El Gobierno de Javier Milei anunció un recorte del 85% de la planta de lo que pertenecía al ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad en el marco de la baja de contratos estatales que se realiza de forma trimestral. 

Así lo comunicó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, lo que generó la rápida reacción de las trabajadoras que denunciaron el vaciamiento de las políticas públicas para combatir la violencia de género y exigieron la reincorporación de los trabajadores. 

“Hemos despedido al 85% de los empleados del ex Ministerio de la Mujer. Los restantes pasarán a cumplir funciones dentro de la órbita de la Dirección de Protección a la Familia, y asistirán a TODOS los argentinos que atraviesen una situación de violencia y riesgo”, especificó el funcionario nacional a través de su cuenta de X.

De inmediato, desde ATE hicieron público un comunicado en el que cuestionan la decisión de la administración libertaria y hablan de un vaciamiento del programa para combatir la violencia por motivos de género. 

“Denunciamos la disolución del organismo y que ya más del 80% de las trabajadoras fueron notificadas de la no renovación de sus contratos", se expresaron al respecto. 

Para las ex empleadas, "el Gobierno de Milei será el primero desde el retorno de la democracia que no tenga un organismo específico para trabajar las problemáticas vinculadas a género y diversidad, incumpliendo así los compromisos nacionales e internacionales en la materia, generando un gran retroceso en materia de Derechos Humanos”.

"Mientras tanto, las autoridades del Ministerio de Justicia se jactan en medios de
comunicación anunciando que habrá más despidos y se contradicen afirmando que darán cumplimiento a la normativa vigente, siendo esto imposible ya que las políticas públicas que lo hacían no se sostienen sin las trabajadoras y trabajadores especializados que están despidiendo", denunciaron respecto a los dichos de Cúneo Libarona

Asimismo, especificaron: “Incluso, desconocen la normativa, anunciando que se trabajará la ‘atención a personas en situación de violencia y riesgo’, desconociendo las especificidades reco nocidas por la Ley 26.485 de la violencia por motivos de género y pretendiendo equiparar las obligaciones que asume el Estado frente a cualquier delito, con las que asume tanto en nuestra Constitución como en acuerdos internacionales en materia de género”.

Según precisaron, resulta imposible garantizar la continuidad de la línea 144, creada para dar cumplimiento a la Ley 26.485 de Protección integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las mujeres que contaba con equipos interdisciplinarios especializados. "En la guardia que atiende el mayor número de llamadas provenientes de todo el territorio nacional, sólo quedaron dos trabajadoras haciendo imposible el cumplimiento de esta Ley", agregaron.

Además, aseguraron que el equipo interdisciplinario de la Dirección de Abordaje Integral de Casos de Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la integridad sexual también redujo su planta a tan solo dos trabajadoras.

"Existen actualmente más de 7.000 víctimas de violencia de género a nivel nacional que ya fueron registrados como de Altísimo Riesgo/Emergencia, y se encuentran a la espera de recibir la asistencia que garantiza el Programa Acompañar", detallaron las especialista, y agregaron: “Los equipos interdisciplinarios de este programa, que ya había sufrido despidos en diciembre y en marzo, se reducen aún más ahora, en un 50%".

El Programa Acercar Derechos también fue desmantelado en algunas provincias y en otras cuenta con guardia mínima. Lo propio sucedió con el Programa de Fortalecimiento del Acceso a Derechos para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero que, a partir de los despidos, funciona con una sola trabajadora.

“Denunciamos al presidente Javier Milei, al ministro Mariano Cuneo Libarona y a la subsecretaria Claudia Barcia como responsables políticos y materiales de este vaciamiento y todas las consecuencias que puedan producirse por el cierre de este organismo”, plantearon al tiempo que revelaron que avanzarán por la vía judicial.

El precio de los alimentos subió 0,9% en la cuarta semana de junio, acumulando en el mes una variación de 2,9%, según un estudio privado.

De acuerdo a este trabajo la correlación fue 1,3% en la primera semana, 0,6% en la segunda y 0,1% en la tercera.

Los datos corresponden un informe que divulgó hoy la consultora Analytica.

Este informe se suma a una serie de evaluaciones privadas que ubican a la inflación de alimentos de junio en torno al 3%.

El trabajo de LCG indicó que los alimentos en la última semana de junio habían aumentado 0,3% y en el mes había subido 3,1%.

Con la misma tendencia, un informe presentado por el economista Fernando Marull la ubicó en 2,8%.

Por su parte, para Econométrica los alimentos subieron 3% en el mes, pero indicó que en el mes la inflación fue de 5,2% producto de la suba de tarifas.

En tanto, para la Fundación Libertad y Progreso la inflación de junio fue de 5,4%.

“El aumento en relación al dato de mayo se debe al aumento en los regulados,  principalmente electricidad y gas. Mientras que la inflación núcleo continúa su desaceleración. Con esto, esperamos que en julio la medición vuelva a comenzar con un 4 adelante”, señaló el economista Lautaro Moschet.

El presidente Javier Milei ya anticipó que la inflación general de junio podría estar por encima del 4,2% de mayo.

En este resultado impactan las actualizaciones de las tarifas y el aumento de los combustibles.

Prepagas, alquileres y combustibles: todos los aumentos que llegan en julio

Hay incrementos programados para el séptimo mes del año que impactarán en el índice general de precios. Cuáles serán las subas más importantes que comenzarán a regir en los próximos días. 

Alquileres
Los inquilinos que firmaron un contrato bajo la Ley de Alquileres -que actualiza el precio anual a través del Índice de Contratos de Locación (ICL) que combina inflación y salarios- tendrán un aumento que rondará el 240%. Esta fórmula se aplica únicamente a los alquileres iniciados entre el 1° de julio de 2020 y el 17 de octubre de 2023.

Más allá de la derogación de la ley 27.551 con el mega DNU impulsado por la gestión de Javier Milei, los contratos en curso deben ser respetados hasta su fecha de vencimiento. Esto significa que mientras el acuerdo esté vigente, todos los términos y condiciones se mantendrán hasta el momento de su finalización.

Nafta y gasoil
Los precios de la nafta deberían aumentar 12,5% promedio y el gasoil un 10% este lunes 1° de julio. Eso si se aplica la actualización que el Gobierno vine postergando de los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que se traslada a los valores finales de manera directa. El Gobierno debe definir si traslada toda la actualización o, como en junio, la segmenta para frenar el impacto en precios. A esa suba, se sumará la decisión de las petroleras.

Prepagas
Después de la discusión judicial a raíz de la presentación que realizó el Gobierno, las empresas de medicina privada acordaron que desde julio los aranceles se ajustarán "libremente". Además, se comprometieron a devolver en 12 meses lo cobrado por encima de la inflación entre enero y abril.

De esta manera, para el séptimo mes del año al menos cuatro grandes empresas comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas rondarán el 6,7% y 8,5%.

Cable y telefonía
Las empresas comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de julio, llevarán a cabo un nuevo retoque de tarifas, con un incremento que rondará entre el 6 y el 9%, según el servicio y la operadora.