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Preocupa cambios la Ley de Información Pública
3 de septiembre de 2024
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestó su preocupación por el decreto que dictó el Gobierno nacional por el cual se modificaron reglamentaciones de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Según Adepa, el decreto 780/2024, contiene excepciones “que, por su amplitud y vaguedad, podrían habilitar a los funcionarios a incumplir su obligación de permitir el acceso a la información pública bajo el pretexto de genéricos ‘daños y perjuicios’ o con fundamento en un supuesto ‘interés público'».
En esa línea, la entidad consideró que esas restricciones «podrían afectar tanto el respeto de los principios receptados por la ley como los estándares constitucionales e internacionales en esta materia».
Además, la institución sostuvo que esas modificaciones podrían ocasionar «aplicaciones restrictivas» e incompatibles con el texto legal, con los principios constitucionales y con los tratados internacionales que imponen el acceso irrestricto a toda información que se vincule con el desempeño de los funcionarios públicos».
A su vez, en el escrito publicado, Adepa le recordó al Poder Ejecutivo los «principios consagrados en el artículo 1° de la Ley de Acceso a la Información, y que se encuentran fuera del alcance de la competencia regulatoria del Poder Ejecutivo, figuran los de ‘presunción de publicidad’, ‘máxima divulgación’, ‘máximo acceso’, ‘alcance limitado de las excepciones'» e «in dubio pro petitor» («ante la duda, a favor del peticionante»).
Para Adepa, uno de los cambios más preocupantes del decreto marcha por el alcance de las definiciones de información pública y documento, establecidos en el artículo 3º del texto original. En ese punto, el Gobierno estableció que «no se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido, ajenos a la gestión de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la Ley N° 27.275 y su modificatoria».
Según la institución, la definición original de esa Ley prescribía que información pública es «todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato que los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la presente ley generen, obtengan, transformen, controlen o custodien».
En ese contexto, Adepa dejó en claro que los «funcionarios públicos tienen derecho a la privacidad y que en todo gobierno democrático pueden existir aspectos muy específicos que deban permanecer temporalmente fuera del conocimiento público, se trata de casos excepcionales, a los que sólo puede llegarse luego de acreditar la necesidad inaplazable de impedir que la ciudadanía conozca acabadamente la actividad de sus mandatarios».
«El secreto es, en ocasiones, un remedio inevitable para el sostenimiento de un régimen democrático. Su extensión más allá de lo excepcionalmente necesario precipita a una pendiente que imposibilita hacer efectiva la responsabilidad pública de las autoridades. Y es una manera de socavar las bases republicanas del país», subraya el documento difundido por Adepa.
Para concluir, Adepa consideró que «necesario que el Poder Ejecutivo revise este tipo de reglamentaciones que desnaturalizan lo preceptuado por la ley, la Constitución y los estándares interamericanos de derechos humanos».
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Pago a Jubilados
En julio de 2026 los haberes previsionales tendrán un ajuste del 2,1% por la inflación de mayo informada por el INDEC. La medida se aplica por el mecanismo de movilidad vigente y afecta a jubilaciones, pensiones y asignaciones. La actualización impacta de manera directa en la jubilación mínima ANSES y en otros beneficios administrados por el organismo.
Con ese porcentaje la jubilación mínima ANSES pasará a $411.989,32. Además, continúa el refuerzo extraordinario de $70.000 para los sectores de menores ingresos, por lo que el ingreso total de quien cobra el haber mínimo será de $481.989,32 si recibe el bono. Los descuentos personales pueden modificar levemente ese neto.
El refuerzo de $70.000 está dirigido a los beneficiarios de menores ingresos: jubilados mínimos, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC). La PUAM queda en $329.591,45 y las PNC en $288.394,05; con el bono, los totales son $399.591,45 y $358.394,05 respectivamente.
Las asignaciones familiares también se actualizan por la movilidad. La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasa a $148.045,38, mientras que la AUH por discapacidad alcanza $482.048,99. Otras prestaciones administradas por ANSES recibirán incrementos equivalentes al 2,1% aplicado en julio, en línea con el IPC de mayo. La inflación acumulada del año llegó al 14,7% y la variación interanual al 33,2%.
Cálculo y posibles reclamos
Para calcular el haber inicial ANSES toma el promedio actualizado de las últimas 120 remuneraciones, equivalentes a los diez años previos al retiro. Cada salario histórico se actualiza con coeficientes oficiales antes de promediar. Esa metodología busca evitar que la inflación distorsione el valor real de los ingresos pasados al momento del cálculo.
Quienes acrediten más de 30 años de aportes reciben un plus: por cada año adicional se suma alrededor de un 1% sobre componentes del haber inicial, hasta 15 años más computables. Así, con 45 años de aportes el haber puede resultar notablemente superior al mínimo, siempre según la normativa vigente y los cálculos de ANSES.
