País
AMIA: A 30 años del cruel atentado
17 de julio de 2024
En el barrio porteño de Balvanera, una Trafic blanca convertida en coche bomba estalló contra la entrada del edificio de la AMIA, cuando faltaban siete minutos para las diez de la mañana del lunes 18 de julio de 1994, jornada que a partir de ese momento se convirtió en una de las fechas más negras de la historia argentina.
Desde entonces, 30 años han pasado sin que la investigación judicial ni las acciones de los distintos gobiernos hayan arrojado resultados satisfactorios para los familiares de los 85 muertos y los 300 heridos, que provocó ese ataque terrorista.
En total, 77 víctimas estaban dentro de la sede de la mutual judía y otras 18 en la vereda o en edificios aledaños al momento del atentado, cuyos responsables siguen impunes.
Aunque la comunidad judía de la Argentina es la más numerosa de América latina y una de las principales del mundo, el atentado fue tomado por la colectividad, la Justicia y los gobiernos como un ataque a la sociedad argentina toda.
La iniciativa del gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner para acordar con Irán el interrogatorio en Teherán a los acusados terminó rodeada de polémica, rechazo, inconstitucionalidad y resultados nulos.
Ahora, el gobierno del presidente Javier Milei intenta implementar el juicio en ausencia para avanzar con el proceso que apunto a los iraníes.
El 17 de marzo de 1992, la comunidad judía ya había sido objeto de otro atentado, cuando una camioneta Ford F-100 explotó frente a las puertas de la Embajada de Israel, que entonces se ubicaba en el barrio porteño de Retiro, y como consecuencia de lo cual murieron 27 personas y más de 100 resultaron heridas.
Dos años después, la Asociación Mutual Israelita Argentina se encontraba organizando los preparativos para el festejo del primer centenario de su creación.
La organización había sido fundada grupos de inmigrantes judíos y tenía por objetivo brindar ayuda y asistencia a las personas de esa comunidad que planeaban radicarse en el país.
El viernes 15 de julio de 1994, tres días antes de la explosión, una Traffic blanca fue estacionada en la playa de estacionamiento Jet Parking, a tres cuadras de la sede de la mutual, ubicada en Pasteur 633 e inaugurada en 1945.
A las 9:53 del lunes 18, ese vehículo, cargado con 400 kilos de un explosivo de nitrato de amonio, TNT y nitroglicerina amonal, se estrelló contra el edificio de la calle Pasteur.
La explosión produjo un cráter de seis metros de profundidad y daños materiales por 15 millones de pesos/dólares, mientras que la onda expansiva dejó sin agua y sin luz a las manzanas vecinas y destruyó decenas de propiedades de la cuadra.
Desde ese momento, sin novedades judiciales a la vista, sobre el atentado a la AMIA se produjeron miles de artículos periodísticos y decenas de libros, ensayos y videos, así como
centenares de testimonios orales, expresiones artísticas, imágenes y actividades educativas.
Cada 18 de julio a las 9.53 en la reconstruida sede de Pasteur 633 se hace sonar la sirena que buscar fortalecer la memoria y redoblar el reclamo de justicia. (DIB)
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Malvinas: polémica posición chilena
Las recientes declaraciones de Fernando Barros Tocornal, actual ministro de Defensa de Chile, encendieron las alarmas diplomáticas. El funcionario afirmó abiertamente que el Reino Unido es un país amigo que ejerce soberanía sobre las Malvinas, alineándose con la postura británica y distanciándose del histórico reclamo del Estado argentino.
La polémica postura de Chile sobre el conflicto por las Malvinas
Durante una entrevista concedida a Radio Polar de Magallanes, el jefe de la cartera castrense del gobierno de José Antonio Kast intentó ensayar un equilibrio formal, pero terminó dinamitando la postura histórica de apoyo irrestricto de su país hacia la Argentina. Barros Tocornal aseguró que, si bien apoyan el reclamo territorial, existe una situación de hecho donde se debe contemplar el derecho internacional "respetando la voluntad e interés de las personas involucradas".
Esta afirmación representa una grave confesión de alineación al mandato colonial. Al condicionar una solución a la voluntad de los isleños, el funcionario abraza directamente el argumento de la autodeterminación que utiliza Londres para eludir las negociaciones, contradiciendo la postura de la ONU.
Asimismo, el influyente abogado corporativo que comanda las Fuerzas Armadas de Chile relativizó los acuerdos firmados por su país en el marco del Mercosur, calificando a dichas declaraciones conjuntas como meros compromisos políticos "no obligatorios legalmente" y de carácter "parcial".
Respaldo a la ruta marítima comercial y desafío al Estado argentino
Lejos de tomar distancia de las polémicas logísticas en el sur del continente, el funcionario chileno blindó la operación mercantil proyectada entre Punta Arenas y el archipiélago. Al respecto, aseveró que la comunidad magallánica tiene "el derecho de ejercer el comercio" y que no ve ningún inconveniente en el desarrollo de esas actividades.
