País
Enero cierra con el superávit más fuerte en 16 años y analizan bajar impuestos
12 de febrero de 2024
El oficialismo podría hacer uso de decretos y facultades delegadas para reducir la presión impositiva a través de múltiples medios, aprovechando el robusto resultado fiscal del primer mes del año.
Hacia el primer mes de 2024, las cifras preliminares correspondientes al resultado fiscal del Sector Público Nacional (SPN) de enero anticipan un fuerte superávit, el más importante para el mes de enero desde el año 2008. La estacionalidad positiva propia del mes influyó en el resultado, así como el importante esfuerzo de ajuste fiscal ejecutado por el ministro de Economía, Luis Caputo.
El saldo acumulado de los últimos 12 meses continúa siendo fuertemente negativo, pero poco a poco la política fiscal del oficialismo tuerce el rumbo hacia la normalización de las finanzas públicas y la llegada al déficit financiero cero.
Bajo este esquema, y con un superávit que al menos en enero permitió no solamente cubrir todos los gastos del Sector Público Nacional si no que además permitió pagar todos los intereses de deuda, el Gobierno entiende que tiene un margen para empezar con la reducción de la presión impositiva sin comprometer la disciplina fiscal.
Pese al rechazo de la Ley Bases en el Congreso, el oficialismo cuenta con una serie de herramientas legales para poder avanzar con la reducción del alcance de los impuestos. En primer lugar, por el propio diseño del Impuesto PAIS este tributo se encuentra dentro de la esfera del Gobierno nacional, y puede ser modificado a discreción.
Asimismo, las retenciones a las exportaciones (cualquiera de ellas) forman parte de las facultades delegadas en el Poder Ejecutivo desde hace décadas, y nuevamente el Gobierno tendría la llave de reducirlas o eliminarlas si así lo considera conveniente.
Y pese a que los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) no permiten maniobrar en materia impositiva, el oficialismo cuenta con cierto margen para modificar el Impuesto a las Ganancias, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el impuesto de Bienes Personales.
IVA
La legislación existente del IVA autoriza al Poder Ejecutivo a poder rebajar o subir la alícuota general en un 25% (un rango de 5 puntos porcentuales en cada sentido), por lo que cualquier gobierno podría subir el IVA a al 26% o bajarlo al 16% simplemente poniendo una firma en un papel.
Lo mismo ocurre con la tasa superior del 27% que existe actualmente para el IVA y que se aplica sobre ciertos bienes y servicios seleccionados, como por ejemplo la electricidad y el gas. Podría reducirse a 22% con el accionar de la pluma.
El Gobierno tiene margen de maniobra, si así lo quisiera, para alterar la presión impositiva sobre las tarifas de los servicios públicos en relación al IVA, así como también alterar la presión fiscal sobre los alimentos y una amplia gama de productos de consumo masivo
Impuesto al cheque
De la misma manera, por el diseño existente del Impuesto al Cheque, el Gobierno se ve facultado para disminuir la alícuota actualmente fijada en el 0,6% sobre todas las transacciones alcanzadas.
La ley fija un techo de tasa, pero no un piso, por lo que podría llevarse a un valor infinitesimal que sea despreciable fiscalmente. También resulta perfectamente factible ampliar el cómputo del pago a cuenta del impuesto sobre los débitos y créditos al IVA, y lo mismo ocurre para el caso de las contribuciones patronales y el impuesto a las Ganancias
Ganancias
La modificación del impuesto a las Ganancias en sí mismo resulta un proceso más complejo que debe atravesar el Congreso, pero el Poder Ejecutivo se reserva la posibilidad de alterar ciertos componentes de las deducciones para bajar la presión fiscal efectiva sobre los contribuyentes.
Resulta posible alterar la deducción por seguros para casos de muerte, seguros mixtos y seguros de retiro privado, por lo que se podría hacer que cualquier persona que pague uno de estos seguros vea fuertemente reducida su carga de Ganancias.
También es posible actualizar los límites nominales de deducción por gastos en combustibles, lubricantes, patentes, seguros, reparaciones ordinarias y otros gastos de mantenimiento, nuevamente, haciendo que los trabajadores puedan reportar estos gastos para quedar eximidos del tributo.
