Sociedad
Argentinos con ciudadanía deciden el futuro de la justicia en Italia
2 de marzo de 2026
El gobierno de Italia impulsó la reforma constitucional mediante un referéndum que tiene como gran protagonista a la comunidad de italianos en Argentina, con alrededor de un millón de posibles sufragios,
La iniciativa de la administración de Giorgia Meloni busca modernizar el sistema judicial. Entre otros puntos, apuesta por separar a los jueces de las investigaciones y crear dos corrientes dentro de la Justicia: la de los magistrados y la de los fiscales. Para el oficialismo italiano, el cambio busca una “justicia justa” y la oposición teme que la reforma someta a los fiscales, los encargados de la investigación, al poder político.
Argentina aparece entonces como un actor fundamental para estas elecciones porque acumula un millón de votos, un 25% de la cantidad de sufragantes que hay en América Latina
Los votantes del exterior tienen tiempo hasta el 19 de marzo a las 16 para emitir su voto en cualquier sucursal de Correo Argentino o en el Consulado más cercano. Un trámite gratuito para incentivar la participación de aquellos que recibieron el sobre con el talonario de votación. “En Italia sigue la justicia como en 1948 y en los últimos años generó problemas de lawfare o corrupción y por ende el gobierno de Meloni pide un cambio en esta situación”, comentó Manolo Contini, consigliere italiano.
Los cambios que propone Meloni suelen ser familiares para los argentinos ya que intenta acercar el sistema judicial italiano a lo que se aplica en el país con la figura del fiscal como investigador principal y el juez definiendo la pena o no en cada caso.
En Argentina, los delitos federales son investigados por funcionarios del Ministerio Público Fiscal (MPF), creado en 1998, mientras Italia debate tener su propio Ministerio Público de la Acusación (MPA)
Al ser un referéndum constitucional sólo tendrá validez si vota el 50% del padrón. Por eso Argentina y América Latina juegan un rol especial. Hasta el 4 de marzo, los argentinos con ciudadanía italiana recibirán el sobre de votación De no ser así para el 8 de marzo, se debe tramitar un duplicado en la sede consular respectiva.
El modelo actual de la justicia italiana está vigente desde 1948 tras la caída del fascismo. A más de 75 años de su implementación, Meloni busca cambiar tres puntos cruciales.
El primero es la separación de carreras entre jueces y fiscales. En la actualidad, un magistrado italiano puede alternar funciones, es decir, ser fiscal y acusar, para luego ser juez y juzgar. El gobierno de Italia quiere que esto quede en el pasado y definir que un juez no puede ser fiscal o viceversa. Según lo advertido por el oficialismo así se garantiza la imparcialidad del juez.
El segundo es la implementación de dos Consejos Superiores de la Magistratura (CSM), uno para jueces y otro para fiscales. El texto presentado por el gobierno italiano expresa que la elección de estos consejos será mediante sorteo. En la actualidad existe un consejo sólo que define las dos carreras y es elegido por el voto entre pares.
El tercer punto es la Alta Corte Disciplinare. En concreto, se crea un tribunal externo para juzgar las faltas disciplinarias de los magistrados. Esto le quita potestad al CSM.
La coalición de gobierno, es decir, los tres partidos Fratelli d’Italia, Lega y Forza Italia, recibió el apoyo de la Unione delle Camere Penali Italiane (la asociación que nuclea a los abogados penalistas) para cambiar el sistema judicial.
Del otro lado la Asociación Nacional de Magistrados (ANM), que representa al 90% de los jueces y fiscales del país, y marcó que un cambio “domesticará” a la justicia y romperá la unidad clave entre jueces y fiscales para investigar al poder político. Encolumnados detrás de la ANM están los cinco partidos de la centroizquierada y la mayoría de los integrantes de la academia jurídica.
