Martín Poderti, juez del Tribunal Oral Federal está siendo investigado por el faltante de unas monedas de oro incautadas en la época en la que era secretario de juzgado de San Isidro.

En las ultimas horas, personal dela Policía Federal Argentina junto a representantes de la Interpol irrumpió en el despacho dee Poderti, en el primer piso del edificio que la Justicia Federal posee en Luro y Santiago del Estero, en el marco de una causa radicada en el departamento judicial San Martín.

Al parecer, se investiga el faltante de unas monedas de oro incautadas en la época en la que Poderti era secretario del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Isidro, tras ser luego designado en el 2023 como juez en Mar del Plata.

Poderti, si bien estaba al tanto de la investigación, fue sorprendido por el personal policial. En su despacho, los auxiliares de la justicia se apoderaron del teléfono celular y su computadora personal y luego se dirigieron su automóvil Ford Focus. Se investiga un delito vinculado con la custodia de efectos y la orden de allanamiento fue emitida por el juez Emiliano Canicoba Corral, trascendió.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) rechazó el proyecto de Ley de Góndolas ingresado al Senado de la provincia de Buenos Aires y consideró que, en caso de ser aprobado, perturbará la operatoria de numerosas empresas e incrementará sus costos, con el consiguiente perjuicio para el consumidor final.

“Desde hace casi 100 años la CAC promueve los principios de iniciativa privada y libertad económica, en el convencimiento de que son esos los valores que generan el progreso, tal como lo deja en claro la experiencia internacional y la propia historia argentina”, afirma la entidad en un comunicado de prensa.

En esta línea, meses atrás celebró la derogación de la Ley de Góndolas a nivel nacional; y ahora “observa con franca preocupación el proyecto bonaerense”. 

Sin embargo, la entidad advirtió que coincide con diversos objetivos planteados en la iniciativa –como el de evitar prácticas distorsivas, promover el crecimiento de las pymes o alcanzar precios competitivos–, pero consideró que la herramienta propuesta es no solo incorrecta sino incluso contraproducente: “la excesiva injerencia en las relaciones comerciales más temprano que tarde deriva en escasez de productos y/o suba de precios, perjudicando a empresas y consumidores”, agregó.

Consideró además que el proyecto vulnera la libertad de comercio consagrada en la Constitución Nacional. “Si bien no es un derecho absoluto, resulta abusivo que mediante una ley se impongan condiciones de comercialización para solamente algunos de los actores que participan en las relaciones de consumo masivo”, indicó la entidad que conduce Mario Grinman.

“Nuestro país tiene un largo historial en políticas que, amparadas en fines loables, acaban por generar un severo daño. Las omnipresentes y excesivas regulaciones que se han ido estableciendo en Argentina –algunas con una complejidad tal que las hace virtualmente impracticables– representan un severo lastre para las pequeñas, medianas y grandes empresas afectadas, que limita sus posibilidades de crecimiento y, en no pocos casos, acaba por poner en riesgo su viabilidad”, agregó el comunicado. .

Sobre el final destacó que los argumentos ya esgrimidos tienen “un correlato adverso en el campo laboral, como así también en los indicadores sociales: sin un sector privado pujante no es posible crear empleo genuino ni generar la riqueza necesaria para superar los escandalosos niveles de postergación y pobreza que nuestro país registra”.

El exjefe de la Jefatura Departamental de Mar del Plata acusado por corrupción, José Luis Segovia, se encuentra alojado desde el lunes en la Unidad Penal 44 de Batán, donde permanecerá detenido hasta que la causa en la que está involucrado sea elevada a juicio

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Segovia, acusado por el fiscal general Marcos Pagella de ser el líder de una asociación ilícita mixta, fue trasladado en horas del mediodía del lunes a la cárcel para que cumpla allí con su detención bajo prisión preventiva. En ese lugar permanecerá hasta que la causa llegue a juicio, lo que podría demorar al menos hasta fin de este año, según mencionan medios locales.

Para la Fiscalía General, era inconveniente que Segovia tuviera “beneficios” en su detención: primero en la Estación Comunal de Policía de Balcarce, donde hubo mucha laxitud en sus condiciones de encierro, al punto que se formó una causa penal por haber recibido la visita del exsubcomisario Juan Pablo Velázquez cuando aún regía la incomunicación librada por la Justicia.

Tras ese incidente, el exjefe de la Departamental fue trasladado a la sede de la Policía Federal -ubicada en Sarmiento y Gascón- donde, para los investigadores, no era un lugar acorde para que esté por sus buenas relaciones con los integrantes de esa fuerza de seguridad.

Tras estos antecedentes, el juez de Garantías Daniel De Marco ordenó que Segovia fuera trasladado el lunes a la Unidad Penal 44 de Batán.

Pero esta medida que fue cuestionada por la defensa del imputado, a cargo del abogado Martín Bernat. El letrado, quien también había solicitado en su momento recusar a toda la Fiscalía General de Mar del Plata en la investigación, había pedido que se dejara sin efecto el traslado de Segovia por “la complejidad” que significa alojar al exjefe de la policía en la Alcaidía Penal Batán 44.

Además, el abogado defensor remarcó que “no existe” una cuestión de urgencia para trasladarlo. “No se nos ha corrido el traslado respectivo a los fines de expedirnos en relación con el lugar de alojamiento”, remarcó Bernat y agregó: “Pido se deje sin efecto el traslado inmediato, manteniendo el actual alojamiento hasta resolver la cuestión en forma definitiva”.

A pesar del planteo de la defensa, desde el lunes a la tarde Segovia se encuentra en la Unidad Penal 44 de Batán, donde permanecerá detenido -salvo que ocurra alguna medida excepcional, como una excarcelación extraordinaria- al menos hasta que el fiscal Pagella eleve la causa a juicio, lo que podría ocurrir a fin de año.