País
‘Si no hay respuesta podría venir un paro de 36 horas’
9 de mayo de 2024
El secretario general de Unión Ferroviaria, Rubén «Pollo» Sobrero, sostuvo que fue crítico de Alberto Fernández y Mauricio Macri, pero que con Javier MIlei «empeoró la situación»
A pocas horas de comenzado el segundo paro general contra el gobierno de Javier Milei, lanzado por la CGT y las dos CTA para este jueves, un dirigente sindical advirtió que si no hay respuestas podría venir «un paro de 36 horas».
Sobrero, sostuvo: “Yo siempre fui crítico también con la gestión de Alberto Fernández, que fue un desastre, y también con Mauricio Macri. Siempre dije que se estaba atentando contra los trabajadores. Pero ahora pegó un salto y empeoró la situación”.
En declaraciones a TN, remarcó con contundencia: “Si no hay respuesta con este paro de 24 horas, haremos otro de 36”. Y cuando fue consultado sobre qué les diría a quienes no pueden usar el transporte para ir a trabajar este jueves, dado que UTA adhiere a la huelga, el gremialista respondió: “Que miren la heladera”.
En otro tramo de la entreista, sostuvo: “De 262 artículos que tiene la Ley Bases, ninguna apunta a mejorar a la clase media ni para los trabajadores. Todo es a favor de los empresarios”.
El presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales este miércoles para dejar en claro su postura sobre el paro general que se realiza este jueves. Subió una imagen suya donde tenía una remera con la leyenda: “Yo no paro”. Y acompañó con la frase: «Viva la libertad, carajo».
Este jueves, a poco de comenzada la huelga, el mandatario nacional compartió en la red social X un posteo de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, donde le pedía a la población no sumarse a la huelga.
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Diputados debate Ley Malvinas
El recinto de la Cámara de Diputados abrirá este miércoles para sesionar en torno a un menú de proyectos impulsados por el Gobierno, entre los que se destacan la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
La sesión especial, pedida por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y por otros diputados del oficialismo, comenzará a las 12 del mediodía y se espera un largo debate que culminará a altas horas de la madrugada.
El temario también incluye los acuerdos de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, en materia de delitos de menores y de los delitos contra la integridad sexual, el Convenio de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio –AELC– y el Mercado Común del Sur –MERCOSUR–, y la enmienda al Protocolo de Montevideo.
Ley Malvinas
El oficialismo cuenta con los votos suficientes para aprobar en general el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, también conocido como "Ley Malvinas", pero podría sufrir la amputación de un capítulo entero que es resistido por sectores dialoguistas.
El jueves pasado el oficialismo intentó alinear a sus aliados en un encuentro a puertas cerradas en el Salón de Honor, y se llevó reacciones diversas: el PRO y la UCR se comprometieron a apoyar el texto con o sin modificaciones, mientras que Provincias Unidas, Argentina Federal y hasta la monobloquista radical Karina Banfi exigieron cirugía mayor en el capítulo 7 a cambio de los votos.
El oficialismo solamente prometió retoques menores, lo que maximiza el riesgo de que el capítulo entero sea guillotinado en la votación en particular.
Una vez que se vote en general, se pasará al desglose por capítulos y el 7 en particular necesita una mayoría especial de 129 votos para su aprobación porque propone, entre otros elementos, cambios al sistema electoral (aplica multas a extranjeros que financien campañas electorales).
Esa cantidad de votos no está garantizada y por ese motivo no se descarta que el Gobierno acepte a último momento quitar el capítulo para aglutinar respaldo amplio en torno al núcleo duro de sanciones a empresas petroleras que operan sin autorización argentina en el Atlántico Sur.
El capítulo también aplica penas por organizar o colaborar con operaciones de inteligencia a cuenta de un Estado extranjero contra la seguridad nacional argentina, por revelar secretos de Estado a un país extranjero, y por participar de campañas de sabotaje contra el Gobierno o la población nacional.
“Voy a ser reelecto”: Javier Milei volvió a pronosticar que tendrá un segundo mandato
A raíz de la lluvia de críticas que recibió en su momento el proyecto, el Gobierno aceptó dejar afuera de cualquier tipo de persecución penal o económica a la actividad diplomática, el ejercicio periodístico, la investigación académica y el lobby regulado.
