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Gobierno confirma que no se debe pagar SADAIC en fiestas privadas
7 de noviembre de 2024
El Gobierno publicó en el iniciod de esta semanas una resolución donde confirma que las fiestas privadas y los cuartos de hoteles son «ámbitos privados», por lo cual están exentos a pagar el cobro del derecho de autor por reproducir música, películas y otro tipo de obras artísticas.
La medida tuvo lugar luego de que la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC), que cobraba ese canon, plantease ambigüedades en el decreto que modificaba la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que comprendía que dichos espacios debían seguir abonando a las empresas de gestión colectiva.
De esa manera, la Resolución Conjunta 2/24, que lleva las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, deroga la Resolución Conjunta N° 2/2019 por considerarla contradictoria al Decreto 765/24 que fue publicado el pasado agosto.
«A fin de dotar de certidumbre y en salvaguarda de la seguridad jurídica, así como para evitar eventuales dudas interpretativas, resulta necesario derogar de manera expresa y en forma retroactiva la Resolución Conjunta N° 2/19 del ex Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la ex Secretaría de Gobierno de Turismo a partir del 29 de agosto de 2024, fecha esta de la entrada en vigencia del Decreto N° 765/24», se lee en el texto.
En ese sentido, agrega que «las habitaciones de los establecimientos que brindan servicios de alojamiento están destinadas al uso privado de los huéspedes, por lo que no son, en consecuencia, los contenidos provistos por televisores o servicios de radiodifusión, ya sea por videocable, televisión satelital o por otro medio, considerados una representación o ejecución pública conforme a lo previsto por el Decreto Nº 765/24».
La medida fue celebrada por Cúneo Libarona a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde manifestó que «a partir de ahora, como siempre debió ser, las fiestas privadas y los cuartos de hotel van a ser considerados ámbitos privados para los derechos de autor». «Liberamos a los cuartos de hotel y las fiestas privadas de las garras del Estado», subrayó el ministro.
«No se les va a cobrar más el arancel por la reproducción de contenidos. Encima, eran cobros discrecionales, en base al tamaño del establecimiento, la calidad del hotel o la temporada. Esto encarecía los costos y hacía que los huéspedes paguen tarifas más altas», añadió el funcionario.
Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, planteó en la misma red social que «el Gobierno de Javier Milei es un gran defensor de los derechos de propiedad, pero estos deben ser adecuadamente definidos», por lo que defendió la resolución que «avanza para evitar cualquier duda respecto a la correcta interpretación del Decreto 765/24».
«Hace varias semanas dimos a conocer el Decreto 765/24 que definía los eventos de reproducción pública que requerían un pago de derechos a las empresas de gestión colectiva. Ese decreto definió que esos pagos solo correspondían cuando las reproducciones ocurrían en espacios abiertos, de acceso libre y para una pluralidad de personas», indicó.
Sumado a esto, destacó que «eventos como fiestas privadas o la reproducción de contenidos en un cuarto de hotel no estaban comprendidos y por ende debían dejar de abonar esos derechos».
«Esta nueva interpretación requería la derogación de la Resolución Conjunta No 2/2019 contradictoria al 765/24. La Resolución Conjunta 2/24 publicada hoy con firma de Mariano Cúneo Libarona y Guillermo Francos avanza con dicha derogación necesaria para evitar cualquier duda respecto a la correcta interpretación del Decreto 765/24. Esta derogación fue impulsada por el Secretario de Turismo, Deportes y Medio Ambiente, Daniel Scioli», finalizó el ministro.
La respuesta de SADAIC al Decreto 765/24
Luego de publicarse el Decreto 765/24 el pasado agosto, el director de SADAIC, Guillermo Campos, ratificó la postura de la entidad sobre el pago de los derechos de autor por la música utilizada en los salones de fiestas, a la vez que planteó ambigüedades respecto a si los hoteles estaban o no exentos.
