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Un joven con discapacidad acudió a la Justicia y logró volver a la escuela
11 de abril de 2026
Tras una decisión judicial que le ordenó pasar de la escolaridad común a la especial sin tener en cuenta sus deseos, Mateo logró que se reconociera su derecho a elegir y a ser incluido en el sistema general de educación. ACIJ y la Clínica de Derechos Humanos y Discapacidad de la Universidad Nacional de La Plata lo acompañaron en ese camino y hoy está próximo a terminar sus estudios.
Mateo tenía 17 años cuando en un proceso judicial se ordenó el cambio de su trayectoria educativa de la escuela común a una institución de educación especial, sin haber sido escuchado ni consultado sobre lo que quería para su vida. La decisión del juez ignoraba que el adolescente había transitado más de 15 años la escuela común y a solo dos de recibir su título secundario, se le impuso un cambio que no solamente desconocía su recorrido, sino que también violaba sus derechos.
Frente a esta situación, con el apoyo legal de ACIJ y la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Discapacidad de la Universidad Nacional de La Plata, Mateo se presentó en el juicio para exigir que se revirtiera esa decisión.
En primer lugar, solicitó que se respetara su derecho a decidir sobre su propio proyecto de vida. Pese a tener 17 años, Mateo no había participado en el proceso judicial y se le había negado la designación de un abogado del niño por tener discapacidad, lo que había vulnerado su derecho a ser oído y a acceder a la justicia en condiciones de igualdad.
En segundo lugar, argumentó que la decisión judicial había sido contraria a su derecho a la educación inclusiva reconocido en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dicha disposición garantiza su derecho a no ser excluido del sistema general de educación. En tal sentido, sostuvo lo siguiente: “tengo claro que mi deseo no es solo un deseo, sino también un derecho, y que resulta inherente a mi persona, indisponible e irrenunciable (…) También que mi voluntad (…) está por encima de todo otro interés, sea el de mis padres o el del Poder Judicial…”.
Por esas razones, pidió una reunión con el juez a cargo de la causa para expresar sus opiniones con libertad. Allí, manifestó que su deseo era asistir a una escuela de la modalidad común, ya que —a diferencia de la especial— esta le permitiría obtener un título secundario y acceder a mejores oportunidades laborales.
Luego de la presentación escrita y de haber asistido presencialmente al juzgado, el juez reconoció su derecho a elegir, revirtiendo su propia decisión y ordenando la continuidad de su trayectoria escolar en una escuela secundaria general.
El problema que enfrentó Mateo es el de otras personas con discapacidad en nuestro país. Muchas de ellas se ven obligadas a transitar un sistema de justicia que las considera incapaces de decidir qué es lo mejor para sus vidas, y se enfrentan a nuevas vulneraciones de derechos en espacios que —paradójicamente— fueron creados para revertirlas.
Sin embargo, la solución que alcanzó fue diferente: logró que el Poder Judicial entendiera la importancia de garantizar la participación efectiva de las personas con discapacidad en los procesos que las afectan y de adecuar sus decisiones a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Esperamos que esa solución sea la de muchas más personas.
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Alerta sobre cierre de comercios
Ante una caída del consumo y de las ventas en algunos sectores, el peso de alquileres y servicios, y la pérdida de rentabilidad, el cierre de comercios minoristas golpea con fuerza en la provincia de Buenos Aires. Y si bien en todos los municipios hay nuevos emprendimientos que levantan las persianas, las estadísticas dan negativas en los últimos meses.
De acuerdo a un informe del Observatorio de Datos Estratégicos, al menos 3.165 establecimientos comerciales y productivos cerraron en distintos distritos bonaerenses entre fines de 2023 y septiembre de 2026. Ese número constituye un piso documental construido a partir de cámaras, registros municipales y comunicados empresariales.
La Plata concentra uno de los registros más elevados: al menos 1.000 comercios comunicaron su baja o cierre ante el Municipio, mientras que la actividad comercial acumula 14 trimestres consecutivos con resultados negativos.
En la capital bonaerense, la Encuesta de Comercio elaborada por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Plata registró además una caída interanual del 14,7% en las ventas minoristas. El deterioro de la actividad también se refleja en el mercado laboral: según los datos citados del Indec, la desocupación pasó del 9,5% al 7,8%, pero la subocupación aumentó del 9,3% al 18,2%.
El fenómeno también alcanza a Tandil, donde se contabilizaron 521 bajas comerciales durante 2025 y otras 298 bajas provisorias de oficio hasta agosto de este año. Un relevamiento complementario señaló que el 41% de los comercios consultados registró una caída de las ventas y que más del 70% no tenía previsto incorporar personal.
En Junín se registraron 687 bajas administrativas entre 2024 y 2025. A esto se suma que, durante el segundo trimestre de 2026, la Sociedad Comercio e Industria de Junín informó que el 30% de los establecimientos encuestados había reducido personal, mientras que un 17% anticipaba nuevas reducciones. En ese período, las ventas cayeron 16,8% interanual.
