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La economía podría dar un salto productivo si se eliminan las retenciones
16 de marzo de 2026
Un estudio del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral y el IAE Business School sostiene que, con alivio fiscal e inversión en infraestructura y tecnología, el sector podría alcanzar 251 millones de toneladas y convertirse en el principal vector estructural de crecimiento de la economía argentina
En un contexto en el que la economía argentina necesita consolidar generación genuina de divisas y crecimiento sostenido, un nuevo informe elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral y el IAE Business School plantea que el sector agroindustrial podría expandirse un 90% en la próxima década si se eliminan los derechos de exportación y se corrigen los principales cuellos de botella estructurales.
Según el estudio, realizado en conjunto con la Bolsa de Comercio de Rosario bajo el modelo Agmemod, la producción podría alcanzar 251 millones de toneladas en diez años, impulsando una expansión significativa del PBI y de las exportaciones.
Actualmente, el complejo agroindustrial aporta el 23% del Producto Bruto Interno y genera el 60% de las exportaciones totales del país. Solo los complejos oleaginosos y cerealeros explican el 45% de las divisas que ingresan a la economía argentina.
“Argentina cuenta con una base productiva agroindustrial extraordinaria, pero su potencial está condicionado por factores macroeconómicos que limitan la inversión y el crecimiento”, señala Guillermo D’Andrea, profesor del IAE Business School.
Para la campaña 2025/26 se estima que habrá 27,7 millones de toneladas en cosecha fina, con ingresos superiores a 4.500 millones de dólares, y 154 millones de toneladas en cosecha gruesa, con un ingreso estimado de entre 32.000 y 37.000 millones de dólares.
En las últimas tres décadas, la producción se triplicó mientras el área sembrada sólo se duplicó, impulsada por biotecnología, agricultura de precisión, digitalización y mejoras logísticas.
El costo macroeconómico de la presión fiscal
El informe advierte que la presión sobre la renta agrícola alcanza el 55,5% y llegó al 63,6% en junio de 2025 al ponderar cultivos clave como soja, maíz, trigo y girasol.
En contraste, los productores de la Unión Europea reciben apoyos equivalentes al 16%, en China al 13% y en Estados Unidos al 7%. En Brasil, el respaldo promedio al sector ronda el 0,5% del PBI.
Entre 1997 y 2023, Argentina extrajo del sector recursos equivalentes al -1,6% del PBI anual.
“La presión fiscal actual reduce fuertemente los incentivos a invertir y adoptar tecnología en el agro. Corregir ese esquema impositivo es clave para liberar el potencial productivo del sector”, explica Daniel Mamone, investigador del IAE Business School.
“Eliminando las retenciones y mejorando infraestructura y adopción tecnológica, el agro podría convertirse en el principal motor estructural del crecimiento argentino”, sostiene Bernardo Piazzardi, investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.
Al respecto de la infraestructura e inversión, ahí se presenta otro cuello de botella. El 90% del transporte de granos se realiza por camión y solo el 10% por tren. De los 640.000 km de red vial, el 62% corresponde a caminos municipales, mayormente sin pavimentar. Apenas el 6% son rutas nacionales y solo 3.200 km son autopistas o autovías.
El sector aportó 28.686 millones de dólares en tributos en 2023. Mantener en condiciones adecuadas la red vial demandaría entre 3.200 y 6.500 millones de dólares anuales, equivalente a apenas el 17% de su aporte tributario.
“Si se corrigen los déficits de infraestructura y se incentiva la inversión tecnológica, el agro puede convertirse en un vector central de crecimiento para toda la economía”, afirma Ernesto Ruete Güemes, investigador del IAE Business School.
En paralelo, el parque de maquinaria presenta atraso tecnológico: el 73% de los tractores y el 46% de las cosechadoras superan los 15 años de antigüedad. Mientras la productividad total de factores cayó 6% en Argentina en los últimos 20 años, en Brasil creció 45%.
A pesar de todas las trabas, la última encuesta AgBarometer Austral, conocida como el índice de confianza del campo que elabora el Centro de Agronegocios y Alimentos, indica que el 80% de los productores estaría dispuesto a modernizar su maquinaria si mejoran las condiciones de rentabilidad y financiamiento.
Según el estudio, la modernización tecnológica no es consecuencia del crecimiento, sino condición previa para impulsarlo.
El potencial impacto en la economía argentina
Bajo un escenario de eliminación de retenciones, mejora de infraestructura, adopción tecnológica y expansión de 6,5 millones de hectáreas adicionales, el sector podría crecer 90% en diez años.
En ese contexto, la producción podría alcanzar 251 millones de toneladas, lo que aumentaría significativamente su participación en el PBI, aceleraría la generación de divisas para la economía argentina y permitiría financiar la reconstrucción integral de la red vial en apenas tres años.
