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Ordenan cerrar 81 centros de atención de acceso a la justicia
12 de junio de 2024
La resolución del Ministerio de Justicia que ordena la disolución de 81 Centros de Acceso a la Justicia se publicó en el Boletín Oficial. Quedará sólo un Centro por provincia y se privilegiará la atención remota lo cual representa un gran retroceso en las posibilidades de acceder a la justicia de los sectores mas vulnerables.
El acceso a la justicia es un derecho humano reconocido internacionalmente y considerado además como instrumental, es decir, que permite el acceso a otros derechos. Comprende garantizar la efectividad de los derechos de todas las personas, lo que incluye no sólo poder acceder a acciones judiciales si no encontrar respuestas no judiciales, administrativas y alternativas a conflictos que afectan la vida diaria de las personas.
La decisión del Gobierno nacional de disolver 81 Centros de Acceso a la Justicia dejando uno por provincia, provoca un desmantelamiento del sistema de atención legal primaria vinculado a descentralizar y derribar las barreras geográficas que las personas más vulnerabilizadas enfrentan a la hora de acceder a la justicia. Diferentes organizaciones de la sociedad civil se expresaron en desacuerdo con esta medida.
Mediante la Resolución 178/2024 publicada en el Boletín Oficial se instruye a la Subsecretaría de Acceso a la Justicia a iniciar el plan de ordenamiento y mejoramiento de los Centros de Acceso a la Justicia dependientes de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia.
Se le ordena implementar un sistema eficiente de acceso a la justicia que dé una respuesta a la comunidad, reforzando aquellos canales de atención no presenciales actualmente disponibles sin que ello implique erogación presupuestaria alguna y se ordena a la subsecretaria de Gestión administrativa de dicho ministerio a tomar las medidas que resulten necesarias para efectivizar lo dispuesto en el artículo 1º de la presente medida, en lo que respecta a los recursos humanos y materiales afectados, e inmuebles correspondientes.
Entre los fundamentos, la resolución señala que se han tomado distintas medidas tendientes a ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar y reducir el gasto necesario y haciendo foco en los avances tecnológicos y en que, la ciudadanía puede acceder al mismo servicio que ofrecen los CAJ de forma totalmente digital y sin necesidad de concurrir de modo presencial a una dependencia estatal, razones por las cuales se “deviene necesario iniciar un plan de ordenamiento y mejoramiento de los citados CENTROS DE ACCESO A LA JUSTICIA, a los fines de mejorar el servicio con personal capacitado, con una estructura eficiente y una comunicación eficaz a los distintos lugares de las provincias y optimizar los recursos existentes”.
Se pretende reforzar los canales de atención no presenciales actualmente disponibles en el ámbito de esta cartera, sin que ello implique erogación presupuestaria alguna, por la cual se estima establecer un CENTRO DE ACCESO A LA JUSTICIA por cada provincia con una reducción sustancial del número actualmente existente.
En este sentido, se reforzará la atención de las líneas telefónicas 137 y 149, así como de las casillas de correo electrónico que a tal efecto se implementen, atendidas por un equipo de profesionales (abogados y psicólogos que se encuentran prestando funciones actualmente en el organismo), que oriente y brinde un servicio eficiente y eficaz a la ciudadanía en materia de Acceso a la Justicia en articulación con los diferentes organismos.
Repudio a la medida
Las organizaciones ACIJ – Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, INECIP – Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales, FUNDEPS, Capibara, Xumek, RAAC – Red Argentina de Abogacía Comunitaria, Curas Villeros, Andhes – Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales, Observatorio de justicia sanitaria y climática expresaron un repudio a la decisión nacional advirtiendo el grave retroceso.
“Desde hace 15 años, los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) se extienden como una política federal a lo largo de todo el país que acerca respuestas a toda la ciudadanía, pero en particular a los grupos más vulnerabilizados de la sociedad” señala el informe firmado por las organizaciones civiles.
