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Se espera un alza del 30% en la demanda de aires acondicionados
5 de septiembre de 2025
Con la inminente llegada del verano, los argentinos se preparan para un nuevo ciclo de incremento en la importación de equipos de climatización. Sin embargo, este año el fenómeno se da en un contexto económico particular que presenta desafíos y oportunidades para los importadores.
Tradicionalmente, los meses previos al verano registran un aumento significativo en la importación de aires acondicionados, ventiladores y climatizadores, con crecimientos que oscilan entre el 20% y el 30% respecto al promedio anual. Para este año, si bien se espera un crecimiento, la coyuntura del consumo interno sugiere que este podría ser menor al habitual.
El sector de importaciones en argentina ha experimentado una caída intermensual en junio de 2025, con una disminución del 1,2% respecto a mayo y un 0,6% en el acumulado anual. No obstante, las importaciones totales en el primer cuatrimestre de 2025 sumaron US$ 24.096 millones, mostrando un crecimiento interanual del 35,7%, impulsado principalmente por el aumento en las cantidades. Esto indica una dinámica compleja donde ciertos sectores pueden experimentar un repunte, mientras otros se contraen.
“Uno de los principales retos que enfrentan los importadores es la posibilidad de que la mercadería quede detenida en Aduana. La falta de pago de tributos, trámites con terceros organismos o demoras en verificaciones pueden generar gastos adicionales significativos, como almacenaje en depósitos fiscales, fletes y demoras en la devolución de contenedores. Estos costos extra impactan directamente en la rentabilidad de las operaciones”, alerta Gabriel Salomón, director comercial de Jidoka, empresa de comercio exterior.
“Ante este escenario, la Zona Franca La Plata (ZFLP) emerge como una alternativa eficiente y estratégica. La ZFLP permite que la mercadería permanezca sin pagar tributos por tiempo indeterminado, con costos fijos en pesos argentinos que son significativamente menores a los de los depósitos fiscales o nacionales”, comenta Salomón. “Además, ofrece la flexibilidad de realizar retiros parciales ilimitados”.
Lo comentado por el experto se traduce en un manejo más ágil del flujo de caja, ya que los importadores solo abonan los tributos al momento de nacionalizar la mercadería para su venta. Esta ventaja es crucial en un contexto de inflación y variación cambiaria, permitiendo a las empresas financiarse mejor y, en algunos casos, obtener renta financiera con el capital no inmovilizado en impuestos.
Un caso concreto sería el de un importador que trae 5 contenedores de aires y ventiladores. Tres se venden al mes, uno a los 60 días y otro a los 90. Si nacionaliza toda la carga en Aduana, paga de inmediato todos los impuestos y luego debe costear un depósito nacional. Pero si utiliza la ZFLP, paga tributos únicamente cuando retira la mercadería para venderla. Esto le permite ahorrar costos, financiarse mejor y hasta obtener renta financiera con el dinero que no inmoviliza en impuestos.
Desde Jidoka describen la estructura tributaria básica de una importación en Argentina:
• Derechos de importación: entre 14% y 35% según el producto.
• IVA: 21% (o 10,5% en casos específicos).
• Percepción de IVA: 20%.
• Percepción de Ganancias: 6%.
• Tasa de estadística.
La comparación de tarifas de almacenaje es elocuente: la zona franca es entre un 30% y un 50% más económica que un depósito nacional, sumado al beneficio de diferir el pago de impuestos hasta la nacionalización.
“Algo muy importante es que se pueden realizar ventas desde zona franca a aquellos clientes autorizados para poder importar de forma directa, lo que también implica un beneficio financiero”, alerta Salomón.
Para optimizar las operaciones y mitigar riesgos, desde Jidoka recomiendan a las empresas importadoras:
• Planificación anticipada: Comprar con 4 a 6 meses de antelación para evitar la saturación de aduanas y asegurar la disponibilidad de stock.
• Estudio de costos previo: Realizar un análisis profesional antes de concretar cualquier importación.
• Operativa integral de comercio exterior: Considerar la tercerización en estudios especializados que gestionen todo el proceso, desde la fábrica de origen hasta la entrega al cliente final.
• Diversificación de proveedores: No depender de un único fabricante para reducir riesgos de suministro.
• Contratos claros de logística: Definir con precisión las responsabilidades en caso de demoras y fletes.
• Seguro de carga: Imprescindible para productos de alto volumen y bajo margen, protegiendo la inversión ante imprevistos.
• Estrategia financiera: Aprovechar herramientas como la Zona Franca La Plata para diferir el pago de impuestos y liberar stock de forma escalonada, mejorando la liquidez y la rentabilidad.
“La planificación estratégica y el uso inteligente de las herramientas disponibles son clave para que las empresas importadoras capitalicen la demanda estacional y minimicen los riesgos asociados a la operatoria de comercio exterior en Argentina”, concluye Salomón.