El proyecto propone un régimen sancionatorio (penal y económica) por la explotación sin autorización argentina de recursos renovables y no renovables en la cuenca de Malvinas, con penas de hasta 20 años de prisión para directores, accionistas de empresas, socios y proveedores (se deja afuera a los accionistas con participaciones de hasta un 2% y los fondos de inversión con intervención indirecta en las operaciones).
Si bien esta parte de la ley es aceptada por la oposición dura, no sucede lo mismo respecto con el resto del proyecto, especialmente con la propuesta de aumentar de las competencias del Poder Ejecutivo para actuar ante la irrupción de una vagamente definida "amenaza externa".
Para el peronismo y la izquierda, el proyecto del Gobierno es un "caballo de Troya" que esconde una inédita concentración de poder en el Poder Ejecutivo para que tome medidas de excepción como si fueran normales.
Esto se refleja en las funciones que adquiere el Consejo de Seguridad Nacional, un órgano nuevo encargado de coordinar la estrategia unificada de seguridad, defensa e inteligencia estatégica que será presidido por el Presidente de la Nación e integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica.
A pedido de bloques aliados, el oficialismo aceptó ampliar la integración del Consejo con la incorporación como miembros no permanentes del presidente de la Cámara de Diputados, del presidente provisional del Senado y de gobernadores.
Entre sus funciones se encuentra la protección de infraestructuras críticas y podrá disponer medidas urgentes ante una amenaza externa grave, como por ejemplo restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, restringir importaciones y exportaciones y elevar temporalmente derechos aduaneros.
El protocolo para el derribo de aeronaves y hundimiento de buques y la autorización para que las Fuerzas Armadas puedan participar en "operaciones no convencionales" son algunos de los puntos más controversiales que se mantienen en pie en la reforma.
Este elemento es uno de los que más levanta críticas por el hecho de que se desdibuja la separación de las funciones y facultades entre las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, permitiendo que estas últimas se desempeñen en Seguridad Interior.
Una modificación que el oficialismo concedió a pedido del diputado Eduardo Falcone (MID) es la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento dentro del Congreso encargada de auditar y monitorear las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional.
Según se establece en el articulado, el Poder Ejecutivo deberá informar a la bicameral las medidas tomadas en el ámbito del Consejo en un plazo máximo de 48 horas.
Un punto polémico de la reforma es que le da rango legal al Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET) y habilita la inscripción de organizaciones en esa lista negra solamente si hay "motivos razonables para sospechar".
Para la oposición, los conceptos de "terrorismo" y "amenaza externa" aparecen en el proyecto con una definición muy laxa, sin precisión técnica y abren la puerta a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para perseguir la disidencia legítima y restringir libertades civiles y políticas.
Reforma del Banco Central
El otro tema que demandará varias horas de debate durante la sesión es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Al oficialismo no le dio la nafta para poder firmar en comisiones un dictamen insistiendo con la redacción original aprobada en Diputados, que establecía una suerte de cerrojo institucional para que en un futuro no viniera una administración de otro signo político y pudiera remover directores con facilidad y volver a "prender la maquinita" de la emisión "inflacionaria".
Aquella media sanción establecía el requisito de una mayoría de las dos terceras partes de los votos en ambas cámaras para poder remover directores del Banco Central.
El Senado corrigió ese mecanismo y lo reemplazó por una mayoría absoluta únicamente del pleno de la Cámara alta para poder sacar integrantes del directorio.
Después de amagar con volver al proyecto original, el oficialismo en Diputados tuvo que aceptar a regañadientes los cambios aplicados en el Senado, que le quitan a Diputados voz y voto en la designación y remoción de funcionarios del Banco Central.
Al margen de los cambios en el mecanismo de integración del directorio y de las mayorías necesarias para incorporar o remover a sus miembros, el proyecto de reforma de la Carta Orgánica busca consolidar como principio rector la idea de "emisión cero".
Para el Gobierno, no alcanza con sanear el balance del Banco Central en la actualidad si una gestión futura puede "volver a prender la maquinita" y generar inflación.
