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Gobierno confirma que no se debe pagar SADAIC en fiestas privadas
7 de noviembre de 2024
El Gobierno publicó en el iniciod de esta semanas una resolución donde confirma que las fiestas privadas y los cuartos de hoteles son «ámbitos privados», por lo cual están exentos a pagar el cobro del derecho de autor por reproducir música, películas y otro tipo de obras artísticas.
La medida tuvo lugar luego de que la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC), que cobraba ese canon, plantease ambigüedades en el decreto que modificaba la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que comprendía que dichos espacios debían seguir abonando a las empresas de gestión colectiva.
De esa manera, la Resolución Conjunta 2/24, que lleva las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, deroga la Resolución Conjunta N° 2/2019 por considerarla contradictoria al Decreto 765/24 que fue publicado el pasado agosto.
«A fin de dotar de certidumbre y en salvaguarda de la seguridad jurídica, así como para evitar eventuales dudas interpretativas, resulta necesario derogar de manera expresa y en forma retroactiva la Resolución Conjunta N° 2/19 del ex Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la ex Secretaría de Gobierno de Turismo a partir del 29 de agosto de 2024, fecha esta de la entrada en vigencia del Decreto N° 765/24», se lee en el texto.
En ese sentido, agrega que «las habitaciones de los establecimientos que brindan servicios de alojamiento están destinadas al uso privado de los huéspedes, por lo que no son, en consecuencia, los contenidos provistos por televisores o servicios de radiodifusión, ya sea por videocable, televisión satelital o por otro medio, considerados una representación o ejecución pública conforme a lo previsto por el Decreto Nº 765/24».
La medida fue celebrada por Cúneo Libarona a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde manifestó que «a partir de ahora, como siempre debió ser, las fiestas privadas y los cuartos de hotel van a ser considerados ámbitos privados para los derechos de autor». «Liberamos a los cuartos de hotel y las fiestas privadas de las garras del Estado», subrayó el ministro.
«No se les va a cobrar más el arancel por la reproducción de contenidos. Encima, eran cobros discrecionales, en base al tamaño del establecimiento, la calidad del hotel o la temporada. Esto encarecía los costos y hacía que los huéspedes paguen tarifas más altas», añadió el funcionario.
Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, planteó en la misma red social que «el Gobierno de Javier Milei es un gran defensor de los derechos de propiedad, pero estos deben ser adecuadamente definidos», por lo que defendió la resolución que «avanza para evitar cualquier duda respecto a la correcta interpretación del Decreto 765/24».
«Hace varias semanas dimos a conocer el Decreto 765/24 que definía los eventos de reproducción pública que requerían un pago de derechos a las empresas de gestión colectiva. Ese decreto definió que esos pagos solo correspondían cuando las reproducciones ocurrían en espacios abiertos, de acceso libre y para una pluralidad de personas», indicó.
Sumado a esto, destacó que «eventos como fiestas privadas o la reproducción de contenidos en un cuarto de hotel no estaban comprendidos y por ende debían dejar de abonar esos derechos».
«Esta nueva interpretación requería la derogación de la Resolución Conjunta No 2/2019 contradictoria al 765/24. La Resolución Conjunta 2/24 publicada hoy con firma de Mariano Cúneo Libarona y Guillermo Francos avanza con dicha derogación necesaria para evitar cualquier duda respecto a la correcta interpretación del Decreto 765/24. Esta derogación fue impulsada por el Secretario de Turismo, Deportes y Medio Ambiente, Daniel Scioli», finalizó el ministro.
La respuesta de SADAIC al Decreto 765/24
Luego de publicarse el Decreto 765/24 el pasado agosto, el director de SADAIC, Guillermo Campos, ratificó la postura de la entidad sobre el pago de los derechos de autor por la música utilizada en los salones de fiestas, a la vez que planteó ambigüedades respecto a si los hoteles estaban o no exentos.
«Este decreto, dicho por los funcionarios porque el decreto no lo dice, trata de resolver un problema de los hoteles. Los hoteles históricamente cuestionaron que se cobrara por la comunicación al público de música a través de los televisores en los cuartos de los hoteles», indicó en declaraciones a Cadena 3.
Asimismo, recordó la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que “dijo claramente que los cuartos de los hoteles eran lugares públicos y que en consecuencia la música que se comunicaba dentro de los cuartos era comunicación al público”.
“Los hoteles no querían pagar por eso, siempre lo cuestionaron, perdieron judicialmente y buscaron varios intentos legislativos tanto sea del Congreso como del Poder Ejecutivo. Y en este caso obtuvieron un decreto que supuestamente los incluiría en su enunciado, pero no dice expresamente lo que los hoteles quieren que diga”, añadió.
Con respecto a las fiestas en salones privados, sostuvo que no entendió «qué quiso definir el decreto, porque el decreto no es nada claro». «Los salones de fiestas automáticamente se consideraron involucrados dentro de la exención del decreto y dijeron ‘ahora no pagamos más por las fiestas sociales’”, prosiguió.
