País
Alerta en educación
23 de agosto de 2024
En la Argentina, solo 1 de cada 4 estudiantes de 15 años puede resolver un ejercicio de regla de tres simple. El dato surge del informe “Abriendo la caja: ¿qué evalúa Pisa en matemática?”, del Observatorio de Argentinos por la Educación. El estudio repasa los resultados de la prueba internacionales en esta área desde 2006 hasta 2022, analiza los contenidos de estos exámenes internacionales y los compara con los contenidos enseñados en cada país. A nivel general, 7 de cada 10 alumnos argentinos no alcanzaron el nivel esperado. Sin embargo, casi el 80% de los contenidos evaluados forma parte de los contenidos establecidos a nivel nacional.
En las pruebas Pisa 2022, el 72,7% de los estudiantes argentinos de 15 años no alcanzó el nivel esperado en matemática. La cifra supuso una caída con respecto a los resultados del país en las ediciones anteriores de la evaluación: en 2018, el 69,1% de los alumnos no había logrado el nivel mínimo, mientras que la proporción había sido 66,5% en 2012 y 64,1% en 2006. El análisis de la prueba Pisa 2022 muestra que la mayoría de los temas evaluados —el 79,2%— forma parte de los contenidos establecidos a nivel nacional.
Qué son las prueba Pisa. La prueba Pisa es una evaluación que se realiza desde el año 2000 cada tres años en la que participa una muestra de estudiantes de 15 años de edad, en los países que eligen ser parte de esta prueba internacional. La prueba mide conocimientos y habilidades en tres áreas de conocimiento: lectura, matemática y ciencias. En cada ronda de Pisa una de estas áreas es enfatizada y medida en mayor profundidad. En la edición 2022 el área foco fue matemática, como en 2003 y 2012.
En Pisa 2022 participaron 81 países, de los cuales 36 son países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) y 45 sistemas educativos que no son parte de esta organización. En el caso de la Argentina, la prueba fue conformada por una muestra representativa de toda la población objetivo a nivel nacional, en donde participaron alrededor de 457 escuelas y 12.000 estudiantes de todo el país.
La Argentina participó con representatividad a nivel nacional en las pruebas Pisa en 2006, 2009, 2012, 2018 y 2022. En cada área de conocimiento se establecen niveles de desempeño (nivel 1c que es el más bajo hasta el nivel 6 que es el más alto).
Según destaca el informe, con autoría de Nicolás Buchbinder (Universidad de Colorado Boulder), Martín Nistal y Eugenia Orlicki (Observatorio de Argentinos por la Educación), en la prueba Pisa de matemática cada estudiante recibe como máximo 30 ejercicios, aunque no todos responden las mismas consignas. La Ocde, el organismo que toma la evaluación, publicó 10 ejercicios con su grado y nivel de dificultad. El informe muestra algunos de esos ejercicios, que evalúan el cálculo de proporciones en situaciones literales y abstractas, regla de tres simple y ecuaciones sencillas.
Así, en la Argentina solo 1 de cada 4 alumnos de 15 años (el 27 por ciento) puede resolver un ejercicio de regla de tres simple, y apenas el 36% de los estudiantes alcanza el rendimiento necesario para resolver un ejercicio de proporciones con un nivel “1a” de dificultad (por debajo del mínimo requerido en Pisa), mientras que el 20% puede resolver ejercicios de un nivel 2 (el mínimo esperado, según los parámetros de la prueba).
“Para realizar las pruebas, primero se analizan las currículas nacionales para entender qué se enseña en cada país. Luego, se compara ese contenido con la evaluación de Pisa para identificar coincidencias y diferencias. Con esta información, se desarrollan y adaptan ejercicios de evaluación culturalmente relevantes y alineados con los objetivos curriculares locales. Posteriormente, los ejercicios se validan y adaptan para asegurar la equivalencia en todos los países participantes. Finalmente, los resultados se contextualizan considerando las diferencias curriculares, lo que permite interpretaciones más precisas y comparaciones justas entre países”, explican los autores.
A pesar de los bajos resultados, el informe muestra que hay una relación estrecha entre los contenidos evaluados y el currículum nacional de matemática: el 79,2% de los contenidos de la prueba Pisa están incluidos en los diseños curriculares de la Argentina, mientras que el 17,8% aparece en algunos currículums y el 3% no está presente. En otros países de la región es aún más alta la proporción de contenidos evaluados cuya enseñanza está prevista en las currículas nacionales: sube al 84,1% en Uruguay, 98,1% en Chile y 99,6% en Brasil.