“Es la primera línea de atención, situada en los territorios, que permite remover barreras históricas vinculadas a la distancia entre aquellas personas más vulnerabilizadas y las respuestas estatales que requieren” y junto a esto señalan que “Las instituciones tradicionales del sector justicia no se ocupan —o llegan muy tarde, de manera fragmentada y a través de caminos largos, rígidos, sinuosos, costosos y generalmente poco efectivos— de dar respuestas a muchos de los problemas que afrontan las comunidades más necesitadas. Frente a esto, contar con centros descentralizados, con un abordaje territorial, que puedan acompañar a las personas integralmente en la resolución de las necesidades que atraviesan es fundamental”.
Según datos de la página web del propio Ministerio, desde el 2016 al 2022, los Centros de Acceso a la Justicia atendieron más de 1.300.000 consultas.
“Lo primero que hay que decir es que no es posible constatar la cifra de 8 mil millones de pesos a la que hace mención el Ministerio de Justicia sobre el costo de mantenimiento de los CAJ. Sin embargo, es necesario destacar que, si ese fuera el número correcto, correspondería solo al 0.01% del gasto público. En términos comparativos, equivale, por ejemplo, al 8% de los beneficios fiscales que se le otorgaron a la empresa Mercado Libre en 2023 o al 0,18% de lo que Argentina pagó en servicios de la deuda externa hasta el momento”, expresa el pronunciamiento.
“La preocupación por la situación actual es transversal. Organizaciones de la sociedad civil y distintas personas e instituciones comprometidas con el acceso a la justicia coincidimos en la pérdida que significa la reducción de este servicio. En la actual situación de crisis socioeconómica estas políticas territoriales y centradas en las personas resultan un instrumento fundamental para el efectivo acceso a la justicia” concluye el comunicado de las organizaciones firmantes.
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Malvinas: polémica posición chilena
Las recientes declaraciones de Fernando Barros Tocornal, actual ministro de Defensa de Chile, encendieron las alarmas diplomáticas. El funcionario afirmó abiertamente que el Reino Unido es un país amigo que ejerce soberanía sobre las Malvinas, alineándose con la postura británica y distanciándose del histórico reclamo del Estado argentino.
La polémica postura de Chile sobre el conflicto por las Malvinas
Durante una entrevista concedida a Radio Polar de Magallanes, el jefe de la cartera castrense del gobierno de José Antonio Kast intentó ensayar un equilibrio formal, pero terminó dinamitando la postura histórica de apoyo irrestricto de su país hacia la Argentina. Barros Tocornal aseguró que, si bien apoyan el reclamo territorial, existe una situación de hecho donde se debe contemplar el derecho internacional "respetando la voluntad e interés de las personas involucradas".
Esta afirmación representa una grave confesión de alineación al mandato colonial. Al condicionar una solución a la voluntad de los isleños, el funcionario abraza directamente el argumento de la autodeterminación que utiliza Londres para eludir las negociaciones, contradiciendo la postura de la ONU.
Asimismo, el influyente abogado corporativo que comanda las Fuerzas Armadas de Chile relativizó los acuerdos firmados por su país en el marco del Mercosur, calificando a dichas declaraciones conjuntas como meros compromisos políticos "no obligatorios legalmente" y de carácter "parcial".
Respaldo a la ruta marítima comercial y desafío al Estado argentino
Lejos de tomar distancia de las polémicas logísticas en el sur del continente, el funcionario chileno blindó la operación mercantil proyectada entre Punta Arenas y el archipiélago. Al respecto, aseveró que la comunidad magallánica tiene "el derecho de ejercer el comercio" y que no ve ningún inconveniente en el desarrollo de esas actividades.
Esta definición oficial evidencia que el Palacio de La Moneda no pondrá obstáculos al primer zarpe previsto para noviembre de 2026 de la naviera Easter Island, el cual busca abastecer las exploraciones petrolíferas en la zona. Con este movimiento, se consolida una estrecha cooperación táctica con la corona británica en desmedro de la legislación argentina que busca sancionar el suministro a las actividades ilegales en el mar austral.