En ese sentido, aclaró que «hay un negocio de por medio» en la reserva de salones para festejos. «Cuando una persona hace un cumpleaños de 15 en un salón de fiestas va y paga por el salón, o sea el salón gana plata a la persona que quiere hacer la fiesta. Después si la persona quiere pasar música para bailar, que es lo usual, normal y habitual, el salón dice si aparte usted quiere música le vamos a cobrar tanto y si hay un DJ, el DJ le va a decir yo quiero cobrar tanto”, ejemplificó.
Al respecto, argumentó que, según la interpretación del Poder Ejecutivo, «los únicos que no cobran ahí son los autores y compositores, es decir, los dueños de las obras que se tocan en esa fiesta». «Cuando alguien gana a través de la música no puede pretender no pagar derechos por más que sea en una fiesta privada”, subrayó.
“Acá hay un negocio detrás de la fiesta privada. El que tiene que pagar es el dueño del salón. Obviamente para él es la obligación porque él es el que hace el negocio, él es el que cobra la fiesta y el que cobra la música porque en definitiva él es el que pone la estructura”, insistió el director de SADAIC.
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El Niño azota a las Cataratas del Iguazú
Las inclemencias meteorológicas provocadas por el avance del fenómeno El Niño obligaron a mantener cerrado el paso hacia la Garganta del Diablo en el Parque Nacional Iguazú. Como medida preventiva frente a las previsiones de lluvias intensas en la cuenca, las autoridades dispusieron el desmonte completo de las pasarelas metálicas para evitar eventuales daños estructurales causados por la fuerte suba del nivel del río.
Las labores de retiro del tendido demandaron unos 40 días de trabajo coordinado entre la Administración de Parques Nacionales y la empresa concesionaria Iguazú Argentina. La decisión técnica se tomó luego de registrar un caudal que alcanzó los 6.580 metros cúbicos por segundo, cifra que superó holgadamente los márgenes de seguridad tras registrarse acumulados superiores a los 300 milímetros en cuencas del sur de Brasil.
El cierre afecta de manera exclusiva al mirador principal, mientras que el resto de los circuitos del Área Cataratas continúan funcionando con normalidad. Las crecientes extraordinarias provenientes de las cuencas superiores motivaron esta acción coordinada para resguardar la integridad física de los visitantes y del personal que se desempeña en el predio.
El monitoreo constante y las perspectivas de reapertura
Hasta el momento no se estableció una fecha precisa para habilitar nuevamente el acceso al emblemático salto de agua. El monitoreo hidrológico constante determinará los pasos a seguir, considerando las alertas que anticipan crecidas extraordinarias para los meses de septiembre y octubre. La reposición del paseo dependerá de la estabilización del caudal y la evolución de las precipitaciones en la región.
Pese a las restricciones operativas temporales, el predio natural obtuvo un destacado reconocimiento al ser posicionado por la revista Condé Nast Traveler como el segundo parque más bello del planeta. La reserva conserva más de 67.000 hectáreas de Selva Paranaense y cobija un imponente conjunto de 275 saltos de agua.
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Malvinas: La Rosada cuestiona al Reino Unido y escala la tensión
El Gobierno manifestó su rechazo a la guía que presentó el Reino Unido para proteger a las empresas que operen en las Islas Malvinas, en medio de las tensiones que crecen entre los británicos y la Argentina por las sanciones que anunció Javier Milei.
A través de un comunicado, la Cancillería expresó “su más enérgico rechazo” a la publicación que realizó el gobierno británico titulada “Haciendo negocios con las Islas Malvinas”. En este escrito, apuntan a que se pueda promover la actividad comercial e hidrocarburífera en la zona del archipiélago como de las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como sus espacios marítimos.
“La República Argentina reafirma categóricamente que los citados archipiélagos y espacios marítimos e insulares correspondientes son parte integrante de su territorio nacional y se encuentran ilegítimamente ocupados por el Reino Unido”, señaló el escrito que envió el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El documento británico, difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) del gobierno de Londres, sostiene que la legislación argentina no tiene aplicación dentro de las islas ni sobre las compañías o personas que realizan negocios allí. “Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las Islas Falkland (SIC)”, afirma el texto.
Además, descarta que tribunales fuera de Argentina puedan ejecutar válidamente las medidas que Buenos Aires adopte, y traza tres líneas de acción para las empresas: declara legítimas las actividades reguladas por la legislación de las islas, recomienda asesoramiento legal independiente a quienes reciban presiones de las autoridades argentinas, y ofrece intervención directa del gobierno británico cuando alguna compañía o proveedor enfrente ese tipo de presiones en un tercer país.
La Argentina presentó notas de protesta ante los embajadores del Reino Unido e Israel por el avance del proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas.
La Argentina presentó notas de protesta ante los embajadores del Reino Unido e Israel por el avance del proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas.
Como respuesta a esto, la Cancillería argentina convocó a los embajadores del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y del Estado de Israel para hacerles entrega en mano de notas de protesta formal.