Otros municipios también acumularon cierres y bajas en este 2026. Mar Chiquita, 51 entre abril y mayo de 2026; Necochea, 34 comercios cerrados entre febrero y fines de mayo de 2026; San Antonio de Areco, 31 bajas o ceses en aproximadamente tres meses; Olavarría, más de 25 cierres durante el primer trimestre de este año; Luján, más de 20 entre enero y mediados de febrero; y Quilmes, al menos 12 sólo en el centro.
En algunos distritos, los datos sobre cierres aparecen acompañados por otros indicadores que muestran el impacto sobre la actividad. En Olavarría, cerca del 30% de los comercios que cerraron pertenecía a los rubros de indumentaria y calzado, mientras que el Índice Económico local registró en marzo una contracción interanual del 13%.
El impacto también se observa en grandes cadenas comerciales. En Tres Arroyos se documentó el cierre definitivo de una sucursal de Diarco, acompañado por despidos. Situaciones similares se registraron en sucursales de la misma cadena ubicadas en Zárate y Luján, donde también hubo pérdida de puestos de trabajo. Y en Pilar los comerciantes hablan de una situación alarmante.
Además de las bajas administrativas, el relevamiento de locales vacíos permite dimensionar otra cara del fenómeno. En La Plata, FundPlata relevó 4.739 establecimientos y detectó 451 cerrados definitivamente o en alquiler, alrededor del 9,5%. En Mar del Plata, la UCIP encontró 190 locales cerrados o vacantes sobre 2.442 relevados en diez corredores, una tasa promedio del 7,8%. En Necochea, en tanto, se detectaron 95 locales sin actividad sobre 680 observados, cerca del 14%.
También se relevaron 30 locales cerrados o sin actividad en un tramo de la avenida Montevideo de Berisso, 26 locales vacíos en las principales arterias del centro de San Nicolás y 25 cerrados, vacíos o abandonados dentro de 30 espacios sin actividad observados en el centro de Pehuajó.
En Chivilcoy, la cámara local describió un escenario de asfixia financiera, presión impositiva, caída de la rentabilidad y bajas interanuales del consumo en rubros básicos. En tanto, Bahía Blanca registró una desocupación del 10,1% durante el primer trimestre de 2026, mientras que Mar del Plata pasó del 7,9% al 9,3% entre el primer trimestre de 2025 y el mismo período de 2026. DIB
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Fleteros amenazan con medidas de fuerza en los puertos
El sindicato de fleteros advirtió que podría profundizar las medidas de fuerza en los puertos de la provincia de Buenos Aires ante la continuidad del conflicto que comenzó hace 63 días en Arribeños y que todavía no encontró una solución.
La organización informó que intensificará las “medidas gremiales de acción directa” y anticipó la realización de asambleas permanentes en la totalidad de las terminales portuarias bonaerenses hasta conseguir la apertura de una instancia de negociación.
La advertencia se produjo luego de una resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ), que dispuso la designación de un nuevo interventor en la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC) y el desplazamiento inmediato de su comisión directiva, integrada, entre otros, por Ramón Jatip, como presidente, y Sergio Larovere, como tesorero.
Según señalaron los fleteros, ambos dirigentes mantienen vínculos con la Unión de Transportistas de Arribeños (UTA), involucrada en el reclamo que permanece abierto.
El conflicto cobra además mayor relevancia ante la inminente reanudación de las actividades de la planta de Cargill ubicada en Arribeños, donde se originó la disputa.
Frente a este escenario, el sindicato reclamó que las nuevas autoridades convoquen a una mesa de diálogo para buscar una salida a las problemáticas planteadas ante los distintos organismos competentes. Hasta que eso ocurra, anticiparon que mantendrán las asambleas y no descartaron profundizar las medidas de fuerza.
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Defensoría puso en marcha un servicio para asesorar en la refinanciación de deudas
La Defensoría del Pueblo bonaerense, a cargo de Guido LOrenzino puso en marcha un servicio destinado a acompañar y brindar asesoramiento a las personas que necesitan refinanciar deudas derivadas de préstamos personales o tarjetas de crédito.
La iniciativa impulsada por el organismo que conduce Guido Lorenzino apunta a intervenir ante las entidades acreedoras para solicitar alternativas de pago compatibles con la realidad económica de quienes reclamen. Entre las opciones a analizar se contemplan planes de refinanciación, reducción de intereses, quitas o condiciones de pago más favorables.
"Buscamos mediar y acompañar a las y los consumidores para defenderlos ante situaciones financieras complejas. No hablamos de que la gente no pague, sino de una instancia de gestión y negociación razonable y sostenible", explicó Lorenzino.
La invervención de la Defensoría se da en medio de un escenario de fuerte aumento de los niveles de mora en el endeudamiento de las familias. En la Argentina hay cerca de 5,9 millones de personas con deudas morosas y el ratio nacional de irregularidad alcanza el 15,7%, según datos relevados a mediados de 2026.
El trámite está orientado a quienes registren mora o requieran renegociar sus compromisos financieros.
Para iniciar la gestión o recibir más información, las y los bonaerenses pueden presentar la documentación que acredite su situación económica y las deudas vigentes completando el siguiente formulario https://encuestas.defensorba.org.ar/index.php/966137?newtest=Y&lang=es
