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Despiden al 85% del ex Ministerio de la Mujer y las trabajadoras denuncian vaciamiento
1 de julio de 2024
El Gobierno de Javier Milei anunció un recorte del 85% de la planta de lo que pertenecía al ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad en el marco de la baja de contratos estatales que se realiza de forma trimestral.
Así lo comunicó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, lo que generó la rápida reacción de las trabajadoras que denunciaron el vaciamiento de las políticas públicas para combatir la violencia de género y exigieron la reincorporación de los trabajadores.
“Hemos despedido al 85% de los empleados del ex Ministerio de la Mujer. Los restantes pasarán a cumplir funciones dentro de la órbita de la Dirección de Protección a la Familia, y asistirán a TODOS los argentinos que atraviesen una situación de violencia y riesgo”, especificó el funcionario nacional a través de su cuenta de X.
De inmediato, desde ATE hicieron público un comunicado en el que cuestionan la decisión de la administración libertaria y hablan de un vaciamiento del programa para combatir la violencia por motivos de género.
“Denunciamos la disolución del organismo y que ya más del 80% de las trabajadoras fueron notificadas de la no renovación de sus contratos», se expresaron al respecto.
Para las ex empleadas, «el Gobierno de Milei será el primero desde el retorno de la democracia que no tenga un organismo específico para trabajar las problemáticas vinculadas a género y diversidad, incumpliendo así los compromisos nacionales e internacionales en la materia, generando un gran retroceso en materia de Derechos Humanos”.
«Mientras tanto, las autoridades del Ministerio de Justicia se jactan en medios de
comunicación anunciando que habrá más despidos y se contradicen afirmando que darán cumplimiento a la normativa vigente, siendo esto imposible ya que las políticas públicas que lo hacían no se sostienen sin las trabajadoras y trabajadores especializados que están despidiendo», denunciaron respecto a los dichos de Cúneo Libarona
Asimismo, especificaron: “Incluso, desconocen la normativa, anunciando que se trabajará la ‘atención a personas en situación de violencia y riesgo’, desconociendo las especificidades reco nocidas por la Ley 26.485 de la violencia por motivos de género y pretendiendo equiparar las obligaciones que asume el Estado frente a cualquier delito, con las que asume tanto en nuestra Constitución como en acuerdos internacionales en materia de género”.
Según precisaron, resulta imposible garantizar la continuidad de la línea 144, creada para dar cumplimiento a la Ley 26.485 de Protección integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las mujeres que contaba con equipos interdisciplinarios especializados. «En la guardia que atiende el mayor número de llamadas provenientes de todo el territorio nacional, sólo quedaron dos trabajadoras haciendo imposible el cumplimiento de esta Ley», agregaron.
Además, aseguraron que el equipo interdisciplinario de la Dirección de Abordaje Integral de Casos de Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la integridad sexual también redujo su planta a tan solo dos trabajadoras.
«Existen actualmente más de 7.000 víctimas de violencia de género a nivel nacional que ya fueron registrados como de Altísimo Riesgo/Emergencia, y se encuentran a la espera de recibir la asistencia que garantiza el Programa Acompañar», detallaron las especialista, y agregaron: “Los equipos interdisciplinarios de este programa, que ya había sufrido despidos en diciembre y en marzo, se reducen aún más ahora, en un 50%».
El Programa Acercar Derechos también fue desmantelado en algunas provincias y en otras cuenta con guardia mínima. Lo propio sucedió con el Programa de Fortalecimiento del Acceso a Derechos para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero que, a partir de los despidos, funciona con una sola trabajadora.
“Denunciamos al presidente Javier Milei, al ministro Mariano Cuneo Libarona y a la subsecretaria Claudia Barcia como responsables políticos y materiales de este vaciamiento y todas las consecuencias que puedan producirse por el cierre de este organismo”, plantearon al tiempo que revelaron que avanzarán por la vía judicial.
