El vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa, cuestionó a los gremios que convoca a medidas de fuerza que se llevarán a cabo este miércoles y el jueves al sostener que "paran los privilegiados, los que pueden darse el lujo de parar".

"Paran los privilegiados, los que pueden darse el lujo de parar porque los argentinos de bien, de trabajo, que queremos vivir en un país mejor no tenemos esa posibilidad y además no queremos parar", expresó

En la misma línea, aseguró que los gremios que paran “son el de aeronavegantes, el de pilotos de Pablo Biró, que es obvio que se resiste a perder sus privilegios, los pasajes gratuitos en clase Ejecutiva para ellos y sus familias”; el de Pablo Moyano ”en defensa de Biró, porque en definitiva son lo mismo, defensores de los privilegios de unos pocos".

También “el gremio de AFIP que pretenden seguir con el privilegio de cargos hereditarios”, los estatales nucleados en ATE “que se resiste a exámenes de idoneidad”, y por último, la Unión Ferroviaria que “defiende servicios que ofrecen una calidad peor que la de hace medios siglo”. 

“Con los paros, los privilegiados buscan perjudicar a los que quieren trabajar, a los que votaron por una Argentina distinta, para eliminar los privilegios de ellos, de la casta, para terminar con la inflación y son los que votaron con esperanza para tener un futuro”, definió el funcionario en la previa a las protestas. 

Según expuso, la administración libertaria hizo “todo lo que se pudo en términos de diálogo” para evitar la medidas que finalmente se realizarán mañana y el jueves y que afectarán el servicio de trenes, subtes, camiones ni transporte aéreo y marítimo. 

Por último, habló de dos Argentinas, una “de los que trabajan” en detrimento de la “de los privilegiados” al tiempo que aclaró: “Para tristeza de algunos pocos, la Argentina que trabaja va a ser la que prevalecerá”. 

“Si el Gobierno no tuviera a los representantes de intereses sectorizados y corporativizados protestando frente a sus oficinas, significaría no sólo que está haciendo mal su trabajo, sino que le está fallando al pueblo argentino”, concluyó.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro de colectivos en el Área Metropolitana (AMBA) para este jueves, luego de no llegar a un acuerdo salarial con las empresas del sector. La medida de fuerza de 24 horas se realizará un día después del paro general de transporte lanzado por otros gremios, al que los colectivos no adhirieron.

Si bien el sindicato de Roberto Fernández no adherirá a la huelga de este miércoles impulsada por la Mesa Nacional del Transporte, estatales y universitarios, un día después hará una protesta por lo que muchos usuarios verán complicadas sus actividades durante dos días.

El conflicto salarial de la UTA con las empresas está empantanado y este lunes vence la extensión de la conciliación obligatoria dictada hace un mes por el Gobierno. A fines de septiembre el gremio había decidido ir a un paro general por 48 horas debido a la falta de avances en sus paritarias, que había quedado en suspenso.

El fracaso de las negociaciones se dio este lunes por la mañana en una reunión de apenas una hora entre representantes de la UTA y del sector empresarial, realizada en las oficinas de la Secretaría de Trabajo. Según el gremio, no hubo una propuesta para mejorar el sueldo básico de $ 1.060.000 que cobran los choferes por mes y que buscan un retroactivo a agosto con aumentos graduales para que en diciembre alcance los $ 1.322.000, un 24,7% en ese período.

La medida de fuerza anunciada ahora se inscribe en la idea de Fernández, titular del gremio, de despegar la protesta del paro general que impulsa Pablo Moyano contra Javier Milei. El objetivo es que no sea leída como una acción contra el Gobierno, sino contra las empresas.

La UTA apunta que “el Estado nacional ha efectivizado mayores aportes para los meses de agosto, septiembre y octubre del presente año en orden a los $ 17.877.000.000, pese a lo cual las empresas no han ofrecido ningún aumento salarial“.

Las compañías, en tanto, calculan que cobraron entre tarifas y subsidios unos $ 27.500 millones menos que lo previsto dentro de la estructura de costos aprobada por la Secretaría de Transporte.

El Ministerio de Capital Humano de la Nación, mediante una investigación liderada por ANSES, detectó y denunció ante la Justicia graves irregularidades en la tramitación de la Asignación por Embarazo para Protección Social. Las anomalías identificadas exponen una práctica sistemática de presentación de documentación falsa y certificados médicos apócrifos en diversas oficinas de atención de ANSES, con el fin de percibir fraudulentamente la asignación.

La investigación, verificada y documentada por la Dirección de Asuntos Penales, Investigaciones y Sumarios de ANSES, identificó varios tipos de irregularidades recurrentes en los formularios PS 2.67, requisito para acceder a la asignación:

• Certificados médicos apócrifos sin registro de nacimiento: Se detectaron solicitudes de Asignación por Embarazo con certificados médicos falsos en las cuales, tras la fecha de parto declarada, no se registró ningún nacimiento ni interrupción del embarazo, presumiendo embarazos inexistentes.
• Simulación de interrupciones de embarazo: En otros casos, se

presentaron solicitudes de asignaciones por embarazo acompañadas de certificados apócrifos que incluían documentación falsa de interrupción del embarazo, permitiendo a las beneficiarias seguir percibiendo el beneficio hasta la presunta interrupción.

• Certificados con fechas de parto futuras: También se detectaron

certificados médicos falsos con fechas de parto futuras, que ya estaban siendo utilizados para cobrar los pagos prenatales, sugiriendo embarazos falsos que luego se incluirían en las categorías de fraude ya mencionadas.

• Certificaciones inválidas y retenidas: En numerosos casos, ANSES

rechazó formularios PS 2.67 por inconsistencias notables, tales como

matrículas médicas inválidas, sellos o CUIL erróneos, y certificaciones realizadas por profesionales sin habilitación en obstetricia. Estos formularios fueron retenidos preventivamente al considerarse un intento de defraudación.

Para el cálculo del perjuicio económico que podría haberle generado al Estado el fraude descubierto se tomaron en cuenta distintos escenarios, que consideran, por un lado, que los 203 casos fraudulentos hubieran cobrado la asignación durante 9 meses y, por el otro, que no todos lo hayan percibido, lo que arrojó, como mínimo, un perjuicio de 58 millones de pesos y, de máxima, de hasta 165 millones de pesos en perjuicio de ANSES, lo que se determinará una vez que avance la investigación de la Justicia.

En respuesta a estas maniobras, la nueva gestión del Ministerio de Capital Humano y ANSES reafirman su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Para evitar la repetición de estas prácticas fraudulentas, se están rediseñando los procedimientos internos, con un enfoque en la digitalización de los certificados médicos y la implementación de nuevas herramientas que optimicen la verificación de los trámites. Estas medidas asegurarán un control más eficiente y seguro de los recursos destinados a la seguridad social.

El Ministerio de Capital Humano y ANSES formalizaron una denuncia penal con toda la documentación recopilada y solicitaron una investigación profunda para identificar y sancionar a los responsables de estas maniobras fraudulentas.