País
Ultimo mensaje presidencial
8 de diciembre de 2023
El presidente Alberto Fernández subrayó que “no es razonable pensar en un ajuste que detenga nuestra producción y restrinja el empleo y el consumo», tras señalar que en 2024 ingresarán al país unos 35.000 millones de dólares por «exportaciones agrícolas, ganaderas, de gas y de litio»
En un mensaje a la población grabado en la mañana de hoy en el Patio de las Palmeras de Casa Rosada y emitido por cadena nacional a dos días del traspaso del poder al presidente electo, Javier Milei, el jefe de Estado destacó que «gracias al gasoducto que construimos, dejaremos de gastar 5 mil millones de dólares para importar gas licuado» y sostuvo que «de aquí hasta el 2030 las estimaciones marcan que las exportaciones sumadas de bienes y servicios crecerán el 80%».
«Debemos cuidar que bajo el argumento de querer resolver el problema fiscal no se vulneren los derechos de los que trabajan ni se frustren las aspiraciones de los que invierten y producen», advirtió Fernández.
El Presidente reconoció, por otra parte, que «no se alcanzaron los objetivos» propuestos en lo relativo al «fortalecimiento del ingreso, la lucha contra la inflación y la disminución de la pobreza», y consideró que «las circunstancias y el contexto no acompañaron».
«Deberíamos haberlo hecho mejor o diferente», asumió.
Sin embargo, Fernández evaluó que el nuevo gobierno encabezado por Javier Milei «encontrará un país más federal, más justo, más potente, con enormes posibilidades de avanzar en el camino marcado».
«Argentina es un país mucho mejor que hace cuatro años: con más trabajo, más obras de infraestructura construidas, más viviendas, más industria, más universidades, más derechos para las mujeres y disidencias, más desarrollo de ciencia y tecnología», remarcó.
Para el Presidente, «con semejante escenario no es razonable pensar en un ajuste que detenga nuestra producción y restrinja el empleo y el consumo que tanto nos ha costado recuperar». «Debemos cuidar que bajo el argumento de querer resolver el problema fiscal, no se vulneren los derechos de los que trabajan ni se frustren las aspiraciones de los que invierten y producen», aportó.
Fernández agradeció a todo su equipo de trabajo a nivel nacional, provincial y municipal, aseguró que se actuó «de buena fe y honradamente» y afirmó: «Como siempre nos marcaba Néstor (Kirchner), como siempre creyó Cristina (Fernández de Kirchner), estoy convencido de que hacemos política para poder transformar la Patria. Mi reconocimiento también a ellos».

Fernández lamentó, además, “no haber podido terminar con la grieta que nos separa y nos enfrenta”.
“He aprendido que para cerrar la grieta no hace falta someter al otro. No se trata de ver quien impone su relato. Lo que hace falta es caminar junto al otro. Aprender a profundizar los acuerdos y a minimizar las diferencias”, remarcó el mandatario.
El presidente sostuvo que durante la pandemia por el coronavirus, el gobierno decidió «proteger a la ciudadanía por sobre cualquier otra cosa», al recordar que se le pidió a los argentinos que «permanecieran en sus casas porque era la única herramienta que la medicina recomendaba».
«Estuvimos en el grupo de países que iniciamos la inmunidad de sus pueblos y llevamos adelante el plan de vacunación más grande que nuestra historia registra. Buscamos vacunas en todo el mundo. Fuimos parte de la producción de las mismas. Al día de hoy, hemos inoculado más de 130 millones de dosis de esas vacunas», destacó.
En ese sentido, afirmó que Argentina desarrolló su propia vacuna contra el coronavirus, lo que significa «un hito para la ciencia» del país.
«Formamos parte de los países que consiguieron altos niveles de inmunidad. Mi eterna gratitud a los hombres y mujeres de nuestro sistema de salud que dieron todo de sí para salvar vidas. Priorizamos la salud, pero lo hicimos protegiendo el sistema económico», subrayó.
Fernández consideró que en su gestión, «Argentina vio crecer su economía un 16% entre 2021 y 2022 y el empleo registrado comenzó un crecimiento que lleva 37 meses ininterrumpidos»
«Es el lapso más prolongado de creación de empleo observado en democracia. El empleo industrial es el más alto de los últimos seis años. Con el empleo aumentó el consumo y así registramos treinta meses consecutivos de crecimiento. El consumo privado hoy es un 10% mayor que antes de la pandemia», apuntó.
Además aseguró que «el mercado de trabajo continuó mejorando sus indicadores», y subrayó que «la conflictividad laboral observada en nuestro mandato, ha sido la más baja de los últimos doce años».
«La tasa de empleo se ubica en niveles récord de 44,6%; la tasa de desocupación presentó niveles mínimos en términos históricos: 6,2%. El total del empleo registrado llegó a niveles máximos desde 2012 con 13.320.000 ocupados», consignó.
