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Acuerdan un congelamiento de precios de la ropa
24 de septiembre de 2022
Más de 60 marcas de ropa se comprometieron a retrotraer los precios de sus prendas hacia los valores de los primeros días de septiembre y congelarlos hasta el 1 de diciembre, garantizando abastecimiento, luego de un acuerdo con la Secretaría de Comercio de la Nación.
Desde enero los precios se irán ajustando de acuerdo con las variaciones del tipo de cambio oficial, por un plazo de 180 días. El titular de esa cartera, Matías Tombolini, negoció el entendimiento con la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) y la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines (FAII).
Del encuentro también participó el ministro de Economía, Sergio Massa, quien agradeció al sector por el esfuerzo e indicó que estas son medidas que responden a estabilizar la situación para poder proyectar la competitividad exportadora de las empresas, el orden en los precios y la estabilidad macroeconómica.
Por su parte, Tombolini resaltó que “este acuerdo nos da previsibilidad para cuidar el bolsillo de las y los argentinos y por eso celebramos el esfuerzo por parte de la industria” y señaló “vamos a trabajar juntos para mejorar la oferta y para que el sector pueda exportar más”.
En ese marco, indicó también que la Secretaría seguirá trabajando con el sector para “programar el flujo de importaciones” con el objetivo de que “siga siendo un sector que agrega mucho valor”.
En tanto, el presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, Claudio Drescher, apuntó: «Nosotros nos hacemos responsables de que este acuerdo se cumpla y lo hacemos con convicción porque, como cualquier empresario argentino, queremos que el país salga adelante. Queremos que esto sea mucho más grande y trabajar con los textiles para que se sumen a esta mesa», añadió.
El acuerdo surge luego de que los aumentos de precios en el rubro indumentaria superaron a la inflación en agosto. Los precios de prendas de vestir y los calzados aumentaron un 9,9%, superando incluso los niveles de inflación general, que ese mes marcó un 7%.
En lo que va del 2022, el sector registra una suba de precios del 71,9%, pero si se mide de modo interanual el aumento es del 109%, casi 30 puntos porcentuales más que la inflación de ese período.
Las negociaciones entre el Gobierno y las empresas empezaron la última semana, pero avanzaron rápidamente. En marzo, el Ejecutivo había firmado un acuerdo parecido sobre 15 modelos de prendas de vestir, por cuatro meses. Así, se consiguió que el aumento con respecto a la temporada de invierno anterior fuera de tan solo el 30%.
Este acuerdo incluye los precios de más de 60 marcas que estarán disponibles en todo el territorio nacional en shoppings, supermercados, y locales propios de las marcas. Además, dispone que a partir del 1 de diciembre y por el plazo de 180 días los precios se adecuarán en relación a la variación del tipo de cambio oficial.
Asimismo, este entendimiento prevé mecanismos por parte de la Secretaría de Comercio para auditar y verificar el cumplimiento del mismo. En caso de incumplimiento, la Secretaría procederá de acuerdo a lo establecido por la Ley de Defensa del Consumidor y el Régimen de Lealtad Comercial.
Forman parte del acuerdo las marcas 47 Street, Addnice, Adidas, Akiabara, Amphora, Awada, Ay not dead, Azzaro, Baby Cottons, Bensimon, Billabong, Bimba, Bolivia, Bowen, Carmela Achaval, Caro Cuore, Cheeky, Clara Ibarguren, Como quieres, Cristóbal Colón, Cuesta Blanca, DC Shoes, Desiderata, Etiqueta Negra, Furzai, Grimoldi, Grisino, Boer, Jazmín Chebar, Juanita Jo, Kosiuko, Herencia, La Martina, Lacoste, Las Pepas, Lázaro, Levis, Little Akiabara, Lola, Maria Cher, Markova, Midway, Mimo, Mishka, Naum, Nike, Old Bridge, Original Penguin, Paula Cahen D` Anvers, Perramus, Portsaid, Prune, Quiksilver, Rapsodia, Roxy, Sastrería González, Stance, System, Tascani, Taverniti, Uma, Vitamina, XL Extra Large, Yagmour y Zara. Además, el convenio también fue suscripto por la Asociación de Supermercados Unidos (ASU).
También participaron de la firma celebrada en el Palacio de Hacienda la subsecretaria de Políticas para el Mercado Interno, Anastasia Daicich; el subsecretario de Política y Gestión Comercial, Germán Cervantes, y el director Ejecutivo de ASU, Juan Vasco Martínez.
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Paro docente: Aplicarán sanciones si no se cumple el servicio mínimo
El Gobierno fiscalizará a través de las agencias territoriales el cumplimiento de la cobertura mínima exigida durante el paro docente convocado por CTERA para este lunes y elaborará un informe nacional sobre el nivel de actividad.
El Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, advirtió que, si detecta incumplimientos en la obligación de garantizar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, “se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan” contra las entidades sindicales.
La medida estará coordinada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que depende de Capital Humano. “El lunes habrá que fiscalizar para comprobar si se respetó o no lo que manda el artículo 101 respecto de los servicios esenciales”, expresaron en Nación.
El esquema todavía está bajo definición operativa, pero la intención oficial es que las agencias territoriales recopilen información en las provincias, registren el funcionamiento de los establecimientos y eleven los resultados a la administración central. Esas dependencias responden directamente a la Secretaría de Trabajo y funcionan como enlace territorial con trabajadores, empleadores, sindicatos y autoridades locales.
Un comunicado de Capital Humano brindó detalles de sus mecanismos de control y señaló que “desarrollará una inspección oculear en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo”.
Aunque el comunicado menciona una inspección muestral en escuelas de todo el país, en el Ejecutivo no detallaron todavía cuántos establecimientos serán relevados ni si el operativo incluirá pedidos formales de información a las jurisdicciones o un sistema mixto que combine constataciones propias con datos enviados por los gobiernos provinciales.
La base de la intervención será la Ley 27.802 de Modernización Laboral. El artículo 101 modificó el régimen de conflictos colectivos y declaró servicio esencial al cuidado de menores y a la educación de los niveles inicial, primario, secundario y especial. Para esas actividades estableció que la cobertura durante una medida de fuerza no podrá ser inferior al 75% de la prestación normal.
El porcentaje no se refiere necesariamente a que deba asistir el 75% de los docentes ni a que tengan que abrir exactamente tres de cada cuatro escuelas. La norma habla de la “prestación normal del servicio”, por lo que el Gobierno deberá definir cómo traduce ese concepto en indicadores comprobables: establecimientos abiertos, cursos cubiertos, personal afectado, horas de clase o una combinación de esas variables.
La ley prevé además un procedimiento previo. El sindicato debe notificar la medida a la contraparte y a la autoridad laboral con cinco días de anticipación y, al día siguiente, las partes deben acordar ante Trabajo las modalidades del servicio mínimo, con identificación del personal, horarios, funciones y forma de ejecución.
Cuando no exista un acuerdo o la cobertura propuesta sea insuficiente, la Secretaría de Trabajo puede fijar los servicios mínimos en consulta con la Comisión de Garantías. La decisión debe ser notificada a las partes y puede establecer cuántos trabajadores deben prestar tareas, en qué horarios y bajo qué esquema operativo.
El régimen también obliga a informar a las familias y a los usuarios, al menos 48 horas antes de la protesta, cómo funcionará el servicio, cuánto durará la medida y de qué manera se garantizará la prestación mínima. Ese punto podría formar parte del relevamiento que realizará Capital Humano.
En el Gobierno aclaran que una sanción no sería automática por el nivel de adhesión al paro. Primero deberá constatarse el incumplimiento, determinarse qué obligación concreta no fue respetada, identificar a la entidad responsable y sustanciarse el procedimiento administrativo correspondiente, con posibilidad de defensa y revisión judicial.
El artículo 24.6 remite a los regímenes sancionatorios de las leyes 14.786, 23.551 y 25.212. Esas normas permiten, según el tipo de infracción, disponer intimaciones, apercibimientos y multas, además de promover acciones judiciales contra una asociación sindical que desobedezca resoluciones de la autoridad laboral.
La Ley de Asociaciones Sindicales faculta a Trabajo a exigir que un gremio deje sin efecto medidas que vulneren la legislación o incumplan disposiciones de la autoridad competente. Ante una desobediencia persistente, el Poder Ejecutivo no puede retirar por sí solo una personería, pero la autoridad laboral puede acudir a la Justicia para solicitar su suspensión, cancelación o la intervención de la organización.
Las agencias territoriales serán la herramienta para reunir el respaldo fáctico de una eventual actuación posterior. La estructura laboral nacional puede recibir denuncias, realizar inspecciones cuando existe competencia federal, instruir sumarios y coordinar acciones con las provincias, que conservan facultades autónomas de policía del trabajo dentro de sus jurisdicciones.
Ese reparto de competencias será uno de los puntos sensibles. Las escuelas y los docentes dependen mayoritariamente de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que CTERA es una confederación nacional. Por eso, Nación puede intervenir sobre el conflicto colectivo y la conducta de la organización sindical, pero necesitará información de las jurisdicciones para reconstruir qué ocurrió concretamente en cada establecimiento.
