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Jubilaciones y obras públicas pagaron la mitad del superávit fiscal
17 de julio de 2024
La contracara social del superávit fiscal anunciado al cerrar el primer semestre fue que el recorte recayó sobre las jubilaciones, en un 28,9%, la obra pública 21,9% y los salarios (10,6%), principalmente.
El cálculo lo realizó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), sobre la base de datos recabados en la Oficina Nacional de Presupuesto y del INDEC.
El otro ítem que aportó el 16,2% al ajuste fueron los subsidios económicos, que implicaron una mayor carga tarifaria para los usuarios de servicios públicos.
Sin embargo, el mayor peso porcentual en términos reales de junio último fue para las transferencias a universidades (-95,1%), subsidios a la energía (-81,2%) y obra pública (-74,4%).
En relación con el Producto Interno Bruto (PIB), el superávit fiscal primario de enero a junio resultó del 1,1%, tras reportar en junio el sexto mes consecutivo de excedente primario financiero, según informó hoy el Ministerio de Economía.
«El sector público nacional registró seis meses consecutivos de excedente financiero por primera vez desde el 2008, acumulando en el año un superávit luego de intereses equivalente a aproximadamente 0,4% del PIB (…), de esta forma se continúa consolidando el ancla fiscal del programa de gobierno», informó la cartera económica a través de un comunicado.
El ministro de Economia, Luis Caputo, tuiteó que el superávit financiero se logró, además, atendiendo a los más vulnerables. Y comparó: «en 2023, déficit fiscal, emisión monetaria y ajuste bestial en jubilaciones y AUH; en 2024, superávit financiero récord y con aumentos reales en jubilaciones y AUH.
Otra versión del ajuste. Los números que extrajo CEPA de las cuentas oficiales dan otra versión del ajuste en el primer semestre: recayó en 28,9% sobre las jubilaciones. Otro 21,9% es explicado por el recorte de la obra pública y 16,2% se debió al recorte de subsidios (transporte, luz, agua y gas), lo que se tradujo en un incremento de lo que pagan los usuarios.
El diario norteamericano Los Angeles Times destacó que «la desaceleración de la inflación y el superávit financiero son el inevitable resultado de una caída del consumo y de la licuación de ingresos de jubilaciones y salarios por las medidas de ajuste».
Y mencionó las proyecciones de los expertos, que dan cuenta de un aumento de la pobreza y de la desocupación en la primera parte de este año.
En ese aspecto, sobre la base de información de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) referida a la Seguridad Social, el instituto económico de orientación peronista toma la cantidad de empleadores y empleados entre noviembre del año pasado, mes en el que se celebró el balotaje, y abril de este, ya bajo el mandato de Javier Milei, y extrae como conclusión que se perdieron 7860 empresas y 170.675 trabajadores registrados en este lapso.
Los principales afectados por la reducción de casos de empleadores, en los primeros cinco meses de la gestión de Milei, han sido las empresas de hasta 500 trabajadores/as: 99,5% del total de los casos (7.820 empresas menos).
Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 500 trabajadores/as explican sólo el 0,5% (40 casos).
En términos relativos, se redujo 2,22% la cantidad de empleadores de más de 500 trabajadores/as, mientras que disminuyó 1,53% la cantidad de empleadores de hasta 500 trabajadores/as.
Cuando se analiza la caída del empleo registrado por tamaño de empresa se observa que durante los primeros meses de la gestión de Milei la expulsión de trabajadores se concentró en las empresas de mayor porte: 74% de la pérdida de empleo (-126.244 trabajadores registrados) se focalizó en empresas de más de 500 trabajadores.
Del desglose surge un notable desbalance en la distribución de empleadores y puestos de trabajo, ya que en los cinco meses que van entre noviembre de 2023 y abril de 2024, la reducción de personal por parte de las empresas con menos de 500 trabajadores/as fue sensiblemente menor: disminuyeron sus puestos de trabajo en 44.451 casos, explicando el 26% el total.