Andrés Rieznik, doctor en Física, divulgador y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, sostuvo que la comparación con países vecinos a la hora de evaluar los éxitos y fracasos del sistema educativo argentino es «dolorosa y necesaria». Y explicó: «Este informe de Argentinos por la Educación es una evidencia más de la crisis argentina. Muestra, una vez más, que en matemática también estamos muy por detrás de Chile y Uruguay, por mencionar dos países vecinos y comparables. Como ocurre con la alfabetización, una transformación profunda y revolucionaria es posible, pero sólo en la medida en que la comunidad educativa y los tomadores de decisión basen sus decisiones en lo mejor de la evidencia disponible. Cuando lo hagan, con relativamente pocos recursos mejorarán la vida de millones de chicos y chicas de todo el país”.
País
Paro docente: Aplicarán sanciones si no se cumple el servicio mínimo
El Gobierno fiscalizará a través de las agencias territoriales el cumplimiento de la cobertura mínima exigida durante el paro docente convocado por CTERA para este lunes y elaborará un informe nacional sobre el nivel de actividad.
El Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, advirtió que, si detecta incumplimientos en la obligación de garantizar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, “se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan” contra las entidades sindicales.
La medida estará coordinada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que depende de Capital Humano. “El lunes habrá que fiscalizar para comprobar si se respetó o no lo que manda el artículo 101 respecto de los servicios esenciales”, expresaron en Nación.
El esquema todavía está bajo definición operativa, pero la intención oficial es que las agencias territoriales recopilen información en las provincias, registren el funcionamiento de los establecimientos y eleven los resultados a la administración central. Esas dependencias responden directamente a la Secretaría de Trabajo y funcionan como enlace territorial con trabajadores, empleadores, sindicatos y autoridades locales.
Un comunicado de Capital Humano brindó detalles de sus mecanismos de control y señaló que “desarrollará una inspección oculear en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo”.
Aunque el comunicado menciona una inspección muestral en escuelas de todo el país, en el Ejecutivo no detallaron todavía cuántos establecimientos serán relevados ni si el operativo incluirá pedidos formales de información a las jurisdicciones o un sistema mixto que combine constataciones propias con datos enviados por los gobiernos provinciales.
La base de la intervención será la Ley 27.802 de Modernización Laboral. El artículo 101 modificó el régimen de conflictos colectivos y declaró servicio esencial al cuidado de menores y a la educación de los niveles inicial, primario, secundario y especial. Para esas actividades estableció que la cobertura durante una medida de fuerza no podrá ser inferior al 75% de la prestación normal.
El porcentaje no se refiere necesariamente a que deba asistir el 75% de los docentes ni a que tengan que abrir exactamente tres de cada cuatro escuelas. La norma habla de la “prestación normal del servicio”, por lo que el Gobierno deberá definir cómo traduce ese concepto en indicadores comprobables: establecimientos abiertos, cursos cubiertos, personal afectado, horas de clase o una combinación de esas variables.
La ley prevé además un procedimiento previo. El sindicato debe notificar la medida a la contraparte y a la autoridad laboral con cinco días de anticipación y, al día siguiente, las partes deben acordar ante Trabajo las modalidades del servicio mínimo, con identificación del personal, horarios, funciones y forma de ejecución.
Cuando no exista un acuerdo o la cobertura propuesta sea insuficiente, la Secretaría de Trabajo puede fijar los servicios mínimos en consulta con la Comisión de Garantías. La decisión debe ser notificada a las partes y puede establecer cuántos trabajadores deben prestar tareas, en qué horarios y bajo qué esquema operativo.
El régimen también obliga a informar a las familias y a los usuarios, al menos 48 horas antes de la protesta, cómo funcionará el servicio, cuánto durará la medida y de qué manera se garantizará la prestación mínima. Ese punto podría formar parte del relevamiento que realizará Capital Humano.
En el Gobierno aclaran que una sanción no sería automática por el nivel de adhesión al paro. Primero deberá constatarse el incumplimiento, determinarse qué obligación concreta no fue respetada, identificar a la entidad responsable y sustanciarse el procedimiento administrativo correspondiente, con posibilidad de defensa y revisión judicial.
El artículo 24.6 remite a los regímenes sancionatorios de las leyes 14.786, 23.551 y 25.212. Esas normas permiten, según el tipo de infracción, disponer intimaciones, apercibimientos y multas, además de promover acciones judiciales contra una asociación sindical que desobedezca resoluciones de la autoridad laboral.
La Ley de Asociaciones Sindicales faculta a Trabajo a exigir que un gremio deje sin efecto medidas que vulneren la legislación o incumplan disposiciones de la autoridad competente. Ante una desobediencia persistente, el Poder Ejecutivo no puede retirar por sí solo una personería, pero la autoridad laboral puede acudir a la Justicia para solicitar su suspensión, cancelación o la intervención de la organización.
Las agencias territoriales serán la herramienta para reunir el respaldo fáctico de una eventual actuación posterior. La estructura laboral nacional puede recibir denuncias, realizar inspecciones cuando existe competencia federal, instruir sumarios y coordinar acciones con las provincias, que conservan facultades autónomas de policía del trabajo dentro de sus jurisdicciones.