El operativo del lunes será la primera prueba de alcance nacional del nuevo régimen en el sistema educativo. La Casa Rosada buscará demostrar que la declaración de esencialidad tiene aplicación efectiva, mientras CTERA reclama la convocatoria a la paritaria nacional, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y mayores fondos educativos. El informe de las agencias territoriales será el documento que utilizará Capital Humano para decidir si cierra la actuación, intima a las partes o abre un procedimiento sancionatorio.
Foto: El presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello. (Foto: X @JMilei) . Ignacio Salerno (TN)
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Milei recibió las cartas credenciales del nuncio apostólico Michael Banach
El presidente Javier Milei recibió este 31 de julio las cartas credenciales del nuncio apostólico de la Santa Sede, monseñor Michael Wallace Banach, durante una ceremonia realizada en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con lo que quedó formalmente iniciado su servicio diplomático como representante del papa León XIV en la Argentina.
El acto fue encabezado por el jefe de Estado, acompañado por el canciller Pablo Quirno. En la misma ceremonia, el Presidente recibió también las cartas credenciales de la embajadora de la República Federal de Alemania, Catalina Cullas, y del embajador de la República de Corea, Lee Chong Hwa.
Días atrás, monseñor Banach había entregado las copias de estilo de sus cartas credenciales al canciller Quirno, quien destacó entonces en sus redes sociales que la llegada del representante pontificio "abre una nueva etapa de trabajo fraterno entre la Iglesia y el Estado argentino, un camino de encuentro que nos compromete y nos desafía a fortalecer el trabajo conjunto con esperanza y desafíos compartidos".
La presencia del nuevo nuncio apostólico marca el comienzo de una misión que estará acompañada por la expectativa de una futura visita del papa León XIV a la Argentina.
Antes de la presentación oficial de sus credenciales al Presidente, monseñor Banach mantuvo encuentros con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo; con el secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro; y con el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo.
La Conferencia Episcopal Argentina informó, además, que el próximo jueves 6 de agosto, a las 11, monseñor Banach presidirá una misa en la catedral metropolitana de Buenos Aires, durante la cual presentará oficialmente sus credenciales como representante del Santo Padre ante la Iglesia en la Argentina a monseñor Colombo.
Con ese motivo, la CEA invitó a los obispos que puedan participar a concelebrar la celebración eucarística, que marcará también el inicio formal del ministerio pastoral del nuevo nuncio ante la Iglesia argentina.
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PARO DOCENTE
La Central de Trabajadores Autónoma (CTA-A) y la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T) formalizaron su adhesión a la jornada nacional de lucha con paro y movilización programada para este lunes 3 de agosto.
La medida de fuerza es impulsada por CTERA, ATE Nacional, CONADU y CONADU Histórica en rechazo a las políticas económicas de la administración del presidente Javier Milei.
La protesta unificada tiene como ejes centrales la defensa de la educación y la universidad pública, la protección del empleo en el sector público, la recomposición salarial y el sostenimiento de los derechos laborales. En ese marco, los gremios denuncian un deterioro sistemático de las condiciones de vida de la sociedad y de la capacidad operativa del Estado.
En un comunicado conjunto, las dirigencias sindicales apuntaron contra la parálisis de la paritaria nacional docente y la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Señalaron que el desfinanciamiento de las casas de altos estudios y la caída sostenida del poder adquisitivo salarial comprometen de forma directa el desarrollo del sistema educativo en todos sus niveles.
Asimismo, las centrales obreras repudiaron la ola de despidos en la administración pública nacional y lo que consideraron un vaciamiento sistemático de organismos estratégicos. Advirtieron que estas decisiones buscan debilitar la estructura estatal y restringir los servicios que se prestan a la ciudadanía.
Ante este panorama, la CTA-A y la CTA-T exigieron la restitución inmediata de los recursos destinados al sistema educativo y el acatamiento de las resoluciones judiciales y leyes sancionadas por el Congreso. Demandaron además la aprobación de un presupuesto que asegure el funcionamiento pleno de escuelas, universidades y dependencias del Estado.
Los referentes sindicales remarcaron que el libre ejercicio de la negociación paritaria y la actualización de los ingresos constituyen condiciones indispensables para resguardar la paz social. Afirmaron que el sostenimiento de los puestos de trabajo estatales es fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y los derechos de la población.
La postura de las dos centrales quedó plasmada a través de un documento firmado por sus respectivos secretarios generales, Hugo Yasky por la CTA-T y Hugo Godoy por la CTA-A. Ambas conducciones recalcaron que la universidad, la educación y un Estado presente representan pilares centrales para el desarrollo soberano de Argentina.
