Al cumplirse 50 años de la última dictadura cívico militar que sufrió nuestro país, José Ignacio López (*)  hace un breve repaso por la trama política y jurídica que permitió la reapertura de los juicios contra los responsables de los delitos atroces contra el pueblo argentino. 

El 24 de marzo de 1976 un golpe cívico-militar interrumpió el orden constitucional y se instaló en la Argentina la época más oscura que recuerde la historia de nuestra Nación. Durante los ocho años que la dictadura ejerció el poder de facto se cometieron un sinnúmero de delitos atroces, se implementaron políticas de destrucción del aparato productivo nacional, se retrocedió en los derechos sociales alcanzados y se endeudó al Estado de una forma inédita. 

El 10 de diciembre del 1983, la Argentina recuperó la democracia y asumió un presidente constitucional, el doctor Ricardo Raúl Alfonsín, quién ordenó la constitución de una comisión para investigar los crímenes de la dictadura, fue así que nació la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) quién un año más tarde entregaría a manos del ex presidente radical su informe denominado “Nunca Más”. 

En dicho informe se constató que la dictadura había implementado, durante los años que detentó el poder, un plan sistemático de desapariciones forzadas de personas, centros clandestinos de detención y delitos atroces contra los ciudadanos argentinos. Con este documento, el presidente Alfonsín impulsó en 1985 la realización del Juicio a las Juntas, un proceso penal contra los altos mandos militares realizado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal (integrada por los doctores Arslanian, Torlasco, Gil Lavedra, Valega Araoz, Ledesma y D'Alessio) y que terminó con la condena a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. 

Luego de este proceso histórico, el presidente Alfonsín sufrió una gran presión de parte de la corporación militar que, viéndose acechada por la justicia, forzó en 1986 la sanción de la Ley de Punto Final, una norma que estableció la prescripción de las acciones penales vigentes contra los responsables de los delitos del terrorismo de Estado que no que no hubieran sido llamados a declarar en un plazo de 60 días posteriores a su sanción. 

Un año más tarde, se limitó aún más el accionar del Poder Judicial, con la sanción de la Ley de Obediencia Debida, norma que postuló una presunción legal que no admitía prueba en contra respecto a los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas durante la dictadura no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada "obediencia debida", concepto según el cual los subordinados se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores. 

Con dichas normas promulgadas se hizo notar un amplio descontento social en la ciudadanía nacional y el resultado concreto fue que sólo habían sido condenadas las cúpulas militares en el Juicio a las Juntas y todo lo demás, a excepción del “robo de bebés”, quedaba cubierto por un negro manto de impunidad. Faltaba más para agravar el marco normativo de la impunidad, entre los años 1989 y 1990, el ex presidente Carlos Saúl Menem dictaría una serie de diez decretos indultando a los ex comandantes y civiles que cometieron delitos durante los oscuros años del “Proceso de Reorganización Nacional” incluyendo a los miembros de las juntas condenados en el Juicio a las Juntas de 1985, al procesado ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y los líderes de las organizaciones guerrilleras. 

Con esos indultos, inexplicables, se perfeccionó un cuadro de profunda impunidad en nuestro país, con el Estado Nacional silenciando crímenes horrorosos que sufrió su pueblo durante esos sombríos años.  Vinieron años durísimos para los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado pero ellos siguieron bregando por Justicia. Fue así que se fueron abriendo pequeñas luces de esperanza desde lo judicial, por ejemplo y sólo para destacar algunos, la actuación de la Justicia Francesa que condenó en ausencia a prisión perpetua a Alfredo Astíz en 1990 por la desaparición de las monjas Domon y Duquet, también la del magistrado español Baltasar Garzón quién pidió la extradición y juzgó a Adolfo Scilingo por los vuelos de la muerte. 

En tiempos que no se podía condenar, por regir las “leyes del perdón”, párrafo aparte merece un sector del Poder Judicial Argentino que a fines de la década de los 90, a pedido de los familiares y asociaciones de derechos humanos que fundándose en los pactos internacionales de derechos humanos y en el derecho a la verdad (que abarca el derecho a la memoria, el duelo -reclamo del cuerpo o el destino corrido por la víctima- y al patrimonio cultural -rito funerario- impulsaron la apertura de procesos judiciales cuyo propósito fue averiguar qué había pasado con las personas desaparecidas.   

Así se iniciaron los “Juicios por la Verdad”, la Cámara Federal Platense lo hizo por medio de la Acordada 18 del 15 de abril de 1998 y luego se sumaron Mendoza, Mar de Plata y Bahía Blanca. En estos procesos, de notable importancia histórica e institucional, la inmensa cantidad de testimonios y pruebas colectadas sirvieron luego cuando la Justicia inició los juicios con facultad condenatoria. Además, se lograron encontrar una gran cantidad de cuerpos de personas desaparecidas para entregárselos a sus familiares para poder rendirles el respectivo culto. 

A su vez, el 6 de marzo de 2001, el entonces juez federal Gabriel Cavallo declaró inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en el denominado caso "Poblete". Una decisión de gran trascendencia que luego fue convalidada por la Sala II de la Cámara Federal Porteña.  Fue a partir del 25 de mayo de 2003, cuando asumió la Presidencia de la Nación el doctor Néstor Carlos Kirchner, que se dio un gran giro, el Poder Ejecutivo Nacional comenzó a impulsar con notable decisión la reapertura de procesos judiciales penales contra los responsables de la última dictadura militar. 