La oposición marcó que menos del 1% de los magistrados pasa de una carrera a otra. Edoardo Fracanzani, doctor en Política y Gobierno por la Universidad La Sapienza de Roma, radicado en Córdoba y autor de Le origini del conflitto (Los orígenes del conflicto), manifestó que cambios similares impuestos en Hungría y Polonia introdujeron controles sobre los fiscales y defendió el sistema actual: “Garantiza un alto nivel de independencia. Gracias a eso se pudieron investigar vínculos con la mafia y la corrupción de alto nivel. La reducción de esa autonomía implicaría, de manera directa, una menor capacidad de control por parte de los fiscales”.
Hay cuatro puntos claves que la reforma de Giorgia Meloni intenta modificar: las carreras judiciales, el gobierno, la selección de los jueces y fiscales y las sanciones a las que serán sometidos en caso de fallar como funcionarios públicos. El modelo argentino, con sus falencias, es un camino que seguir para Meloni. Así como también el sistema brasileño o el de otros países del mundo.
Las carreras judiciales en Italia hoy están unificadas, pero restringidas. Hoy un juez puede saltar al bando de los fiscales, pero sólo si lo decide en los primeros 10 años de carrera y por única vez. En Argentina son estructuras y concursos totalmente distintos, la reforma que plantean en Italia apuesta por copiar el modelo argentino.
En tanto, el gobierno de la justicia en Italia tiene un sólo CSM, que gestiona a jueces y fiscales por igual. En Argentina existe el doble mando, otro punto que intenta repetir Meloni.
La selección de magistrados en italianos es votada por sus representantes y se generan facciones. En Argentina, para elegir jueces y fiscales hay una mezcla de examen técnico y selección política. Meloni, en Italia, quiere que sean elegido por lotería.
Las sanciones hoy en Italia se definen por el propio CSM, mientras que en Argentina existe el Jurado de Enjuiciamiento Independiente (Jury). Si se llega a dar una reforma en Italia, la Alta Corte, el tribula externo que se creará, juzgará las faltas éticas y legales.
Sociedad
Máxima acreditación para Ingeniería en Informática e Ingeniería Ambiental
La Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA acreditó por el período máximo de seis años las carreras de Ingeniería en Informática e Ingeniería Ambiental, según fue informado recientemente por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), organismo nacional encargado de evaluar y acreditar las carreras universitarias en Argentina.
Este resultado representa un importante reconocimiento al compromiso sostenido de la Facultad con la calidad académica, la mejora continua y el desarrollo institucional, fruto de un trabajo colectivo desarrollado durante varios años.
La acreditación obtenida refleja, además, el camino iniciado en 2018 con el programa “Innovando en la formación de ingenieros”, un proceso que impulsó la actualización de los planes de estudio y una transformación del paradigma didáctico de las carreras de ingeniería. Asimismo, los informes de evaluación reconocen aspectos vinculados con la actualización curricular, el fortalecimiento de las actividades de investigación y extensión, la implementación de programas de tutorías académicas y el desarrollo de proyectos innovadores relacionados con cada disciplina.
Desde la institución destacaron especialmente la labor de los equipos académicos y de gestión que participaron activamente en el proceso de autoevaluación y acreditación, así como el trabajo articulado de docentes, directivos, investigadores y personal administrativo de la Facultad y del Rectorado.
El Esp. Ing. Roberto Giordano Lerena, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA, expresó: “estas resoluciones de acreditación por seis años de ambas carreras son fruto de un gran trabajo en equipo, articulado, comprometido y sostenido durante varios años, así como de un proceso muy interesante de migración de paradigma pedagógico conforme a los nuevos estándares, que comenzó el mismo día en que CONFEDI presentó el Libro Rojo en 2018.”
“Aun con la pandemia y las complicaciones que trajo aparejadas, nunca interrumpimos nuestro planeamiento estratégico y el proceso se cumplió, con alguna demora, pero con el compromiso pleno de todos los claustros y de un equipo de gestión magnífico, con una genuina vocación por la innovación y la mejora”, resaltó Giordano Lerena.
