el que se avecina en los próximos años.
La disminución en la cantidad de estudiantes, acompañada de una estructura educativa que se mantiene prácticamente igual, plantea la necesidad de reevaluar los recursos asignados y el modelo de financiamiento. Zurita destaca que, para algunas instituciones, mantener el mismo nivel de financiamiento con menos alumnos implica una carga económica difícil de sostener. “Deberíamos también evaluar el régimen de aranceles, ya que hoy mantenemos una misma estructura, pero atendemos a menos alumnos”, agregó.
Tal como muestra un informe reciente del Observatorio de Argentinos por la Educación, en las 24 jurisdicciones del país, el número de nacimiento cayó pronunciadamente entre 2014 y 2022. Tierra del Fuego fue la que registró la mayor caída con el 49% y le siguen Jujuy y la Ciudad de Buenos Aires con el 44%. Tomando en cuenta el número de nacidos, se proyecta que la matrícula en la educación primaria caerá en un 28% en los próximos años.
La disminución inevitable de la matrícula presenta una oportunidad para el Estado y las instituciones educativas de repensar el sistema. La posibilidad de tener aulas menos saturadas podría contribuir a una enseñanza más personalizada y a una mejora en los resultados de aprendizaje. Año a año, las evaluaciones estandarizadas exponen las dificultades que atraviesa el sistema educativo.
Para aprovechar la oportunidad demográfica, es necesario que las políticas educativas se adapten a esta nueva realidad. La reglamentación actual, que asocia los aportes estatales al número de alumnos, podría llevar a algunas instituciones a una situación económica crítica y dificultar su funcionamiento, en especial en las jurisdicciones donde el descenso de la natalidad es más marcado.
Desde AIEPA se pide por una actualización en las políticas educativas que permita capitalizar la baja de la natalidad para avanzar en la calidad de la enseñanza, con mayores recursos por alumno. Conscientes de que se atraviesa un momento clave para transformar la educación, la entidad remarca la necesidad de reformar la normativa para que las escuelas puedan sostener su estructura y seguir mejorando su servicio.
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CAMBIOS EN EL INDEC
El economista Marco Lavagna presentó este lunes su renuncia como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), una decisión que sacudió al organismo en la previa de un hito técnico clave: la publicación del primer Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado con la nueva metodología.
La salida fue confirmada por fuentes oficiales y se produce en un clima de “ruidos internos”, atravesado por el congelamiento salarial dentro del instituto y el consecuente malestar entre los trabajadores.
Desde ATE Indec manifestaron su preocupación por el momento elegido para el recambio. “Nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta la renuncia a ocho días de la salida del IPC con la nueva ponderación”, advirtió el delegado Raúl Llaneza, quien volvió a reclamar un “Indec independiente del poder político”.
Lavagna había asumido al frente del organismo el 30 de diciembre de 2019, al inicio de la presidencia de Alberto Fernández. Con pasado legislativo en el Frente Renovador, su perfil técnico le permitió sostenerse en el cargo incluso tras la llegada de Javier Milei y el giro político del Gobierno. Durante su gestión, el Indec continuó el proceso de normalización y consolidación de estadísticas públicas, preservando los estándares de transparencia recuperados luego de los años de intervención.
Su partida coincide con la puesta en marcha del renovado IPC, una actualización largamente postergada que busca reflejar con mayor fidelidad los hábitos de consumo actuales de los hogares argentinos. El nuevo índice adopta la clasificación Coicop 2018, que eleva a 13 las divisiones de relevamiento al incorporar “Seguros y servicios financieros”, y utiliza como base de ponderación la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, en reemplazo del relevamiento de 2004.
Entre los cambios más relevantes se destaca el mayor peso de Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles, cuya incidencia pasa de 9,4% a 14,5%. Esto implica que los ajustes tarifarios tendrán ahora un impacto más directo en el nivel general de inflación. Transporte también gana protagonismo, al subir de 11% a 14,3%, con mayor influencia de combustibles y boletos. Comunicaciones prácticamente duplica su ponderación, de 2,8% a 5,1%, reflejando la centralidad de internet y telefonía celular, mientras que Educación aumenta de 2,3% a 3,1%.
Otros rubros como Salud se mantienen relativamente estables, al pasar de 8% a 9,1%. En cambio, Alimentos y Bebidas reduce su peso del 26,9% al 22,7%, una modificación relevante si se tiene en cuenta que este capítulo explicó buena parte de la aceleración inflacionaria del último cuatrimestre de 2025. La nueva canasta también captura una mayor participación de alimentos procesados, donde pesan más los componentes industriales, logísticos y comerciales.
Prendas de Vestir y Calzado pierden relevancia (de 9% a 6,8%), mientras que Recreación y Cultura sube de 7,3% a 8,6%, en línea con un mayor gasto en esparcimiento.