«Este decreto, dicho por los funcionarios porque el decreto no lo dice, trata de resolver un problema de los hoteles. Los hoteles históricamente cuestionaron que se cobrara por la comunicación al público de música a través de los televisores en los cuartos de los hoteles», indicó en declaraciones a Cadena 3.
Asimismo, recordó la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que “dijo claramente que los cuartos de los hoteles eran lugares públicos y que en consecuencia la música que se comunicaba dentro de los cuartos era comunicación al público”.
“Los hoteles no querían pagar por eso, siempre lo cuestionaron, perdieron judicialmente y buscaron varios intentos legislativos tanto sea del Congreso como del Poder Ejecutivo. Y en este caso obtuvieron un decreto que supuestamente los incluiría en su enunciado, pero no dice expresamente lo que los hoteles quieren que diga”, añadió.
Con respecto a las fiestas en salones privados, sostuvo que no entendió «qué quiso definir el decreto, porque el decreto no es nada claro». «Los salones de fiestas automáticamente se consideraron involucrados dentro de la exención del decreto y dijeron ‘ahora no pagamos más por las fiestas sociales’”, prosiguió.
En ese sentido, aclaró que «hay un negocio de por medio» en la reserva de salones para festejos. «Cuando una persona hace un cumpleaños de 15 en un salón de fiestas va y paga por el salón, o sea el salón gana plata a la persona que quiere hacer la fiesta. Después si la persona quiere pasar música para bailar, que es lo usual, normal y habitual, el salón dice si aparte usted quiere música le vamos a cobrar tanto y si hay un DJ, el DJ le va a decir yo quiero cobrar tanto”, ejemplificó.
Al respecto, argumentó que, según la interpretación del Poder Ejecutivo, «los únicos que no cobran ahí son los autores y compositores, es decir, los dueños de las obras que se tocan en esa fiesta». «Cuando alguien gana a través de la música no puede pretender no pagar derechos por más que sea en una fiesta privada”, subrayó.
“Acá hay un negocio detrás de la fiesta privada. El que tiene que pagar es el dueño del salón. Obviamente para él es la obligación porque él es el que hace el negocio, él es el que cobra la fiesta y el que cobra la música porque en definitiva él es el que pone la estructura”, insistió el director de SADAIC.
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Paro docente: Aplicarán sanciones si no se cumple el servicio mínimo
El Gobierno fiscalizará a través de las agencias territoriales el cumplimiento de la cobertura mínima exigida durante el paro docente convocado por CTERA para este lunes y elaborará un informe nacional sobre el nivel de actividad.
El Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, advirtió que, si detecta incumplimientos en la obligación de garantizar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, “se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan” contra las entidades sindicales.
La medida estará coordinada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que depende de Capital Humano. “El lunes habrá que fiscalizar para comprobar si se respetó o no lo que manda el artículo 101 respecto de los servicios esenciales”, expresaron en Nación.
El esquema todavía está bajo definición operativa, pero la intención oficial es que las agencias territoriales recopilen información en las provincias, registren el funcionamiento de los establecimientos y eleven los resultados a la administración central. Esas dependencias responden directamente a la Secretaría de Trabajo y funcionan como enlace territorial con trabajadores, empleadores, sindicatos y autoridades locales.
Un comunicado de Capital Humano brindó detalles de sus mecanismos de control y señaló que “desarrollará una inspección oculear en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo”.
Aunque el comunicado menciona una inspección muestral en escuelas de todo el país, en el Ejecutivo no detallaron todavía cuántos establecimientos serán relevados ni si el operativo incluirá pedidos formales de información a las jurisdicciones o un sistema mixto que combine constataciones propias con datos enviados por los gobiernos provinciales.
La base de la intervención será la Ley 27.802 de Modernización Laboral. El artículo 101 modificó el régimen de conflictos colectivos y declaró servicio esencial al cuidado de menores y a la educación de los niveles inicial, primario, secundario y especial. Para esas actividades estableció que la cobertura durante una medida de fuerza no podrá ser inferior al 75% de la prestación normal.
