Una filtración de datos habría dejado expuestos más de 1 terabyte de información confidencial de SudamericaData, una empresa dedicada a la elaboración y venta de reportes sobre personas y compañías, según informó Daily Dark Web. Hasta ahora, no hubo confirmación oficial por parte de los organismos estatales mencionados en los archivos filtrados.

El presunto delito, que podría ser el más grande de la historia de este tipo en el país, incluiría información filtrada de ANSES, ARCA, los Registros de la Propiedad Automotor, compañías de telefonía celular y millones de direcciones de correo electrónico recopiladas para campañas de marketing.

Tras su clausura judicial en 2023, la firma habría continuado operando bajo el nombre Work Management. El material filtrado incluiría bases de datos y código fuente de sistemas internos, lo que eleva los riesgos de explotación.

Era una base que en su momento era consultada por las fuerzas de seguridad al momento de encarar investigaciones, pero no estaba inscripta en el Registro Nacional de Bases de Datos, que funcionaba bajo la órbita de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales de la Agencia de Acceso a la Información Pública.

En el enorme listado publicado se presume que figuran:

• Más de 60 millones de registros de la base de datos de ciudadanos de ARCA
• Más de 75 millones de registros de la base de datos de propiedad de vehículos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA)
• Más de 176 millones de registros de bases de datos laborales de la ANSES que contienen números de teléfono, correos electrónicos, direcciones, salarios y relaciones laborales
• Más de 100 millones de registros de bases de datos de compañías de telefonía celular
• Millones de direcciones de correo electrónico recopiladas para campañas de marketing
• Datos de usuarios internos de la web de la compañía y el código fuente de la misma

Especialistas en ciberseguridad advirtieron que la filtración facilita delitos como suplantación de identidad, estafas personalizadas y ataques dirigidos. La presencia del código fuente podría permitir nuevas vulnerabilidades si los sistemas siguen activos.

A su vez, indicaron que mientras no exista un canal oficial para verificar si alguien fue afectado, los usuarios deben extremar precauciones: cambiar contraseñas, activar la autenticación en dos pasos, desconfiar de solicitudes de información y monitorear movimientos financieros ante cualquier actividad sospechosa.

SudamericaData fue fundada a finales de 2020 por Mario Fernando Ares, de profesión ingeniero y exfuncionario de la AFIP, y Silvia Gladis Duarte, psicopedagoga. La firma quedó bajo la lupa de la Justicia en noviembre de 2023, cuando el expolicía Ariel Zanchetta, señalado como un inorgánico de la SIDE y de la AFI, buceó en los registros de esa empresa para buscar los datos de más de dos mil jueces, funcionarios, dirigentes, artistas y periodistas que se convirtieron en “blancos” de sus actividades, según dictaminó en ese momento el fiscal Gerardo Pollicita.

Aunque Ares y Duarte aseguraron en su momento que se nutrían de bases públicas, lo cierto es que la cantidad de información que ofrecían a sus clientes sorprendía por el nivel de detalles sobre la privacidad de las personas buscadas: número de teléfono celular particular, correo electrónico privado, monto exacto de ingresos salariales, "bienes personales" de los “objetivos” (incluyendo inmuebles a su nombre) o datos provenientes, al parecer, de AFIP, por mencionar algunos ejemplos. DIB

Tras la derogación de la Ley de Alquileres, el mercado inmobiliario funciona bajo un esquema de libertad contractual, lo que implica cambios directos en la forma en que se actualizan los contratos.

Desde enero, muchos inquilinos deberán afrontar un monto adicional en sus alquileres, de acuerdo con el mecanismo de ajuste que hayan pactado con el propietario.

La clave para calcular el próximo aumento está en los índices de inflación y en el plazo de actualización establecido en cada contrato.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, que fue del 2,5%. Con este registro, la inflación acumulada en lo que va del año alcanza el 31,4%.

Estos porcentajes son determinantes para los contratos de alquiler que ajustan por inflación y que cumplen en enero el período acordado para una nueva actualización.

Aumento de alquileres en enero 2026: cómo se calcula. Los inquilinos deberán aplicar el aumento según el plazo de actualización pactado en el contrato, que puede ser trimestral, cuatrimestral o semestral. En cada caso, se debe sumar la inflación acumulada de los meses correspondientes.

Este cálculo se repite en cada actualización, siempre respetando lo firmado entre las partes.

En los contratos atados al IPC, el mecanismo es simple:

• Identificar el período de ajuste (tres, cuatro o seis meses).
• Sumar los porcentajes de inflación publicados por el INDEC durante ese período.
• Aplicar ese porcentaje acumulado sobre el valor actual del alquiler.

Si bien la Ley de Alquileres fue derogada, algunos contratos continúan actualizándose por el Índice de Contratos de Locación (ICL), ya que la normativa actual permite que las partes acuerden libremente el mecanismo de ajuste.

El ICL mostró una tendencia decreciente desde septiembre de 2024, lo que derivó en aumentos más moderados en comparación con otros índices.

Para los contratos que deban actualizarse en diciembre o enero con ajustes trimestrales por este índice, el incremento será del 6,01%.

Con la eliminación del marco anterior, ya no existe la obligación de ajustes anuales ni de utilizar un índice específico. Cada contrato define:

• El plazo de actualización.
• El índice de ajuste (IPC, ICL u otro).
• La forma de cálculo del aumento.

Por eso, desde enero, muchos inquilinos comenzarán a pagar un monto extra, determinado exclusivamente por lo acordado al momento de firmar el contrato.

Agrupaciones sindicales y sociales convocaron para este jueves a las 15 una movilización hacia Plaza de Mayo en rechazo al proyecto de ley de Modernización Laboral impulsado por el oficialismo. La concentración está prevista en la intersección de la avenida Carlos Pellegrini y Juan Domingo Perón, desde donde las columnas marcharán hasta la Plaza de la City porteña.

La protesta también incluirá cuestionamientos al Presupuesto, al considerar que no contempla las leyes de pediatría, discapacidad y financiamiento universitario aprobadas por el Congreso. Según informó días atrás la agencia DIB, el gobernador Axel Kicillof confirmó que el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que conduce, acompañará la jornada de protesta.

La CGT ratificó la convocatoria tras una reunión de su Consejo Directivo, integrado por el triunvirato conformado por Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros). A su vez, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó su participación y anunció un paro nacional. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la reforma laboral y el Presupuesto “terminarán de aniquilar a las provincias” y llamó a profundizar las protestas en los distritos provinciales.

También participarán de la movilización las dos centrales de la CTA-la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma- junto con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). El secretario general de la CTA-A, Hugo Godoy, señaló que el proyecto oficial tiene un carácter “regresivo” en relación con los derechos laborales.

Por su parte, el titular de la CTA-T, Hugo Yasky, afirmó que en distintos países del mundo las reformas laborales apuntan a mejorar las condiciones de trabajo, regular a las empresas de plataformas, otorgar nuevas licencias, reducir la jornada laboral y garantizar la igualdad de género.

A la convocatoria también se sumarán los trabajadores del Hospital Garrahan nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), quienes confirmaron su adhesión en defensa de los derechos laborales y de la salud pública. Asimismo, movilizarán los gremios universitarios