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Buscan prohibir el cobro de tasas municipales en boletas de luz y gas
La pelea entre los intendentes y el Gobierno en torno al cobro de tasas municipales en las facturas de luz y gas tuvo un nuevo capítulo y quedó más cerca de una resolución final. Es que la Procuración General de la Nación respaldó la decisión del Gobierno de prohibir que las comunas cobren tasas locales a través de las facturas de servicios públicos.
En dos dictámenes firmados en los últimos días, el organismo a cargo de Eduardo Casal concluyó que la medida no vulnera la autonomía municipal y que las comunas conservan la facultad de recaudar esos tributos mediante otros mecanismos. Y en ese sentido recomendó a la Corte Suprema rechazar los planteos judiciales impulsados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz.
Los expedientes analizan la validez de la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que estableció que las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios "deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor" y que no podrán contener "sumas o conceptos ajenos" a esa prestación.
La discusión se originó a mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas e impuestos municipales que numerosas comunas percibían junto con la factura. Pese a la decisión que impulsó Luis Caputo, varios municipios fueron a la Justicia y obtuvieron fallos a favor. De hecho, la Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución.
En este contexto, La Libertad Avanza salió a impulsar más de 100 proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas en la provincia. Esta medida, le valió una crítica del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI.
En el caso de Río Grande, la Procuración sostuvo que la resolución fue dictada por la autoridad competente en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y que su finalidad fue proteger los derechos de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Según el dictamen, la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo. El dictamen también descartó que exista una afectación de la autonomía municipal.
En el expediente iniciado por la Municipalidad de José C. Paz, el procurador agregó otro fundamento vinculado con el régimen eléctrico nacional. Señaló que el servicio de distribución prestado por Edenor se encuentra sometido a regulación federal y recordó que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, establece que las facturas "no podrán incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados".
Aunque los dictámenes no son vinculantes, suelen funcionar como una suerte de "recomendación" hacia la Corte Suprema. Si el máximo tribunal adopta el criterio propuesto por la Procuración, quedaría convalidada la potestad del Gobierno nacional. DIB
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Una familia necesita más de $1.530.000 para no caer en la pobreza
La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó un 2,2% en junio de 2026. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.531.473 para no ser pobre, según el INDEC.
Este indicador acumuló un alza del 17% en el primer semestre de 2026 y del 35,7% en los últimos 12 meses. La suba mensual de la CBT estuvo por encima del índice de inflación general de junio, que cerró en 1,9%.
Por su parte, la canasta básica alimentaria (CBA), que marca la línea de la indigencia, subió un 1,3% en junio, por debajo de la inflación y en línea con el avance del rubro alimentos.
Así, ese mismo hogar de cuatro integrantes requirió $689.853 para cubrir las necesidades alimentarias básicas para subsistir. En los primeros seis meses del año, la CBA aumentó un 17% y acumula un alza interanual de 36,3%.
Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de pobreza en junio de 2026, según el INDEC
Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en junio, el INDEC señaló:
Una persona necesitó $495.622,30 para no estar bajo la línea de pobreza.
Un hogar de tres personas —compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61— requirió $1.219.230,86 en junio para no ser pobre.
Una familia de cuatro integrantes —conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho— necesitó un ingreso mínimo de $1.531.472,91.
Para un hogar compuesto por cinco personas —una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año— se requirió una suma de $1.610.772,48.
Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de indigencia en junio
Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en junio fueron:
Una persona requirió $223.253,29.
Una familia de tres integrantes necesitó $549.203,09.
Los hogares con cuatro personas necesitaron $689.852,67.
Si conviven cinco personas, tuvieron que tener un ingreso de $725.573,19. (TN)
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La inflación de junio fue de 1,9%, la menor en 10 meses
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que el índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 1,9% en junio de 2026, y acumuló en los primeros seis meses del año una variación de 16,8%. La variación interanual total nacional fue de 33,5%.
El dato fue inferior al 2,1% del mes anterior y perforó la barrera del 2% por primera vez desde agosto del año pasado. El IPC fue el más bajo en 10 meses desde el índice que marcó 1,9% ese mes. También y acumuló tres meses consecutivos de desaceleración, tras el pico que alcanzó en marzo, de 3,4%.
La variación acumulada fue del 16,8% en los primeros seis meses del año y la interanual alcanzó el 33,5, un peldaño por encima del 33,2% de mayo.
Relativo a las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,6%) tuvieron subas vinculadas a Pan y cereales, Productos medicinales y Alquiler de la vivienda y gastos conexos.
Los precios Estacionales (3,4%) presentaron el mayor incremento debido al aumento en Verduras y en Turismo (aviones, hoteles y paquetes turísticos), compensado por la caída en Frutas.