El porcentaje no se refiere necesariamente a que deba asistir el 75% de los docentes ni a que tengan que abrir exactamente tres de cada cuatro escuelas. La norma habla de la “prestación normal del servicio”, por lo que el Gobierno deberá definir cómo traduce ese concepto en indicadores comprobables: establecimientos abiertos, cursos cubiertos, personal afectado, horas de clase o una combinación de esas variables.
La ley prevé además un procedimiento previo. El sindicato debe notificar la medida a la contraparte y a la autoridad laboral con cinco días de anticipación y, al día siguiente, las partes deben acordar ante Trabajo las modalidades del servicio mínimo, con identificación del personal, horarios, funciones y forma de ejecución.
Cuando no exista un acuerdo o la cobertura propuesta sea insuficiente, la Secretaría de Trabajo puede fijar los servicios mínimos en consulta con la Comisión de Garantías. La decisión debe ser notificada a las partes y puede establecer cuántos trabajadores deben prestar tareas, en qué horarios y bajo qué esquema operativo.
El régimen también obliga a informar a las familias y a los usuarios, al menos 48 horas antes de la protesta, cómo funcionará el servicio, cuánto durará la medida y de qué manera se garantizará la prestación mínima. Ese punto podría formar parte del relevamiento que realizará Capital Humano.
En el Gobierno aclaran que una sanción no sería automática por el nivel de adhesión al paro. Primero deberá constatarse el incumplimiento, determinarse qué obligación concreta no fue respetada, identificar a la entidad responsable y sustanciarse el procedimiento administrativo correspondiente, con posibilidad de defensa y revisión judicial.
El artículo 24.6 remite a los regímenes sancionatorios de las leyes 14.786, 23.551 y 25.212. Esas normas permiten, según el tipo de infracción, disponer intimaciones, apercibimientos y multas, además de promover acciones judiciales contra una asociación sindical que desobedezca resoluciones de la autoridad laboral.
La Ley de Asociaciones Sindicales faculta a Trabajo a exigir que un gremio deje sin efecto medidas que vulneren la legislación o incumplan disposiciones de la autoridad competente. Ante una desobediencia persistente, el Poder Ejecutivo no puede retirar por sí solo una personería, pero la autoridad laboral puede acudir a la Justicia para solicitar su suspensión, cancelación o la intervención de la organización.
Las agencias territoriales serán la herramienta para reunir el respaldo fáctico de una eventual actuación posterior. La estructura laboral nacional puede recibir denuncias, realizar inspecciones cuando existe competencia federal, instruir sumarios y coordinar acciones con las provincias, que conservan facultades autónomas de policía del trabajo dentro de sus jurisdicciones.
Ese reparto de competencias será uno de los puntos sensibles. Las escuelas y los docentes dependen mayoritariamente de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que CTERA es una confederación nacional. Por eso, Nación puede intervenir sobre el conflicto colectivo y la conducta de la organización sindical, pero necesitará información de las jurisdicciones para reconstruir qué ocurrió concretamente en cada establecimiento.
El operativo del lunes será la primera prueba de alcance nacional del nuevo régimen en el sistema educativo. La Casa Rosada buscará demostrar que la declaración de esencialidad tiene aplicación efectiva, mientras CTERA reclama la convocatoria a la paritaria nacional, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y mayores fondos educativos. El informe de las agencias territoriales será el documento que utilizará Capital Humano para decidir si cierra la actuación, intima a las partes o abre un procedimiento sancionatorio.
Foto: El presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello. (Foto: X @JMilei) . Ignacio Salerno (TN)
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Milei recibió las cartas credenciales del nuncio apostólico Michael Banach
El presidente Javier Milei recibió este 31 de julio las cartas credenciales del nuncio apostólico de la Santa Sede, monseñor Michael Wallace Banach, durante una ceremonia realizada en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con lo que quedó formalmente iniciado su servicio diplomático como representante del papa León XIV en la Argentina.
