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Piden al Congreso defender la soberanía sobre Malvinas
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10 de agosto de 2024
El legislador bonaerense de Unión por la Patria Gustavo Pulti pidió al Congreso nacional que rechace el convenio de la ONU firmado por la canciller Diana Mondino que apunta a regular la pesca en aguas internacionales, ya que a su entender compromete la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.
El presidente de la comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aseguró que dicho acuerdo va “en contra de los legítimos intereses argentinos en Malvinas y en el mar”.
Se trata del «Acuerdo en el Marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional» al que adhirió el Poder Ejecutivo Nacional el 19 de julio pasado.
Pulti entregó el proyecto que presentó en la Legislatura bonaerense a las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y Agricultura, Ganadería y Pesca de ambas Cámaras del Congreso de la Nación.
Además, se reunió con el diputado nacional de Unión por la Patria Hugo Yasky, de quien dijo que “asumió una actitud de compromiso total y se dispuso a impulsar una ley desechando el tratado”.
“Coincidimos con él en la importancia de Instar al Congreso a desechar el tratado y evitar que nuestro país sea víctima de un ardid típico de Gran Bretaña”, comentó sobre el encuentro con el legislador kirchnerista y líder de la CTA de los Trabajadores.
El ex intendente de General Pueyrredón advirtió que el convenio incluye “un reconocimiento del Reino Unido como estado ribereño que impacta directamente en contra» del derecho argentino.
«Esto quiere decir que las medidas que se implementen en el territorio no podrán ser cuestionadas por la República Argentina, debido al poder multilateral, no nacional, que crea el acuerdo y fundamentalmente a la cesión del carácter ribereño para el país ocupante, es decir para Gran Bretaña», protestó.
Según Pulti, esto “puede significar un nuevo retroceso en nuestra capacidad de ejercer la defensa soberana de una zona en la que el Reino Unido está apropiándose de ingentes recursos que pertenecen a la Argentina, como claramente sucede con la pesca y con la planeada extracción de petróleo”.
“No es casual que ese acuerdo, invocando la Convención del Derecho del Mar de 1982, haya sido impulsado por ciertas organizaciones ambientalistas que responden claramente a los intereses británicos», reparó. (NA)
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Caso Loan: uno de los hermanos compró una moto de alta gama
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Uno de los hermanos de Loan aseguró que las donaciones que recibieron fueron "transparentes y están documentadas", a la vez que indicó que la moto de alta gama comprada hace pocos días es para que puedan moverse y "continuar la búsqueda" del pequeño.
En medio de diversas suposiciones por la interna familiar, los montos millonarios hallados en cuentas de Mercado Pago de dos de los hermanos de Loan pusieron en cuestionamiento el accionar bancario de los cercanos del niño durante la búsqueda.
En este sentido, la semana pasada se informó que José y Mariano Peña habían recibido más de $150 millones en sus billeteras virtuales luego del análisis de sus cuentas bancarias por pedido de la jueza Cristina Penzo.
“Las donaciones que recibimos han sido manejadas de manera transparente y están documentadas”, aclaró José y explicó que la billetera fue intervenida y que “no tienen nada que esconder”.
Asimismo, habló sobre la cuestionada moto de alta gama que fue comprada hace pocos días: “Fue para poder movernos y continuar la búsqueda de Loan. No tiene nada que ver con las donaciones”.
Frente a esta situación, el joven manifestó que, a casi 60 días del inicio de la búsqueda de Loan, no quieren que la causa se pierda en “conjeturas”.
“No queremos más especulaciones ni comentarios triviales. La familia está pasando por un momento muy difícil y estamos enfocados en encontrar a Loan”, expresó.
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Eliminan la obligación de registrar en AFIP los contratos de alquiler
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Solamente habrá que hacerlo si los propietarios quieren adherirse a beneficios fiscales
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) eliminó la obligación de registrar los contratos de alquiler de inmuebles urbanos y rurales, aunque sí deberán hacerlo aquellos contribuyentes que deseen obtener los beneficios fiscales que otorga la ley.
La norma rige a partir de la Resolución General 5545/2024 que se publicó hoy en el Boletín Oficial y deriva del Decreto 70/2023 que derogó la ley de Alquileres 27.551.
La resolución marca que desde hoy los propietarios ya no tendrán que inscribir los contratos en el “Régimen de registración de contratos de locación de inmuebles (RELI)” para su validez.
Al mismo tiempo, la nueva resolución de AFIP establece que los contribuyentes que quieran gozar de los beneficios fiscales en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y en los impuestos sobre los Créditos y Débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, sobre los Bienes Personales y a las Ganancias -contemplados en la ley 27.737- deberán declarar sus contratos de alquiler en el RELI antes el 30 de septiembre de 2024 o 15 días corridos posteriores a su celebración.
Los interesados deberán hacerlo a través de la web del organismo.
Quienes ya tengan registrados sus contratos no deberán volver a hacerlo, excepto que haya modificaciones o actualizaciones.
En línea con dicha medida los contribuyentes, por medio de la Resolución General Nro. 5547/2024 también publicada hoy, con relación al impuesto a las ganancias, se dispuso la eliminación de la obligación por parte del empleado en relación de dependencia de adjuntar -en el servicio SiRADIG- una copia del contrato de alquiler del inmueble con destino a casa habitación.
Este requisito resultaba necesario para tener acceso a las deducciones del 40% y del 10%, respectivamente, de las sumas pagadas por este alquiler.
Vale recordar que la AFIP ya derogó el Certificado de Transferencia de Automotores (CETA), el documento que debía emitirse al vender un automotor o motovehículo usado y radicado en el país. Además, en lo que va de la actual gestión, el organismo derogó las resoluciones generales que obligaban a productores agropecuarios a presentar cinco declaraciones juradas al año con su cosecha, y, en el mismo sentido, derogó el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y la evaluación de la Capacidad Económica Financiera (CEF) para autorizar importaciones, con el objetivo de facilitar el comercio exterior.
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Justicia solicitó a los medios evitar la difusión de las fotos de Fabiola golpeada
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La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº7, a cargo de Ramiro González, y la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), cuya titular es Mariela Labozzetta, exhortaron a los medios de comunicación a evitar la difusión de imágenes de la ex primera dama, Fabiola Yáñez, vinculadas a los hechos de violencia de género por los que fue denunciado el expresidente y expareja de la damnificada, Alberto Fernández.
La solicitud busca evitar la revictimización de la denunciante y se basa en las recomendaciones de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección de las Víctimas (DOVIC), a cargo de Malena Derdoy.
En este caso, en el que se investigan hechos de violencia contra las mujeres, resultan de aplicación los mandatos de tratados internacionales, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belén do Pará), así como las leyes nacionales que promueven el respeto de los derechos de las mujeres y víctimas de delitos: Ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, y Ley 27.372, de derechos y garantías para personas víctimas de delitos.
Las fotos, que al parecer estaban en el teléfono celular de María Cantero, exsecretaria de Fernández, se filtraron el jueves pasado a los medios de comunicación. Las imágenes surgieron a partir del peritaje de las comunicaciones de Cantero en el marco de otra causa, que investiga al expresidente y varios funcionarios por tráfico de influencias.