La audiencia convocada en el marco del conflicto por el futuro del complejo de balnearios de Punta Mogotes concluyó este martes sin un acuerdo entre la Municipalidad y la Provincia. No obstante, ambas partes manifestaron su voluntad de continuar con las negociaciones y la Justicia fijó una nueva audiencia para el próximo 18 de agosto.

La audiencia se desarrolló desde el mediodía en el Juzgado Contencioso Administrativo N°1, a cargo del juez Simón Isacch, como continuidad de la realizada el 30 de junio. Participaron el secretario de Legal, Técnica y de Hacienda del Municipio, Mauro Martinelli; la subsecretaria de Turismo bonaerense, Soledad Martínez; el fiscal de Estado, Hernán Gómez; y el administrador general de Punta Mogotes, Fernando Maraude, segun fuentes consultadas por LoquePasa.

Las partes buscan avanzar, en una primera etapa, en un acuerdo que garantice el funcionamiento de los 24 balnearios durante la próxima temporada de verano. Paralelamente, pretenden trabajar en conjunto en la elaboración de un master plan y en el futuro llamado a licitación del complejo.

Ante la falta de consenso, el magistrado resolvió convocar a una nueva audiencia y mantener suspendidos los plazos procesales, una medida que permite congelar el trámite judicial mientras continúan las mesas de trabajo políticas y técnicas.

El conflicto se originó tras la presentación de una medida cautelar por parte del Municipio para frenar la licitación de los balnearios impulsada por la Provincia. Además, la comuna promovió una demanda principal con el objetivo de cancelar la deuda con la Administración Punta Mogotes (APM) y avanzar con el traspaso del complejo a la órbita municipal.

La APM administra Punta Mogotes desde hace más de cuatro décadas y está integrada en un 70% por la Provincia y un 30% por el Municipio. En mayo de este año, el Gobierno bonaerense anunció un proceso de transferencia del complejo turístico, aunque supeditado a la ejecución previa de obras de modernización mediante una nueva licitación. La propuesta fue rechazada por el Ejecutivo local, que recurrió a la Justicia para suspender ese proceso hasta que se resuelva la cuestión de fondo.