El acto fue encabezado por el jefe de Estado, acompañado por el canciller Pablo Quirno. En la misma ceremonia, el Presidente recibió también las cartas credenciales de la embajadora de la República Federal de Alemania, Catalina Cullas, y del embajador de la República de Corea, Lee Chong Hwa.
Días atrás, monseñor Banach había entregado las copias de estilo de sus cartas credenciales al canciller Quirno, quien destacó entonces en sus redes sociales que la llegada del representante pontificio "abre una nueva etapa de trabajo fraterno entre la Iglesia y el Estado argentino, un camino de encuentro que nos compromete y nos desafía a fortalecer el trabajo conjunto con esperanza y desafíos compartidos".
La presencia del nuevo nuncio apostólico marca el comienzo de una misión que estará acompañada por la expectativa de una futura visita del papa León XIV a la Argentina.
Antes de la presentación oficial de sus credenciales al Presidente, monseñor Banach mantuvo encuentros con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo; con el secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro; y con el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo.
La Conferencia Episcopal Argentina informó, además, que el próximo jueves 6 de agosto, a las 11, monseñor Banach presidirá una misa en la catedral metropolitana de Buenos Aires, durante la cual presentará oficialmente sus credenciales como representante del Santo Padre ante la Iglesia en la Argentina a monseñor Colombo.
Con ese motivo, la CEA invitó a los obispos que puedan participar a concelebrar la celebración eucarística, que marcará también el inicio formal del ministerio pastoral del nuevo nuncio ante la Iglesia argentina.
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PARO DOCENTE
La Central de Trabajadores Autónoma (CTA-A) y la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T) formalizaron su adhesión a la jornada nacional de lucha con paro y movilización programada para este lunes 3 de agosto.
La medida de fuerza es impulsada por CTERA, ATE Nacional, CONADU y CONADU Histórica en rechazo a las políticas económicas de la administración del presidente Javier Milei.
La protesta unificada tiene como ejes centrales la defensa de la educación y la universidad pública, la protección del empleo en el sector público, la recomposición salarial y el sostenimiento de los derechos laborales. En ese marco, los gremios denuncian un deterioro sistemático de las condiciones de vida de la sociedad y de la capacidad operativa del Estado.
En un comunicado conjunto, las dirigencias sindicales apuntaron contra la parálisis de la paritaria nacional docente y la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Señalaron que el desfinanciamiento de las casas de altos estudios y la caída sostenida del poder adquisitivo salarial comprometen de forma directa el desarrollo del sistema educativo en todos sus niveles.
Asimismo, las centrales obreras repudiaron la ola de despidos en la administración pública nacional y lo que consideraron un vaciamiento sistemático de organismos estratégicos. Advirtieron que estas decisiones buscan debilitar la estructura estatal y restringir los servicios que se prestan a la ciudadanía.
Ante este panorama, la CTA-A y la CTA-T exigieron la restitución inmediata de los recursos destinados al sistema educativo y el acatamiento de las resoluciones judiciales y leyes sancionadas por el Congreso. Demandaron además la aprobación de un presupuesto que asegure el funcionamiento pleno de escuelas, universidades y dependencias del Estado.
Los referentes sindicales remarcaron que el libre ejercicio de la negociación paritaria y la actualización de los ingresos constituyen condiciones indispensables para resguardar la paz social. Afirmaron que el sostenimiento de los puestos de trabajo estatales es fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y los derechos de la población.
La postura de las dos centrales quedó plasmada a través de un documento firmado por sus respectivos secretarios generales, Hugo Yasky por la CTA-T y Hugo Godoy por la CTA-A. Ambas conducciones recalcaron que la universidad, la educación y un Estado presente representan pilares centrales para el desarrollo soberano de Argentina.