Esta definición oficial evidencia que el Palacio de La Moneda no pondrá obstáculos al primer zarpe previsto para noviembre de 2026 de la naviera Easter Island, el cual busca abastecer las exploraciones petrolíferas en la zona. Con este movimiento, se consolida una estrecha cooperación táctica con la corona británica en desmedro de la legislación argentina que busca sancionar el suministro a las actividades ilegales en el mar austral.
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Milei negó la recesión, denunció ‘7 intentos de golpe de Estado’ y dijo ‘deportar a 20 mil terroristas’
En una nueva entrevista grabada con el periodista Luis Majul tras su paso por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el presidente Javier Milei dejó varias definiciones económicas y políticas que rápidamente acapararon la atención pública, destacándose especialmente por cifras y afirmaciones de tinte disparatado sobre la historia argentina, la situación internacional y la dinámica local.
Uno de los pasajes más llamativos de la charla se dio cuando el mandatario repasó las supuestas trabas institucionales que debió enfrentar la historia reciente y su administración, combinando datos inverosímiles sobre seguridad nacional e internacional.
"Una de las cosas que yo expliqué es que en 40 intentos de proyectos de intentar derrumbar el equilibrio fiscal, los 7 intentos de juicios políticos que fueron siete intentos de golpes de Estado, los 10 mil terroristas que deportamos el año pasado y este año llevamos deportados 20 mil", expresó Milei.
La afirmación sobre las deportaciones masivas de "terroristas" generó inmediato desconcierto, ya que no estuvieron apoyados en registros oficiales ni antecedentes de operativos migratorios o de seguridad de semejantes dimensiones en la historia del país, despertando alguna sorpresa incluso en el periodista.
Consultado sobre la contracción de la actividad en ciertos rubros de la economía doméstica, el Presidente rechazó tajantemente que el país atraviese una recesión y graficó el momento económico con una polémica analogía sobre el cambio tecnológico. "Hay una desaceleración del ritmo de expansión", sostuvo.
"Cuando hay cambios estructurales hay sectores que se expanden y otros que se contraen. Suponga que está yendo a la quiebra una fábrica de televisores en blanco y negro, ¿usted se quejaría de eso y quisiera salvar ese sector? Es un disparate. Entonces, eso es una de las cosas que está pasando, que la economía está cambiando y una parte se queda atrás", argumentó el Presidente.
Por otra parte, Milei defendió el rumbo macroeconómico y aseguró que la actividad se encuentra en niveles históricos elevados, atribuyendo los cuestionamientos o datos negativos a una supuesta intencionalidad política de sus detractores.
"Vamos a estar promediando cuatro o cinco veces más que la historia argentina de los últimos 100 años. ¿Qué parte es que la Argentina no crece? Entiendo que cuando aparezca un número malo vayan y lo festejen por el odio que le tienen a este Gobierno, el odio que les genera que se equivocaron, pero además la deshonestidad intelectual, porque hoy el mundo sufre un shock de oferta negativo", aseguró el libertario.
De este modo, el jefe de Estado ratificó su hoja de ruta económica y minimizó los indicadores adversos, en un reportaje que volvió a dejar fuertes cruces discursivos y frases para el debate político.
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Visita de León XIV: el Gobierno confirmó los feriados
El Gobierno nacional estableció mediante el Decreto 1103/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, las fechas de los feriados previstos por la visita oficial del papa León XIV, programada entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026.
La medida dispone que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país. En cambio, el martes 10 tendrá alcance únicamente para la Provincia de Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 será feriado exclusivamente en la Provincia de Buenos Aires.
El decreto también declaró de interés nacional la visita del pontífice y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y organizativas vinculadas con su llegada al país. Para coordinar todos los preparativos, se creó además una unidad especial dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
La nueva estructura fue denominada Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el papa León XIV” y tendrá a su cargo la planificación, coordinación y conducción de las acciones necesarias para concretar la visita y cumplir con las obligaciones derivadas de ella.
Entre sus funciones estará coordinar las tareas de la Administración Pública Nacional relacionadas con el viaje, organizar integralmente las actividades, establecer prioridades y cronogramas y articular la participación de los organismos estatales necesarios para el desarrollo de los distintos eventos.
La unidad también deberá canalizar requerimientos vinculados con logística, infraestructura, seguridad, emergencias, protocolo y relaciones institucionales, además de identificar las necesidades de bienes, servicios y contrataciones.
Asimismo, tendrá facultades para impulsar, coordinar y realizar las contrataciones necesarias para las actividades relacionadas con la visita y aprobar los gastos correspondientes, con cargo al Presupuesto General de la Administración Pública Nacional.
