Tras una decisión judicial que le ordenó pasar de la escolaridad común a la especial sin tener en cuenta sus deseos, Mateo logró que se reconociera su derecho a elegir y a ser incluido en el sistema general de educación. ACIJ y la Clínica de Derechos Humanos y Discapacidad de la Universidad Nacional de La Plata lo acompañaron en ese camino y hoy está próximo a terminar sus estudios.

Mateo tenía 17 años cuando en un proceso judicial se ordenó el cambio de su trayectoria educativa de la escuela común a una institución de educación especial, sin haber sido escuchado ni consultado sobre lo que quería para su vida. La decisión del juez ignoraba que el adolescente había transitado más de 15 años la escuela común y a solo dos de recibir su título secundario, se le impuso un cambio que no solamente desconocía su recorrido, sino que también violaba sus derechos.

Frente a esta situación, con el apoyo legal de ACIJ y la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Discapacidad de la Universidad Nacional de La Plata, Mateo se presentó en el juicio para exigir que se revirtiera esa decisión.

En primer lugar, solicitó que se respetara su derecho a decidir sobre su propio proyecto de vida. Pese a tener 17 años, Mateo no había participado en el proceso judicial y se le había negado la designación de un abogado del niño por tener discapacidad, lo que había vulnerado su derecho a ser oído y a acceder a la justicia en condiciones de igualdad.

En segundo lugar, argumentó que la decisión judicial había sido contraria a su derecho a la educación inclusiva reconocido en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dicha disposición garantiza su derecho a no ser excluido del sistema general de educación. En tal sentido, sostuvo lo siguiente: “tengo claro que mi deseo no es solo un deseo, sino también un derecho, y que resulta inherente a mi persona, indisponible e irrenunciable (…) También que mi voluntad (…) está por encima de todo otro interés, sea el de mis padres o el del Poder Judicial…”.

Por esas razones, pidió una reunión con el juez a cargo de la causa para expresar sus opiniones con libertad. Allí, manifestó que su deseo era asistir a una escuela de la modalidad común, ya que —a diferencia de la especial— esta le permitiría obtener un título secundario y acceder a mejores oportunidades laborales.

Luego de la presentación escrita y de haber asistido presencialmente al juzgado, el juez reconoció su derecho a elegir, revirtiendo su propia decisión y ordenando la continuidad de su trayectoria escolar en una escuela secundaria general.

El problema que enfrentó Mateo es el de otras personas con discapacidad en nuestro país. Muchas de ellas se ven obligadas a transitar un sistema de justicia que las considera incapaces de decidir qué es lo mejor para sus vidas, y se enfrentan a nuevas vulneraciones de derechos en espacios que —paradójicamente— fueron creados para revertirlas.

Sin embargo, la solución que alcanzó fue diferente: logró que el Poder Judicial entendiera la importancia de garantizar la participación efectiva de las personas con discapacidad en los procesos que las afectan y de adecuar sus decisiones a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Esperamos que esa solución sea la de muchas más personas.

El gobernador, Axel Kicillof, encabezó días atrás la inauguración del complejo de la sede Olavarría del Departamento Judicial de Azul, una obra estratégica para fortalecer el servicio de justicia en la región. Fue junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; la presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Hilda Kogan; y el intendente local, Maximiliano Wesner. 

En ese marco, Kicillof destacó que “tenemos el orgullo de venir hoy a Olavarría, un municipio que está siendo especialmente golpeado por las políticas económicas del Gobierno nacional, para inaugurar la obra más importante de los últimos 30 años para el Poder Judicial bonaerense”. “Esto que debería ser común, habitual, implica un verdadero contraste con lo que sucede en el país: aquí hay una Provincia que resiste al ajuste y trabaja para que todos los y las bonaerenses que buscan justicia tengan la respuesta que se merecen”, añadió.

“Este edificio había sido paralizado por el Gobierno provincial que nos precedió y se podría haber convertido en un elefante blanco en medio de la ciudad. Decidimos invertir, junto a la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, más de 20 millones de dólares porque aquí no hay motosierra, hay inversión para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Este es un logro colectivo, que demuestra que si todos cumplimos con nuestra parte las obras no se paralizan, se empiezan y se terminan”.

El nuevo complejo centraliza en un solo predio todas las dependencias que anteriormente se encontraban en distintos espacios alquilados, garantizando una gestión más cómoda y eficiente para la comunidad. A partir de una inversión de $26.800 millones, financiada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y ejecutada por el gobierno bonaerense; en el Polo funcionarán los fueros Civil y Comercial; Penal; Laboral; de Familia; y de Responsabilidad Penal y Juvenil, con sus respectivas instituciones y dependencias de la Suprema Corte.

Por su parte, Mena sostuvo: “La importancia de construir un polo judicial que concentra todas las oficinas tiene que ver no solo con garantizar el bienestar de los trabajadores de los distintos organismos, sino también con dar más y mejor acceso a la Justicia a todos los bonaerenses”.

La obra del Polo Judicial, que había sido paralizada en 2018, cuenta con más 8.800 metros cuadrados y está ubicada en el centro de la ciudad. Implica un beneficio para todos los municipios que integran el Departamento Judicial: Azul, Benito Juárez, Bolívar, General Alvear, General La Madrid, Laprida, Las Flores, Olavarría, Rauch, Tandil y Tapalqué.  

