País
Disturbios en el Congreso
12 de junio de 2024
Diversas organizaciones sociales, piqueteras, de izquierda, peronistas, de derechos humanos, asambleas barriales y sindicatos protestan contra la Ley Bases, actualmente en debate en el Senado y ya aprobada por la Cámara de Diputados. Los activistas regresaron a la zona que había sido desalojado y hubo nuevos choques con las fuerzas de seguridad.
La esquina del Congreso de la Nación, en la intersección de Callao y Rivadavia, se transformó en un escenario de enfrentamientos entre un reducido grupo de manifestantes y fuerzas de seguridad desde minutos antes de las 16 horas.
Diversas organizaciones populares sociales, piqueteras, de izquierda, peronistas, de derechos humanos, asambleas barriales y sindicatos protestan contra la Ley Bases, actualmente en debate en el Senado y ya aprobada por la Cámara de Diputados. La intención es presionar a los senadores para que rechacen la iniciativa del Ejecutivo.
Alrededor del mediodía, los manifestantes bloquearon el tránsito en avenida Callao. Fueron desalojados, resultando en un detenido y cinco diputados opositores heridos por gases lacrimógenos. Dos horas después, los disturbios resurgieron.
En el mismo lugar, militantes de izquierda y otros sectores políticos comenzaron a arrojar piedras y bombas molotov contra la policía. La respuesta fue rápida: el camión hidrante intentó dispersar a los manifestantes y se escucharon detonaciones. La tensión creció, con cascotes y objetos contundentes volando por el aire.
Mientras los incidentes continuaban, en la Cámara de Senadores seguía el debate sobre el proyecto de ley que el Gobierno pretende aprobar hoy.
Entre los manifestantes se encontraban diputados del bloque de Unión por la Patria. Denunciaron que la acción policial fue violenta y cinco de ellos necesitaron atención médica. Cecilia Moreau confirmó que sus compañeros fueron trasladados al Hospital Santa Lucía y al Instituto del Quemado. Eduardo Valdés, Carlos Castagnetto, Leopoldo Moreau, Juan Manuel Pedrini, Carolina Yutrovic y Luis Basterra resultaron afectados, con Castagnetto hospitalizado.
Los organizadores de la protesta, que abarca un amplio espectro político, habían anticipado una concentración masiva y prometieron “desafiar” el despliegue de fuerzas federales ordenado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para hacer cumplir el protocolo anti piquetes.
Pasadas las 10 de la mañana, un grupo logró bloquear el tránsito en la avenida Callao, lo que llevó a la formación de las fuerzas de seguridad en la calle. A las 13.30, la policía intervino para desmantelar el piquete, generando momentos de tensión, como la llegada de Pablo Moyano con la columna de Camioneros.
Desde el Ministerio de Seguridad explicaron a Infobae que los jefes de las posiciones tenían órdenes de no responder provocaciones pero sí de hacer cumplir el protocolo. Tras los incidentes, se decidió vallar completamente la intersección de Callao y Rivadavia para evitar que más manifestantes se unieran a los enfrentamientos con la Policía Federal. Medidas similares se tomaron en otros puntos de la Plaza Congreso para dificultar el acceso de nuevos manifestantes.
Durante varios minutos, los piqueteros forcejearon con las vallas sin éxito. Las fuerzas federales se enfocaron en aislar las columnas reforzadas por nuevos manifestantes que, a las 14.30, se concentraban en la Avenida de Mayo.
La confrontación continuó con los activistas tratando de derribar las vallas y la policía usando gas pimienta para dispersarlos. La diputada de izquierda Celeste Ferro denunció que el operativo represivo confirmaba que el Senado estaba por aprobar una ley anti popular. Nicolás del Caño calificó los enfrentamientos como una “provocación armada”.
Desde el Comando Unificado, allegados a la ministra Bullrich afirmaron que la intención es hacer cumplir el protocolo y permitir que el derecho a la protesta se desarrolle sin incidentes. Bullrich advirtió que no se tolerarían actos de violencia como arrojar piedras o levantar baldosas.
