El Gobierno de Javier Milei avanzó en lo que va del año con su plan motosierra en la administración pública nacional. Y en medio de su idea de achicar el Estado, desvinculó a casi 15.000 trabajadores desde enero, algo así como 70 por día.

De acuerdo a un informe del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la cantidad de empleados del Sector Público Nacional (SPN) tuvo una reducción sólo en julio de 4.607 agentes. Pero si el período se extiende a 2026 el número se ubica en 14.559.

Sturzenegger celebró en redes sociales la reducción del gasto público que implican esas desvinculaciones, que incluyen despidos, contratos no renovados, renuncias, retiros voluntarios y jubilaciones como las principales modalidades. "Bajar el gasto público es la única manera sustentable de bajar la carga impositiva y remover ese yunque que aprieta los salarios de los argentinos", planteó.

Asimismo, instó a las provincias a que "hagan lo mismo", lo que redundará en "menos gasto y menos impuestos". "Ya vendrá", pronosticó, en vistas a las renovaciones en las administraciones provinciales que podrían darse a fin del año que viene.

Desde que asumió Javier Milei, siempre de acuerdo a datos del Gobierno libertario, se recortaron un total de 76.216 puestos. De este total, unos 44 mil correspondieron a la administración centralizada y descentralizada; unos 11 mil a personal militar y de seguridad y el resto a empresas del Estado.

La Cámara de la Industria Naval como parte integrante de FINA (Federación de la Industria Naval Argentina) adhiere al recurso interpuesto contra la importación y fabricación en China de 18 buques poteros, alertando sobre el severo impacto en el empleo local y las Pymes del sector.
El pasado 21 de agosto, la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN) y la Federación de la Industria Naval Argentina (FINA) presentaron formalmente ante el Consejo Federal Pesquero un recurso de reconsideración contra el Acta CFP N° 21/2026, mediante la cual se adjudicaron 18 nuevos permisos de pesca de calamar sin que ninguno contemple la construcción de buques en astilleros argentinos: siete corresponden a embarcaciones usadas importadas del exterior y once a
buques nuevos a construirse en astilleros extranjeros, en su mayoría de la República Popular China.
La CIN ratifica que esta decisión vulnera los principios de la Ley Federal de Pesca que exige expresamente, en su art 26, otorgar preferencia a los proyectos que contemplen la construcción de buques en astilleros nacionales, prioridad que fue omitida en el proceso. El escrito manifiesta que fijar solo 20 días para la formulación de proyectos técnicos convirtió la preferencia legal en un enunciado formal sin aplicabilidad real.
"Apoyamos la gestión de FINA porque defender la construcción naval argentina no significa oponerse al desarrollo pesquero, sino garantizar que la riqueza de nuestros recursos marinos impulse la industria, la tecnología y el empleo calificado en nuestro propio país."
Ejes del reclamo:

1. Suspensión preventiva: Frenar la entrega definitiva de permisos de pesca hasta tanto se resuelva el recurso presentado.
2. Convocatoria Complementaria (180 días): Establecer un plazo técnicamente viable para la confección y presentación de proyectos con construcción en astilleros nacionales.
3. Reserva de Cupo Industrial: Garantizar una cuota de permisos destinada exclusivamente a buques a fabricarse en el país.
4. Mesa Institucional de Diálogo: Convocar a la Comisión Asesora del CFP (Art. 10 Ley 24.922) y a las entidades de la industria naval para consensuar una salida constructiva.
   Este reclamo busca frenar la parálisis del sector y en particular en la construcción de nuevas embarcaciones para la flota pesquera, remarcando que reservar una cuota de permisos para la
   industria nacional habría reactivado de inmediato el empleo y la economía de los astilleros en todo el país.
   La Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata confía en que el Consejo Federal Pesquero evaluará el recurso presentado por ABIN y FINA y encontrará una solución que permita articular el crecimiento de la flota potera con la participación efectiva de la Industria Naval Argentina.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un programa para impulsar el desarrollo de los créditos hipotecarios mediante la utilización de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

La iniciativa contempla un monto de hasta $2 billones y busca mejorar las condiciones de financiamiento de las entidades bancarias para que puedan ampliar la oferta de préstamos destinados exclusivamente a la adquisición de viviendas. Según anticipó el Gobierno, los bancos que participen del esquema no podrán ofrecer créditos con una tasa superior al 7,5%.

