Tras la derogación de la Ley de Alquileres, el mercado inmobiliario funciona bajo un esquema de libertad contractual, lo que implica cambios directos en la forma en que se actualizan los contratos.

Desde enero, muchos inquilinos deberán afrontar un monto adicional en sus alquileres, de acuerdo con el mecanismo de ajuste que hayan pactado con el propietario.

La clave para calcular el próximo aumento está en los índices de inflación y en el plazo de actualización establecido en cada contrato.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, que fue del 2,5%. Con este registro, la inflación acumulada en lo que va del año alcanza el 31,4%.

Estos porcentajes son determinantes para los contratos de alquiler que ajustan por inflación y que cumplen en enero el período acordado para una nueva actualización.

Aumento de alquileres en enero 2026: cómo se calcula. Los inquilinos deberán aplicar el aumento según el plazo de actualización pactado en el contrato, que puede ser trimestral, cuatrimestral o semestral. En cada caso, se debe sumar la inflación acumulada de los meses correspondientes.

Este cálculo se repite en cada actualización, siempre respetando lo firmado entre las partes.

En los contratos atados al IPC, el mecanismo es simple:

• Identificar el período de ajuste (tres, cuatro o seis meses).
• Sumar los porcentajes de inflación publicados por el INDEC durante ese período.
• Aplicar ese porcentaje acumulado sobre el valor actual del alquiler.

Si bien la Ley de Alquileres fue derogada, algunos contratos continúan actualizándose por el Índice de Contratos de Locación (ICL), ya que la normativa actual permite que las partes acuerden libremente el mecanismo de ajuste.

El ICL mostró una tendencia decreciente desde septiembre de 2024, lo que derivó en aumentos más moderados en comparación con otros índices.

Para los contratos que deban actualizarse en diciembre o enero con ajustes trimestrales por este índice, el incremento será del 6,01%.

Con la eliminación del marco anterior, ya no existe la obligación de ajustes anuales ni de utilizar un índice específico. Cada contrato define:

• El plazo de actualización.
• El índice de ajuste (IPC, ICL u otro).
• La forma de cálculo del aumento.

Por eso, desde enero, muchos inquilinos comenzarán a pagar un monto extra, determinado exclusivamente por lo acordado al momento de firmar el contrato.

Agrupaciones sindicales y sociales convocaron para este jueves a las 15 una movilización hacia Plaza de Mayo en rechazo al proyecto de ley de Modernización Laboral impulsado por el oficialismo. La concentración está prevista en la intersección de la avenida Carlos Pellegrini y Juan Domingo Perón, desde donde las columnas marcharán hasta la Plaza de la City porteña.

La protesta también incluirá cuestionamientos al Presupuesto, al considerar que no contempla las leyes de pediatría, discapacidad y financiamiento universitario aprobadas por el Congreso. Según informó días atrás la agencia DIB, el gobernador Axel Kicillof confirmó que el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que conduce, acompañará la jornada de protesta.

La CGT ratificó la convocatoria tras una reunión de su Consejo Directivo, integrado por el triunvirato conformado por Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros). A su vez, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó su participación y anunció un paro nacional. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la reforma laboral y el Presupuesto “terminarán de aniquilar a las provincias” y llamó a profundizar las protestas en los distritos provinciales.

También participarán de la movilización las dos centrales de la CTA-la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma- junto con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). El secretario general de la CTA-A, Hugo Godoy, señaló que el proyecto oficial tiene un carácter “regresivo” en relación con los derechos laborales.

Por su parte, el titular de la CTA-T, Hugo Yasky, afirmó que en distintos países del mundo las reformas laborales apuntan a mejorar las condiciones de trabajo, regular a las empresas de plataformas, otorgar nuevas licencias, reducir la jornada laboral y garantizar la igualdad de género.

A la convocatoria también se sumarán los trabajadores del Hospital Garrahan nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), quienes confirmaron su adhesión en defensa de los derechos laborales y de la salud pública. Asimismo, movilizarán los gremios universitarios

Tras una sesión que se extendió por casi diez horas y concluyó pasada la medianoche, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley de Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno de Javier Milei

La iniciativa obtuvo 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones, y quedó en condiciones de ser girada al Senado, aunque la votación en particular continuaba durante la madrugada y se anticipaban rechazos parciales a algunos artículos sensibles.