Mayor porcentaje de alza en entradas que en salidas. En el sexto mes de año, los ingresos del sector público mejoraron 216,6% interanual, contra un incremento del gasto primario del 140,7% interanual.
La mayor recaudación tributaria determinó un 226,7% de aumento, principalmente por efecto de los aportes a la seguridad social y a la variación del Impuesto Pais, tributo aplicado a la compra de divisas, importaciones de algunos servicios y pagos en el exterior.
Las erogaciones se explican en que más de 207% de las prestaciones de la seguridad social fueron como consecuencia del impacto de la fórmula jubilatoria, que adecuó estos ingresos a la evolución de la inflación en el país, aunque sin recuperar el saque inicial que causó la devaluación en los haberes. (NA)
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Chau equipaje de mano gratis en Aerolíneas
La empresa Aerolíneas Argentinas anunció un cambio en su política tarifaria. Desde este lunes, los pasajes más económicos para vuelos nacionales dejarán de incluir equipaje de mano gratuito.
A partir de ahora, quienes compren tarifas “base” o “promo” solo podrán llevar un artículo personal, como una mochila o bolso pequeño, de hasta 3 kilos. El equipaje de mano tipo carry on, de hasta 8 kilos, pasará a ser un servicio adicional pago.
La medida rige únicamente para nuevos pasajes adquiridos desde su implementación y no afecta a quienes ya habían comprado sus tickets.
Desde la compañía explicaron que la decisión busca adaptar su esquema comercial a un mercado más competitivo, especialmente frente a las aerolíneas de bajo costo.
“El objetivo es ofrecer una tarifa que compita con las low cost, que separan el precio del pasaje del costo del equipaje”, señalaron fuentes de la empresa.
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Fin de una era: Rematan predios ferroviarios
El Poder Ejecutivo autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a vender 21 inmuebles del dominio público, entre ellos un terreno en Palermo ubicado sobre Avenida Libertador, entre Cerviño y Bullrich. El Ministerio de Economía desafectó el uso ferroviario de ese lote y consignó que tiene 3.014 m².
Según el decreto 322/2026, publicado en el Boletín Oficial, la venta persigue reducir gastos de mantenimiento y aportar recursos frescos al Estado. El texto sostiene que la operación buscará “impulsar actividades productivas” y remarca que los activos “se encuentran ociosos” para así ahorrar costos que podrían evitarse si se concreta la disposición.
Además del terreno en Palermo, la medida lista inmuebles en varias provincias. En la provincia de Buenos Aires se incluyen dos predios en Salazar (Daireaux), tres en Mariano H. Alfonzo (Pergamino), cinco en Barrow (Tres Arroyos) y uno en Pablo Podestá (Tres de Febrero), todos destinados a subasta pública.
En Chubut se ofrecen dos sectores en Esquel, lindantes al río Los Bandidos, mientras que en Córdoba aparecen tres lotes sobre la costanera del Embalse Río Tercero, en el departamento Calamuchita. En La Pampa se detallan tres predios que integran el cuadro de la estación Lonquimay.
Misiones completa la nómina con un inmueble en la localidad de Candelaria, ubicado sobre la calle Fray Ruiz de Montoya. El decreto explica que las auditorías detectaron falta de uso específico, uso indebido o subutilización, por lo que se impulsó la disposición de estos bienes estatales.
El predio porteño, además de su situación sobre la traza ferroviaria Retiro–Palermo del San Martín, aloja actualmente una sede del Renaper donde se tramitan DNI y pasaportes. La AABE será la encargada de organizar las modalidades y cronogramas de las subastas que permitan la enajenación de los inmuebles.
El Gobierno sostiene que la enajenación de esos bienes permitirá liberar cargas presupuestarias y favorecer el desarrollo de actividades productivas en los terrenos transferidos al sector privado. La operatoria será comunicada oficialmente con fechas y condiciones para quienes quieran participar de las subastas.
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Polémica por hospitales universitarios
La Universidad de Buenos Aires (UBA) advirtió que la atención en sus hospitales universitarios está en riesgo por la falta de financiamiento del Gobierno y advirtieron que en 45 días podrían dejar de funcionar si no se revierte la situación. Desde el Ministerio de Capital Humano rechazaron los planteos y aseguraron que las transferencias fueron realizadas.
