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Acuerdo por la reforma laboral en el Senado
29 de enero de 2026
El Gobierno empezó a jugar este miércoles una de sus cartas decisivas para intentar sancionar la reforma laboral en febrero. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, encabezó una cumbre con referentes de la oposición aliada en el Senado, en busca de los votos que el oficialismo todavía no tiene asegurados para avanzar con el proyecto de “Modernización Laboral” durante las sesiones extraordinarias.
Bullrich inició una ronda de reuniones virtuales y contactos directos con los principales jefes de bloque y senadores clave del radicalismo, el PRO y fuerzas provinciales. Entre los interlocutores centrales figuraron Eduardo Vischi, jefe del bloque de la UCR en la Cámara alta, quien ya transmitió la disposición del radicalismo a discutir la iniciativa, aunque con pedidos de cambios en puntos sensibles del articulado.
También estuvieron en la agenda de Bullrich los senadores del PRO encabezados por Martín Goerling Lara, además de representantes de bloques provinciales que suelen moverse en sintonía con sus gobernadores. Entre ellos Carlos “Camau” Espínola (Unidad Federal), con peso en Corrientes; la salteña Flavia Royón, cercana al gobernador Gustavo Sáenz; y legisladores de espacios como Provincias Unidas y fuerzas patagónicas, cuyos votos resultan clave en un Senado fragmentado.
La senadora nacional aseguró que “está consolidado” el acuerdo con los bloques dialoguistas sobre la reforma laboral, aunque reconoció el reclamo de algunos senadores por la rebaja de ganancias ya que afecta los recursos de las provincias.
Bullrich precisó que tuvo un “diálogo muy abierto con los bloques, con los que hemos reunido 44 voluntades, y estamos trabajando en los detalles de la reforma laboral”. “Tenemos un acuerdo bastante consolidado, que se conocerá en el momento oportuno”, agregó.
El objetivo inmediato del oficialismo es asegurar el número para habilitar el debate en el recinto (la llave es de 37, cuando los votos asegurados que tiene hoy el oficialismo es de 21) y encaminar una sesión en la primera quincena de febrero. Se habla del 11 o 12 del mes próximo. En la Casa Rosada admiten que el acompañamiento de estos bloques no será automático y que la negociación combina demandas políticas, reclamos técnicos sobre la letra de la ley y pedidos vinculados al reparto de recursos. “Hay más moderación que optimismo”, dijo un vocero libertario.
En paralelo a las gestiones de Bullrich en el Congreso, el ministro del Interior, Diego Santilli, continúa con la rosca territorial con los gobernadores. Esta semana aún tiene pendiente viajar a Corrientes y Misiones para reunirse con Juan Pablo Valdés y Hugo Passalacqua. Si esos respaldos se concretan, el Gobierno pasaría a contar con el aval político de diez mandatarios provinciales.
Mientras el oficialismo acelera las negociaciones parlamentarias, del otro lado crece la presión sindical. Este miércoles por la tarde, el secretario general de la UOM, Abel Furlán, volvió a recibir en la sede del gremio metalúrgico a más de una veintena de sindicatos de la CGT que reclaman una postura más dura frente a la reforma laboral. Entre ellos estuvireonLuz y Fuerza, Aceiteros, pilotos, aeronáuticos, ceramistas, gráficos y viales, además de ATE, que impulsa un paro nacional de estatales el día en que el Senado trate el proyecto.
La movida profundiza las tensiones internas en la central obrera. Mientras el triunvirato cegetista apuesta a frenar o morigerar la reforma a través de negociaciones informales con gobernadores y legisladores, los gremios más combativos presionan por una estrategia de confrontación abierta y medidas de fuerza.
La izquierda sindical y política también empieza a mover fichas. Organizaciones “clasistas” convocaron a un plenario para el 2 de febrero en Parque Lezama, con la consigna de construir una “gran respuesta obrera y popular” contra la iniciativa oficial. La diputada del Frente de Izquierda Unidad Romina Del Plá calificó la reforma como “una topadora contra conquistas históricas” y cuestionó a la conducción de la CGT por su estrategia de diálogo con el Gobierno.
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Iglesia cuestiona baja de la edad de imputabilidad y pide más educación
La Conferencia Episcopal Argentina advirtió que centrar el debate solo en la pena simplifica una realidad compleja y reclamó políticas de prevención, acompañamiento y educación para niños y jóvenes.
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su preocupación frente a las propuestas que impulsan la baja de la edad de imputabilidad como respuesta a los delitos cometidos por menores y llamó a priorizar políticas de prevención, educación y acompañamiento comunitario.
En un pronunciamiento difundido en el marco de la memoria de san Juan Bosco, referente histórico en la educación y el acompañamiento de jóvenes, la Iglesia sostuvo que el debate centrado casi exclusivamente en la sanción penal deja en segundo plano las verdaderas causas del problema y las herramientas necesarias para evitar que los hechos se repitan.
Desde la CEA manifestaron su cercanía con el dolor de las familias y comunidades afectadas por hechos delictivos, aunque advirtieron que reducir la discusión a la edad de imputabilidad "corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja", que involucra a la familia, la escuela, la comunidad y al Estado.
En ese sentido, recordaron un documento de la Pastoral Social de marzo del año pasado, en el que se planteaban interrogantes que, según indicaron, siguen vigentes: el destino de los menores privados de libertad, la existencia de dispositivos adecuados en las provincias, las posibilidades reales de educación y reinserción social y la eficacia del sistema penitenciario como respuesta.
