País
CAME rechaza la reforma tributaria sugerida por el FMI
31 de mayo de 2026
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) salió al cruce de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la reforma tributaria que Argentina necesita. Consideraron que la propuesta impulsa “reformas regresivas que reducen el poder adquisitivo de los trabajadores y encarecen la formalidad para los sectores de menores ingresos, sin tocar ninguno de los impuestos distorsivos estructurales que verdaderamente frenan la inversión, la producción y el empleo formal en la Argentina”.
El Fondo Monetario Internacional publicó el 26 de mayo de 2026 una serie de recomendaciones de reforma tributaria para la Argentina que proponen ampliar la base del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría —reduciendo el piso a partir del cual los trabajadores tributan—, extender la base imponible del IVA a bienes y servicios actualmente exentos, y reformar el régimen del Monotributo para elevar sus categorías.
“Estas propuestas tienen un denominador común: recaen sobre los asalariados, los pequeños contribuyentes y el consumo doméstico”, subrayaron desde Came.
Para la entidad “el FMI ignora por completo en su diagnóstico el nivel de tributación subnacional, que es donde reside el nudo fiscal más dañino para la actividad económica: el impuesto sobre los ingresos brutos y las tasas retributivas de servicios municipales”. Es por eso que la entidad empresaria pyme propone la convocatoria urgente de un nuevo consenso fiscal entre el gobierno nacional, y las provincias y, a su vez entre los gobiernos provinciales y los municipios, que tenga como eje central la reforma estructural del sistema tributario subnacional.
El sistema tributario subnacional
Desde Came explicaron que el sistema tributario subnacional argentino se caracteriza por una superposición de gravámenes —el IIBB provincial y las tasas que deberían ser retributivas de servicios municipales— que en conjunto representan entre el 2% y el 6% de las ventas brutas de una empresa, con independencia de su rentabilidad. A diferencia del Impuesto a las Ganancias, que grava utilidades reales, el IIBB es un impuesto en cascada que se aplica en cada etapa de la cadena productiva, acumulando su efecto distorsivo a lo largo de todo el proceso de producción y comercialización.
“El aspecto más gravoso y menos visibilizado de este sistema es el régimen de retenciones y percepciones que aplican las provincias. Los agentes de retención descuentan al contribuyente —antes del momento de la declaración jurada mensual— importes que en la práctica superan sistemáticamente el tributo que efectivamente le correspondería abonar. El resultado es la generación de saldos a favor que el contribuyente nunca puede compensar en forma plena”, indicaron.
En rigor, consideraron que los tributos provinciales y municipales tienen un impacto directo y medible sobre la rentabilidad de las empresas —expresado como porcentaje de ventas brutas— mientras que «las reformas propuestas por el FMI recaen sobre los ingresos de los trabajadores y el consumo, sin aliviar en ningún punto la carga que soportan los contribuyentes empresariales».
A la carga de IIBB provincial se suma el impacto de las tasas retributivas de servicios municipales: la Tasa de Seguridad e Higiene, la Tasa General de Inmuebles, la Tasa de Habilitación Comercial y otras contribuciones de base indeterminada que en muchos municipios equivalen a una alícuota adicional de entre el 0,3% y el 1,2% sobre las ventas brutas, sin correlato verificable en servicios efectivamente prestados.
«La proliferación y opacidad de estos tributos —exigidos por más de 2.300 municipios con criterios heterogéneos— constituye uno de los principales desincentivos a la inversión y a la radicación de nuevas empresas en el interior del país, sin que ningún organismo nacional ni provincial ejerza control efectivo sobre su racionalidad o legalidad», apuntaron en un comunicado.
El mecanismo que genera los saldos a favor
Desde Came también explicaron que las provincias diseñan sus regímenes de retención y percepción como mecanismos de adelanto de recaudación: el fisco cobra por anticipado importes calculados sobre el monto bruto de cada operación, antes de que el contribuyente realice su declaración jurada mensual. «El problema estructural es que estas alícuotas de anticipo —fijadas por resolución administrativa, no por ley— no guardan relación con la tasa efectiva real del impuesto para cada actividad», señalaron.
El resultado sistémico es el siguiente, precisaron. Las empresas pagan más de lo que deben en cada operación, acumulan un saldo a favor en su cuenta tributaria provincial y, en teoría, deberían recuperar ese excedente ya sea por compensación con obligaciones futuras o por devolución directa del fisco provincial. Sin embargo, lo que sucede en la práctica «la compensación es insuficiente porque los saldos nuevos que genera el régimen superan mes a mes lo que el contribuyente puede absorber en su liquidación mensual».
