País
El Gobierno privatizará el cuidado de las rutas
14 de febrero de 2025
El vocero presidencial Manuel Adorni anunció que se inició el proceso de privatización de Corredores Viales S.A., una empresa pública que se encarga de la gestión de la infraestructura y el tránsito de rutas y autopistas. «Será bajo la modalidad de concesión obra publica por peaje», adelantó y recordó: «La privatización de las empresas publicas es irremediable»
La Oficina del Presidente emitió un comunicado en donde asegura que «a pesar de que en Argentina hay rutas y autopistas gestionadas por el sector privado, anteriores gobiernos se empecinaron en sostener esta empresa estatal deficitaria que le costó a nuestro país solo en 2023 unos $301.000 millones».
«Relevamientos realizados por este Gobierno detectaron que hay 3.400 kms de traza, 45% de toda la red vial argentina, que siendo gestionados por esta empresa no se encontraban en condiciones óptimas para la circulación vehicular», completó.
El mismo texto advierte que existe «una clara muestra que la administración estatal de la red vial no funciona, y que no es el rol del Estado la gestión de las autovías». En ese sentido se aclaró que desde ahora, gracias a este proceso, será el concesionario el que tendrá que realizar las obras necesarias a fin de conseguir el derecho de cobro de peaje.
En la actualidad, Corredores Viales S.A. se encuentra a cargo de 10 tramos de autovías en las provincias de; Santiago del Estero: Tucumán: Salta; Jujuy; Chaco; Buenos Aires; Corrientes; Misiones; San Luis; Córdoba; Santa Fe y Mendoza. Además, también administra el Acceso Riccheri a la Ciudad de Buenos Aires.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), dependiente del Ministerio de Economía, será la encargada de ejecutar los procedimientos de selección para la celebración de los contratos de concesión de obra pública. También, de la disolución y posterior liquidación de los corredores viales una vez adjudicados y perfeccionados los contratos de concesión con las empresas que resulten seleccionadas.
La empresa estatal es una de las tantas compañías que el Gobierno dejó sujeta a privatización según el Artículo 7 de la Ley Bases. El listado lo completan Intercargo SAU, Energía Argentina S.A. (Enarsa), Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Belgrano Cargas y Logística S.A.
Según informó el Gobierno, la empresa estatal registró un resultado económico negativo en 2023 que presenta una deuda con proveedores por $142.000 millones y pérdidas acumuladas por $268.000 millones. En este sentido, Corredores Viales fue asistida por el Tesoro Nacional por $301.000 millones de pesos.
Desde la gestión de Javier Milei ya convocaron a una audiencia pública para finales de febrero para avanzar en la licitación de la ruta del Mercosur, por un total de 670 kilómetros, que fuera operada durante 30 años por la empresa privada CRUSA. Ahora, se le sumará la concesión de los 8.470 kilómetros de rutas actualmente gestionadas por Corredores Viales S.A, lo que tendrá implicancia sobre otras rutas que hasta hora no estaban concesionadas, tales como la RN 33 en Santa Fe, la RN 18 en Entre Ríos, y la variante de la RN 19 en Córdoba.
El vocero presidencial informó que se avanzará con «la extinción por mutuo acuerdo los contratos de concesión de vigentes de 10 tramos asignados a corredores viales que comprenden diferentes rutas nacionales», además de «la ejecución de los procedimientos de selección para la celebración de los contratos de concesión de obra pública sobre los referidos corredores» y la «disolución y posterior liquidación de corredores viales una vez adjudicados y perfeccionados los contratos con las empresas que resulten seleccionadas»
Al respecto, el secretario general del Sindicato de trabajadores de Vialidad Nacional, Fabián Catanzaro, advirtió «ya fue vivida» durante la década de 1990. «No sabemos qué va a pasar con nuestros compañeros. Sobre un plantel de 8.000 trabajadores, luego de las concesiones, quedó un plantel de 3.000» y agregó que desde el gremio están «en estado de alerta y movilización».
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Sin fondos: diciembre marcó record de cheques rechazados de la historia
La cadena de pagos del sector productivo nacional cerró 2025 con una señal de alarma financiera sin precedentes. Durante diciembre se alcanzó el récord histórico de cheques rechazados por falta de fondos, un dato que expone con crudeza la crisis de liquidez que enfrentan las empresas en todo el país.
Según un informe del Instituto Argentina Grande, elaborado a partir de datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el último mes del año se registraron 119.285 cheques rechazados, el número más alto desde que existen registros sistematizados sobre este indicador clave de la actividad económica.
Uno de los aspectos que más preocupa a los analistas es la velocidad del deterioro financiero. De acuerdo con el relevamiento, la cantidad de cheques sin fondos se triplicó en comparación con diciembre de 2024, lo que implica un aumento cercano al 200% interanual.