De esta forma, envió un proyecto para dar por tierra con las “leyes del perdón” y fue el Congreso de la Nación en el año 2003, por medio de la ley 25.779, quién declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.  Dos años más tarde, en una de las sentencias más importantes de la historia judicial argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Simón”, de 259 páginas de extensión, declaró la nulidad de dichas leyes de amnistía y expresó que los delitos cometidos por la última dictadura militar son crímenes de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles. 

En el año 2007, el Máximo Tribunal en la causa "Mazzeo", declaró la inconstitucionalidad de los indultos hacia los altos mandos militares responsables de los crímenes de la dictadura emitidos por el ex presidente Carlos Menem. Estas medidas políticas y judiciales permitieron que se reabran los procesos penales contra los responsables de los atroces crímenes cometidos durante la última dictadura militar.

De esta forma la Justicia retomó la tarea en la que nunca debió ser limitada. Según datos de la la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde la celebración del primer juicio por estos delitos hasta el presente, se han realizado cientos de procesos.

Actualmente, 1231 personas fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad y 250 resultaron absueltas y el estado procesal de las causas por crímenes de lesa humanidad, según el referido informe, revela que el 51% cuenta con sentencia (361 procesos), el 39% (es decir, 282) se encuentran en etapa de instrucción, mientras que se están llevando a cabo 12 juicios orales en el país y otras 60 aguardan la fijación de la fecha del debate oral. 

 Han pasado muchos años de los horrores del terrorismo de Estado en nuestro país, aún las heridas y sus efectos siguen vigentes causando un dolor infinito al pueblo muy difícil de apagar, por eso, le corresponde al Poder Judicial de nuestra Nación un actuar pronto y eficaz que asegure Memoria, Verdad y Justicia para que todos los argentinos podamos decir: NUNCA MÁS.

(*) Abogado (UNLP), docente de Derecho de la Comunicación y de Derecho Administrativo II (UNLP) y director Palabras de Derecho.

FOTO: Histórico juicio a las Juntas Militares. Por primera vez en la historia, un tribunal civil juzgaba a los responsables de un golpe de Estado. El 9 de diciembre de 1985, los jueces leyeron las inéditas condenas a las Juntas Militares de la última dictadura.

En el marco del 24 de marzo, jornada de Memoria en Argentina, el vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, realizó declaraciones que generaron polémica al referirse al número de desaparecidos durante la última dictadura militar.

El funcionario sostuvo que deben considerarse los datos oficiales disponibles. "Yo creo que los datos son los oficiales, lo que uno tiene que tomar", expresó, al ser consultado sobre la cifra histórica de víctimas.

Leguizamón mencionó el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) como referencia principal para abordar el tema. En ese sentido, remarcó que allí se registran más de 8.000 casos documentados.

"La escuchaba el otro día a Menghide cuando explicaba que en realidad cuando se hablaba de los 30.000... hablaba de que en ese momento necesitaban una notoriedad internacional", señaló, en alusión al contexto en el que se instaló esa cifra.

Además, agregó: "En el informe de la CONADEP claramente dice que son más de 8.000 personas los que lograron registrarse desaparecidos y hoy dicen que después de mucho trabajo llegaron a casi 10.000".

Repercusiones y debate abierto

Las declaraciones del vicegobernador se dan en una fecha de fuerte carga simbólica en todo el país y vuelven a poner en discusión un tema que genera posiciones encontradas.

Mientras organismos de derechos humanos sostienen la cifra de 30.000 desaparecidos como una construcción histórica y política vinculada a la magnitud del terrorismo de Estado, otros sectores insisten en remitirse a los registros documentados oficialmente.

En ese contexto, los dichos de Leguizamón reabren el debate en Santa Cruz y a nivel nacional, en una jornada atravesada por actos, movilizaciones y reflexiones en torno a la memoria, la verdad y la justicia. (Fuente: El Diario Nuevo Día)

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó que el 24 de marzo es una fecha que sirve como “el recuerdo de algo que no tiene que volver a ocurrir”, en alusión al golpe de Estado de 1976.

Carlotto, quien será oradora esta tarde del acto central en la Plaza de Mayo, sostuvo que “una dictadura es violencia y es una vergüenza para el país”, al tiempo que reivindicó la lucha de los organismos de derechos humanos para que desde 1983 se tenga “una democracia con el voto de la gente”.

Recordó que “las Abuelas siguen trabajando como siempre” para encontrar a alrededor de 300 bebés apropiados por los grupos de tareas de la dictadura, aunque lamentó que hoy lo hagan “sin ayuda del Estado”. De todos modos, destacó: “Igual hay gente muy buena que nos ayuda a seguir adelante”.

“Abuelas quedamos dos, la vicepresidenta y yo”, señaló aludiendo a Buscarita Navarro de Roa, pero aclaró que el resto de quienes integran la organización en la actualidad “son todos nietos encontrados y hermanos”, porque “Abuelas seguirá siempre para encontrar a los que buscamos hace tantos años”.

“Nos tienen que ayudar todos, los que habitan nuestra Patria y algunos que están afuera, porque los nietos pueden estar viviendo en un país lejano ya que no saben quiénes son realmente, porque les han mentido sobre su verdadera familia”, explicó.

Carlotto advirtió que a la Argentina de hoy “le falta cosas como el trabajo, y a muchos el plato de comida diario”, y consideró que “no puede ser que haya hambre en un país en el que se cae una semilla al piso y crece una planta”.