La clave no es sólo sectorial sino macroeconómica. “Reemplazar la lógica extractiva por una estrategia de inversión y productividad permitiría transformar al agro en el eje estructural del crecimiento argentino”, concluye Piazzardi.
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El cosecha de trigo, como las de cebada y maíz, alcanzan cifras inéditas
El secretario de Agricultura nacional, Sergio Iraeta, destacó la cosecha récord de granos registrada durante la campaña 2025/2026 y, según él, “el boom de producción tiene mucho que ver con las políticas que implementó el Gobierno, pero fundamentalmente con el trabajo y la inversión de los productores”.
Según el Indec, el Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró en mayo una suba del 2,7% respecto del mes anterior.
El Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires subió 2,7% en mayo
De acuerdo con Iraeta, la cosecha de trigo superará las estimaciones previas y alcanzará una producción récord de más de 27 millones de toneladas. Además, señaló que el girasol marcó un registro histórico con 7.400.000 toneladas, mientras que la cebada aportó 5.600.000 toneladas, un incremento interanual del 16,7%.
Por otra parte, Iraeta se refirió al contexto internacional generado por la guerra en Medio Oriente. “Decidimos bajar dos puntos las retenciones al trigo y recientemente el precio de la urea comenzó a bajar, por lo que el panorama es más promisorio”. Además, “para el Gobierno el campo es prioritario, y comparado con otras administraciones la diferencia es paradigmática”, sostuvo. Asimismo, ratificó que “la reducción de las retenciones se toma con una responsabilidad enorme y con una precisión quirúrgica para mantener el equilibrio fiscal”.
“El Gobierno entiende lo que significa el agro en términos de producción, desarrollo y trabajo a nivel federal, y el compromiso es eliminar las retenciones en todos los rubros, que es lo que se viene haciendo desde que empezó la gestión”. En ese sentido, ponderó la eliminación de derechos de exportación para diversos productos agroindustriales y de las economías regionales, como lácteos, productos de vaca y la cadena porcina.
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Oficializan la baja de las retenciones para el agro
El Gobierno oficializó la baja de retenciones para el agro. El beneficio alcanza de manera inmediata, a partir de este jueves 4 de junio al trigo y la cebada, como también sus subproductos. En tanto, formalizó el esquema gradual desde el 1 de enero de 2027 para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo, incluidos sus subproductos. Incluyó retenciones cero para biocombustibles que no se produzcan con los principales granos.
La medida quedó formalizada mediante el decreto 423/2026, publicado en el Boletín Oficial y busca alentar la liquidación de divisas, pero también implicará un costo fiscal de US$32 millones hasta fin de año, según los cálculos del Palacio de Hacienda.
“Resulta necesario continuar fortaleciendo el impulso exportador del sector agroindustrial con medidas que fortalezcan los procesos de simplificación, reducción de trámites, facilitación del comercio, apertura de nuevos mercados y disminución de impuestos distorsivos”, justificó el Gobierno.
El decreto diferencia entre cultivos de invierno y cultivos de verano. Las reducciones inmediatas responden “a la proximidad de las decisiones de siembra” de la fina, es decir trigo y cebada. Para los cultivos de verano, como la soja y el maíz, en cambio, se estableció un esquema gradual con un cronograma que comenzará a aplicarse a partir de enero de 2027.
El Gobierno también aplicó modificaciones para los biocombustibles. Fijó una alícuota de 0% para el biodiésel obtenido a partir de aceites de colza, cártamo, Brassica Carinata y Camelina Sativa.
Cómo quedan las alícuotas
Con el esquema diferenciado que diseñó el Gobierno, la baja de retenciones de dos puntos para el trigo y la cebada comenzará a regir desde el 4 de junio, mientras la reduccion gradual para alícuotas de la soja, el maíz, girasol y sorgo iniciará desde enero de 2027.
A continuación cómo quedan las alícuotas de las retenciones del campo:
Trigo y cebada: la alícuota de aplicación inmediata pasará del 7,5% al 5,5% para los granos. Para sus derivados (harina, sémola, malta y otros subproductos industriales) con tasas que van desde 0% hasta 5,5%, según la mercadería.
Soja: el esquema prevé una reducción gradual de retenciones. El poroto pasará de una alícuota del 24% en 2026 al 21% desde diciembre de 2027 y al 15% a partir de diciembre de 2028. El aceite de soja pasará de entre 18% y 22% en 2026 a valores de entre 11% y 14% hacia fines de 2028.
Maíz y sorgo: algunos derivados tributarán retenciones cero, mientras otras reducirán sus alícuotas de manera escalonada durante 2027 y 2028. Las tasas pasarán de 8,5% en 2026 a 7,5% a fines de 2027 y a 5,5% desde diciembre de 2028.