Asimismo, el Gobierno podría modificar a discreción el régimen establecido por la Resolución General 830 del impuesto a las Ganancias, actualizando por inflación los montos mínimos no sujetos a retención (muchos de los cuales permanecen intactos desde diciembre de 2019).
De esta manera, depende pura y exclusivamente del Presidente cuánta gente paga este impuesto. Si bien no se pueden modificar las alícuotas de Ganancias, sí se puede hacer con tan solo una firma que menos gente lo pague, o que se actualice de tal forma que la inflación no aumente la base imponible mes a mes.
País
Marcha de sindicatos por la Reforma Laboral
Agrupaciones sindicales y sociales convocaron para este jueves a las 15 una movilización hacia Plaza de Mayo en rechazo al proyecto de ley de Modernización Laboral impulsado por el oficialismo. La concentración está prevista en la intersección de la avenida Carlos Pellegrini y Juan Domingo Perón, desde donde las columnas marcharán hasta la Plaza de la City porteña.
La protesta también incluirá cuestionamientos al Presupuesto, al considerar que no contempla las leyes de pediatría, discapacidad y financiamiento universitario aprobadas por el Congreso. Según informó días atrás la agencia DIB, el gobernador Axel Kicillof confirmó que el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que conduce, acompañará la jornada de protesta.
La CGT ratificó la convocatoria tras una reunión de su Consejo Directivo, integrado por el triunvirato conformado por Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros). A su vez, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó su participación y anunció un paro nacional. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la reforma laboral y el Presupuesto “terminarán de aniquilar a las provincias” y llamó a profundizar las protestas en los distritos provinciales.
También participarán de la movilización las dos centrales de la CTA-la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma- junto con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). El secretario general de la CTA-A, Hugo Godoy, señaló que el proyecto oficial tiene un carácter “regresivo” en relación con los derechos laborales.
Por su parte, el titular de la CTA-T, Hugo Yasky, afirmó que en distintos países del mundo las reformas laborales apuntan a mejorar las condiciones de trabajo, regular a las empresas de plataformas, otorgar nuevas licencias, reducir la jornada laboral y garantizar la igualdad de género.
A la convocatoria también se sumarán los trabajadores del Hospital Garrahan nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), quienes confirmaron su adhesión en defensa de los derechos laborales y de la salud pública. Asimismo, movilizarán los gremios universitarios
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Presupuesto 2026 con la media sanción en Diputados
Tras una sesión que se extendió por casi diez horas y concluyó pasada la medianoche, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley de Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno de Javier Milei
La iniciativa obtuvo 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones, y quedó en condiciones de ser girada al Senado, aunque la votación en particular continuaba durante la madrugada y se anticipaban rechazos parciales a algunos artículos sensibles.
La Libertad Avanza consiguió el respaldo de sus principales aliados parlamentarios: el PRO, la UCR, Innovación Federal, el MID y bloques provinciales que responden a distintos gobernadores. En contraposición, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra del proyecto, mientras que Provincias Unidas optó por la abstención, aunque tuvo un rol clave al inicio de la jornada para alcanzar el quórum.
El debate estuvo atravesado por una fuerte controversia en torno al artículo 75, que deroga las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario. Ese punto se convirtió en el eje de los cuestionamientos opositores, que acusaron al oficialismo de “blindar” el artículo al incluirlo dentro del capítulo 11, junto con otras disposiciones sensibles para distintas fuerzas políticas.
A pedido del PRO, el Gobierno incorporó en ese mismo capítulo el cumplimiento de los actos procesales ordenados por la Corte Suprema en el reclamo por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, así como la transferencia de 21.347 millones de pesos del máximo tribunal al Consejo de la Magistratura. Para la oposición, se trató de una maniobra para condicionar apoyos y evitar deserciones en la votación en particular.
“Es una extorsión”, lanzó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, mientras que el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, calificó la estrategia como una “perversidad” y denunció un intento de presión sobre el Poder Judicial. “Meten todo en el capítulo 11 para que nadie se pueda despegar del artículo 75”, sostuvo el santafesino, quien fue aún más duro al advertir que se buscaba condicionar a los jueces para que “ni se les ocurra cuestionar la votación”.