En el balance, el mandatario saliente se llevó «la persistente alegría de aquella madrugada en que aterrizó el avión con las primeras vacunas, la incertidumbre de una nueva guerra, la emoción de cada familia que recibió una casa y el terror de la noche en que atentaron contra la vicepresidenta» Cristina Fernández de Kirchner.
Y también «el orgullo de haber puesto en marcha el gasoducto que cambia de una vez y para siempre nuestra matriz energética, la dignidad de haber llevado agua potable al impenetrable chaqueño, la decisión de seguir reclamando en donde me toque estar la inmediata liberación de los rehenes que Hamas tiene ocultos en algún lugar de Gaza».
«Guardo conmigo el dolor profundo de no haber llegado a mejorar la vida de quienes aún están en la pobreza. No voy a elegir el lugar cómodo de esperar el juicio de la historia que suele ser benévola con los expresidentes porque oculta los claroscuros del presente. Escucho y me hago cargo del juicio de mis contemporáneos. De sus entusiasmos, de sus enojos y sus críticas», resumió Fernández.
«A 40 años de la democracia, defendámosla cada día, como nos enseñaron las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo, y todos y todas quienes nos marcaron el camino. Hoy, más y mejor democracia, siempre» concluyó.
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Buscan suspender embargos e iniciar una moratoria para pymes
La comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados de la Nación, logró este martes un dictamen unificado para impulsar políticas de alivio fiscal, reactivación y protección a mipymes, con firmas de diputados de Provincias Unidas, Unión por la Patria, Movimiento de Integración y Desarrollo, Unión Cívica Radical y Pro.
El proyecto de ley contempla a las mipymes con certificado vigente, suspende juicios por un año y limita embargos, establece un régimen de regularización tributaria y crea la Ventanilla Única Pyme y el Legajo Único Financiero.
Sobre el proyecto, el santafesino Pablo Farías (PU), expresó que "se ha tratado de tener un dictamen comprensivo de los distintos proyectos, siempre buscando un consenso lo más amplio posible porque creemos que la situación apremiante que están atravesando las empresas, que se vio reflejada en los numerosos pedidos de centrales empresarias y de empresarios que hemos escuchado en esta comisión y que también me han hecho a mí, personalmente, como presidente de la comisión, exige medidas concretas reparadoras y urgentes”.
Asimismo, el presidente de la comisión de Pymes de la Cámara de Diputados de la Nación expresó: “Desde marzo mantuvimos reuniones con diferentes sectores de la industria y la producción, escuchamos sus problemáticas, sus necesidades y propuestas para salir de la profunda crisis que atraviesan, marcada por la baja del consumo, la importación indiscriminada de productos, el contrabando y, sobre todo, las presiones del ARCA, el ente recaudador nacional, ante atrasos impositivos de muy pocos días”.
“El dictamen, como bien se dijo acá, no es la solución definitiva para nadie, son medidas de urgencia, medidas que hay que tomar, que el gobierno debiera tomar”, continuó Farías.
A su vez, el diputado nacional subrayó que las medidas que “muy tímidamente anunció hace pocos días el ministro Caputo, de suspensión de embargos y de un mayor plazo de pago que pasó de 12 meses a 18, no le está sirviendo prácticamente casi a nadie y además nada dice sobre las empresas que ya están embargadas”.
“El dictamen que hoy estamos firmando —continuó— lo que establece es, sí, 1 año de suspensión, pero también liberar a las empresas que hoy están embargadas por el Arca”.
Además, Farías expresó que “permanentemente desde el bloque oficialista se nos planteó no querer avanzar con ningún proyecto que tuviera impacto fiscal negativo. Bueno, el impacto fiscal negativo hoy lo está teniendo la actitud de Arca porque está embargando y está llevando a la muerte a muchísimas empresas, es decir, estamos perdiendo a corto plazo un montón de contribuyentes si lo que impera es la mirada fiscal. Con lo cual, este proyecto no solo no tiene un impacto fiscal negativo, sino que al contrario, si logramos que avance, y que avance en las comisiones que faltan y con las voluntades que faltan, sería un alivio que permitiría a muchas empresas poder seguir funcionando y en eso hasta se beneficia el fisco”.
Por último, Farías agradeció a sus pares, ya que “hubo muchos esfuerzos que confluyeron en que hoy podamos tener el dictamen, pero fundamentalmente creo que la realidad nos pasa por encima. Era imposible que de esta comisión hoy no saliera un dictamen de este tipo con la situación que tenemos y creo que eso fue lo que terminó imperando y, que más allá de ser una comisión, como todas, donde el oficialismo se garantiza su mayoría, hemos podido sacar un dictamen. Creo que la fuerza de los hechos está produciendo esto”.