De esta manera, la iniciativa elimina la multiplicidad de propósitos que estaba presente en la ley 26.739 de 2012, sancionada a instancias del gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, para pasar a un modelo de mandato único: la preservación del valor de la moneda, prohibiendo el financiamiento al Tesoro. NA
Foto Gentileza Agencia NA (DANIEL VIDES)
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Yerba mate y vino, 30 y 45 meses en rojo
Ocho de las 19 economías regionales que sigue la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) continúan en rojo, según su último Semáforo: la yerba mate acumula 30 meses en esa zona y la vitivinicultura, 45.
El tablero casi no cambió respecto de agosto: cinco actividades están en verde, seis en amarillo y ocho en rojo. La única novedad fue la de las hortalizas, que salieron de la zona crítica por una mejora en su rentabilidad. Además de yerba y vino, están en rojo el arroz, el mosto, el algodón, la leche, la mandioca, la actividad forestal y los cítricos dulces.
La paradoja yerbatera
Pese a que el consumo interno subió a 6,2 kilos por habitante por año y las exportaciones crecieron 10%, hasta US$132 millones, la tonelada de hoja verde se paga alrededor de $280.000, lo mismo que un año atrás. Con una inflación interanual de 33,4%, eso implica una pérdida real cercana al 25%, y la participación del productor en el precio final cayó al 16%, frente a un promedio histórico del 21%.
Un relevamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate estimó que producir un kilo de hoja verde cuesta $473,70, mientras que los secaderos pagaban entre $240 y $300.
Desregulación y reclamos
El sector atribuye parte del problema a la desregulación: el DNU 70/2023 y el decreto 812/2025 quitaron al instituto la facultad de fijar el precio de la materia prima. El ministro Federico Sturzenegger sostiene que el organismo debe ocuparse de la calidad y la promoción. En Misiones, el ministro del Agro, Facundo López Sartori, calculó que la economía yerbatera perdió más de $1,44 billones desde diciembre de 2023.
En el caso del vino, la actividad no sale de la zona crítica desde enero de 2023 y, desde 2018, estuvo en rojo en siete de cada diez meses.
Leé también: En Argentina cayó el consumo de la yerba y la carne, pero el vino resistió
Fuente: Coninagro
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‘Hay que cambiar el chip’, sin odio ni lenguaje violento
En el vuelo de regreso a Roma, León XIV habló de una polarización «intencionalmente provocada» y alimentada por algoritmos, y contó cómo fueron sus charlas con Milei.
El papa León XIV pidió «cambiar el chip» en la Argentina y apuntar al diálogo, durante la conferencia de prensa que ofreció a bordo del avión que lo llevó de Lima a Roma al cierre de su gira por Uruguay, Argentina y Perú.
«Va a haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento», dijo el Pontífice ante unos 80 periodistas, según relataron La Nación e Infobae. También advirtió que la polarización no es casual: habló de una sociedad que se dejó llevar por algoritmos y de una grieta que, en muchas situaciones, fue «intencionalmente provocada».
CON MILEI
León XIV repasó sus reuniones con el presidente Javier Milei y aclaró que su mensaje no es político ni de derecha ni de izquierda. Contó que conversaron sobre su encíclica Magnifica humanitas, sobre economía y sobre el respeto por el ser humano en todas sus etapas, y que lo animó a «tomar más en consideración, sobre todo, a los más necesitados dentro de la sociedad argentina».
El Papa destacó además la apertura del mandatario a escuchar ese mensaje, tanto en la llegada como en la despedida. Recordó que Milei y Francisco representaban «líneas políticas muy distintas» y, sin embargo, se llevaban bien. Prefirió no responder por qué Francisco no viajó a la Argentina durante su pontificado.
Desde la doctrina social de la Iglesia, planteó la necesidad de una distribución más equitativa de la riqueza para evitar fenómenos como la reducción o eliminación de la clase media, y de fortalecer a la clase obrera para que pueda vivir con más dignidad. Pidió además que la dirigencia política trabaje unida para mejorar las condiciones de vida de todo el pueblo.