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Las ventas minoristas pyme caen 3,2% interanual en abril
| La actividad minorista pyme registró en abril una contracción interanual del 3,2% a valores constantes. La evolución mensual evidenció una merma del 1,3%, consolidando una retracción acumulada del 3,5% durante el primer cuatrimestre del año. En cuanto al estado de los comercios, el 53,3% de los propietarios reportó estabilidad respecto al año anterior, cifra que representa un incremento de 2,5 p.p. sobre los valores de marzo. Este desplazamiento se origina en la disminución del segmento con percepción desfavorable, que se situó en el 39,6% frente al 42,2% del período previo.  Para el 49% de los encuestados (+1 p.p. vs marzo) la situación de cara a los próximos 12 meses se mantendrá en las mismas condiciones, mientras que el 37,2% aguarda una mejora (-2,5 p.p. mensual) y el 13,8% proyecta un retroceso. Sobre la disposición a invertir, el 58,7% considera que el contexto no es propicio para desembolsos, frente a un 12,6% que lo percibe de forma oportuna y un 28,7% sin definición.  El análisis por rubros ratificó la tendencia descendente con seis de los siete sectores en terreno negativo. Los retrocesos se localizaron principalmente en Bazar y decoración (-12,3%), Perfumería (-7,2%) y Ferretería, materiales eléctricos y para la construcción (-4,2%). El segmento de Farmacia constituyó la única excepción, con una variación positiva del 6,1%. El índice general de ventas minoristas informado por CAME mide las ventas realizadas por los comercios relevados bajo cualquier modalidad. Durante abril, se detectó que las ventas online realizadas por los comercios con local a la calle registraron un incremento interanual del 8% y una suba intermensual desestacionalizada del 0,7%. Sin embargo, ese desempeño no logró compensar la contracción observada en el índice general de las ventas minoristas de CAME.  El período cerró con una contracción mensual del 1,3%, profundizando el retroceso acumulado del 3,5% en lo que va del año. La actividad se orientó hacia rubros esenciales y de recambio estacional, bajo un comportamiento de compra marcado por la búsqueda de financiamiento y bonificaciones. El incremento en las erogaciones operativas y los servicios básicos limitó la capacidad de maniobra y la rentabilidad de los establecimientos pyme.En términos prospectivos, el 37,2% de los comerciantes prevé una evolución favorable para el próximo año. Sin embargo, la mayor parte de los encuestados (58,7%) posterga proyectos de inversión dada la inestabilidad en los valores de reposición y el bajo volumen de demanda interna. La recuperación del sector queda supeditada a la recomposición del ingreso real y a la normalización de la estructura de gastos fijos. |
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Prefectura controla 200 buques extranjeros en mar Argentino
La Prefectura Naval Argentina tras el paso de un fuerte temporal en el Atlántico Sur, coordina un estricto operativo de monitoreo sobre los buques pesqueros extranjeros que habían ingresado a aguas nacionales en busca de refugio.
Con la mejora de las condiciones meteorológicas en la región, las unidades iniciaron un abandono gradual de la Zona Económica Exclusiva (ZEEA) para retomar su navegación hacia las áreas de operación habituales en el mar, siempre bajo la mirada de la Autoridad Marítima nacional.
La Institución mantiene un seguimiento exhaustivo mediante el Sistema Guardacostas, una plataforma que procesa datos de identificación automática y posicionamiento que bajo el sistema AIS puede verificar, en tiempo real, las derrotas, velocidades y permanencia de cada embarcación.
Este control se complementa con el uso de imágenes satelitales de Radar de Apertura Sintética (SAR) provistas por la CONAE, tecnología que permite detectar la ubicación física de los buques incluso ante la nula visibilidad o condiciones climáticas adversas, blindando así la fiscalización de los espacios marítimos.
El despliegue incluyó además un patrullaje de largo alcance con el avión PA-22, que despegó desde Comodoro Rivadavia para sobrevolar el área de resguardo. Equipado con sensores especializados, el personal de la Fuerza pudo constatar de forma visual y electrónica que el contingente, integrado por 193 embarcaciones, incluyendo pesqueros y un buque frigorífico, se encuentra abandonando el área de jurisdicción nacional en condiciones seguras.
La flota monitoreada pertenece a una amplia variedad de banderas, destacándose unidades de China, Corea del Sur, Rusia, España, Vanuatu, Tanzania, Kenia y Liberia.
Con este operativo, que combina medios aéreos, vigilancia satelital y tecnología de posicionamiento, la Prefectura reafirma su compromiso con la soberanía marítima, la protección de los recursos naturales y la seguridad de la navegación en el Atlántico Sur.
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Aeronáuticos ratifican ante la OIT las denuncias contra Milei
Cuatro sindicatos del sector aeronáutico ratificaron y ampliaron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) las denuncias contra el Gobierno por “violaciones al derecho de huelga, el deterioro de las condiciones laborales y la persecución de los líderes sindicales”.
Los gremios que hicieron las presentaciones fueron la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA).
Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Pablo Biró (APLA), Rubén Fernández (UPSA) y Edgardo Llano (APA), reafirmaron su “compromiso inquebrantable” con la protección del derecho de huelga, reconocido como “una herramienta esencial de los trabajadores para defender sus derechos laborales, salariales y convencionales”.
Al respecto, Brey destacó el trabajo conjunto realizado desde el sector aeronáutico en la defensa de las condiciones laborales y de los derechos de todos los trabajadores del sector. En este sentido, afirmó que “sin derecho de huelga no hay libertad sindical plena” y que sin esta libertad “no es posible garantizar un trabajo digno”.
Además, repudió cualquier intento de utilizar la declaración de esencialidad, contenida en la Ley de Reforma Laboral, como “un mecanismo para restringir o limitar el ejercicio legítimo de la acción sindical”.
Y añadió: “La seguridad operacional y la prestación de servicios públicos no pueden ser justificativos para ignorar derechos fundamentales establecidos en la normativa nacional e internacional”.