Principales ejes del dictamen
►La resolución, que incluye a todas las mipymes con certificado vigente, amplía la definición de sujetos beneficiarios para incluir a cooperativas, empresas recuperadas inscriptas en el Inaes y agricultores familiares (ley 27.118).
►Suspende por un año de los juicios de ejecución fiscal y trabas cautelares por parte de Arca y modifica el artículo 92 de la ley 11.683 para limitar los embargos de cuentas bancarias exclusivamente al monto nominal reclamado, más un 15 % (en concepto de intereses y costas), liberando el resto del capital de trabajo.
►Establece el Régimen Excepcional de Regularización: plan de facilidades de pago para obligaciones impositivas y de la seguridad social vencidas.
►Condiciona el mantenimiento de los beneficios fiscales y de la suspensión de ejecuciones a la preservación de la nómina salarial.
►Crea la Ventanilla Única Pyme y el Legajo Único Financiero para agilizar la compensación de saldos y el acceso a líneas de crédito de inversión productiva.
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Diputados debate Ley Malvinas
El recinto de la Cámara de Diputados abrirá este miércoles para sesionar en torno a un menú de proyectos impulsados por el Gobierno, entre los que se destacan la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
La sesión especial, pedida por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y por otros diputados del oficialismo, comenzará a las 12 del mediodía y se espera un largo debate que culminará a altas horas de la madrugada.
El temario también incluye los acuerdos de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, en materia de delitos de menores y de los delitos contra la integridad sexual, el Convenio de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio –AELC– y el Mercado Común del Sur –MERCOSUR–, y la enmienda al Protocolo de Montevideo.
Ley Malvinas
El oficialismo cuenta con los votos suficientes para aprobar en general el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, también conocido como "Ley Malvinas", pero podría sufrir la amputación de un capítulo entero que es resistido por sectores dialoguistas.
El jueves pasado el oficialismo intentó alinear a sus aliados en un encuentro a puertas cerradas en el Salón de Honor, y se llevó reacciones diversas: el PRO y la UCR se comprometieron a apoyar el texto con o sin modificaciones, mientras que Provincias Unidas, Argentina Federal y hasta la monobloquista radical Karina Banfi exigieron cirugía mayor en el capítulo 7 a cambio de los votos.
El oficialismo solamente prometió retoques menores, lo que maximiza el riesgo de que el capítulo entero sea guillotinado en la votación en particular.
Una vez que se vote en general, se pasará al desglose por capítulos y el 7 en particular necesita una mayoría especial de 129 votos para su aprobación porque propone, entre otros elementos, cambios al sistema electoral (aplica multas a extranjeros que financien campañas electorales).
Esa cantidad de votos no está garantizada y por ese motivo no se descarta que el Gobierno acepte a último momento quitar el capítulo para aglutinar respaldo amplio en torno al núcleo duro de sanciones a empresas petroleras que operan sin autorización argentina en el Atlántico Sur.
El capítulo también aplica penas por organizar o colaborar con operaciones de inteligencia a cuenta de un Estado extranjero contra la seguridad nacional argentina, por revelar secretos de Estado a un país extranjero, y por participar de campañas de sabotaje contra el Gobierno o la población nacional.
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A raíz de la lluvia de críticas que recibió en su momento el proyecto, el Gobierno aceptó dejar afuera de cualquier tipo de persecución penal o económica a la actividad diplomática, el ejercicio periodístico, la investigación académica y el lobby regulado.
El proyecto propone un régimen sancionatorio (penal y económica) por la explotación sin autorización argentina de recursos renovables y no renovables en la cuenca de Malvinas, con penas de hasta 20 años de prisión para directores, accionistas de empresas, socios y proveedores (se deja afuera a los accionistas con participaciones de hasta un 2% y los fondos de inversión con intervención indirecta en las operaciones).
Si bien esta parte de la ley es aceptada por la oposición dura, no sucede lo mismo respecto con el resto del proyecto, especialmente con la propuesta de aumentar de las competencias del Poder Ejecutivo para actuar ante la irrupción de una vagamente definida "amenaza externa".
Para el peronismo y la izquierda, el proyecto del Gobierno es un "caballo de Troya" que esconde una inédita concentración de poder en el Poder Ejecutivo para que tome medidas de excepción como si fueran normales.
Esto se refleja en las funciones que adquiere el Consejo de Seguridad Nacional, un órgano nuevo encargado de coordinar la estrategia unificada de seguridad, defensa e inteligencia estatégica que será presidido por el Presidente de la Nación e integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica.
A pedido de bloques aliados, el oficialismo aceptó ampliar la integración del Consejo con la incorporación como miembros no permanentes del presidente de la Cámara de Diputados, del presidente provisional del Senado y de gobernadores.