En tanto, Kogan remarcó: “A 110 años de la creación de este departamento judicial, para la Corte de la Provincia de Buenos Aires es un orgullo y una gran responsabilidad la inauguración de este edificio central”. “La culminación de esta obra es una respuesta efectiva a las necesidades de los trabajadores del Poder Judicial y de las personas que vienen en búsqueda de soluciones”, agregó.

“Este nuevo edificio va a nuclear a magistrados, profesionales y trabajadores del derecho y se va a convertir en un faro de justicia para toda la Provincia: agradecemos al Gobierno bonaerense por concluir este proyecto que agilizará los servicios en toda la región”, subrayó Wesner.

Por último, Kicillof señaló: “Le pido al Poder Judicial bonaerense que nos acompañe en el reclamo que hacemos por los fondos que el Gobierno nacional le ha robado a la provincia de Buenos Aires”. “Si no cambian estas políticas económicas, nuestro pueblo va a sufrir aún más las consecuencias del ajuste: tomemos conciencia, defendamos a nuestra gente y revalidemos el compromiso de seguir trabajando para mejorar todos los días”, concluyó.

Obras en materia de seguridad y entrega de ambulancia

Durante la jornada, Kicillof y el ministro de Seguridad, Javier Alonso, recorrieron la obra de refacción y puesta en valor del edificio donde funcionará el Comando Patrullas de la Policía provincial, al cual se sumarán 50 efectivos en el marco de la política de repatriación del personal policial. 

Asimismo, se firmaron convenios entre el Ministerio de Seguridad provincial y el municipio para su incorporación al programa “Entramados”, que tiene como fin la prevención del delito y la reincidencia juvenil; y para la adhesión al “Anillo Digital Provincial”, un sistema de lectura de patentes vehiculares. Además, se suscribió un acuerdo mediante el cual la Provincia brinda capacitación profesional a la nueva Guardia Urbana local.  

Por último, el Gobernador junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, hizo entrega de una ambulancia de alta complejidad para dar respuesta a pacientes en estado crítico.

Estuvieron presentes también la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; y de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio; los intendentes de Azul, Nelson Sombra; de Bolívar, Eduardo Bucca; de Laprida, Alfredo Fisher; y de Tapalqué, Gustavo Cocconi; el vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, Sergio Gabriel Torres; y el ministro de la misma, Daniel Fernando Soria; funcionarios y funcionarias municipales

El ausentismo estudiantil se consolida como la principal preocupación de los directores de secundaria en Argentina. De acuerdo a un informe de la organización Argentinos por la Educación, la tendencia en alza de este indicador fue detectada en 2022, pospandemia, y se fue acrecentando con fuerte incidencia en 2024.

Si bien no existen estadísticas oficiales sobre esta problemática, los datos se sistematizan a través de los testimonios aportados por los propios estudiantes. A nivel país, el 10% de los alumnos reconoce tener al menos 30 inasistencias, el 20% del total entre 20 y 29 inasistencias, el 21% entre 15 y 19 inasistencias, el 34% entre 5 y 14 y el 13% menos de 5.

Así, el 51% de los estudiantes reporta haberse ausentado al menos 15 veces, cuando se hace una apertura por provincias la distribución cambia: se observa una amplia dispersión entre jurisdicciones. Las provincias que tienen una mayor proporción de alumnos que declaran tener 15 o más inasistencias son Buenos Aires (66%), CABA (59%), Tierra del Fuego (55%) y La Pampa (54%). En el otro extremo Santiago del Estero, San Juan y Jujuy muestran menores proporciones de ausentismo de al menos 15 días, con 28%, 29% y 30% respectivamente.

No obstante, hay que subrayar que estos resultados se basan en autorreportes de los propios estudiantes, dado que Argentina aún carece de datos nominales abiertos y comparables para todo el país. Contar con registros administrativos públicos y desagregados a nivel jurisdiccional permitiría monitorear la evolución del ausentismo con mayor precisión, identificar poblaciones en riesgo de manera oportuna y diseñar políticas más efectivas.

CAUSAS
Comprender las razones detrás de las inasistencias es indispensable para diseñar respuestas efectivas. De acuerdo a las afirmaciones de los jóvenes, los problemas de salud propios son el motivo más frecuente (62%); el segundo lugar lo ocupa la aseveración "no tenía ganas de ir a la escuela" (39%), lo que sugiere una dimensión ligada al vínculo de los estudiantes con la escuela que merece atención específica. A esto se suman barreras de acceso y problemas de puntualidad.

La multiplicidad de causas que determinan la problemática exige intervenciones diferenciadas que puedan combinar políticas de salud, infraestructura, convivencia escolar y revinculación, antes de que el ausentismo derive en abandono.

Si bien los datos surgen de la voz de los propios estudiantes, las escuelas, en tanto, difieren en el uso de la asistencia como una estrategia rígida para determinar el éxito de una trayectoria escolar.

De acuerdo a los contextos diversos en los que se enmarcan las instituciones y las dificultades de la población estudiantil, muchas escuelas elaboran estrategias propias de contención de los adolescentes, para que puedan seguir adelante en su educación secundaria – tramo obligatorio por ley desde 2006 – que no incluye una toma de asistencia estricta.