El presidente Donald Trump fue consultado por GB News sobre qué haría Estados Unidos ante un hipotético nuevo conflicto armado en el Atlántico Sur y si respaldaría militarmente a Gran Bretaña.

Waltz evitó dar una respuesta afirmativa o negativa y señaló que una definición de ese tipo corresponde directamente al mandatario estadounidense.

“Es una decisión del comandante en jefe”, afirmó el diplomático, antes de remarcar que no iba a adelantarse a una eventual determinación de Trump. Luego agregó: “Creo que buscaríamos desescalar antes de llegar tan lejos”.

El representante estadounidense destacó además las relaciones que Washington mantiene con ambos países. “Argentina es una gran amiga de Estados Unidos”, sostuvo Waltz, al tiempo que mencionó la histórica “relación especial” entre Estados Unidos y el Reino Unido.

Sobre la posibilidad de brindar algún tipo de asistencia militar, evitó avanzar: “En términos de cualquier clase de apoyo más allá de eso, se lo dejaré a la Casa Blanca y al Presidente”.

A fines de agosto, consultado sobre si revisaba la postura de Estados Unidos en relación con las islas, Trump respondió que analizaba “cada posición”. Posteriormente, ante una pregunta sobre una eventual confrontación, puso en duda la capacidad o disposición británica para volver a desplegar fuerzas a tanta distancia, pero no anunció formalmente un cambio en la política estadounidense.

El primer ministro británico, Andy Burnham, planteó directamente la cuestión durante su encuentro con Trump en Nueva York el 22 de septiembre, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Vamos a mantenernos firmes frente a cualquier amenaza. Defenderemos el derecho de los habitantes de las Falklands a la autodeterminación y a seguir siendo británicos”, declaró Burnham después de la reunión. Según el primer ministro, Trump entendió la posición que le transmitió.

El Gobierno argentino considera que esas operaciones carecen de autorización nacional. El 4 de septiembre inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos y, cuatro días más tarde, amplió los expedientes a otros 15 sujetos.

Además, la Casa Rosada anunció una denuncia penal contra distintas compañías relacionadas con las actividades en la zona y envió al Congreso un proyecto para endurecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina.

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El conflicto escaló nuevamente el 28 de septiembre, cuando Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Según informó oficialmente la Presidencia, el objetivo es impedir la explotación de hidrocarburos mediante Sea Lion y evitar nuevas autorizaciones sobre recursos naturales en los espacios marítimos reclamados por la Argentina.

Navitas posee el 65% del proyecto Sea Lion y Rockhopper el 35%. Las compañías sostienen que cuentan con licencias válidas otorgadas por las autoridades de las islas y con el respaldo del Gobierno británico. La primera producción de petróleo está prevista para 2028.

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En paralelo, una jueza federal argentina ordenó en septiembre frenar las tareas vinculadas al proyecto hasta que se realice una evaluación ambiental. La capacidad de ejecutar esa resolución fuera de la jurisdicción argentina es uno de los puntos abiertos de la disputa.

La posición oficial argentina mantiene que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes forman parte del territorio nacional, mientras que el Reino Unido administra las islas y sostiene que sus habitantes tienen derecho a decidir su estatus político.

Christa Gail Pike recibió dos dosis de pentobarbital en una prisión de Tennessee, pero no murió. El procedimiento fue interrumpido y fue trasladada en ambulancia a un hospital. Se iba a convertir en la primera mujer ejecutada en el estado en más de 200 años.

Un caso sin precedentes ocurrió en Tennessee, Estados Unidos, cuando Christa Gail Pike, de 50 años, sobrevivió a un intento de ejecución mediante inyección letal, pese a que las autoridades penitenciarias le administraron dos dosis de pentobarbital.

El procedimiento, destinado a cumplir la condena a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido en 1995, se extendió durante más de una hora y finalmente fue interrumpido. Según sus abogados, Pike continuaba con vida, roncaba con fuerza y debió ser trasladada en ambulancia desde la prisión hasta un hospital.

La ejecución había sido programada para el martes a las 19:27. Pike permaneció consciente durante parte del procedimiento y, en un momento, levantó la cabeza para preguntar a los funcionarios si su brazo debía sentirse como si estuviera a punto de reventar.

