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Por la ola de juicios, los tribunales laborales están colapsados

2 de agosto de 2024

La Asociación Judicial Bonaerense publicó un detallado informe sobre el fuero. Detalló que las causas se incrementaron un 244% entre 2003 y 2023, mientras que el personal lo hizo sólo en un 17%

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) publicó un informe en el que advirtió que los 73 tribunales de trabajo de la provincia están colapsados y pidió que se cubran vacantes ya que “se están multiplicando los despidos” en el contexto de crisis económica.

Un trabajo del Centro de Investigación y Formación del gremio indica que “el volumen de causas” de trabajo “aumenta mucho más que el personal que hay para hacer ese trabajo”. En ese sentido, detalla que mismas se incrementaron un 244% entre 2003 y 2023, mientras que el personal lo hizo sólo en un 17%.

El informe señala que la cantidad de causas ingresadas pasó de 30.609 a 105.235 en el periodo indicado. “La cantidad de ingresos en 2023 representó un crecimiento del 13,2% de las causas ingresadas en 2022, un 51,5% respecto del 2019 y un 72,9% respecto de 2014”, indica.

En esa línea, detalla que “en el mediano (5 años) y largo plazo (10 años) los departamentos judiciales de San Martín y Moreno-General Rodríguez fueron los de mayor crecimiento”, mientras que “Morón, Quilmes y La Matanza también presentan un crecimiento importante en ambos períodos”.

En tanto, destaca que “la variación del último año muestra, en cambio, algo diferente ya que las sedes o departamentos judiciales con más crecimiento son tres de los del interior: Junín, Azul y Chacabuco”.

El documento de la AJB también asegura que en veinte años “se crearon 10 nuevos tribunales de trabajo” para llegar a 72 y que en muchas dependencias “se mantuvo la misma dotación de personal o incluso disminuyó debido a que no se cubrieron vacantes”.

Por último, el trabajo da cuenta sobre la duración de los procesos. En esa línea, asegura que los juicios laborales con homologación duran 273 días promedio (pudiendo llegar hasta 515 como en el caso de Junín o 443 en Lomas de Zamora) y que los que tienen sentencia alcanzan 677 días en promedio (llegando a 1126 como en el caso de San Nicolás o 957 como en el caso de Pergamino). De cualquier manera, se aclara que “las causas se resuelven principalmente por conciliación” y que “menos de 2 casos de cada 10 se resuelven con sentencia”.

“Este reclamo no es nuevo. Venimos planteando al Ejecutivo y al Consejo de la Magistratura que resulta imperioso cubrir las cientos de vacantes de todos los fueros, pero particularmente reiteramos el pedido para el fuero laboral”, indicó el secretario General de la AJB, Hugo Russo.

Y advirtió: “En la actual situación de profunda crisis económica se están multiplicando los despidos y en consecuencia incrementa enormemente la litigiosidad”. (DIB)

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Periodistas piden al Congreso que frene la derogación de su Estatuto

Más de tres mil periodistas de todo el país firmaron y difundieron este domingo una solicitada con un pedido claro: que el Congreso de la Nación rechace la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, una normativa histórica que rige desde mediados del siglo XX y que actualmente está en el centro del debate por la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo nacional.

El documento, que incluye firmas de profesionales de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales, señala que la eliminación del estatuto —junto con el del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas— implicaría un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática del país.

Quienes suscriben la solicitada advierten que estos estatutos consagran derechos individuales, profesionales y colectivos que protegen tanto a los trabajadores de prensa como al ejercicio mismo del periodismo, y destacan que su vigencia fue fundamental para establecer condiciones laborales, marcos de estabilidad y un mínimo de garantías profesionales.

El texto también subraya que, si bien los firmantes no se oponen a debatir una eventual modernización de las normas laborales del sector, rechazan de plano “cualquier derogación que se haga sin mediar un debate democrático en el que los periodistas tengan participación efectiva”.

La protesta se enmarca en el debate legislativo por el proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno, dentro del cual se encuentra el artículo que propone la supresión total del Estatuto del Periodista Profesional —la Ley 12.908— y del Estatuto del Empleado Administrativo.

Organizaciones periodísticas y gremiales de prensa también han expresado su preocupación por la posible eliminación de este marco estratégico, advirtiendo que su derogación puede debilitar derechos laborales, facilitar la precarización, erosionar la libertad de prensa y socavar herramientas que garantizan confidencialidad de fuentes o condiciones éticas mínimas para el ejercicio de la profesión.

