La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió el alta en el Sanatorio Otamendi tras permanecer internada por un cuadro de apendicitis, según el parte médico.

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner finalizó su intervención por su cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio, por lo que ha sido dada de alta”, sostiene el documento emitido por el nosocomio.

En este sentido, las autoridades del centro asistencial indicaron que “previamente se retiró el drenaje peritoneal”, motivo por el que la paciente “pasó a tratamiento antibiótico vía oral”.

Ahora, la exvicepresidenta continuará con el tratamiento en su domicilio San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por la condena a seis años en la causa Vialidad.

“Será seguida en su domicilio por su propio equipo médico personal”, finaliza el texto.

Cabe reciordar que Fernández de Kirchner -de 72 años- había sido intervenida el 20 de diciembre pasado, debido a un cuadro de apendicitis aguda, con peritonitis localizada, que derivó una operación más compleja de lo esperado y en una lenta recuperación del íleo postoperatorio.

La salida de la exvicepresidenta del Sanatorio Otamendi se concretó en medio de una compleja situación judicial, y de las estrictas medidas que ratificaron las autoridades del judiciales del Tribunal Oral Criminal Federal 2 con respecto al régimen de visitas y otras cuestiones inherentes a su prisión domiciliaria.

De hecho, sus abogados defensores (Carlos Beraldi y Ary Llernovoy) habían presentado un pedido para solicitar una ampliación en el régimen de visitas, como así también el retiro de la tobillera electrónica y las horas de permanencia en la terraza del edificio, pero el mismo fue rechazado.

Luego de que el cuestionado presidente de AFA Claudio “Chiqui” Tapia denunciara una supuesta avanzada del Gobierno, el primer mandatario Javier Milei negó cualquier tipo de intervención y fue tajante sobre su postura institucional.

Milei evitó dar definiciones contra la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y su titular, Claudio “Chiqui” Tapia, luego de que fuera imputado junto a su mano derecha Pablo Toviggino y la cúpula de la entidad deportiva por la presunta retención indebida de tributos por unos $19.000 millones.

“En la dinámica lógica de la FIFA, los gobiernos no se pueden meter en las cuestiones deportivas, por lo tanto, no tengo nada que opinar en cuestiones deportivas más allá de preferencias de hincha”, comenzó su argumento.

Y siguió: “El segundo punto es que la FIFA condena los actos de corrupción. Si hay un acto de corrupción, eso tiene que caer de la Justicia. Yo no interfiero en la Justicia ni me entrometo, con lo cual: que actúe la Justicia”.

HITO HISTÓRICO

En otro orden, el Presidente consideró a la aprobación del Presupuesto 2026 como un evento de enorme magnitud. “Lo de ayer fue un hito histórico. Probablemente estemos frente a la jornada legislativa más importante de la historia argentina por dos eventos: haber sancionado un presupuesto con déficit cero y por una ley que, sin lugar a dudas, debe ser una de las más importantes de los últimos 100 años, que es la ley que restaura el principio de inocencia en temas impositivos”, señaló.

El oficialismo necesitaba la aprobación de la ley de leyes para así enviar una señal de gobernabilidad a los mercados y de previsibilidad al Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el que deberá negociar la deuda que vence en enero. Sobre esto último, Milei aseguró que el Gobierno pagará la deuda en febrero. “Hoy en el mundo se habla del milagro económico argentino y la primera pieza de ese andamiaje fue lograr el equilibrio fiscal”, sostuvo.

Sobre el Presupuesto, remarcó la importancia de que el proyecto incluya el déficit cero en su composición. “Tener déficit fiscal es profundamente inmoral porque lo vas a tener que financiar. Si lo financiás con deuda es aberrante porque es como si uno se fuera de fiesta y cuando hay que pagar la cuenta diga ‘la tiene que pagar mi nieto’. La deuda es impuestos futuros: la fiesta de hoy la pagan generaciones que capaz ni siquiera nacieron”, expresó.

La secretaria general de la Asociación de Empleados Fiscales y de Ingresos Públicos (AEFIP), Mar del Plata y zona, Stella Maris Elías, expresó una fuerte preocupación por los alcances de la reforma laboral impulsada a nivel nacional, a la que calificó como “absolutamente regresiva en derechos para los trabajadores” y con un impacto directo sobre la recaudación del Estado. Según explicó, uno de los puntos más críticos es la detracción del 3% de las contribuciones patronales para la creación del Fondo de Aporte Laboral (FAL), destinado a cubrir futuras indemnizaciones. “Esto implica que el Estado termine subsidiando despidos de privados, transfiriendo una responsabilidad empresaria al erario público y afectando directamente a la caja jubilatoria”, advirtió.

En ese sentido, Elías también cuestionó la derogación de la Ley 24.013, que establecía multas para el empleo no registrado. La dirigente sindical sostuvo que la eliminación de estas sanciones no incentivará la formalización laboral, sino todo lo contrario. “Creemos que ese 40% de empleo no registrado va a incrementarse si no hay sanción. Es como querer reducir los accidentes de tránsito sacando los semáforos”, graficó, al tiempo que recordó que dicha norma protegía a los trabajadores que se desempeñaban en la informalidad.

Otro de los aspectos señalados fue el cambio de encuadre laboral para los trabajadores de plataformas digitales, como repartidores y choferes. Elías consideró “una aberración” que se los catalogue como trabajadores independientes cuando, en la práctica, existe una relación de absoluta subordinación. “Las plataformas fijan normas, condiciones económicas y concentran todo el poder. Hay una clara disparidad entre las partes que se desconoce con esta reforma”, remarcó.

La titular de AEFIP también alertó sobre el carácter “antisindical” de la iniciativa, al señalar que busca debilitar el rol de los gremios, restringiendo el derecho a huelga, las asambleas y la negociación colectiva. “Los sindicatos han sido el principal freno a las políticas contra los trabajadores, como ocurrió con el DNU 70 o con las cautelares que evitaron despidos. Por eso molestan y se intenta quitarles poder, aun cuando esos derechos están consagrados en la Constitución y en pactos internacionales”, afirmó.

En relación con el discurso oficial sobre la “libertad” entre empleadores y trabajadores, Elías sostuvo que se desconoce la desigualdad estructural de la relación laboral. “No hay paridad real entre un trabajador y un patrón. El sindicato es el que compensa esa disparidad y negocia colectivamente. Sin esa protección, el trabajador queda en una situación de absoluto desamparo”, subrayó.

Finalmente, cuestionó que la anunciada baja de impuestos alcance solo a un grupo reducido de empresas y no tenga un impacto generalizado en la economía. En contraposición, señaló que una reducción del impuesto a las Ganancias para los trabajadores sí se volcaría al consumo. Además, advirtió sobre la modificación de la Ley 14.250 de negociación colectiva, que habilita a la Secretaría de Trabajo a vetar cláusulas acordadas en paritarias. “Eso es una intromisión directa en la libertad de negociación. Si no se homologa un acuerdo, deja de ser obligatorio, y las empresas pueden cumplirlo o no. Es un avance grave sobre derechos conquistados”, concluyó.