La segunda dosis de pentobarbital fue administrada a las 20:26. La mujer continuó siendo escuchada detrás de la cortina de la cámara de ejecución hasta que el micrófono dejó de funcionar, a las 20.53. Poco después, los periodistas que presenciaban el procedimiento fueron retirados del lugar.

Un caso sin precedentes
Los abogados de Pike afirmaron que las dos dosis del fármaco no fueron suficientes para provocarle la muerte y presentaron recursos de urgencia ante distintos tribunales para intentar detener el procedimiento.

Robin M. Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, calificó el episodio como "único y sin precedentes". Según explicó, existen antecedentes de personas que sobrevivieron a problemas médicos durante ejecuciones por dificultades para acceder a una vena, pero no de una persona que haya permanecido con vida después de recibir los medicamentos utilizados para una ejecución mediante inyección letal.

Luego de asesinar a Colleen Slemmer, se guardó un trozo del cráneo y lo presumió en la escuela.

La defensa de Pike sostuvo que la mujer estaba atravesando una "agonía innecesaria" y que el procedimiento podía constituir una violación de su derecho constitucional a no ser sometida a un castigo cruel e inusual.

Los abogados también reclamaron que el Departamento Correccional actuara para salvarle la vida. "No brindar esa atención constituye una indiferencia deliberada ante necesidades médicas legítimas y graves", afirmaron en una presentación judicial.

La Corte Suprema había habilitado la ejecución
El intento de ejecución estuvo rodeado de una intensa disputa judicial desde las primeras horas del martes.

El Sexto Circuito de Apelaciones había suspendido la inyección letal una hora antes del horario previsto. El tribunal consideró que necesitaba más tiempo para analizar las denuncias de abusos sexuales que Pike afirmó haber sufrido durante su infancia y determinar si esas circunstancias habían sido evaluadas adecuadamente al momento de dictarse la condena.

La oficina del fiscal general apeló la decisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que posteriormente habilitó la reanudación de la ejecución.

El crimen por el que fue condenada
Pike fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, cometido en enero de 1995. En ese momento, Pike tenía apenas 18 años y ambas asistían a un centro de capacitación laboral en Knoxville.

Según los fiscales, Pike llevó a Slemmer hasta una zona boscosa porque creía que la joven intentaba quitarle a su pareja.

La acusación sostuvo que la atacó con un cúter y le destrozó el cráneo con un trozo de asfalto. El caso tuvo una fuerte repercusión nacional debido a que un pentagrama fue tallado en el cuerpo de la víctima, lo que generó especulaciones relacionadas con el satanismo. Además, se quedó con un pedazo del cráneo de la víctima que luego presumió.

El novio de Pike, Shipp, también fue condenado por el crimen. Tenía 17 años al momento del asesinato y recibió una pena de prisión perpetua con posibilidad de libertad condicional. Él admitió que fue quien talló el símbolo en el cuerpo de Slemmer.

Pike fue la única condenada a muerte por el homicidio. La mujer nunca negó su participación en el crimen, pero sus abogados pidieron que se consideraran su edad, sus trastornos mentales y los abusos sexuales que denunció haber sufrido en la infancia.

Después del asesinato, Pike fue diagnosticada con trastorno bipolar y estrés postraumático. En su pedido de clemencia sostuvo que en un principio pretendía pelearse físicamente con Slemmer, pero que perdió el control: "Era una chica de 18 años con una enfermedad mental", declaró. "Me llevó muchos años comprender la gravedad de lo que había hecho".

May Martinez, madre de la víctima, había expresado su deseo a que la sentencia se cumpliera: "Cada vez que pienso en ello, pienso en Colleen sintiendo ese dolor y tratando de levantarse y correr". Luego contó que junto a su esposo juntaron dinero para viajar desde Florida para presenciar la ejecución.

Christa Gail Pike se iba a convertir en la primera mujer ejecutada en el estado en más de 200 años.

La Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires destacó el giro del Gobierno de Javier Milei en su política sobre Malvinas y expresó su respaldo a las medidas anunciadas para fortalecer el reclamo argentino de soberanía y la Defensa Nacional, luego del discurso del Presidente ante la asamblea de la ONU.

En una carta abierta difundida este jueves, la organización sostuvo que la cuestión Malvinas volvió a ocupar un lugar central en la política argentina y valoró especialmente las declaraciones realizadas por Milei en la cadena nacional del 6 de septiembre y su posterior intervención ante la Organización de las Naciones Unidas.Informate más

El mensaje de los veteranos de Malvinas bonaerenses

Según los veteranos, el Gobierno pasó a definir la recuperación de las islas como una “Causa Nacional” y planteó dos objetivos: encarecer los costos de la ocupación británica y fortalecer el sistema de Defensa Nacional.

La entidad manifestó su acuerdo con una serie de medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo. Entre ellas, mencionó las sanciones e inhabilitaciones para empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las islas, la extensión de esas sanciones a proveedores y directivos, el juicio en ausencia de los infractores y la exigencia de que las compañías que pretendan ingresar a regímenes de incentivo a las inversiones no tengan antecedentes de actividad petrolera en Malvinas.

También respaldó el envío al Congreso de una nueva Ley de Defensa Nacional, la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, el fortalecimiento del Polo Logístico Antártico y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que articule a Defensa, Cancillería, Inteligencia y Economía.

No obstante, el escrito plantea algunas condiciones. En particular, advirtió que el Consejo de Seguridad Nacional no debería utilizarse para la persecución política interna y sostuvo que su función debería limitarse a enfrentar las acciones del Reino Unido y sus colaboradores locales. Además, pidió que la Base Naval Integrada y el Polo Logístico Antártico se desarrollen con esfuerzo del Estado argentino y, eventualmente, con apoyo de países del Cono Sur, sin asociarlos con otras potencias globales.

Los veteranos también reclamaron ampliar el alcance de las sanciones a los intereses británicos. En ese sentido, señalaron que la política argentina no debería concentrarse únicamente en las actividades hidrocarburíferas en el Atlántico Sur, sino también prestar atención a negocios estratégicos de países de la Comunidad Británica de Naciones en el territorio continental argentino.

Por otra parte, la organización reclamó una recuperación estructural de las capacidades militares y cuestionó el nivel del presupuesto destinado a Defensa. “La recuperación de nuestro Sistema de Defensa Nacional no puede limitarse a refuerzos presupuestarios de coyuntura”, sostuvo la Federación, que planteó la necesidad de revertir lo que considera una situación de indefensión.

En el cierre de la carta, los veteranos pidieron al Gobierno revisar sus políticas generales y plantearon que la soberanía debe ser entendida de manera integral. “No se puede ser soberanista en las Islas Malvinas, y entreguista en el resto del territorio”, afirmaron, al tiempo que reclamaron a la oposición abandonar los “discursos vacíos”.

La Federación concluyó que Malvinas constituye la “parte visible” de un sistema más amplio de dominación y sostuvo que la recuperación de los territorios reclamados implica, en su perspectiva, recuperar la soberanía integral de la Argentina.

Este miércoles, el presidente Javier Milei habló ante la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York,

En ese marco, aseguró que “Malvinas es para nosotros una causa nacional”, y remarcó que también representa una prueba para Naciones Unidas sobre su capacidad de hacer valer las decisiones adoptadas por la propia Asamblea General.

Al respecto, hizo referencia a la Resolución 3149, aprobada hace 50 años, que insta a la Argentina y al Reino Unido a abstenerse de adoptar modificaciones unilaterales mientras permanezca abierta la disputa por la soberanía. Según planteó, pese al paso del tiempo, las modificaciones unilaterales continuaron.

El Presidente vinculó esa situación con el avance del proyecto Sea Lion, destinado a la explotación de petróleo en la Cuenca Malvinas Norte. Sostuvo que las licencias otorgadas por el Reino Unido son rechazadas por la Argentina y calificó de ilícitas las actividades que no cuenten con autorización argentina.

“¿De qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario y esa resolución queda intacta en los archivos, pero impotente frente a la realidad?”, preguntó ante la Asamblea General. Ambito