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CAME rechaza la reforma tributaria sugerida por el FMI
31 de mayo de 2026
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) salió al cruce de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la reforma tributaria que Argentina necesita. Consideraron que la propuesta impulsa “reformas regresivas que reducen el poder adquisitivo de los trabajadores y encarecen la formalidad para los sectores de menores ingresos, sin tocar ninguno de los impuestos distorsivos estructurales que verdaderamente frenan la inversión, la producción y el empleo formal en la Argentina”.
El Fondo Monetario Internacional publicó el 26 de mayo de 2026 una serie de recomendaciones de reforma tributaria para la Argentina que proponen ampliar la base del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría —reduciendo el piso a partir del cual los trabajadores tributan—, extender la base imponible del IVA a bienes y servicios actualmente exentos, y reformar el régimen del Monotributo para elevar sus categorías.
“Estas propuestas tienen un denominador común: recaen sobre los asalariados, los pequeños contribuyentes y el consumo doméstico”, subrayaron desde Came.
Para la entidad “el FMI ignora por completo en su diagnóstico el nivel de tributación subnacional, que es donde reside el nudo fiscal más dañino para la actividad económica: el impuesto sobre los ingresos brutos y las tasas retributivas de servicios municipales”. Es por eso que la entidad empresaria pyme propone la convocatoria urgente de un nuevo consenso fiscal entre el gobierno nacional, y las provincias y, a su vez entre los gobiernos provinciales y los municipios, que tenga como eje central la reforma estructural del sistema tributario subnacional.
El sistema tributario subnacional
Desde Came explicaron que el sistema tributario subnacional argentino se caracteriza por una superposición de gravámenes —el IIBB provincial y las tasas que deberían ser retributivas de servicios municipales— que en conjunto representan entre el 2% y el 6% de las ventas brutas de una empresa, con independencia de su rentabilidad. A diferencia del Impuesto a las Ganancias, que grava utilidades reales, el IIBB es un impuesto en cascada que se aplica en cada etapa de la cadena productiva, acumulando su efecto distorsivo a lo largo de todo el proceso de producción y comercialización.
“El aspecto más gravoso y menos visibilizado de este sistema es el régimen de retenciones y percepciones que aplican las provincias. Los agentes de retención descuentan al contribuyente —antes del momento de la declaración jurada mensual— importes que en la práctica superan sistemáticamente el tributo que efectivamente le correspondería abonar. El resultado es la generación de saldos a favor que el contribuyente nunca puede compensar en forma plena”, indicaron.
En rigor, consideraron que los tributos provinciales y municipales tienen un impacto directo y medible sobre la rentabilidad de las empresas —expresado como porcentaje de ventas brutas— mientras que «las reformas propuestas por el FMI recaen sobre los ingresos de los trabajadores y el consumo, sin aliviar en ningún punto la carga que soportan los contribuyentes empresariales».
A la carga de IIBB provincial se suma el impacto de las tasas retributivas de servicios municipales: la Tasa de Seguridad e Higiene, la Tasa General de Inmuebles, la Tasa de Habilitación Comercial y otras contribuciones de base indeterminada que en muchos municipios equivalen a una alícuota adicional de entre el 0,3% y el 1,2% sobre las ventas brutas, sin correlato verificable en servicios efectivamente prestados.
«La proliferación y opacidad de estos tributos —exigidos por más de 2.300 municipios con criterios heterogéneos— constituye uno de los principales desincentivos a la inversión y a la radicación de nuevas empresas en el interior del país, sin que ningún organismo nacional ni provincial ejerza control efectivo sobre su racionalidad o legalidad», apuntaron en un comunicado.
El mecanismo que genera los saldos a favor
Desde Came también explicaron que las provincias diseñan sus regímenes de retención y percepción como mecanismos de adelanto de recaudación: el fisco cobra por anticipado importes calculados sobre el monto bruto de cada operación, antes de que el contribuyente realice su declaración jurada mensual. «El problema estructural es que estas alícuotas de anticipo —fijadas por resolución administrativa, no por ley— no guardan relación con la tasa efectiva real del impuesto para cada actividad», señalaron.
El resultado sistémico es el siguiente, precisaron. Las empresas pagan más de lo que deben en cada operación, acumulan un saldo a favor en su cuenta tributaria provincial y, en teoría, deberían recuperar ese excedente ya sea por compensación con obligaciones futuras o por devolución directa del fisco provincial. Sin embargo, lo que sucede en la práctica «la compensación es insuficiente porque los saldos nuevos que genera el régimen superan mes a mes lo que el contribuyente puede absorber en su liquidación mensual».
«La devolución no tiene plazo legal en la mayoría de las provincias: los expedientes de devolución demoran entre 12 y 36 meses, durante los cuales el saldo pierde entre el 60% y el 80% de su valor real por efecto de la inflación. Es de destacar que fiscos como el de CABA y el de Santa Fe han aliviado este mecanismo con devolución exprés del saldo a favor hasta un determinado monto», advirtieron desde Came.