Los anuncios fueron realizados este miércoles durante una conferencia de prensa en el quinto piso del Palacio de Hacienda. Junto a Caputo participaron el director general del FGS, Juan Cruz Micele; el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning; el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez; y el director del BCRA, Martín Vauthier.

A través de un ejemplo, Caputo detalló el monto al que podría acceder una familia con esta iniciativa. El ministro indicó que, para una vivienda de 106.667 dólares, una familia deberá presentar ingresos por $ 3.460.391 pesos y la cuota inicial será de $ 865.089 pesos.

La tasa a pagar por el crédito será de UVA + 7% y el plazo de 25 años. El objetivo es que 18.000 familias accedan a esta financiación.

Hay que tener en cuenta que fue la previa de una jornada clave en el Congreso, donde el oficialismo buscará avanzar con la media sanción de los proyectos de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de Inocencia Fiscal II.

Cómo funcionará el programa para impulsar los créditos hipotecarios
Caputo explicó que el mecanismo utilizará fondos que actualmente forman parte de las inversiones del FGS. Según señaló, entre las funciones del organismo se encuentra la realización de colocaciones financieras en entidades bancarias.

La iniciativa consiste en un programa de licitación de plazos fijos destinado a generar una fuente de financiamiento de mayor plazo para las entidades financieras y ampliar la oferta de préstamos para la primera vivienda.

El esquema prevé la colocación de depósitos a plazo fijo en pesos ajustables por UVA más un spread. Los recursos obtenidos por los bancos deberán destinarse a créditos para la adquisición, construcción, ampliación o refacción de una primera vivienda.

El monto total del programa asciende a $2 billones y será adjudicado mediante licitaciones de $200.000 millones cada una. La primera se realizará la semana próxima y tendrá justamente ese monto inicial, con el objetivo de evaluar la respuesta de las entidades financieras.

Cada banco podrá ofertar hasta el 20% del monto disponible en cada licitación y contará con 90 días corridos desde la constitución del depósito para aplicar los recursos.

El programa contempla dos alternativas de plazo para el financiamiento: una a un año, con una tasa mínima de UVA más un spread de 2,50%, y otra a cinco años, con una tasa mínima de UVA más un spread de 4,50%.

Caputo explicó que la medida busca resolver uno de los principales obstáculos para la expansión del crédito hipotecario: el descalce entre los depósitos, que en gran medida son de corto plazo, y los préstamos para vivienda, que requieren financiamiento durante períodos mucho más extensos.

"Lo que se va a estar haciendo es extender el plazo de estos plazos fijos, hacer licitaciones transparentes con los bancos para extender los plazos de estos plazos fijos entre un año y cinco años. Y esto le va a permitir a los bancos poder acelerar mucho más fuertemente el nivel de créditos hipotecarios", señaló el ministro.

Los bancos accederán a los fondos mediante licitaciones
De acuerdo con el esquema anunciado, las entidades financieras podrán participar de licitaciones para obtener recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El dinero adjudicado deberá destinarse a ampliar la capacidad de otorgamiento de créditos hipotecarios para la compra de viviendas.

Las condiciones de cada operación contemplarían distintos plazos y un mecanismo de remuneración vinculado a la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), más un porcentaje adicional.

Entre las alternativas analizadas se encuentran operaciones a plazos de entre dos y cinco años, con tasas que podrían estructurarse, por ejemplo, como UVA más un adicional de entre 2% y 3%, según las condiciones que se definan en las licitaciones.

El límite anunciado por el Gobierno establece que las entidades que reciban estos recursos no podrán trasladar a los tomadores de los préstamos una tasa superior al 7,5%.

De esta manera, el programa apunta a generar una fuente de fondeo de mayor duración para el sistema financiero, mientras se busca ampliar el volumen de créditos destinados al mercado inmobiliario.

El FGS concentra una cartera de activos creada originalmente para respaldar el sistema previsional y está integrado por diferentes tipos de inversiones. IP