“Quiero agradecer a todos los que llevaron adelante este proceso, liderado por nuestra vicedecana, el secretario académico, los directores de carrera, las secretarias de investigación, extensión y administración, y todo el equipo en general. Representantes de los tres claustros participaron activamente del proceso. También agradezco a las áreas de Rectorado, que siempre acompañaron y brindaron el apoyo y los insumos necesarios para la elaboración de los informes. Es un logro de toda la comunidad de la Facultad de Ingeniería. Mi reconocimiento a cada uno”, concluyó el decano.
La acreditación otorgada por la CONEAU por el período máximo de seis años certifica el cumplimiento de los más altos estándares educativos. A su vez, consolida el posicionamiento de la Facultad de Ingeniería y reafirma su compromiso con la formación de profesionales de excelencia, preparados para responder a los desafíos tecnológicos, ambientales y sociales de la actualidad
Ciudad
UCIP reclama a Senadores por Zona Fría
Con el Senado de la Nación próximo a votar el proyecto que modifica el régimen de Zona Fría, UCIP escala su posición con carácter de urgencia: presentó esta semana una carta formal ante la Cámara alta con los datos del comercio marplatense y la exigencia de un voto informado.
Los datos son propios. El relevamiento de ventas minoristas del DESE de UCIP correspondiente a abril de 2026 registró una caída del 2,6% interanual en unidades físicas. El comercio formal de Mar del Plata ya absorbe una contracción de la demanda. Sobre ese piso, reducir el beneficio tarifario de 250.000 hogares marplatenses agrava el escenario: cada peso que las familias destinan al pago de tarifas más altas es un peso que no circula en los locales de la ciudad.
"No le pedimos al Senado que haga política energética. Le pedimos que vote sabiendo lo que pasa en el comercio de Mar del Plata. Nuestros datos son claros: el consumo ya está contenido. Un nuevo impacto sobre el ingreso disponible de los hogares lo profundiza", afirmó Blas Taladrid, presidente de UCIP.
UCIP lleva cinco años pidiendo que el beneficio de Zona Fría se extienda a las actividades comerciales e industriales. Advirtió en 2025 sobre el impacto de una quita. Salió públicamente en mayo de 2026 con los datos del DESE. Y ahora presenta su posición formal ante el Senado. La exigencia es la misma: el beneficio debe mantenerse para los hogares bonaerenses y ampliarse para los locales comerciales e industriales que también soportan costos de calefacción que impactan en el precio final de los productos y en la viabilidad de las pymes locales.
País
Gobierno anunció cambios en la VTV
El Gobierno nacional avanzará con una modificación significativa en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV), según confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, desde mañana miércoles quedará abierta la inscripción para que talleres mecánicos particulares habilitados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).
La novedad fue comunicada por Adorni a través de una publicación en la red social X, donde destacó el fin del esquema actual concentrado en plantas específicas de verificación.
"A partir de mañana, se abre el registro de inscripción para que talleres mecánicos particulares habilitados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria. Se termina el monopolio de las plantas de VTV. Fin", escribió el funcionario.
VTV: Qué cambia con la nueva medida
La decisión apunta a ampliar la cantidad de establecimientos autorizados para realizar los controles técnicos obligatorios de los vehículos, una tarea que hasta ahora se encontraba concentrada en plantas específicamente habilitadas para ese fin.
Con la apertura del registro, talleres mecánicos que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos establecidos podrán solicitar la habilitación para efectuar las revisiones obligatorias.
Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa permitirá aumentar la competencia, facilitar el acceso al servicio y reducir los tiempos de espera para los conductores.
Cómo será la implementación
El registro de inscripción comenzará a funcionar desde esta semana y estará destinado a talleres mecánicos particulares interesados en obtener la autorización correspondiente.
Las autoridades deberán definir los criterios técnicos, equipamiento requerido, controles de calidad y mecanismos de fiscalización para garantizar que las revisiones se realicen bajo estándares de seguridad equivalentes a los actuales.
La medida representa uno de los cambios más importantes en el sistema de revisión vehicular de los últimos años y podría modificar la forma en que millones de automovilistas realizan el trámite obligatorio en todo el país. NA
