El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, anunció que a partir de enero de 2026 la provincia de Buenos Aires aplicará modificaciones en el esquema de subsidios energéticos, en línea con los cambios normativos que impulsa el Gobierno nacional. Las medidas apuntan, según explicó, a mejorar los criterios de inclusión y exclusión del sistema de tarifa social y a adecuarse a la nueva segmentación que definirá la Secretaría de Energía de la Nación.

“Hay algunos cambios que se vienen en materia de subsidios a la energía en la provincia de Buenos Aires, en virtud de las modificaciones que está llevando adelante el gobierno nacional en materia energética”, señaló Bianco, al anticipar que las definiciones serán anunciadas con antelación para evitar que los usuarios se vean afectados de manera sorpresiva.

Uno de los ejes centrales de la modificación será la eliminación de la tarifa social para residencias ubicadas en barrios cerrados. Según detalló el Ministro, a partir de enero de 2026 dejarán de recibir subsidios unos 79.500 usuarios en toda la provincia, de los cuales 66.900 corresponden al Gran Buenos Aires, en áreas reguladas por Edenor y Edesur, y otros 12.600 al interior bonaerense, bajo la órbita del OCEBA.

“Se van a eliminar todos los subsidios, todas las tarifas sociales a todas aquellas residencias que están en barrios cerrados”, explicó Bianco, al precisar que la medida surge de un trabajo conjunto con la Agencia de Recaudación de la Buenos Aires (ARBA) y el Ministerio de Economía provincial, orientado a revisar los criterios de asignación del beneficio.

En paralelo, el Ministro describió el nuevo esquema de segmentación energética que impulsa la Nación y que actualmente se encuentra en consulta pública. El funcionario bonaerense recordó que el sistema vigente clasifica a los usuarios en tres categorías: N1, de altos ingresos, sin subsidio; N2, de bajos ingresos, con un subsidio del 65% hasta cierto nivel de consumo; y N3, de ingresos medios, con un subsidio del 50% en un tramo acotado.

Ese esquema será reemplazado por uno de dos categorías. “Va a haber hogares con subsidio, que van a ser hogares con ingresos menores a tres canastas básicas totales”, explicó Bianco, y detalló que recibirán asistencia sobre el consumo de hasta 300 kWh mensuales en meses de alta demanda y hasta 150 kWh en meses de clima templado.

La segunda categoría será la de hogares sin subsidio, integrada por aquellos con ingresos superiores a tres canastas básicas totales, que no recibirán ningún tipo de asistencia energética. Bianco remarcó que estas definiciones nacionales impactan directamente en el esquema provincial de subsidios.

En ese marco, explicó que la Provincia de Buenos Aires tenía un sistema que “en cierta parte espejaba esos criterios” para las empresas reguladas por el OCEBA. Allí existían dos grupos: uno de usuarios con ingresos menores a dos salarios mínimos, que continuará recibiendo la tarifa social, y otro grupo que replicaba la categoría N2 nacional.

Con la eliminación de la categoría N2 a nivel nacional, ese segundo grupo provincial quedaría alcanzado por la quita de subsidios. Sin embargo, Bianco aclaró que la Provincia sostendrá el beneficio para esos usuarios, siempre que cumplan determinadas condiciones.

“Nosotros los vamos a poder seguir subsidiando, los vamos a poder seguir incluyendo en la tarifa social provincial, siempre y cuando se anoten en la página web de OCEBA y cumplan obviamente las condiciones para obtener el subsidio energético”, afirmó el Ministro.

Finalmente, Bianco subrayó que el objetivo de adelantar estos anuncios es informar con tiempo a los usuarios bonaerenses. “No queremos que nuestros usuarios de golpe se enteren que se han quedado sin subsidios por esta modificación regulatoria a nivel nacional”, concluyó.