«La devolución no tiene plazo legal en la mayoría de las provincias: los expedientes de devolución demoran entre 12 y 36 meses, durante los cuales el saldo pierde entre el 60% y el 80% de su valor real por efecto de la inflación. Es de destacar que fiscos como el de CABA y el de Santa Fe han aliviado este mecanismo con devolución exprés del saldo a favor hasta un determinado monto», advirtieron desde Came.
Además, los regímenes se aplican también sobre contribuyentes del Convenio Multilateral con coeficientes de distribución que no reflejan la actividad real en la jurisdicción, generando retenciones sobre base imponible asignada incorrectamente.
«Ninguna provincia publica estadísticas del stock de saldos a favor pendientes, lo que impide la cuantificación exacta del problema y elimina toda posibilidad de rendición de cuentas pública», señalaron.
En Came resaltaron que en contextos de alta inflación como el que ha caracterizado a la economía argentina durante el período 2021–2024, este mecanismo opera como un préstamo forzoso sin remuneración al fisco provincial: el Estado captura un beneficio financiero real a costa del capital de trabajo de las empresas, sin que ello figure en ningún indicador de presión tributaria oficial.
Frente a este diagnóstico, Came propone la convocatoria urgente de un nuevo consenso fiscal entre el gobierno nacional y las provincias, y a su vez entre los gobiernos provinciales y los municipios, que tenga como eje central la reforma estructural del sistema tributario subnacional. El objeto de este Nuevo Consenso Fiscal no debe ser la reducción nominal de alícuotas —que puede revertirse por decreto—, sino el establecimiento de reglas de juego permanentes que armonicen la base imponible, los regímenes de retención y percepción, y los mecanismos de devolución en todo el territorio nacional.
«De todos modos, ningún acuerdo de retenciones y percepciones será sostenible si el IIBB como tributo de base no se racionaliza. El Nuevo Consenso Fiscal debe incluir el compromiso de eliminar el IIBB en las etapas intermedias de producción, reservando su aplicación exclusivamente a la etapa de venta final al consumidor —un modelo similar al del IVA—, lo que eliminaría el efecto cascada y haría innecesarios gran parte de los regímenes de retención actuales», subrayaron.
La recaudación provincial
Para Came, esta reforma no implica perder recaudación provincial, implica trasladar la base imponible hacia donde la carga es económicamente razonable, mejorando la competitividad del sector productivo sin afectar los recursos fiscales de las jurisdicciones.
En ese sentido, señalaron que la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral debe convertirse en el organismo ejecutor del Nuevo Consenso Fiscal, con facultades para homologar los padrones de agentes de retención y percepción, validar los coeficientes de distribución por actividad y fiscalizar el cumplimiento de los plazos de devolución por parte de las jurisdicciones. «El Convenio Multilateral es el único instrumento con legitimidad para coordinar la acción tributaria de 24 jurisdicciones sin necesidad de reformas constitucionales», apuntaron.
En resumen, desde Came resaltaron que «reducir el poder adquisitivo de los trabajadores mediante mayor retención de Ganancias no genera un solo puesto de trabajo, no reduce la informalidad, no mejora la competitividad de ninguna empresa y no ataca ninguno de los distorsivos que frenan la inversión productiva». Por el contrario, «contrae la demanda interna, erosiona el consumo y reduce las bases imponibles provinciales y municipales, generando el círculo vicioso que la Argentina necesita romper».
País
Prefectura busca a cinco tripulantes desaparecidos en el Río de La Plata
Personal de la Prefectura Naval Argentina mantiene un amplio operativo de búsqueda para hallar a los cinco tripulantes de la embarcación deportiva “Chamigo-Ho”, que se encuentra desaparecida luego de zarpar desde la costanera de Hudson, provincia de Buenos Aires.
Durante la jornada de hoy se extenderán las tareas de rastrillaje, que se continuarán realizando por aire, tierra y agua.
En ese sentido, se prevé que el avión PA-62 de la Fuerza realice un sobrevuelo por la zona, mientras que los guardacostas GC-79 “Río Deseado”, GC-73 “Cabo Corrientes”, GC-75 “Bahía Blanca” y GC-140 “Lago Yehuin” seguirán navegando por el área de emergencia.
Además, la Prefectura desplegará embarcaciones de menor porte, como semirrígidos y una moto de agua, para actuar de manera coordinada con el resto de los medios y acceder a zonas de menor profundidad.
Cabe recordar que la emergencia se inició tras un llamado del personal del Camping Hudson, quienes alertaron que los navegantes —cinco hombres mayores de edad— habían ingresado al río por la mañana del domingo para realizar pesca deportiva de pejerrey y no habían regresado, quedando sus vehículos estacionados en el predio.