Además, los regímenes se aplican también sobre contribuyentes del Convenio Multilateral con coeficientes de distribución que no reflejan la actividad real en la jurisdicción, generando retenciones sobre base imponible asignada incorrectamente.
«Ninguna provincia publica estadísticas del stock de saldos a favor pendientes, lo que impide la cuantificación exacta del problema y elimina toda posibilidad de rendición de cuentas pública», señalaron.
En Came resaltaron que en contextos de alta inflación como el que ha caracterizado a la economía argentina durante el período 2021–2024, este mecanismo opera como un préstamo forzoso sin remuneración al fisco provincial: el Estado captura un beneficio financiero real a costa del capital de trabajo de las empresas, sin que ello figure en ningún indicador de presión tributaria oficial.
Frente a este diagnóstico, Came propone la convocatoria urgente de un nuevo consenso fiscal entre el gobierno nacional y las provincias, y a su vez entre los gobiernos provinciales y los municipios, que tenga como eje central la reforma estructural del sistema tributario subnacional. El objeto de este Nuevo Consenso Fiscal no debe ser la reducción nominal de alícuotas —que puede revertirse por decreto—, sino el establecimiento de reglas de juego permanentes que armonicen la base imponible, los regímenes de retención y percepción, y los mecanismos de devolución en todo el territorio nacional.
«De todos modos, ningún acuerdo de retenciones y percepciones será sostenible si el IIBB como tributo de base no se racionaliza. El Nuevo Consenso Fiscal debe incluir el compromiso de eliminar el IIBB en las etapas intermedias de producción, reservando su aplicación exclusivamente a la etapa de venta final al consumidor —un modelo similar al del IVA—, lo que eliminaría el efecto cascada y haría innecesarios gran parte de los regímenes de retención actuales», subrayaron.
La recaudación provincial
Para Came, esta reforma no implica perder recaudación provincial, implica trasladar la base imponible hacia donde la carga es económicamente razonable, mejorando la competitividad del sector productivo sin afectar los recursos fiscales de las jurisdicciones.
En ese sentido, señalaron que la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral debe convertirse en el organismo ejecutor del Nuevo Consenso Fiscal, con facultades para homologar los padrones de agentes de retención y percepción, validar los coeficientes de distribución por actividad y fiscalizar el cumplimiento de los plazos de devolución por parte de las jurisdicciones. «El Convenio Multilateral es el único instrumento con legitimidad para coordinar la acción tributaria de 24 jurisdicciones sin necesidad de reformas constitucionales», apuntaron.
En resumen, desde Came resaltaron que «reducir el poder adquisitivo de los trabajadores mediante mayor retención de Ganancias no genera un solo puesto de trabajo, no reduce la informalidad, no mejora la competitividad de ninguna empresa y no ataca ninguno de los distorsivos que frenan la inversión productiva». Por el contrario, «contrae la demanda interna, erosiona el consumo y reduce las bases imponibles provinciales y municipales, generando el círculo vicioso que la Argentina necesita romper».
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El Gobierno promulgó la Ley 27.828, que modifica el régimen de Zona Fría
El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.828, que modifica el régimen de Zona Fría y establece nuevos criterios para acceder a los descuentos en las facturas de gas.
La normativa fue publicada en el Boletín Oficial, luego de su aprobación en el Congreso el 24 de septiembre, y mantiene el beneficio permanente para la Patagonia, Malargüe, en Mendoza, y la región de la Puna.
En cambio, las localidades incorporadas al régimen mediante la ampliación de 2021 dejarán de recibir la bonificación de manera generalizada. El cambio podría afectar a unos 3,35 millones de usuarios en todo el país, incluidos residentes de ciudades bonaerenses como Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Olavarría, Necochea, Pergamino y San Nicolás.
Los usuarios que pierdan el descuento automático podrán solicitar una bonificación adicional si están inscriptos en el Régimen de Subsidios Focalizados y cumplen con los requisitos establecidos. Además, deberán acreditar su situación socioeconómica y residir en las zonas contempladas por la normativa. La secretaría de Energía será la encargada de reglamentar el procedimiento de inscripción y validación.
Cuáles son los requisitos para mantener el subsidio de gas
Para acceder al beneficio, los usuarios deberán cumplir las condiciones previstas en la ley.
Entre los principales criterios se encuentran:
Correo electrónico
Registrar
• Ingresos familiares: no superar el equivalente a tres canastas básicas totales para un Hogar 2.
• Certificado Único de Discapacidad (CUD): contar con al menos un integrante del grupo familiar con certificado vigente.