La Libertad Avanza consiguió el respaldo de sus principales aliados parlamentarios: el PRO, la UCR, Innovación Federal, el MID y bloques provinciales que responden a distintos gobernadores. En contraposición, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra del proyecto, mientras que Provincias Unidas optó por la abstención, aunque tuvo un rol clave al inicio de la jornada para alcanzar el quórum.

El debate estuvo atravesado por una fuerte controversia en torno al artículo 75, que deroga las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario. Ese punto se convirtió en el eje de los cuestionamientos opositores, que acusaron al oficialismo de “blindar” el artículo al incluirlo dentro del capítulo 11, junto con otras disposiciones sensibles para distintas fuerzas políticas.

A pedido del PRO, el Gobierno incorporó en ese mismo capítulo el cumplimiento de los actos procesales ordenados por la Corte Suprema en el reclamo por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, así como la transferencia de 21.347 millones de pesos del máximo tribunal al Consejo de la Magistratura. Para la oposición, se trató de una maniobra para condicionar apoyos y evitar deserciones en la votación en particular.

“Es una extorsión”, lanzó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, mientras que el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, calificó la estrategia como una “perversidad” y denunció un intento de presión sobre el Poder Judicial. “Meten todo en el capítulo 11 para que nadie se pueda despegar del artículo 75”, sostuvo el santafesino, quien fue aún más duro al advertir que se buscaba condicionar a los jueces para que “ni se les ocurra cuestionar la votación”.

Desde el oficialismo, la diputada libertaria Silvana Giudici rechazó las acusaciones y respondió con dureza: “Dejen de hacer terrorismo, no hay ninguna trampa”. En la misma línea, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, defendió el proyecto y destacó como principal virtud el “equilibrio fiscal”, al que definió como la “piedra angular” del programa económico de Milei. “Hace 120 años que la Argentina no tiene superávit fiscal. Este presupuesto es el camino hacia el país que siempre soñamos”, afirmó.

El proyecto prevé un crecimiento del 5% del PBI para 2026, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio oficial que rondaría los 1.423 pesos en diciembre del año próximo. Además, estima un superávit primario del 1,5% del PBI y uno financiero del 0,2%, con exportaciones en alza del 10,6%. Desde la oposición, sin embargo, cuestionaron la consistencia de esas proyecciones y las calificaron de “ilusorias”, al advertir que subestiman la inflación y el valor del dólar.

La sesión también estuvo marcada por el debate reglamentario sobre la modalidad de votación en particular. El oficialismo logró imponer, con apoyo de sus aliados, que se vote por títulos completos y no artículo por artículo, una decisión que fue interpretada como un intento de impedir que algunos bloques acompañen el presupuesto en general pero rechacen el artículo 75. La moción se aprobó por 130 votos a 112.

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, sostuvo que “es un principio moral no gastar más de lo que se tiene” y defendió la reducción del gasto público como condición necesaria para bajar impuestos. Desde el peronismo, en cambio, Agustín Rossi advirtió que el texto “profundiza el ajuste, deprime el consumo y destruye el entramado industrial”.

En paralelo al tratamiento parlamentario, la Casa Rosada desplegó una intensa negociación con gobernadores aliados, que incluyó el reparto de Aportes del Tesoro Nacional y compromisos políticos, como la inclusión de los fondos adeudados a la Ciudad de Buenos Aires por coparticipación, uno de los reclamos centrales del PRO.

Con la aprobación en general, el Gobierno dio un paso clave para convertir en ley el Presupuesto 2026, el primero de la gestión Milei tras dos años de prórrogas del esquema heredado de 2023. El desafío inmediato será superar la votación en particular y luego repetir el respaldo en el Senado, donde el oficialismo buscará sancionar la norma antes de fin de año, en un clima político que promete seguir cargado de tensión. DIB