Según los datos recabados, la tripulación contaba con experiencia en navegación y llevaba a bordo los elementos de seguridad reglamentarios, tales como chalecos salvavidas, bengalas, sistema GPS y radio VHF.
Hasta el momento se han realizado reiterados intentos de comunicación por radiofrecuencia y telefonía celular sin obtener resultados positivos. En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 Descentralizada de Berazategui, a cargo de la Dra. Silvia Noemí Borrone.
País
Pago a Jubilados
En julio de 2026 los haberes previsionales tendrán un ajuste del 2,1% por la inflación de mayo informada por el INDEC. La medida se aplica por el mecanismo de movilidad vigente y afecta a jubilaciones, pensiones y asignaciones. La actualización impacta de manera directa en la jubilación mínima ANSES y en otros beneficios administrados por el organismo.
Con ese porcentaje la jubilación mínima ANSES pasará a $411.989,32. Además, continúa el refuerzo extraordinario de $70.000 para los sectores de menores ingresos, por lo que el ingreso total de quien cobra el haber mínimo será de $481.989,32 si recibe el bono. Los descuentos personales pueden modificar levemente ese neto.
El refuerzo de $70.000 está dirigido a los beneficiarios de menores ingresos: jubilados mínimos, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC). La PUAM queda en $329.591,45 y las PNC en $288.394,05; con el bono, los totales son $399.591,45 y $358.394,05 respectivamente.
Las asignaciones familiares también se actualizan por la movilidad. La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasa a $148.045,38, mientras que la AUH por discapacidad alcanza $482.048,99. Otras prestaciones administradas por ANSES recibirán incrementos equivalentes al 2,1% aplicado en julio, en línea con el IPC de mayo. La inflación acumulada del año llegó al 14,7% y la variación interanual al 33,2%.
Cálculo y posibles reclamos
Para calcular el haber inicial ANSES toma el promedio actualizado de las últimas 120 remuneraciones, equivalentes a los diez años previos al retiro. Cada salario histórico se actualiza con coeficientes oficiales antes de promediar. Esa metodología busca evitar que la inflación distorsione el valor real de los ingresos pasados al momento del cálculo.
Quienes acrediten más de 30 años de aportes reciben un plus: por cada año adicional se suma alrededor de un 1% sobre componentes del haber inicial, hasta 15 años más computables. Así, con 45 años de aportes el haber puede resultar notablemente superior al mínimo, siempre según la normativa vigente y los cálculos de ANSES.
Si un jubilado detecta errores en el cálculo o faltantes de aportes puede iniciar un juicio de reajuste. Las causas suelen tardar entre cinco y siete años, según la complejidad y las instancias judiciales. Si la Justicia lo habilita, ANSES debe recalcular el haber y liquidar los retroactivos correspondientes al beneficiario. Radio Mitre
País
Sector privado perdió más de 14 mil empresas en un año
La cantidad de empresas empleadoras en el sector privado registró una caída del 2,8% en marzo en forma interanual, según un estudio privado. Esta variación representa una pérdida neta de 14.044 firmas en doce meses, dejando un total de 481.635 empleadores activos en todo el país.
Con el dato de marzo, el indicador suma veinticinco meses consecutivos de descensos interanuales. El informe detalla que desde septiembre de 2025 la velocidad de la caída se aceleró y que la baja registrada en el tercer mes de 2026 es la más fuerte detectada en todo ese período.
La información proviene de un informe de la Consultora Politikón Chaco, elaborado sobre la base de datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
El estudio se centra exclusivamente en el sector privado formal, excluyendo al empleo público, organismos internacionales y servicio doméstico. En el análisis por sectores, la industria manufacturera lideró las mermas relativas con un retroceso del 4,5%, lo que equivale a 2.167 empresas menos.
El sector comercial perdió 5.145 firmas en un año, una baja del 3,5%. A nivel regional, 23 de las 24 jurisdicciones del país mostraron retrocesos. Neuquén fue la única provincia con crecimiento neto, sumando 12 empresas (0,1%).
En el otro extremo, La Rioja tuvo la caída más profunda con un -10,7%. En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires explicó la mayor pérdida con 4.311 firmas menos, seguida por Córdoba con 2.187 y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 1.539.
Al evaluar el impacto desde el cambio de gestión nacional, el reporte afirma que "en la era Milei, desaparecieron 26.213 empresas empleadoras en todo el país".
Esta cifra surge de comparar marzo de 2026 contra noviembre de 2023, periodo en el cual la cantidad de empleadores cayó un 5,2% a nivel nacional, siendo la construcción el sector más afectado con una baja del 9,5%. (NA)
