El Gobierno nacional decidió extender el plazo para que aquellos que requieran subsidios en las tarifas energéticas puedan inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Si bien el primer anuncio marcaba que había tiempo hasta el 4 de agosto, ahora la posibilidad de registrarse estará vigente hasta el 4 de septiembre, es decir, un mes más.

“Para los beneficiarios de la tarifa social que nunca se inscribieron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía se va a extender hasta el 4 septiembre de este año. Se hace una extensión por 30 días más”, adelantó el vocero presidencial Manuel Adorni.

La medida apunta a los hogares que tienen subsidiados los servicios de gas natural y de electricidad, que deberán realizar un trámite si desean seguir recibiendo esa ayuda estatal. El plazo ahora se extendió hasta septiembre para no perder automáticamente la bonificación, que en medio del invierno traerá un aumento notorio en las facturas.

“Es muy importante que se registren en este RASE porque les va a permitir seguir manteniendo el precio de la tarifa y lograr que la asistencia se focalice en quien realmente no puede pagar el servicio”, agregó.

Según el vocero, el Estado nacional gastó en esos subsidios a la energía 150.000 millones de dólares durante los últimos veinte años. “Es algo desproporcionado (el gasto) porque los subsidios no son gratis, los pagamos entre todos, y en Argentina se han pagado con pobreza por la inflación que generaban debido al déficit fiscal”, sentenció.

Un usuario que califique para un subsidio de luz y gas puede inscribirse para recibir la bonificación. Lo único que necesita hacer es completar a través del sitio oficial el formulario para el RASE, que tiene carácter de declaración jurada.

En las últimas semanas el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) se comunicó con quienes debían completar el formulario para continuar siendo beneficiarios de un subsidio. Estos hogares de bajos ingresos debían ingresar al sistema de manera individual para registrarse dentro un plazo de 60 días de corrido que vence en los primeros días de septiembre.

Para saber si un domicilio es beneficiario de algún subsidio en la tarifa de electricidad, se debe ingresar a la web oficial del ENRE y completar un formulario online donde se les solicita el número de cuenta de Edenor o de Edesur.

En cuanto a la tarifa de gas, el consumidor debe dirigirse al sitio oficial del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), ir a la sección Regímenes de Beneficios, luego dirigirse al RASE e ingresar la empresa prestadora del servicio de gas y el número de usuario, cliente, cuenta, servicio o suministro.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

La solicitud debe ser completada por todos los hogares que nunca se hayan inscrito y quieran acceder al beneficio. Una vez inscritos, podrán acceder siempre y cuando reúnan las condiciones socioeconómicas para tenerlo. Tienen que ser hogares que cumplan con los siguientes requisitos:

– Perciban ingresos totales de bolsillo menores de 3,5 canastas básicas totales de hogar tipo 2 (que en junio último equivalían a $ 3.056.091, según el INDEC) o menores de 3,5 canastas básicas totales tipo 2 más el 22% ($ 3.728.431) para los hogares de la Patagonia.

– No cuenten con 3 o más inmuebles propios.

– No tengan 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años.

– No tengan una aeronave o embarcación de lujo.

– No sean titulares de activos societarios que demuestren capacidad económica plena

Cómo saber si estoy inscripto en el RASE

Saber si uno tiene subsidio de luz es un proceso muy sencillo. Se trata de un trámite digital y gratuito para el cual solo se debe contar con el número de cuenta de la empresa distribuidora. Este dato se puede hallar en las facturas del servicio, en el extremo superior.

Una vez obtenido este dato, hay seguir los siguientes pasos:

1) Acceder al formulario digital de consulta y completar cuál es la empresa proveedora de energía (Edenor o Edesur).

2) Luego hay que colocar el número de cliente o de cuenta que figura en la factura.

3) Hay que hacer clic en la caja que verifica que se trata de un usuario humano y, entonces, en el botón que dice “Consultar”.

Una vez realizada la gestión, el sistema indicará si el usuario recibe el subsidio eléctrico o no.

Si el usuario es beneficiario de una tarifa social, pero no está inscripto en el RASE, deberá seguir los pasos para hacerlo. Cabe destacar que solamente se deberá completar una solicitud por hogar.https://www.youtube.com/embed/qhVMXPnltbE?feature=oembed&enablejsapi=1

Cómo anotarse

Cualquier persona que sea usuaria residencial mayor de 18 años puede acceder al beneficio, siempre y cuando no sea catalogado como nivel 1. 

Para acceder al subsidio, todo usuario (siempre y cuando no sea N1) debe completar un formulario de inscripción, o bien hacerlo a través de un centro de atención telefónica llamando al 0800-222-7376. También se puede acudir en forma presencial a la prestadora o a los entes reguladores. Tras ingresar a la web:

• Hacer click en el botón “Inscribirse al RASE”.
• Aceptar que los datos que se cargan en el sistema tienen carácter de declaración jurada.
• Cargar los datos personales, laborales y económicos. Al finalizar, presionar “Siguiente”.
• Ingresar los datos de los servicios como figuran en la factura (solo números, sin guiones, barras y/o letras). Se deben incluir los datos del servicio para el que se está solicitando el subsidio.
• Detallar cómo está compuesto el hogar. Si el solicitante vive solo, solo debe marcar esa opción y cargar la cantidad de inmuebles que tiene. En tanto, quien viva con otras personas en un mismo domicilio debe ingresar los datos de los convivientes y sus ingresos, además de la cantidad de inmuebles que posee el grupo familiar.
• Al finalizar, la persona inscripta recibirá un mail confirmando su solicitud y con un número de trámite. Para poder realizar cualquier modificación es necesario contar con esos dígitos, la dirección de mail que con el que se registró la inscripción y el DNI.