Si un jubilado detecta errores en el cálculo o faltantes de aportes puede iniciar un juicio de reajuste. Las causas suelen tardar entre cinco y siete años, según la complejidad y las instancias judiciales. Si la Justicia lo habilita, ANSES debe recalcular el haber y liquidar los retroactivos correspondientes al beneficiario. Radio Mitre
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Los precios mayoristas suben 2,5% en mayo
La inflación de los precios mayoristas (IPIM) en mayo registró un aumento del 2,5% respecto del mes anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En el mismo período, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) y el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) mostraron incrementos del 2,7%.
En la comparación interanual, el IPIM marcó una suba del 34,5%, mientras que el IPIB alcanzó el 33,5% y el IPP el 34,6%. En tanto, la variación acumulada en los primeros cinco meses del año fue del 14,4% para el IPIM y del 13,3% tanto para el IPIB como para el IPP.
A nivel desagregado se registraron aumentos del 1,9% en alimentos y bebidas, del 2,9% en productos textiles, del 1,5% en prendas de materiales textiles y del 0,7% en vehículos automotores, carrocerías y repuestos. También se observaron subas del 3% en madera y productos de madera, del 2,6% en papel y productos de papel y del 1,8% en productos refinados del petróleo.
El organismo detalló que el incremento mensual del IPIM se explicó por una suba del 2,5% en los productos nacionales y del 3,1% en los productos importados. Dentro de los productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia fueron sustancias y productos químicos, energía eléctrica, productos refinados del petróleo, alimentos y bebidas, y petróleo crudo y gas.
Por su parte, el IPIB mostró un aumento del 2,7% en mayo, impulsado por subas del 2,7% en los productos nacionales y del 3% en los importados. En tanto, el IPP registró un incremento del 2,7%, como consecuencia de la suba del 2,4% en los productos primarios y del 2,8% en los productos manufacturados y la energía eléctrica.
En el desglose por rubros, los productos primarios registraron variaciones del 1,7% en el IPIM, del 2,2% en el IPIB y del 2,4% en el IPP. A su vez, los productos manufacturados y la energía eléctrica mostraron incrementos del 2,7%, 2,9% y 2,8%, respectivamente, según cada índice.
Entre los componentes específicos, se destacó el aumento de la energía eléctrica, con una suba del 14,7% en los tres índices, y de las sustancias y productos químicos, con incrementos superiores al 7% mensual. En contraste, los productos pesqueros registraron caídas del 11,7% en mayo.
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El consumo de carne volvió a caer
El consumo de carne volvió a caer: en mayo el consumo per cápita de carne vacuna se situó en 47,5 kilos por año, una merma interanual del 6,1% y 3,1 kilos menos respecto a 2025. Es el nivel más bajo en dos décadas, según el informe oficial de CICCRA.
CICCRA atribuye la retracción al menor poder adquisitivo de los hogares y al encarecimiento relativo de la carne en los últimos meses. El informe señala que, pese a bajas mensuales en algunos cortes, los aumentos acumulados afectaron la demanda y empujaron a las familias a reemplazar o reducir el consumo habitual.
El consumo de carne vacuna cayó a su nivel más bajo en 20 años
En los primeros cinco meses del año el consumo aparente de carne vacuna retrocedió 11,1% en términos anuales, acumulando 855.750 toneladas res con hueso, lo que implica una pérdida de 106.710 toneladas respecto a enero-mayo de 2025. Además, el precio promedio de los cortes registró una baja mensual de 0,7%.
Entre los cortes, el kilo de asado presentó la mayor caída mensual, -1,6%, con un promedio de $17.237,3. Cuadril cayó 0,8% a $21.163,9, nalga 0,6% a $21.810,5, carne picada común 0,4% a $10.402,2, y paleta 0,1% a $17.110,4. También la caja de hamburguesas congeladas subió 2,5% hasta $7.759,4. Fue la segunda baja consecutiva del precio promedio general, según la entidad.
Las ventas al exterior acumularon 312.200 toneladas res con hueso en enero-mayo, un alza de 5,1% (15.060 toneladas más) impulsada en gran medida por la demanda de Estados Unidos. En abril las exportaciones a ese país crecieron 25% mensual, se triplicaron interanualmente y totalizaron 10.896 toneladas, equivalentes al 29,2% del total exportado, según CICCRA.
“En los restantes destinos principales las ventas experimentaron caídas muy significativas”, señaló CICCRA. Las ventas a China se hundieron 32% interanual (y 35,8% mensual en abril), representando 35,6% de los ingresos (USD 110,2 millones). Estados Unidos aportó 29% (USD 89,9 millones); Alemania y Países Bajos sumaron 16,1% con USD 30,3 millones y USD 19,5 millones, respectivamente.
La producción acumulada cayó 7,3% anual, hasta 1,168 millones de toneladas res con hueso, unas 91.650 toneladas menos que en 2025, por la menor disponibilidad de hacienda. En enero-mayo se faenaron 4,94 millones de cabezas (-9,8%). “Fue el nivel de actividad sectorial más bajo de los últimos diez años”, precisó el informe.