Los firmantes incluyen nombres reconocidos del periodismo argentino, quienes llamaron a las y los legisladores a defender el estatuto vigente y a garantizar que cualquier discusión sobre su futuro se dé de forma amplia y con participación del sector afectado.

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Inflación de enero: el índice cerraría por encima del 2%


El arranque del año mostró una dinámica de precios persistente en los rubros más sensibles de la economía doméstica. Distintos relevamientos privados coinciden en que la inflación de enero se ubicará por encima del 2%, traccionada nuevamente por los aumentos en alimentos y bebidas, que no logran perforar el piso pese a la estabilidad macroeconómica y cambiaria.

Según revela la Agencia Noticias Argentinas (NA), los informes de las últimas semanas detectaron una aceleración de precios hacia el cierre del mes, concentrada en productos frescos y bienes de demanda inelástica. Si bien no hubo saltos abruptos, el "goteo" constante en góndolas, especialmente en carnes, verduras y aceites, fue suficiente para mantener la presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).



El fenómeno responde a una inflación que "conserva núcleos duros" en la canasta básica. Aunque hubo factores que ayudaron a moderar el índice —como bajas estacionales en algunas verduras, ajustes suaves en lácteos y la estabilidad en precios regulados como combustibles—, el peso de los alimentos frescos fue determinante.

El escenario de febrero traerá una novedad técnica clave: el INDEC comenzará a medir la inflación con una nueva canasta de bienes y servicios. Esta actualización, ajustada a hábitos de consumo más recientes, le dará mayor ponderación a los servicios y reducirá la incidencia relativa de los alimentos, lo que podría modificar la lectura estadística de la inflación en los próximos meses.

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Iglesia cuestiona baja de la edad de imputabilidad y pide más educación

La Conferencia Episcopal Argentina advirtió que centrar el debate solo en la pena simplifica una realidad compleja y reclamó políticas de prevención, acompañamiento y educación para niños y jóvenes.

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su preocupación frente a las propuestas que impulsan la baja de la edad de imputabilidad como respuesta a los delitos cometidos por menores y llamó a priorizar políticas de prevención, educación y acompañamiento comunitario.

En un pronunciamiento difundido en el marco de la memoria de san Juan Bosco, referente histórico en la educación y el acompañamiento de jóvenes, la Iglesia sostuvo que el debate centrado casi exclusivamente en la sanción penal deja en segundo plano las verdaderas causas del problema y las herramientas necesarias para evitar que los hechos se repitan.

Desde la CEA manifestaron su cercanía con el dolor de las familias y comunidades afectadas por hechos delictivos, aunque advirtieron que reducir la discusión a la edad de imputabilidad "corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja", que involucra a la familia, la escuela, la comunidad y al Estado.

En ese sentido, recordaron un documento de la Pastoral Social de marzo del año pasado, en el que se planteaban interrogantes que, según indicaron, siguen vigentes: el destino de los menores privados de libertad, la existencia de dispositivos adecuados en las provincias, las posibilidades reales de educación y reinserción social y la eficacia del sistema penitenciario como respuesta.

"La experiencia muestra cómo funcionan los establecimientos carcelarios y nos preguntamos si realmente creemos que esa es la solución", señalaron, al tiempo que reafirmaron la necesidad de avanzar hacia un régimen penal juvenil con una mirada "humana, integral y abierta a la esperanza".

El comunicado destaca el legado de san Juan Bosco, quien promovía un sistema preventivo basado en la presencia cercana de los adultos, la educación, el trabajo y la vida comunitaria, sin negar los conflictos pero apostando a la inclusión y al desarrollo pleno de los jóvenes.

La Iglesia rechaza la baja de la edad de imputabilidad y pide cambios profundos en las políticas juveniles.

A 150 años de la presencia salesiana en la Argentina, la Iglesia reiteró su llamado a fortalecer políticas educativas y comunitarias que construyan futuro y eviten respuestas tardías cuando el daño ya está hecho. "La verdadera prevención nace del cuidado compartido", subrayaron, y reclamaron familias acompañadas, comunidades comprometidas, un Estado presente y una sociedad que no se resigna a perder a sus niños y jóvenes.

Finalmente, la Conferencia Episcopal sostuvo que la niñez y la juventud representan "una tierra sagrada donde se siembra el futuro" y pidió especialmente por los jóvenes más vulnerables.

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