• Certificado de Vivienda Familiar: tener un integrante del hogar con inscripción en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
• Veteranos de Malvinas: contar con una persona que perciba una pensión vitalicia como veterano de la Guerra de Malvinas.
• Residencia: vivir en las subzonas bioambientales alcanzadas por los criterios establecidos en la normativa.
La ley también modifica la forma de calcular el descuento: la bonificación se aplicará únicamente sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST). De esta manera, los costos de transporte, distribución e impuestos quedarán fuera del cálculo, lo que podría incrementar el importe final de las facturas. El régimen tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031 y se financiará mediante un recargo de hasta el 7,5 % sobre el precio del gas natural. (GN)
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El Poder Judicial tiene 266 vacantes en proceso de cobertura
De los 266 cargos vacantes, 159 se encuentran todavía en la etapa del Consejo de la Magistratura, 77 ya pasaron al Poder Ejecutivo y 30 están en el Senado. En el Consejo hay, además, 75 concursos en trámite, que pueden abarcar una o más vacantes. Ante este escenario, Alfonso Santiago, constitucionalista de la Universidad Austral, propone acelerar y transparentar los procesos de selección, medir el impacto de las reformas procesales y evaluar periódicamente el desempeño de los jueces.
La cobertura de las vacantes judiciales continúa siendo uno de los desafíos del funcionamiento de la Justicia nacional y federal. El Mapa Dinámico de Concursos del Consejo de la Magistratura registra actualmente 266 cargos vacantes distribuidos en distintas etapas del proceso de selección y designación: 159 permanecen en trámite dentro del Consejo, 77 se encuentran en el Poder Ejecutivo y otros 30 en el Senado.
Los números permiten también distinguir entre vacantes y concursos. Actualmente existen 75 concursos en trámite en el Consejo de la Magistratura, pero esa cifra no representa otros 75 cargos que deban sumarse a los 266: un mismo concurso puede involucrar una o más vacantes. El mapa oficial informa por separado la cantidad de concursos y la de cargos vacantes en cada etapa.
En este contexto, Alfonso Santiago, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Austral, plantea cuatro reformas para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial: modificar el sistema de concursos, evaluar empíricamente las reformas procesales, establecer mecanismos de evaluación del desempeño de los magistrados y fortalecer una cultura de servicio judicial. Las propuestas fueron publicadas en un artículo en El Derecho.
Concursos anticipados y menos discrecionalidad
Uno de los principales focos está puesto en el mecanismo para seleccionar magistrados. Santiago sostiene que las demoras y la falta de transparencia de parte de los concursos constituyen obstáculos para el funcionamiento del Poder Judicial y señala la discrecionalidad existente en la conformación de las ternas.
Como respuesta, destaca el proyecto de nuevo Reglamento de Concursos aprobado por la Corte Suprema mediante la Acordada 4/2026, que fue remitido al Consejo de la Magistratura para su tratamiento. La iniciativa propone que los concursos anticipados sean la regla, de modo que puedan iniciarse sin esperar a que se produzca una vacante, además de introducir un legajo digital auditable y criterios tabulados para evaluar antecedentes.
Otro cambio apunta directamente a reducir la discrecionalidad. El proyecto establece que la entrevista personal puede otorgar un máximo de 20 puntos sobre un total de 200, es decir, el 10% del puntaje, y plantea reglas objetivas para la integración de ternas y listas complementarias. También propone una evaluación técnica en dos etapas con mecanismos destinados a garantizar el anonimato de los postulantes.
“Todo ello redundará en la credibilidad y legitimidad de quienes finalmente sean propuestos y acortará claramente el número y tiempo de las vacantes judiciales”, sostiene Santiago respecto de la reforma.
Medir si las reformas realmente aceleran los juicios
El segundo planteo apunta a un problema diferente: conocer si las reformas procesales que se vienen implementando efectivamente reducen los tiempos judiciales.
Santiago señala que en los últimos años se aprobaron numerosas modificaciones procesales, tanto en el ámbito nacional como provincial, destinadas a agilizar los juicios. Su propuesta es medir su impacto real sobre la duración y eficiencia de los procesos y utilizar esa evidencia para determinar qué reglas y prácticas deberían mantenerse o extenderse.
El enfoque supone pasar de discutir las reformas únicamente desde el plano normativo a compararlas a partir de resultados: cuánto tardaban los procesos antes y después de los cambios y qué mecanismos consiguieron efectivamente reducir esos tiempos.
Evaluar el desempeño de los jueces
La tercera propuesta introduce otro eje de discusión: qué ocurre una vez que un magistrado ya fue designado.
Santiago sostiene que el sistema argentino desarrolló procedimientos para seleccionar, designar, disciplinar y eventualmente remover magistrados, pero que sigue pendiente un mecanismo adecuado de evaluación periódica de su desempeño. Propone que los jueces rindan cuenta objetivamente de su actuación ante sus superiores, los abogados, los justiciables y la sociedad.