Girasol: el Gobierno fijó reducciones escalonadas para semillas, aceites y otros derivados. Algunas variedades específicas quedarán exentas de retenciones. El aceite de girasol tributará entre 2,5% y 4,5% en 2026 a niveles de entre 1% y 3% hacia fines de 2028.
Por su parte, el Gobierno fijó retenciones cero para el biodiesel elaborado con carinata, camelina, cártamo o colza. En tanto, el biodiésel de soja seguirá alcanzado por derechos de exportación, aunque con una reducción gradual del 21% actual al 13% en diciembre de 2028. (TN)
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CARBAP exige la eliminación de las retenciones por ley
Semanas atrás el Gobierno nacional anunció una serie de rebajas en las retenciones agropecuarias que comenzarán por el trigo y la cebada, desde este mes de junio, y seguirán con soja, maíz, girasol y sorgo a partir de 2027. En ese contexto, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) destacó que “la reducción de retenciones es el camino”, pero “la eliminación debe ser el objetivo”.
En un comunicado, CARBAP señaló que “valoramos el anuncio realizado por el Presidente de la Nación respecto al cronograma de reducción de los Derechos de Exportación (DEX)”.
De ese modo, “la decisión constituye una señal positiva y coherente con el camino que el Gobierno Nacional viene impulsando en materia de reducción de la presión impositiva, apertura económica, libertad de comercio, ordenamiento macroeconómico y recuperación de los equilibrios fiscales. Reconocemos los avances alcanzados en estos aspectos, que han contribuido a generar un escenario de mayor previsibilidad para la producción y la inversión”.
Agregaron: “Consideramos que el equilibrio fiscal debe consolidarse como una verdadera política de Estado. La estabilidad macroeconómica es una condición indispensable para el crecimiento sostenido de la Argentina y constituye una demanda histórica de quienes producen, invierten y generan empleo en todo el país”.
Y resaltaron que “la competitividad del sector agropecuario no depende únicamente de los Derechos de Exportación; también se ve afectada por una estructura impositiva provincial y municipal que continúa expandiéndose y que requiere una profunda revisión”.
No obstante, insistieron: “El cronograma anunciado debería contemplar una reducción más acelerada de los Derechos de Exportación”. Ya que “si bien comprendemos los desafíos que implica sostener el equilibrio de las cuentas públicas, no resulta razonable que dicho esfuerzo continúe recayendo de manera desproporcionada sobre un único sector productivo a través de un impuesto distorsivo que desalienta la producción, limita las exportaciones, reduce la inversión y afecta la incorporación de tecnología”.
Argumentaron desde CARBAP que “la producción agropecuaria argentina continúa enfrentando una situación de clara desigualdad respecto de otros sectores de la economía. Mientras numerosas actividades han visto eliminados sus derechos de exportación o cuentan con regímenes específicos de promoción e incentivos, como los contemplados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el agro sigue soportando una carga tributaria diferencial que condiciona su competitividad y restringe su potencial de crecimiento”.
Por ello, “consideramos fundamental que el cronograma anunciado no tenga como horizonte final el año 2028, sino que establezca de manera explícita el camino hacia la eliminación total de los Derechos de Exportación. Del mismo modo, entendemos que dicho sendero debería quedar plasmado en una ley que otorgue previsibilidad y seguridad jurídica a largo plazo, evitando que futuras administraciones vuelvan a recurrir a este instrumento que ha demostrado ser perjudicial para el desarrollo productivo y exportador del país”.
“Los fundamentos para avanzar en esa dirección son cada vez más sólidos. En su reciente informe sobre la economía argentina, el Fondo Monetario Internacional identificó a los Derechos de Exportación como uno de los principales impuestos distorsivos que afectan el crecimiento, las exportaciones, la inversión y la incorporación de tecnología. Asimismo, citó estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires que muestran que su eliminación permitiría incrementar significativamente las exportaciones agroindustriales en la próxima década, además de generar mejoras en la producción, el ingreso de divisas y el crecimiento económico del país”, argumentaron.
Y señalaron: “Estas conclusiones ratifican algo que el sector productivo viene señalando desde hace años: la eliminación de los Derechos de Exportación no debe ser vista como un beneficio sectorial, sino como una herramienta de desarrollo para toda la Argentina”. Porque “más producción significa más actividad económica, más empleo, más exportaciones, más divisas y una mayor capacidad de generación de riqueza para el conjunto del país”.
“Un sistema tributario que incentive la producción”
“Desde CARBAP seguiremos acompañando todas aquellas medidas que fortalezcan la estabilidad macroeconómica, promuevan la inversión y permitan liberar el enorme potencial productivo del interior argentino”, afirmaron.
“El camino iniciado es positivo, pero el objetivo final debe ser claro: la eliminación definitiva de los Derechos de Exportación y la construcción de un sistema tributario que incentive la producción en lugar de castigarla”, cerraron desde CARBAP.