Ese reparto de competencias será uno de los puntos sensibles. Las escuelas y los docentes dependen mayoritariamente de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que CTERA es una confederación nacional. Por eso, Nación puede intervenir sobre el conflicto colectivo y la conducta de la organización sindical, pero necesitará información de las jurisdicciones para reconstruir qué ocurrió concretamente en cada establecimiento.
El operativo del lunes será la primera prueba de alcance nacional del nuevo régimen en el sistema educativo. La Casa Rosada buscará demostrar que la declaración de esencialidad tiene aplicación efectiva, mientras CTERA reclama la convocatoria a la paritaria nacional, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y mayores fondos educativos. El informe de las agencias territoriales será el documento que utilizará Capital Humano para decidir si cierra la actuación, intima a las partes o abre un procedimiento sancionatorio.
Foto: El presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello. (Foto: X @JMilei) . Ignacio Salerno (TN)
País
Milei recibió las cartas credenciales del nuncio apostólico Michael Banach
El presidente Javier Milei recibió este 31 de julio las cartas credenciales del nuncio apostólico de la Santa Sede, monseñor Michael Wallace Banach, durante una ceremonia realizada en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con lo que quedó formalmente iniciado su servicio diplomático como representante del papa León XIV en la Argentina.
El acto fue encabezado por el jefe de Estado, acompañado por el canciller Pablo Quirno. En la misma ceremonia, el Presidente recibió también las cartas credenciales de la embajadora de la República Federal de Alemania, Catalina Cullas, y del embajador de la República de Corea, Lee Chong Hwa.
Días atrás, monseñor Banach había entregado las copias de estilo de sus cartas credenciales al canciller Quirno, quien destacó entonces en sus redes sociales que la llegada del representante pontificio "abre una nueva etapa de trabajo fraterno entre la Iglesia y el Estado argentino, un camino de encuentro que nos compromete y nos desafía a fortalecer el trabajo conjunto con esperanza y desafíos compartidos".
La presencia del nuevo nuncio apostólico marca el comienzo de una misión que estará acompañada por la expectativa de una futura visita del papa León XIV a la Argentina.
Antes de la presentación oficial de sus credenciales al Presidente, monseñor Banach mantuvo encuentros con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo; con el secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro; y con el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo.
La Conferencia Episcopal Argentina informó, además, que el próximo jueves 6 de agosto, a las 11, monseñor Banach presidirá una misa en la catedral metropolitana de Buenos Aires, durante la cual presentará oficialmente sus credenciales como representante del Santo Padre ante la Iglesia en la Argentina a monseñor Colombo.
Con ese motivo, la CEA invitó a los obispos que puedan participar a concelebrar la celebración eucarística, que marcará también el inicio formal del ministerio pastoral del nuevo nuncio ante la Iglesia argentina.
País
PARO DOCENTE
La Central de Trabajadores Autónoma (CTA-A) y la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T) formalizaron su adhesión a la jornada nacional de lucha con paro y movilización programada para este lunes 3 de agosto.
La medida de fuerza es impulsada por CTERA, ATE Nacional, CONADU y CONADU Histórica en rechazo a las políticas económicas de la administración del presidente Javier Milei.
La protesta unificada tiene como ejes centrales la defensa de la educación y la universidad pública, la protección del empleo en el sector público, la recomposición salarial y el sostenimiento de los derechos laborales. En ese marco, los gremios denuncian un deterioro sistemático de las condiciones de vida de la sociedad y de la capacidad operativa del Estado.
En un comunicado conjunto, las dirigencias sindicales apuntaron contra la parálisis de la paritaria nacional docente y la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Señalaron que el desfinanciamiento de las casas de altos estudios y la caída sostenida del poder adquisitivo salarial comprometen de forma directa el desarrollo del sistema educativo en todos sus niveles.
Asimismo, las centrales obreras repudiaron la ola de despidos en la administración pública nacional y lo que consideraron un vaciamiento sistemático de organismos estratégicos. Advirtieron que estas decisiones buscan debilitar la estructura estatal y restringir los servicios que se prestan a la ciudadanía.
Ante este panorama, la CTA-A y la CTA-T exigieron la restitución inmediata de los recursos destinados al sistema educativo y el acatamiento de las resoluciones judiciales y leyes sancionadas por el Congreso. Demandaron además la aprobación de un presupuesto que asegure el funcionamiento pleno de escuelas, universidades y dependencias del Estado.
Los referentes sindicales remarcaron que el libre ejercicio de la negociación paritaria y la actualización de los ingresos constituyen condiciones indispensables para resguardar la paz social. Afirmaron que el sostenimiento de los puestos de trabajo estatales es fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y los derechos de la población.
La postura de las dos centrales quedó plasmada a través de un documento firmado por sus respectivos secretarios generales, Hugo Yasky por la CTA-T y Hugo Godoy por la CTA-A. Ambas conducciones recalcaron que la universidad, la educación y un Estado presente representan pilares centrales para el desarrollo soberano de Argentina.