Cómo impactará el nuevo esquema en la tarifa social bonaerense

Las modificaciones anunciadas por el ministro de Gobierno se inscriben en un contexto de cambios más amplios en la política energética nacional, que comenzarán a regir formalmente a partir del 1 de enero de 2026. La Provincia busca, según explicó Bianco, amortiguar el impacto de esas decisiones sobre los sectores de menores ingresos.

En ese sentido, la continuidad de la tarifa social provincial para usuarios que queden excluidos del esquema nacional dependerá de la inscripción en el registro correspondiente y del cumplimiento de los requisitos establecidos por el OCEBA. La Provincia anticipó que brindará mayores precisiones operativas en los próximos meses.

El rediseño del sistema de subsidios también implica una revisión más estricta de los criterios patrimoniales y de localización de las viviendas, como en el caso de los barrios cerrados, que dejarán de estar alcanzados por el beneficio.

El gobernador, Axel Kicillof, recorrió los avances de las obras de construcción del acueducto Planta Patagonia - Bosque Alto, que garantizará la efectiva distribución de agua potable en la región. Además, acompañado por el administrador general del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez; el jefe de Gabinete y Gobierno municipal, Luis Calderaro; y el secretario general de la UOM, Abel Furlán, entregó viviendas para familias del distrito y firmó convenios para el desarrollo de infraestructura social en distintos barrios.

“Nunca en la historia de la ciudad de Bahía Blanca se había llevado adelante un plan de infraestructura tan importante como el que estamos realizando desde la provincia de Buenos Aires”, expresó Kicillof y agregó: “Lo hacemos aún en un contexto adverso, en el que el presidente Javier Milei habla de obra pública cero en todo el país. Estoy muy orgulloso porque demostramos con hechos que somos muy distintos: nunca les vamos a alquilar un puente como hace el Gobierno nacional, nosotros estamos para hacer las obras que las y los bahienses necesitan”.

La obra forma parte del Plan Hídrico Integral Bahía Blanca - Coronel Rosales y consiste en la construcción de un acueducto de ocho kilómetros de longitud que se conectará con Bosque Alto para asegurar la distribución de agua potable. Incluye la ejecución de dos nuevas cisternas con capacidad para almacenar 40 millones de litros de agua con sus respectivas estaciones de bombeo y contempla la implantación de otro acueducto en Bosque Alto, que se extenderá hasta el barrio Los Chañares.

El proyecto dará respuesta a una demanda histórica de la región, beneficiando a más de 300.000 habitantes, y representa una inversión de $19.228 millones financiada a través del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Entrega de viviendas y firmas de convenios de infraestructura

Durante la jornada, Kicillof realizó la entrega de ocho viviendas que completan un complejo habitacional en el barrio UOM. Tras una inversión de $237 millones, estos inmuebles cuentan con dos dormitorios, cerco perimetral, y redes de electricidad, agua y gas.

En ese sentido, Kicillof resaltó que “estas casas son muy importantes porque son las que completan un proyecto que permitió otorgarles más de mil viviendas a las y los trabajadores de la UOM en Bahía Blanca”. “Muchas familias vivían situaciones difíciles producto de alquileres que eran imposibles de pagar desde que Milei desreguló el mercado: nuestro Gobierno cree en el derecho a la vivienda y trabaja para que nadie viva en condiciones de precariedad e incertidumbre”, explicó.

Por su parte, Calderaro remarcó: "Es una alegría y un orgullo contar con un Gobierno bonaerense que siempre acompaña a Bahía Blanca para que la ciudad crezca y los vecinos y vecinas tengan la vida que se merecen: hoy, junto a los trabajadores de la UOM, están consagrando el derecho de la casa propia”.

“Estas viviendas son una muestra de que, a pesar de la falta de sensibilidad del Gobierno nacional, en la Provincia los trabajadores y trabajadoras no tienen que perder la esperanza de vivir con dignidad y cumplir sus sueños”, sostuvo Furlán.