Este martes, los directores de los seis hospitales de la UBA brindaron una conferencia donde aseguraron que Nación todavía no les envió los fondos asignados por el Presupuesto 2026
Se trata del Hospital de Clínicas, el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria. En conjunto, atienden a más de 700.000 personas por año.
“Lo único que pedimos es que nos paguen el presupuesto, que nos asignen el presupuesto que nos adeudan. Si esto sigue así, en un mes y medio, no sé si vamos a poder seguir prestando la atención a los pacientes”, relató el doctor y director del Instituto Lanari, Norberto Lafos.
Qué denuncia la UBA
El director del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo, agregó que la red sanitaria de la UBA está “atravesando una situación económica grave” debido a que en los últimos cuatro meses no recibió “ni siquiera un peso del presupuesto de funcionamiento hospitalario”.
“¿Qué significa esto? Que el hospital no puede comprar insumos, medicamentos ni pagar honorarios. Esto afecta la parte asistencial, porque tenemos que achicar el hospital, y eso significa reducir la cantidad de cirugías, los tratamientos médicos y los gastos”, advirtió.
De acuerdo con los datos que aportaron los directores médicos, los fondos para el funcionamiento deberían haberse enviado en enero, pero no los recibieron y aclararon que “se trata de los mismos montos del año pasado, es decir, no contemplan la inflación del 30% de 2025″.
“Como consecuencia, esto repercute drásticamente en las prestaciones. En este contexto, el Hospital de Clínicas está funcionando entre un 30% y un 50% de su capacidad. Si no se reciben fondos en los próximos días, las plantas hospitalarias se verán muy afectadas; estimamos que esto ocurrirá en los próximos 45 días”, alertó Melo.
El Gobierno, en cambio, afirmó que los fondos cercanos a $80.000 millones ya fueron girados y aseguró que es “inadmisible” que la UBA pretenda “apropiarse” de los recursos asignados a la totalidad de los hospitales universitarios.
“Un comunicado del Ministerio de Capital Humano dado a conocer luego de la conferencia de prensa reconoce que, a la fecha, aún no se ha transferido ni un solo peso de la partida específica destinada a gastos operativos de hospitales universitarios prevista en la Ley de Presupuesto 2026, impulsada por el mismo Poder Ejecutivo.
En ese sentido, el comunicado señala expresamente que, al mes de mayo, ‘el área aún debe contemplar su distribución eficiente’, refiriéndose a la partida de $79.763.113.948, lo que implica admitir que esos fondos todavía no fueron asignados ni transferidos a las universidades correspondientes”, respondió la UBA.
La respuesta del Gobierno
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, aseguró en un comunicado que los planteos de los seis hospitales de la UBA “son falsos”.
“El Gobierno transfirió mensualmente a esa universidad la totalidad de los créditos presupuestarios asignados por la Ley N° 27.798 de Presupuesto 2026, que incluyen la función salud, tanto para gastos en personal como para gastos de funcionamiento”, afirmó Pettovello.
Para el Ejecutivo, el reclamo de la UBA “apunta a obtener una asignación adicional sobre la partida ‘Hospitales Universitarios’ prevista en la planilla anexa al artículo 12 de la Ley N° 27.798, por un monto de $79.763.113.948″.
Según la cartera que encabeza Pettovello, la UBA pidió que se le asignen $75.371.896.068 de esa partida, lo que representa el 94,5% de un fondo destinado a todo el sistema universitario nacional.
“De aprobarse ese planteo, quedarían apenas $4.391.217.880 para el resto de los hospitales universitarios del país”, indicó.
“El Ministerio de Capital Humano considera inadmisible que, mediante amenazas de medidas de fuerza, una universidad pretenda apropiarse del crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales e imponer criterios de distribución de una partida que pertenece al sistema universitario completo y no a una sola institución”, concluyó el comunicado oficial.