Pasadas las tres de la tarde, la tensión disminuyó. Los jefes del operativo aprovecharon para instalar un segundo vallado a cien metros de Rivadavia y Callao, circunscribiendo al grupo más violento. Camiones hidrantes se posicionaron frente a la Plaza de Congreso como apoyo a las fuerzas de infantería.
A lo largo del día, los manifestantes llegaron en transporte público para evitar ser interceptados por la policía. Los sindicatos, por otro lado, utilizaron micros de larga distancia. Juan Grabois y otros líderes sociales convocaron a sus seguidores desde temprano en diversos puntos de la ciudad.
Con datos TN/UNO/Infobae
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CAMBIOS EN EL INDEC
El economista Marco Lavagna presentó este lunes su renuncia como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), una decisión que sacudió al organismo en la previa de un hito técnico clave: la publicación del primer Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado con la nueva metodología.
La salida fue confirmada por fuentes oficiales y se produce en un clima de “ruidos internos”, atravesado por el congelamiento salarial dentro del instituto y el consecuente malestar entre los trabajadores.
Desde ATE Indec manifestaron su preocupación por el momento elegido para el recambio. “Nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta la renuncia a ocho días de la salida del IPC con la nueva ponderación”, advirtió el delegado Raúl Llaneza, quien volvió a reclamar un “Indec independiente del poder político”.
Lavagna había asumido al frente del organismo el 30 de diciembre de 2019, al inicio de la presidencia de Alberto Fernández. Con pasado legislativo en el Frente Renovador, su perfil técnico le permitió sostenerse en el cargo incluso tras la llegada de Javier Milei y el giro político del Gobierno. Durante su gestión, el Indec continuó el proceso de normalización y consolidación de estadísticas públicas, preservando los estándares de transparencia recuperados luego de los años de intervención.
Su partida coincide con la puesta en marcha del renovado IPC, una actualización largamente postergada que busca reflejar con mayor fidelidad los hábitos de consumo actuales de los hogares argentinos. El nuevo índice adopta la clasificación Coicop 2018, que eleva a 13 las divisiones de relevamiento al incorporar “Seguros y servicios financieros”, y utiliza como base de ponderación la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, en reemplazo del relevamiento de 2004.
Entre los cambios más relevantes se destaca el mayor peso de Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles, cuya incidencia pasa de 9,4% a 14,5%. Esto implica que los ajustes tarifarios tendrán ahora un impacto más directo en el nivel general de inflación. Transporte también gana protagonismo, al subir de 11% a 14,3%, con mayor influencia de combustibles y boletos. Comunicaciones prácticamente duplica su ponderación, de 2,8% a 5,1%, reflejando la centralidad de internet y telefonía celular, mientras que Educación aumenta de 2,3% a 3,1%.
Otros rubros como Salud se mantienen relativamente estables, al pasar de 8% a 9,1%. En cambio, Alimentos y Bebidas reduce su peso del 26,9% al 22,7%, una modificación relevante si se tiene en cuenta que este capítulo explicó buena parte de la aceleración inflacionaria del último cuatrimestre de 2025. La nueva canasta también captura una mayor participación de alimentos procesados, donde pesan más los componentes industriales, logísticos y comerciales.
Prendas de Vestir y Calzado pierden relevancia (de 9% a 6,8%), mientras que Recreación y Cultura sube de 7,3% a 8,6%, en línea con un mayor gasto en esparcimiento.
En términos generales, los analistas señalan que el nuevo esquema puede arrojar registros más altos si los servicios aumentan por encima de los bienes, y una inflación más moderada en el escenario inverso. A modo ilustrativo, una suba del 10% en la carne habría sumado 1,07 puntos al IPC con la canasta anterior, contra 1,03 con la metodología actual. DIB
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Sin fondos: diciembre marcó record de cheques rechazados de la historia
La cadena de pagos del sector productivo nacional cerró 2025 con una señal de alarma financiera sin precedentes. Durante diciembre se alcanzó el récord histórico de cheques rechazados por falta de fondos, un dato que expone con crudeza la crisis de liquidez que enfrentan las empresas en todo el país.