Asimismo, Kicillof señaló que “los trabajadores de la UOM no están exentos de la realidad de un país en el que se perdieron 250 mil puestos de empleo en los últimos dos años”. “Ahora nos hablan de modernizar las relaciones laborales, pero esconden allí el mismo plan de flexibilización que ya fracasó tantas veces: lo que buscan es trasladar todo el costo del ajuste a los que menos tienen”, concluyó.

Por último, la directora ejecutiva de OPISU, Romina Barrios, firmó convenios con el municipio de Bahía Blanca para iniciar las obras de la red de agua potable en el barrio Tierras Argentinas, la instalación de alumbrado público y red de baja tensión en 82 manzanas y la limpieza de arroyos y microbasurales en distintos barrios del distrito. En tanto, se firmó un contrato con el intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, para el recambio de la red cloacal y puesto en valor de la plaza en el barrio Gaudí, por una inversión de $503 millones.

Participaron de las actividades la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el director provincial de Coordinación Interior Sur de la Jefatura de Asesores del Gobernador, Gabriel Godoy; la senadora provincial Ayelén Durán y su par Marcelo Feliú; los intendentes de Coronel Suárez, Ricardo Moccero; de Salliqueló, Ariel Succurro; el secretario general de la UOM de Bahía Blanca, Daniel Gómez; la dirigenta Marisol Merquel, funcionarios y funcionarias locales.

Se los acusa de explotación ilegal del juego y presunto lavado de activos y evasión fiscal. Buscan identificar a los responsables y frenar el acceso de menores. 

El presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof, denunció ante las Unidades Fiscales Especializadas de los Departamentos Judiciales de Lomas de Zamora, La Matanza y San Isidro, un total de 300 sitios de apuestas ilegales que operaban sin autorización oficial.

En las presentaciones no solo se expone la existencia de estas plataformas clandestinas, sino que también se solicita avanzar en la identificación de sus responsables y administradores, con el objetivo de ampliar la imputación de delitos, dado que se presume la participación en maniobras de lavado de activos y evasión fiscal por parte de estas organizaciones.

“No estamos frente a simples administradores de páginas ilegales, sino ante una cadena delictiva organizada que blanquea dinero en el exterior, posee roles determinados, evaden impuestos y operan al margen de la ley”, afirmó el presidente del Organismo, Gonzalo Atanasof.

La investigación se originó a partir de un operativo de ciberpatrullaje realizado por personal del Organismo, que permitió rastrear el funcionamiento de estas plataformas y detectar su modus operandi digital. Una de las complejidades del tema radica en que los administradores de estos sitios mudan constantemente sus dominios para evadir controles, alojan servidores en paraísos fiscales como Malta o Curazao, y operan desde el exterior. 

Menores en riesgo
Uno de los ejes centrales de la denuncia es el acceso de menores de edad a estas plataformas.

“No vale todo. Cuando hablamos de apuestas en adolescentes, debemos encarar el problema desde dos frentes: salud mental y seguridad. Hay que prevenir la ludopatía, pero también bloquear los sitios ilegales que no tienen controles por parte de nadie y permiten el acceso de menores de edad. Hoy los chicos están a un click de distancia porque estos casinos ilegales les permiten el acceso”, remarcó Atanasof.

“Denunciar sitio por sitio es insuficiente. Necesitamos herramientas modernas para un delito moderno. Esta pelea no puede darla una sola jurisdicción: tiene que haber una política nacional coordinada”, concluyó.

En este sentido, como medida preventiva y de urgencia, en las denuncias se solicitó se ordene al ENACOM el bloqueo inmediato de estos sitios, para impedir su acceso y funcionamiento en todo el territorio nacional.

La denuncia se enmarca en el trabajo sostenido que viene realizando la gestión y se suma a otras 120 presentaciones que derivaron en 50 allanamientos, donde se logró desbaratar organizaciones dedicadas a operar este tipo de páginas ilegales. También se complementa con más de 100 reportes contra influencers efectuados a través de Meta, en el marco del convenio con la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA). Este acuerdo permite identificar y dar de baja perfiles de Facebook e Instagram que promocionan apuestas no autorizadas