“Este indicador es un síntoma claro de la dificultad que tienen las empresas argentinas para cumplir con sus obligaciones”, señalaron desde el Instituto Argentina Grande. La dinámica, advirtieron, refleja una restricción severa de liquidez en la economía real, con impacto directo sobre la producción y el empleo.
La evolución mensual de los cheques rechazados muestra un quiebre marcado en la segunda mitad de 2025 y una aceleración abrupta hacia el cierre del año.
Período de estabilidad: entre 2020 y mediados de 2024, el promedio mensual de rechazos se ubicaba entre 25.000 y 35.000 cheques.
Inicio de la aceleración: a partir de mayo de 2025, cuando se registraron 41.759 rechazos, la curva comenzó a empinarse de manera sostenida.
Pico histórico: el último trimestre mostró una escalada sin freno, con 92.535 cheques rechazados en octubre, 108.979 en noviembre y el récord absoluto de 119.285 en diciembre.
Impacto sobre las PyMEs
El fenómeno golpea con especial dureza a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que utilizan el cheque de pago diferido como una herramienta central para financiar capital de trabajo y sostener la actividad cotidiana.
La multiplicación de cheques sin fondos no solo deteriora la confianza en la cadena de pagos, sino que además encarece el crédito comercial, profundiza los problemas de financiamiento y amplifica el riesgo de parálisis productiva en amplios sectores de la economía.
Una señal de alerta para 2026
El récord registrado en diciembre deja una señal clara sobre la fragilidad financiera con la que el entramado productivo argentino ingresó en 2026. En un contexto de bajo acceso al crédito y caída de la liquidez, la recuperación del financiamiento aparece como uno de los principales desafíos macroeconómicos para evitar un mayor deterioro de la actividad.
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Periodistas piden al Congreso que frene la derogación de su Estatuto
Más de tres mil periodistas de todo el país firmaron y difundieron este domingo una solicitada con un pedido claro: que el Congreso de la Nación rechace la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, una normativa histórica que rige desde mediados del siglo XX y que actualmente está en el centro del debate por la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo nacional.
El documento, que incluye firmas de profesionales de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales, señala que la eliminación del estatuto —junto con el del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas— implicaría un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática del país.
Quienes suscriben la solicitada advierten que estos estatutos consagran derechos individuales, profesionales y colectivos que protegen tanto a los trabajadores de prensa como al ejercicio mismo del periodismo, y destacan que su vigencia fue fundamental para establecer condiciones laborales, marcos de estabilidad y un mínimo de garantías profesionales.
El texto también subraya que, si bien los firmantes no se oponen a debatir una eventual modernización de las normas laborales del sector, rechazan de plano “cualquier derogación que se haga sin mediar un debate democrático en el que los periodistas tengan participación efectiva”.
La protesta se enmarca en el debate legislativo por el proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno, dentro del cual se encuentra el artículo que propone la supresión total del Estatuto del Periodista Profesional —la Ley 12.908— y del Estatuto del Empleado Administrativo.
Organizaciones periodísticas y gremiales de prensa también han expresado su preocupación por la posible eliminación de este marco estratégico, advirtiendo que su derogación puede debilitar derechos laborales, facilitar la precarización, erosionar la libertad de prensa y socavar herramientas que garantizan confidencialidad de fuentes o condiciones éticas mínimas para el ejercicio de la profesión.
Los firmantes incluyen nombres reconocidos del periodismo argentino, quienes llamaron a las y los legisladores a defender el estatuto vigente y a garantizar que cualquier discusión sobre su futuro se dé de forma amplia y con participación del sector afectado.
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Inflación de enero: el índice cerraría por encima del 2%
El arranque del año mostró una dinámica de precios persistente en los rubros más sensibles de la economía doméstica. Distintos relevamientos privados coinciden en que la inflación de enero se ubicará por encima del 2%, traccionada nuevamente por los aumentos en alimentos y bebidas, que no logran perforar el piso pese a la estabilidad macroeconómica y cambiaria.
Según revela la Agencia Noticias Argentinas (NA), los informes de las últimas semanas detectaron una aceleración de precios hacia el cierre del mes, concentrada en productos frescos y bienes de demanda inelástica. Si bien no hubo saltos abruptos, el "goteo" constante en góndolas, especialmente en carnes, verduras y aceites, fue suficiente para mantener la presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El fenómeno responde a una inflación que "conserva núcleos duros" en la canasta básica. Aunque hubo factores que ayudaron a moderar el índice —como bajas estacionales en algunas verduras, ajustes suaves en lácteos y la estabilidad en precios regulados como combustibles—, el peso de los alimentos frescos fue determinante.
El escenario de febrero traerá una novedad técnica clave: el INDEC comenzará a medir la inflación con una nueva canasta de bienes y servicios. Esta actualización, ajustada a hábitos de consumo más recientes, le dará mayor ponderación a los servicios y reducirá la incidencia relativa de los alimentos, lo que podría modificar la lectura estadística de la inflación en los próximos meses.