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Milei negó la recesión, denunció ‘7 intentos de golpe de Estado’ y dijo ‘deportar a 20 mil terroristas’
En una nueva entrevista grabada con el periodista Luis Majul tras su paso por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el presidente Javier Milei dejó varias definiciones económicas y políticas que rápidamente acapararon la atención pública, destacándose especialmente por cifras y afirmaciones de tinte disparatado sobre la historia argentina, la situación internacional y la dinámica local.
Uno de los pasajes más llamativos de la charla se dio cuando el mandatario repasó las supuestas trabas institucionales que debió enfrentar la historia reciente y su administración, combinando datos inverosímiles sobre seguridad nacional e internacional.
"Una de las cosas que yo expliqué es que en 40 intentos de proyectos de intentar derrumbar el equilibrio fiscal, los 7 intentos de juicios políticos que fueron siete intentos de golpes de Estado, los 10 mil terroristas que deportamos el año pasado y este año llevamos deportados 20 mil", expresó Milei.
La afirmación sobre las deportaciones masivas de "terroristas" generó inmediato desconcierto, ya que no estuvieron apoyados en registros oficiales ni antecedentes de operativos migratorios o de seguridad de semejantes dimensiones en la historia del país, despertando alguna sorpresa incluso en el periodista.
Consultado sobre la contracción de la actividad en ciertos rubros de la economía doméstica, el Presidente rechazó tajantemente que el país atraviese una recesión y graficó el momento económico con una polémica analogía sobre el cambio tecnológico. "Hay una desaceleración del ritmo de expansión", sostuvo.
"Cuando hay cambios estructurales hay sectores que se expanden y otros que se contraen. Suponga que está yendo a la quiebra una fábrica de televisores en blanco y negro, ¿usted se quejaría de eso y quisiera salvar ese sector? Es un disparate. Entonces, eso es una de las cosas que está pasando, que la economía está cambiando y una parte se queda atrás", argumentó el Presidente.
Por otra parte, Milei defendió el rumbo macroeconómico y aseguró que la actividad se encuentra en niveles históricos elevados, atribuyendo los cuestionamientos o datos negativos a una supuesta intencionalidad política de sus detractores.
"Vamos a estar promediando cuatro o cinco veces más que la historia argentina de los últimos 100 años. ¿Qué parte es que la Argentina no crece? Entiendo que cuando aparezca un número malo vayan y lo festejen por el odio que le tienen a este Gobierno, el odio que les genera que se equivocaron, pero además la deshonestidad intelectual, porque hoy el mundo sufre un shock de oferta negativo", aseguró el libertario.
De este modo, el jefe de Estado ratificó su hoja de ruta económica y minimizó los indicadores adversos, en un reportaje que volvió a dejar fuertes cruces discursivos y frases para el debate político.
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Visita de León XIV: el Gobierno confirmó los feriados
El Gobierno nacional estableció mediante el Decreto 1103/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, las fechas de los feriados previstos por la visita oficial del papa León XIV, programada entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026.
La medida dispone que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país. En cambio, el martes 10 tendrá alcance únicamente para la Provincia de Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 será feriado exclusivamente en la Provincia de Buenos Aires.
El decreto también declaró de interés nacional la visita del pontífice y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y organizativas vinculadas con su llegada al país. Para coordinar todos los preparativos, se creó además una unidad especial dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
La nueva estructura fue denominada Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el papa León XIV” y tendrá a su cargo la planificación, coordinación y conducción de las acciones necesarias para concretar la visita y cumplir con las obligaciones derivadas de ella.
Entre sus funciones estará coordinar las tareas de la Administración Pública Nacional relacionadas con el viaje, organizar integralmente las actividades, establecer prioridades y cronogramas y articular la participación de los organismos estatales necesarios para el desarrollo de los distintos eventos.
La unidad también deberá canalizar requerimientos vinculados con logística, infraestructura, seguridad, emergencias, protocolo y relaciones institucionales, además de identificar las necesidades de bienes, servicios y contrataciones.
Asimismo, tendrá facultades para impulsar, coordinar y realizar las contrataciones necesarias para las actividades relacionadas con la visita y aprobar los gastos correspondientes, con cargo al Presupuesto General de la Administración Pública Nacional.