Entre sus funciones se encuentra la protección de infraestructuras críticas y podrá disponer medidas urgentes ante una amenaza externa grave, como por ejemplo restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, restringir importaciones y exportaciones y elevar temporalmente derechos aduaneros.
El protocolo para el derribo de aeronaves y hundimiento de buques y la autorización para que las Fuerzas Armadas puedan participar en "operaciones no convencionales" son algunos de los puntos más controversiales que se mantienen en pie en la reforma.
Este elemento es uno de los que más levanta críticas por el hecho de que se desdibuja la separación de las funciones y facultades entre las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, permitiendo que estas últimas se desempeñen en Seguridad Interior.
Una modificación que el oficialismo concedió a pedido del diputado Eduardo Falcone (MID) es la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento dentro del Congreso encargada de auditar y monitorear las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional.
Según se establece en el articulado, el Poder Ejecutivo deberá informar a la bicameral las medidas tomadas en el ámbito del Consejo en un plazo máximo de 48 horas.
Un punto polémico de la reforma es que le da rango legal al Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET) y habilita la inscripción de organizaciones en esa lista negra solamente si hay "motivos razonables para sospechar".
Para la oposición, los conceptos de "terrorismo" y "amenaza externa" aparecen en el proyecto con una definición muy laxa, sin precisión técnica y abren la puerta a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para perseguir la disidencia legítima y restringir libertades civiles y políticas.
Reforma del Banco Central
El otro tema que demandará varias horas de debate durante la sesión es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Al oficialismo no le dio la nafta para poder firmar en comisiones un dictamen insistiendo con la redacción original aprobada en Diputados, que establecía una suerte de cerrojo institucional para que en un futuro no viniera una administración de otro signo político y pudiera remover directores con facilidad y volver a "prender la maquinita" de la emisión "inflacionaria".
Aquella media sanción establecía el requisito de una mayoría de las dos terceras partes de los votos en ambas cámaras para poder remover directores del Banco Central.
El Senado corrigió ese mecanismo y lo reemplazó por una mayoría absoluta únicamente del pleno de la Cámara alta para poder sacar integrantes del directorio.
Después de amagar con volver al proyecto original, el oficialismo en Diputados tuvo que aceptar a regañadientes los cambios aplicados en el Senado, que le quitan a Diputados voz y voto en la designación y remoción de funcionarios del Banco Central.
Al margen de los cambios en el mecanismo de integración del directorio y de las mayorías necesarias para incorporar o remover a sus miembros, el proyecto de reforma de la Carta Orgánica busca consolidar como principio rector la idea de "emisión cero".
Para el Gobierno, no alcanza con sanear el balance del Banco Central en la actualidad si una gestión futura puede "volver a prender la maquinita" y generar inflación.
De esta manera, la iniciativa elimina la multiplicidad de propósitos que estaba presente en la ley 26.739 de 2012, sancionada a instancias del gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, para pasar a un modelo de mandato único: la preservación del valor de la moneda, prohibiendo el financiamiento al Tesoro. NA
Foto Gentileza Agencia NA (DANIEL VIDES)
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Yerba mate y vino, 30 y 45 meses en rojo
Ocho de las 19 economías regionales que sigue la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) continúan en rojo, según su último Semáforo: la yerba mate acumula 30 meses en esa zona y la vitivinicultura, 45.
El tablero casi no cambió respecto de agosto: cinco actividades están en verde, seis en amarillo y ocho en rojo. La única novedad fue la de las hortalizas, que salieron de la zona crítica por una mejora en su rentabilidad. Además de yerba y vino, están en rojo el arroz, el mosto, el algodón, la leche, la mandioca, la actividad forestal y los cítricos dulces.
La paradoja yerbatera
Pese a que el consumo interno subió a 6,2 kilos por habitante por año y las exportaciones crecieron 10%, hasta US$132 millones, la tonelada de hoja verde se paga alrededor de $280.000, lo mismo que un año atrás. Con una inflación interanual de 33,4%, eso implica una pérdida real cercana al 25%, y la participación del productor en el precio final cayó al 16%, frente a un promedio histórico del 21%.
Un relevamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate estimó que producir un kilo de hoja verde cuesta $473,70, mientras que los secaderos pagaban entre $240 y $300.
Desregulación y reclamos
El sector atribuye parte del problema a la desregulación: el DNU 70/2023 y el decreto 812/2025 quitaron al instituto la facultad de fijar el precio de la materia prima. El ministro Federico Sturzenegger sostiene que el organismo debe ocuparse de la calidad y la promoción. En Misiones, el ministro del Agro, Facundo López Sartori, calculó que la economía yerbatera perdió más de $1,44 billones desde diciembre de 2023.
En el caso del vino, la actividad no sale de la zona crítica desde enero de 2023 y, desde 2018, estuvo en rojo en siete de cada diez meses.
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Fuente: Coninagro

