El reciente anuncio del Gobierno sobre la desregulación del servicio de rampa en los aeropuertos marca un punto de quiebre en la dinámica laboral y operativa del sector aeronáutico argentino. La medida, impulsada tras el prolongado paro de Intercargo en Aeroparque y Ezeiza, abre la puerta a que empresas privadas puedan intervenir en un servicio que hasta ahora monopolizaba Intercargo. Esta movida promete mayor competencia y eficiencia en el sector, pero también genera dudas sobre sus posibles consecuencias.

El vocero presidencial destacó que se está terminando con los privilegios sindicales y que el gobierno no va a tolerar que “terroristas sindicales” afecten la vida de miles de pasajeros. La situación se volvió tensa cuando, durante el paro, más de 2000 personas quedaron varadas en aeronaves y requirieron asistencia médica debido a la falta de servicios básicos. Esto impulsó al Gobierno a tomar una postura contundente, instruyendo a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para intervenir en casos de crisis y asegurar que los vuelos puedan operar sin mayores demoras, incluso ante conflictos gremiales.

Por su parte, el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, detalló que esta medida forma parte de un proceso de desregulación integral que se ha estado implementando en los últimos tiempos. Comenzó con la apertura de rutas y precios en el transporte aéreo, permitiendo que más aerolíneas operen y ofrezcan tarifas competitivas, y culmina ahora con la desregulación del servicio de rampa, algo hasta hoy impensado en el contexto aeroportuario argentino.

A través de esta decisión, se busca que el mercado de rampas sea competitivo, dando lugar a nuevas empresas que puedan ofrecer el servicio de forma más ágil y eficiente. Esta apertura permitirá que se incorporen actores del sector privado que no necesariamente forman parte de las aerolíneas, pero que tengan la capacidad de brindar soporte a las operaciones aeroportuarias. Según el secretario de Transporte, Franco Mogetta, el objetivo es "liberar el sistema de rampas de los cepos burocráticos" que impedían su modernización y expansión, lo que beneficiaría no solo a las aerolíneas, sino a todo el ecosistema económico que depende de un transporte aéreo eficiente.

A todo esto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó que la PSA y otras fuerzas federales estarán habilitadas para intervenir si los gremios se niegan a operar. Durante la huelga de Intercargo, se evidenció la falta de soluciones rápidas cuando pasajeros se vieron retenidos en las aeronaves por horas debido a la paralización del servicio de rampas. Como respuesta, el Gobierno instruyó a la PSA para que descargue los equipajes y asegure la salida de los vuelos en caso de futuros bloqueos gremiales.

Impacto en las tarifas

Con la entrada de nuevos operadores en el servicio de rampa, se espera que la competencia pueda generar una reducción en los costos operativos de las aerolíneas, y potencialmente, en el precio final de los boletos para los pasajeros. Al ofrecer servicios de rampa más eficientes y económicos, las aerolíneas podrían trasladar parte de esos ahorros a las tarifas, haciendo el transporte aéreo más accesible.

Además, la mejora en los tiempos de rampa podría impactar positivamente en la experiencia del pasajero, reduciendo demoras y optimizando la puntualidad de los vuelos. Sin embargo, queda por ver si estos cambios se traducen realmente en beneficios para el usuario final o si las aerolíneas absorberán los costos adicionales de una eventual pérdida de eficiencia ante conflictos gremiales.

Uno de los puntos resaltados por Sturzenegger fue la posibilidad de que empresas locales puedan ofrecer servicios de rampa en aeropuertos más pequeños, como el de Villa María. Esta apertura representa una oportunidad interesante para los empresarios y profesionales de las economías regionales, que podrían ingresar a un mercado nuevo y ofrecer sus servicios a aeropuertos de menor escala.

La entrada de empresas locales no solo impulsa la creación de empleo, sino que también podría fomentar inversiones en infraestructura en zonas menos urbanizadas, especialmente en regiones con fuerte actividad agrícola que dependen del transporte aéreo para exportar productos y conectar con el resto del país.

En este contexto, los empresarios agropecuarios y de servicios logísticos deberían prestar atención a las oportunidades que esta medida podría traer. La posibilidad de que nuevas empresas de rampas se instalen en aeropuertos locales brinda alternativas para facilitar la exportación de productos y mejorar la eficiencia logística, un factor clave para el sector agroindustrial que requiere canales de transporte fluidos para optimizar sus tiempos y costos, se subrayó.

Un cambio de paradigma

Con la desregulación del servicio de rampa, el Gobierno plantea un nuevo paradigma para el sector aeronáutico argentino. Eliminar el monopolio de Intercargo y abrir el servicio a la competencia representa un avance inédito, que busca reducir los costos operativos de las aerolíneas y mejorar la eficiencia en los aeropuertos. La decisión, sin embargo, genera tensiones con los gremios de trabajadores y plantea interrogantes sobre los estándares de calidad y seguridad que estas nuevas empresas deberán cumplir.

La competencia en el servicio de rampa no solo permitirá una reducción de costos, sino que también pondrá a prueba la capacidad de Intercargo para adaptarse a un entorno de libre mercado. Se espera que la empresa estatal busque mejorar su eficiencia operativa para no perder terreno frente a nuevos competidores. Este escenario podría impulsar una transformación interna en Intercargo, que buscará demostrar su capacidad para operar en igualdad de condiciones frente a la competencia privada.