Según un informe del Instituto Argentina Grande, elaborado a partir de datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el último mes del año se registraron 119.285 cheques rechazados, el número más alto desde que existen registros sistematizados sobre este indicador clave de la actividad económica.
Uno de los aspectos que más preocupa a los analistas es la velocidad del deterioro financiero. De acuerdo con el relevamiento, la cantidad de cheques sin fondos se triplicó en comparación con diciembre de 2024, lo que implica un aumento cercano al 200% interanual.
“Este indicador es un síntoma claro de la dificultad que tienen las empresas argentinas para cumplir con sus obligaciones”, señalaron desde el Instituto Argentina Grande. La dinámica, advirtieron, refleja una restricción severa de liquidez en la economía real, con impacto directo sobre la producción y el empleo.
La evolución mensual de los cheques rechazados muestra un quiebre marcado en la segunda mitad de 2025 y una aceleración abrupta hacia el cierre del año.
Período de estabilidad: entre 2020 y mediados de 2024, el promedio mensual de rechazos se ubicaba entre 25.000 y 35.000 cheques.
Inicio de la aceleración: a partir de mayo de 2025, cuando se registraron 41.759 rechazos, la curva comenzó a empinarse de manera sostenida.
Pico histórico: el último trimestre mostró una escalada sin freno, con 92.535 cheques rechazados en octubre, 108.979 en noviembre y el récord absoluto de 119.285 en diciembre.
Impacto sobre las PyMEs
El fenómeno golpea con especial dureza a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que utilizan el cheque de pago diferido como una herramienta central para financiar capital de trabajo y sostener la actividad cotidiana.
La multiplicación de cheques sin fondos no solo deteriora la confianza en la cadena de pagos, sino que además encarece el crédito comercial, profundiza los problemas de financiamiento y amplifica el riesgo de parálisis productiva en amplios sectores de la economía.
Una señal de alerta para 2026
El récord registrado en diciembre deja una señal clara sobre la fragilidad financiera con la que el entramado productivo argentino ingresó en 2026. En un contexto de bajo acceso al crédito y caída de la liquidez, la recuperación del financiamiento aparece como uno de los principales desafíos macroeconómicos para evitar un mayor deterioro de la actividad.
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Periodistas piden al Congreso que frene la derogación de su Estatuto
Más de tres mil periodistas de todo el país firmaron y difundieron este domingo una solicitada con un pedido claro: que el Congreso de la Nación rechace la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, una normativa histórica que rige desde mediados del siglo XX y que actualmente está en el centro del debate por la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo nacional.
El documento, que incluye firmas de profesionales de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales, señala que la eliminación del estatuto —junto con el del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas— implicaría un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática del país.
Quienes suscriben la solicitada advierten que estos estatutos consagran derechos individuales, profesionales y colectivos que protegen tanto a los trabajadores de prensa como al ejercicio mismo del periodismo, y destacan que su vigencia fue fundamental para establecer condiciones laborales, marcos de estabilidad y un mínimo de garantías profesionales.
El texto también subraya que, si bien los firmantes no se oponen a debatir una eventual modernización de las normas laborales del sector, rechazan de plano “cualquier derogación que se haga sin mediar un debate democrático en el que los periodistas tengan participación efectiva”.
La protesta se enmarca en el debate legislativo por el proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno, dentro del cual se encuentra el artículo que propone la supresión total del Estatuto del Periodista Profesional —la Ley 12.908— y del Estatuto del Empleado Administrativo.
Organizaciones periodísticas y gremiales de prensa también han expresado su preocupación por la posible eliminación de este marco estratégico, advirtiendo que su derogación puede debilitar derechos laborales, facilitar la precarización, erosionar la libertad de prensa y socavar herramientas que garantizan confidencialidad de fuentes o condiciones éticas mínimas para el ejercicio de la profesión.
Los firmantes incluyen nombres reconocidos del periodismo argentino, quienes llamaron a las y los legisladores a defender el estatuto vigente y a garantizar que cualquier discusión sobre su futuro se dé de forma amplia y con participación del sector afectado.