El punto de partida es una diferencia que, según el constitucionalista, puede observarse dentro del propio sistema: juzgados que trabajan con cantidades similares de personal, infraestructura y las mismas reglas procesales presentan resultados distintos en eficiencia y calidad de gestión. Para Santiago, medir esas diferencias permitiría identificar buenas prácticas y mejorar el funcionamiento institucional.
Una discusión que llega al Consejo de la Magistratura
El cuarto eje planteado es menos reglamentario y apunta a promover una cultura de servicio al ciudadano dentro del Poder Judicial. Santiago considera que las reformas institucionales necesitan acompañarse de cambios en las prácticas de quienes integran la Justicia y del liderazgo de sus autoridades.
El debate adquiere además una dimensión institucional inmediata. El propio Santiago señala la próxima elección de los representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura como una oportunidad para discutir el funcionamiento, la transparencia y la eficiencia del Poder Judicial.
La magnitud de las vacantes coloca esa discusión sobre datos concretos: 266 cargos se encuentran actualmente en alguna instancia del proceso de cobertura y 159 de ellos todavía permanecen en el Consejo de la Magistratura. La discusión que plantea Santiago es cómo reducir esos tiempos y, al mismo tiempo, incorporar mecanismos que permitan evaluar no solamente cómo se elige a los jueces, sino también cómo funcionan los tribunales una vez que esos cargos son cubiertos.
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Luján se prepara para recibir al papa León XIV
La próxima visita del papa León XIV a la Argentina genera una amplia expectativa en la comunidad católica y en la sociedad en general. En este marco, el arzobispo de Mercedes-Luján, monseñor Jorge Eduardo Scheinig, expresó que existe una “grande y linda expectativa” ante esta histórica llegada y estimó que más de un millón de personas podrían congregarse en Luján para formar parte de las actividades oficiales.
Monseñor Scheinig explicó que la presencia del pontífice posee una significación muy especial por su rol como sucesor de Pedro, destacando que su llegada se dará en un contexto en el que resulta fundamental “afirmar la fe” y “afirmar la esperanza”. Con entusiasmo, afirmó: “Tenemos muchas ganas de que venga”, enfatizando que son “tiempos para ponernos firmes” en aquellos aspectos sencillos pero indispensables para la fe.
Para profundizar en los detalles organizativos y espirituales, el Obispo Auxiliar de Mercedes-Luján, Monseñor Mauricio Landra, sostuvo que toda la iconografía del evento constituye “una linda catequesis” y representa “una invitación a a prepararnos, a rezar desde donde somos y de donde estamos viviendo la fe”. Asimismo, subrayó que este acontecimiento “integra una este una bienvenida de todos los argentinos y también una invitación desde la fe a unirnos como argentinos eh para recibir a alguien que viene a compartirnos su vida y a traernos también la fe puesta en Jesús”.
El centro de la jornada será la Santa Misa a las 10:00 horas en la explanada de la basílica. Al referirse al sentido del peregrinaje, Monseñor Landra remarcó que la Virgen “nos da la bienvenida y nos espera y y venimos a saludarla como hijos”, mientras que “en este caso también el Papa León viene a encuentro como hijo de Dios, ¿no? Hijo de María”. Explicó además que el santuario refleja “esa imagen de de los peregrinos de distintos lugares y sobre todo expresando la necesidad de de estar con con Dios, pero por medio de su madre, ¿no? Eh, un camino de hijos que nos me hace a todos hermanos”.
En relación con el desarrollo del programa litúrgico, precisó que “el Papa León, él va a ingresar al santuario” para rezar brevemente antes de la ceremonia principal, momento en el cual “la imagen de Lujan estará en el interior en ese momento y luego se trasladará al altar que está en la esplanada”.
Respecto al acondicionamiento del espacio y al sentido social de la Misa, explicó que “el frente, el atrio va a estar adaptado y delante de de la reja será la preparación del escenario donde será el altar” y resaltó la participación de sectores linderos destinados a “algunas eh familias en situación de de pobreza, porque recordemos que la misa de Luján tiene como intención a María y a los pobres”.
Para coordinar la distribución de la comunión en una celebración de tal magnitud, señaló que “se está acercando al número que se necesitaría por la estimación que hacen los organizadores”, alcanzando “más de 1000 ministros de la comunión” entre la arquidiócesis local y las diócesis vecinas.
Por último, al concluir la ceremonia y antes de emprender su regreso al aeropuerto, el Santo Padre realizará un gesto final de cercanía: “después de esta celebración, al menos los que están presentes, habrá un saludo especial a los voluntarios”, un grupo numeroso que se ha inscrito mediante las plataformas oficiales y que “ya superan los 10,000 voluntarios en Luján”.