Desde el oficialismo, la diputada libertaria Silvana Giudici rechazó las acusaciones y respondió con dureza: “Dejen de hacer terrorismo, no hay ninguna trampa”. En la misma línea, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, defendió el proyecto y destacó como principal virtud el “equilibrio fiscal”, al que definió como la “piedra angular” del programa económico de Milei. “Hace 120 años que la Argentina no tiene superávit fiscal. Este presupuesto es el camino hacia el país que siempre soñamos”, afirmó.
El proyecto prevé un crecimiento del 5% del PBI para 2026, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio oficial que rondaría los 1.423 pesos en diciembre del año próximo. Además, estima un superávit primario del 1,5% del PBI y uno financiero del 0,2%, con exportaciones en alza del 10,6%. Desde la oposición, sin embargo, cuestionaron la consistencia de esas proyecciones y las calificaron de “ilusorias”, al advertir que subestiman la inflación y el valor del dólar.
La sesión también estuvo marcada por el debate reglamentario sobre la modalidad de votación en particular. El oficialismo logró imponer, con apoyo de sus aliados, que se vote por títulos completos y no artículo por artículo, una decisión que fue interpretada como un intento de impedir que algunos bloques acompañen el presupuesto en general pero rechacen el artículo 75. La moción se aprobó por 130 votos a 112.
Durante el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, sostuvo que “es un principio moral no gastar más de lo que se tiene” y defendió la reducción del gasto público como condición necesaria para bajar impuestos. Desde el peronismo, en cambio, Agustín Rossi advirtió que el texto “profundiza el ajuste, deprime el consumo y destruye el entramado industrial”.
En paralelo al tratamiento parlamentario, la Casa Rosada desplegó una intensa negociación con gobernadores aliados, que incluyó el reparto de Aportes del Tesoro Nacional y compromisos políticos, como la inclusión de los fondos adeudados a la Ciudad de Buenos Aires por coparticipación, uno de los reclamos centrales del PRO.
Con la aprobación en general, el Gobierno dio un paso clave para convertir en ley el Presupuesto 2026, el primero de la gestión Milei tras dos años de prórrogas del esquema heredado de 2023. El desafío inmediato será superar la votación en particular y luego repetir el respaldo en el Senado, donde el oficialismo buscará sancionar la norma antes de fin de año, en un clima político que promete seguir cargado de tensión. DIB
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Se lleva la motosierra
El presidente Javier Milei mantuvo este mediodía una reunión en la Casa Rosada con José Antonio Kast, presidente electo de Chile, en un encuentro que funcionó como señal inicial de entendimiento político entre ambos mandatarios y que abre una nueva etapa en el vínculo bilateral tras la administración de Gabriel Boric.
En tanto, el secretario de Política Económica, José Luis Daza, confirmó esta tarde que recibió un ofrecimiento y podría irse a Chile como funcionario del electo mandatario chileno José Antonio Kast, quien hoy visitó al presidente Javier Milei.
ALIANZA ESTRATÉGICA
Desde el entorno presidencial argentino explicaron que la cita tuvo como finalidad establecer las bases de la futura relación entre Milei y Kast como jefes de Estado, con la expectativa de consolidar un eje de cooperación regional. En el Gobierno destacan las afinidades ideológicas entre ambos dirigentes, especialmente en torno a principios como la libertad individual, la defensa de la propiedad privada y una agenda de valores compartidos.
Previo a su ingreso a la Casa de Gobierno, Kast optó por mantener un perfil bajo frente a la prensa, aunque se tomó unos minutos para saludar a simpatizantes argentinos y chilenos que se acercaron a las rejas de Balcarce 50, con quienes intercambió palabras, firmó autógrafos y accedió a sacarse fotografías.
Antes de viajar a Buenos Aires, el mandatario electo chileno remarcó públicamente su vínculo previo con Milei y subrayó su interés en conocer de primera mano la experiencia argentina en materia económica y de seguridad. En particular, mencionó los avances en la reducción de la inflación, la baja de la pobreza extrema y las políticas contra el crimen organizado como aspectos de los que Chile podría tomar nota.
La visita de Kast incluyó además un almuerzo con referentes del sector empresarial en el Hotel Intercontinental y una reunión en la Embajada de Chile en la Argentina con el embajador José Antonio Viera-Gallo. Su regreso a Santiago estaba previsto para la noche, aunque su agenda permanecía abierta a eventuales actividades adicionales.