El principal reclamo es el avance del proyecto “Sea Lion” y la totalidad de los actos conexos: la emisión de normativas que Buenos Aires considera ilegítimas, las licencias otorgadas de manera unilateral, los llamados a contratar proveedores y los incentivos comerciales impulsados por el gobierno británico.
Según el comunicado oficial, estas acciones vulneran la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que insta a ambos países a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación de las islas mientras la disputa de soberanía permanezca pendiente de resolución.
El proyecto Sea Lion es el eje central del conflicto. Se trata de un yacimiento de petróleo en aguas profundas ubicado a unos 220 kilómetros (140 millas) al norte del archipiélago, cuya explotación está en manos del consorcio formado por Rockhopper Exploration Plc —de origen británico— y Navitas Petroleum Lp —de origen israelí—. Ambas compañías anunciaron lo que denominaron una “Decisión Final de Inversión”, y el proyecto contempla extraer en una primera fase 170 millones de barriles.
El consorcio prevé iniciar la extracción en 2028. La administración Milei calificó ese yacimiento como “un peligro claro e inmediato” para los intereses del país, al tiempo que señaló que las licencias bajo las cuales operan estas firmas son ilegítimas por carecer de autorización del Estado argentino.
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Tensión por Malvinas: Reino Unido protegerá a las empresas en las islas
Gran Bretaña escala la tensión con la Argentina y ofrece apoyo a las empresas que operan en Malvinas. Se trata de la primera medida oficial británica, luego del endurecimiento las sanciones para las empresas que se dediquen a la extracción de petróleo en las islas.
La publicación, titulada “Doing business with the Falkland Islands” (“Haciendo negocios con las Islas Falkland”), es la primera respuesta oficial británica después de que Javier Milei anunciara un endurecimiento de las sanciones para las empresas y proveedores vinculados a la extracción de petróleo y a la actividad pesquera en el archipiélago.
El mandatario había firmado un DNU en ese sentido y prometió enviar al Congreso proyectos de ley para reforzar las restricciones, aunque hasta este martes esas iniciativas no habían llegado al Parlamento.
La guía afirma que “el Gobierno del Reino Unido apoya toda actividad económica legítima en las Islas Falkland y celebra el interés y la participación continuos del sector privado”. Está dirigida a las empresas que desarrollen actividades comerciales, que suministren bienes o servicios al archipiélago, o que participen de cualquier modo en el desarrollo de su economía, incluida la explotación de sus recursos naturales.
“El Gobierno del Reino Unido apoya plenamente el derecho de los habitantes de las Islas Falkland a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, en beneficio económico propio. Esto constituye una parte integral de su derecho a la autodeterminación”, sostiene el texto oficial.
Sobre la soberanía, el documento repite la postura histórica de Londres: “Las Islas Falkland son un Territorio Británico de Ultramar. El Gobierno del Reino Unido no tiene ninguna duda sobre la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Falkland y las áreas marítimas circundantes. No discutiremos la soberanía a menos que y hasta que los isleños así lo deseen”.
Y agrega que “las Islas Falkland han sido administradas pacífica y eficazmente por el Reino Unido desde 1833, salvo una breve interrupción en 1982. Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las Islas Falkland. La legislación argentina no se aplica dentro de las Islas”.
El texto también advierte que las compañías podrían recibir notificaciones judiciales de la Argentina, pero les resta peso: “La posición del Gobierno británico es que Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las Islas Falkland ni a aplicar su legislación interna dentro de las Islas, ni tampoco respecto de empresas o particulares que desarrollen actividades comerciales en las Islas o vinculadas con ellas”.
Sobre las sanciones impulsadas por gobiernos anteriores y ahora reactivadas por Milei, sostiene que esas medidas “no han impedido que los habitantes de las Islas desarrollen una economía exitosa” pese a estar vigentes desde hace años.
El Reino Unido ofrece además asesoramiento a las empresas que reciban amenazas legales desde la Argentina —aclarando que no se trata de asesoramiento jurídico formal— y pone a disposición a la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) para intervenir directamente ante terceros países en caso de que una compañía vinculada a las islas sea presionada por sus negocios allí.
El giro de Milei incluye trabas administrativas para operar en el territorio continental —como el veto a futuros contratos en Vaca Muerta— y también avanzó en la Justicia: este martes el fiscal Carlos Stornelli imputó a varios directivos de las empresas sancionadas por el Gobierno argentino.
La tensión también está atravesada por las declaraciones de Donald Trump, que en las últimas semanas utilizó la disputa por Malvinas para presionar al gobierno laborista británico por su bajo aporte económico a la OTAN, y llegó a decir que podría revisar la posición de neutralidad de Washington en el conflicto. Consultado sobre la posibilidad de una nueva confrontación bilateral como la de 1982, Trump respondió: “Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese desastre potencial, pero si lo hacen, probablemente podré solucionarlo”. (TN)