Nuevas inversiones

La apertura del servicio de rampa también representa una oportunidad interesante para empresas nacionales y extranjeras que deseen ingresar en el sector aeronáutico. Según analistas del sector, la desregulación permitirá que empresas de logística, transporte y servicios auxiliares amplíen su cartera de negocios y ofrezcan soluciones integrales a las aerolíneas. La posibilidad de operar en un sector históricamente cerrado y controlado por el Estado podría atraer inversiones y fomentar la creación de empleo, especialmente en las regiones donde el tráfico aéreo ha crecido de manera sostenida en los últimos años.

En este sentido, los empresarios del sector logístico y operadores aeroportuarios internacionales están evaluando las oportunidades que ofrece la desregulación. Al no existir limitaciones de ingreso, es probable que varias empresas interesadas presenten propuestas competitivas y enfoques innovadores, como el uso de tecnología avanzada para optimizar las operaciones de rampa y reducir los tiempos de espera. La incorporación de tecnologías de automatización y digitalización también permitirá elevar el estándar del servicio, beneficiando a las aerolíneas y a los pasajeros.

La Secretaría de Trabajo de la Nación destacó que por primera vez, después de una fase contractiva que se extendió durante once meses, en agosto y septiembre últimos creció el empleo asalariado registrado privado, mientras que desde enero a septiembre el salario real aumentó unos 10 puntos porcentuales.

Los datos surgen de la información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), que elabora la Secretaría mensualmente. 

De acuerdo al informe, el crecimiento del empleo formal privado verificado entre agosto y septiembre, fue del 0,1 y 0,2 por ciento, respectivamente, y obedece fundamentalmente, "al cambio en el comportamiento de tres sectores muy importantes por su incidencia en el total del empleo asalariado registrado privado: Construcción, Industria y Comercio". 

"Esos 0,1 y 0,2 pueden parecer poco, pero es una variación mensual. El aumento 0,2 de septiembre equivale a unos 4.500 puestos laborales más", detallaron fuentes de la Secretaría de Trabajo a Noticias Argentinas.

Respecto a la construcción y el comercio, se observó "un incremento en la dotación de personal en agosto, mientras que a partir de septiembre la industria dejó de reducir su nivel de empleo luego de once meses de caída", se detalló. 

"Una característica relevante del crecimiento del empleo formal privado en septiembre es que el mismo se encuentra generalizado en todas las calificaciones de la estructura ocupacional. El nivel de empleo formal creció tanto en posiciones profesionales como en inserciones no calificadas, para mencionar los casos extremos disponibles". 

Además, se indicó que el crecimiento del empleo formal privado en septiembre "no se encuentra impulsado solo por los contratos por tiempo determinado y el personal de agencias, como podría esperarse en una fase inicial de recuperación del empleo como la actual, sino que también creció el personal contratado por tiempo indeterminado".

Por otro lado, en septiembre de 2024, el poder adquisitivo del salario medio del empleo asalariado registrado privado y del promedio de las remuneraciones acordadas en los convenios colectivos de trabajo "presentan dinámicas moderadamente divergentes", se indicó. 

"No obstante, cuando se analiza la evolución de los dos indicadores durante el período comprendido entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024, se advierte una misma conclusión, la capacidad de compra del salario medio creció sensiblemente desde diciembre de 2023, a pesar de que aún se encuentra por debajo del nivel observado en noviembre del año pasado", precisó el informe.

De acuerdo a esos datos, el salario creció unos 10 puntos porcentuales desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2024. 

"Estos datos representan el inicio de una fase de recuperación del nivel de empleo asalariado formal privado, como resultado del proceso de estabilización macroeconómica y el incremento de la confianza de las empresas para contratar personal por la promulgación de la sección laboral de la Ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos (Ley N°27.742)", consideraron desde el Gobierno.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicó un informe basado en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que arrojó datos alarmantes sobre el primer semestre del año. Según el estudio, el 22,7% de las personas habitó en viviendas con calidad insuficiente o parcialmente insuficiente de sus materiales.

Además, el 50,5% no contó con acceso a algún servicio público en su hogar: el 10,7% no accedió al agua corriente, el 39% al gas en red y el 28,5% a desagües cloacales. En términos de cantidad de viviendas, el porcentaje fue del 45,5%.

En cuanto a la educación, que se refiere al promedio de la cantidad de años de escolaridad formal de las personas mayores de 18 años de cada hogar, el 36,5% de la población de 4 a 17 años vivió en hogares con un clima educativo bajo y un 3,8% muy bajo.

Uno de los datos alarmantes que presenta el informe es la disponibilidad de agua en la vivienda, es decir, si reciben agua de red o fuera de su hogar. En este sentido, en el primer semestre de este año se contabilizaron 211.000 viviendas que no accedían a la red de agua corriente, lo que equivale al 2,1% de los hogares del país en donde viven 790.000 personas. En la comparación con el mismo periodo del 2023, las casas que accedían a la red de agua por fuera de la vivienda eran 206.000, en los que vivían 696.000 personas.

La ausencia de baños con descarga de agua también resulta importante a la hora de entender los niveles de saneamiento dentro de los hogares. Al primer semestre de este año se detectaron 682.000 hogares con esta dificultad, situación que involucró a 2.567.000 personas (8,7% del total). Un año atrás, los hogares con esta dificultad eran 642.000.

A esto hay que sumarle que del 2023 a este año la cantidad de hogares que no accedió a algún servicio público (agua corriente, gas en red y desagües cloacales) pasó de 45,2% al 45,4%.

Por otro lado, la relación que mantienen las personas con su vivienda se dividen en propietarios del terreno y la vivienda, inquilinos y ocupantes. En esta última categoría se incluyen aquellos ocupantes “por pago de impuestos o expensas, los ocupantes gratuitos con permiso y los ocupantes de hecho (sin permiso)”. Según el Indec, las personas incluidas en la categoría ocupantes representaron el 9,8% de la población.