Qué datos que se solicitan

• El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en la factura de energía eléctrica y gas natural por red.
• El último ejemplar del DNI.
• El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.
• Los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años.
• Una dirección de correo electrónico. 

 La Cámara de Diputados abrirá este miércoles en comisión el tratamiento del proyecto que reduce la edad de imputabilidad a los 13 años, con un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal, a través de una reunión informativa donde expondrán dos funcionarios de los ministerios de Seguridad y Justicia.   

El plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto, que conducen Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba), Manuel Quintar (LLA-Jujuy) y José Luis Espert, respectivamente, fue convocada para a las 12.30 en el edificio Anexo C, en una jornada donde también se debatirám los proyectos sobre trata de personas y de ley antimafia, con lo cual el Gobierno tener nuevas herramientas para combatir el crimen organizado.   

En la primera reunión informativa sobre la ley de reforma del Régimen Penal Juvenil expondrán el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y el director nacional de Normativa y relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, en tanto en la segunda se espera la palabra de los autores de diferentes proyectos que se encuentran en la Cámara baja.   

De todos modos no será un trámite sencillo porque cada vez que se instaló el debate de la baja de imputabilidad no se pudo avanzar, al ser un tema que divide las aguas en forma transversal en los bloques, más allá de que coinciden en la necesidad de un cambio del sistema penal para los menores.   El proyecto establece un régimen penal aplicable a las personas adolescentes desde los 13 hasta los 18 años cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal. 

  A lo largo del texto se establece que no se le podrá imponer al menor una pena por reclusión perpetua y el máximo de prisión será de 20 años; este tope se mantendrán aún si la escala penal fuera más elevada.   

Además, en las comisiones hay proyectos presentados por el presidente del bloque del Pro, Cristian Ritondo; por el libertario Álvaro Martínez; por el legislador de Hacemos Ricardo López Murphy y otro impulsado desde Unión por la Patria (UxP) por María Eugenia Alianiello.   

La iniciativa de UxP no avanza en la baja de la edad para ser detenido por un delito, que actualmente está en los 16 años, contempla un mecanismo de sanciones menores y otro mecanismo para reinsertarse en la sociedad, y establece como tope una pena de diez años.   

En cambio, en el proyecto propiciado por Ritondo se baja la edad de imputabilidad a los 14 años y el joven estará en un centro especializado para menores hasta que cumpla la mayoría de edad, cuando tendrá que cumplir la misma pena que les corresponde a los mayores de acuerdo a la gravedad del delito.   El proyecto más duro sobre la baja de la imputabilidad fue presentado por Álvaro Martínez, de LLA, que propone prisión de hasta 10 años a los menores entre 12 y 16 años, mientras que aquellos que superan esa edad se le podrá imponer hasta quince años de prisión.

El Gobierno creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad con el fin de poder usar esas nuevas herramientas tecnológicas para combatir el delito, lo que incluye monitorear redes sociales, aplicaciones y sitios de internet.   

La decisión fue adoptada a través de la Resolución 710 publicada hoy en el Boletín Oficial firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En ese sentido se argumentó que el uso de la IA “mejorará significativamente la eficiencia de las distintas áreas del Ministerio y de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, permitiendo respuestas más rápidas y precisas ante amenazas y emergencias”

De acuerdo a esa medida, la resolución establece que esa cartera podrá "prevenir, detectar, investigar y perseguir delitos y sus conexiones mediante el uso de inteligencia artificial (IA)".

 Es ese sentido fija que esa Unidad de Inteligencia Artificial podrá hacer el "monitoreo de redes sociales, apps y webs: La unidad patrullará redes sociales abiertas, aplicaciones, sitios web y la dark web (internet profunda) para identificar delitos y a sus autores, o situaciones que sean de riesgo para la seguridad pública".

También fija que se harán análisis en redes sociales "para detectar potenciales amenazas, identificar movimientos de grupos delictivos y prever disturbios".

Detalla que "la unidad también se encargará de identificar transacciones financieras sospechosas o comportamientos anómalos que podrían indicar actividades ilegales" y se podrá utilizar robots para desactivar explosivos.

La nueva estructura de la Unidad de Inteligencia Artificial estará integrada por especialistas de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria y del Servicio Penitenciario Federal (SPF), quienes serán designados por sus respectivas autoridades.

 La coordinación estará a cargo del Director de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos, bajo la Unidad de Gabinete de Asesores (UGA) del Ministerio de Seguridad.

En los fundamentos de la resolución para crear esa unidad es que el "desarrollo de la IA representa uno de los cambios socio-tecnológicos más importantes de la década"

 Agrega que "países como Estados Unidos, China, Reino Unido, Israel, Francia, Singapur e India ya son pioneros en su uso en áreas de gobierno y seguridad, aplicándola en análisis de videos y reconocimiento facial, predicción de crímenes, ciberseguridad, análisis de datos, drones y robótica, comunicación y coordinación, asistentes virtuales, automatización, análisis de redes sociales y detección de fraude y