"La experiencia muestra cómo funcionan los establecimientos carcelarios y nos preguntamos si realmente creemos que esa es la solución", señalaron, al tiempo que reafirmaron la necesidad de avanzar hacia un régimen penal juvenil con una mirada "humana, integral y abierta a la esperanza".
El comunicado destaca el legado de san Juan Bosco, quien promovía un sistema preventivo basado en la presencia cercana de los adultos, la educación, el trabajo y la vida comunitaria, sin negar los conflictos pero apostando a la inclusión y al desarrollo pleno de los jóvenes.
A 150 años de la presencia salesiana en la Argentina, la Iglesia reiteró su llamado a fortalecer políticas educativas y comunitarias que construyan futuro y eviten respuestas tardías cuando el daño ya está hecho. "La verdadera prevención nace del cuidado compartido", subrayaron, y reclamaron familias acompañadas, comunidades comprometidas, un Estado presente y una sociedad que no se resigna a perder a sus niños y jóvenes.
Finalmente, la Conferencia Episcopal sostuvo que la niñez y la juventud representan "una tierra sagrada donde se siembra el futuro" y pidió especialmente por los jóvenes más vulnerables.
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Los aumentos de febrero
El mes que comienza hoy volverá a ser un desafío para los bolsillos, ya que se esperan aumentos de todo tipo. Las subas incluyen al transporte público, las prepagas y los alquileres, entre otros sectores.
Los aumentos de febrero impactarán en los alquileres. Los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán un aumento más moderado que los últimos meses y subirán 34,6%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL).
Los valores que comenzarán a regir para los inquilinos en los casos en que corresponda actualizar el contrato con el propietario:
Contrato anual por ICL (Ley de Alquileres derogada).
- Alquiler inicial: $ 400.000.
- Ajuste anual: 34,6%.
- Nuevo valor: $ 538.400.
Contratos post DNU sobre un alquiler de $ 500.000.
- Ajuste trimestral (6,08%): $ 530.400.
- Ajuste cuatrimestral (8,22%): $ 541.100.
- Ajuste semestral (12,81%): $ 564.050.
Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas alcanzarán el 2,80% en febrero. Este aumento también aplicará a los copagos.
La Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) logró hace unas semanas la firma de un nuevo aumento salarial para enero, en el marco de las negociaciones paritarias con las tres principales operadoras del país, Claro, Telecom y Movistar.
En ese sentido, las empresas responsables de servicios de cable, Internet y telefonía comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de febrero, aplicarán un nuevo ajuste de tarifas, con un incremento que oscilará entre 2,8 y 3,5%, según el servicio y la operadora.
A partir de febrero entra en vigencia el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) para la luz y el gas.
Según se informó, se busca que el precio del servicio se pague de manera más pareja a lo largo de todo el año, para suavizar los históricos que se generan en los meses de mayor consumo.
El aumento en los servicios dependerá de los consumos de cada usuario y su situación patrimonial.
A nivel general, la Secretaría de Energía aseguró que con el nuevo esquema, en los meses de mayor demanda, el 35% de los usuarios de luz pagará una factura promedio inferior a $ 22.000; el 66%, menos de $ 44.000: y el 81%, menos de $ 67.000.
En el caso del gas, durante los meses de invierno el 56% de los hogares pagará una factura inferior a $ 14.000; el 75%, menos de $ 56.000; y el 83%, menos de $ 73.000. DIB
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Argentina recibiría deportados de otras nacionalidades desde EEUU
El prestigioso diario The New York Times asegura que hay conversaciones avanzadas entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par argentino , Javier Milei, para que Buenos Aires acepte inmigrantes que Washington no puede expulsar a sus naciones de origen.
De acuerdo a una investigación publicada este viernes por The New York Times, hay "conversaciones avanzadas" por este tema ya que se busca profundizar el alineamiento geopolítico entre ambas naciones.
La intención sería firmar un acuerdo que permita a la administración de Trump deportar inmigrantes de otras nacionalidades hacia la Argentina.
Ese pacto convertiría a la Argentina en un "tercer país" de acogida para expulsados que Washington no logra devolver a sus lugares de origen, ya sea por falta de relaciones diplomáticas o por la imposibilidad de obtener documentos de viaje.
Sin embargo, horas después Milei pareció desmentir esa información al repostear un mensaje del militante de La Libertad Avanza (LLA) Daniel Parisini, quien se hace llamar el Gordo Dan, en el que negaba las tratativas.
Esta nueva iniciativa se enmarca en la agresiva campaña de deportación masiva movilizada por la administración de Trump, que busca disuadir los cruces ilegales y descomprimir su sistema migratorio derivando a los detenidos hacia naciones aliadas.
Para el gobierno de Milei, aceptar esos traslados representaría un gesto de alto valor para fortalecer su alianza con Estados Unidos, incluso a riesgo de contradecir su propia retórica de endurecimiento fronterizo a nivel local.
El New York Times destaca que esas charlas ocurren mientras la Casa Rosada intensifica sus propios operativos de control migratorio y reivindica cifras récord de expulsiones.
El mecanismo de "tercer país seguro" o acuerdos similares suelen utilizarse para enviar a nacionales de países con los que Estados Unidos tiene relaciones tensas o nulas, usándolos también como mensaje disuasorio para futuros migrantes.