En términos generales, los analistas señalan que el nuevo esquema puede arrojar registros más altos si los servicios aumentan por encima de los bienes, y una inflación más moderada en el escenario inverso. A modo ilustrativo, una suba del 10% en la carne habría sumado 1,07 puntos al IPC con la canasta anterior, contra 1,03 con la metodología actual. DIB
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Sin fondos: diciembre marcó record de cheques rechazados de la historia
La cadena de pagos del sector productivo nacional cerró 2025 con una señal de alarma financiera sin precedentes. Durante diciembre se alcanzó el récord histórico de cheques rechazados por falta de fondos, un dato que expone con crudeza la crisis de liquidez que enfrentan las empresas en todo el país.
Según un informe del Instituto Argentina Grande, elaborado a partir de datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el último mes del año se registraron 119.285 cheques rechazados, el número más alto desde que existen registros sistematizados sobre este indicador clave de la actividad económica.
Uno de los aspectos que más preocupa a los analistas es la velocidad del deterioro financiero. De acuerdo con el relevamiento, la cantidad de cheques sin fondos se triplicó en comparación con diciembre de 2024, lo que implica un aumento cercano al 200% interanual.
“Este indicador es un síntoma claro de la dificultad que tienen las empresas argentinas para cumplir con sus obligaciones”, señalaron desde el Instituto Argentina Grande. La dinámica, advirtieron, refleja una restricción severa de liquidez en la economía real, con impacto directo sobre la producción y el empleo.
La evolución mensual de los cheques rechazados muestra un quiebre marcado en la segunda mitad de 2025 y una aceleración abrupta hacia el cierre del año.
Período de estabilidad: entre 2020 y mediados de 2024, el promedio mensual de rechazos se ubicaba entre 25.000 y 35.000 cheques.
Inicio de la aceleración: a partir de mayo de 2025, cuando se registraron 41.759 rechazos, la curva comenzó a empinarse de manera sostenida.
Pico histórico: el último trimestre mostró una escalada sin freno, con 92.535 cheques rechazados en octubre, 108.979 en noviembre y el récord absoluto de 119.285 en diciembre.
Impacto sobre las PyMEs
El fenómeno golpea con especial dureza a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que utilizan el cheque de pago diferido como una herramienta central para financiar capital de trabajo y sostener la actividad cotidiana.
La multiplicación de cheques sin fondos no solo deteriora la confianza en la cadena de pagos, sino que además encarece el crédito comercial, profundiza los problemas de financiamiento y amplifica el riesgo de parálisis productiva en amplios sectores de la economía.
Una señal de alerta para 2026
El récord registrado en diciembre deja una señal clara sobre la fragilidad financiera con la que el entramado productivo argentino ingresó en 2026. En un contexto de bajo acceso al crédito y caída de la liquidez, la recuperación del financiamiento aparece como uno de los principales desafíos macroeconómicos para evitar un mayor deterioro de la actividad.
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Periodistas piden al Congreso que frene la derogación de su Estatuto
Más de tres mil periodistas de todo el país firmaron y difundieron este domingo una solicitada con un pedido claro: que el Congreso de la Nación rechace la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, una normativa histórica que rige desde mediados del siglo XX y que actualmente está en el centro del debate por la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo nacional.
El documento, que incluye firmas de profesionales de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales, señala que la eliminación del estatuto —junto con el del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas— implicaría un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática del país.
Quienes suscriben la solicitada advierten que estos estatutos consagran derechos individuales, profesionales y colectivos que protegen tanto a los trabajadores de prensa como al ejercicio mismo del periodismo, y destacan que su vigencia fue fundamental para establecer condiciones laborales, marcos de estabilidad y un mínimo de garantías profesionales.
El texto también subraya que, si bien los firmantes no se oponen a debatir una eventual modernización de las normas laborales del sector, rechazan de plano “cualquier derogación que se haga sin mediar un debate democrático en el que los periodistas tengan participación efectiva”.
La protesta se enmarca en el debate legislativo por el proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno, dentro del cual se encuentra el artículo que propone la supresión total del Estatuto del Periodista Profesional —la Ley 12.908— y del Estatuto del Empleado Administrativo.
Organizaciones periodísticas y gremiales de prensa también han expresado su preocupación por la posible eliminación de este marco estratégico, advirtiendo que su derogación puede debilitar derechos laborales, facilitar la precarización, erosionar la libertad de prensa y socavar herramientas que garantizan confidencialidad de fuentes o condiciones éticas mínimas para el ejercicio de la profesión.
Los firmantes incluyen nombres reconocidos del periodismo argentino, quienes llamaron a las y los legisladores a defender el estatuto vigente y a garantizar que cualquier discusión sobre su futuro se dé de forma amplia y con participación del sector afectado.
