Seguinos

País

AySA pasa a manos privadas

19 de agosto de 2025



El Gobierno nacional inició este martes el proceso de privatización de AySA, que brinda servicios de agua potable y saneamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. El procedimiento buscará transferir al sector privado el 90% del paquete accionario que posee, dentro de los próximos ocho meses.

Así quedó establecido con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 1198/2025 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo.

La medida se concretó casi un mes después de que el Gobierno iniciara el proceso por intermedio del Decreto 494/2025, luego de realizar una serie de cambios en el marco regulatorio de la empresa a través de un DNU.

Aquel documento, al que refiere la última Resolución, indicó que la privatización se realizará “bajo la modalidad de venta de la totalidad de las acciones de titularidad del Estado Nacional, cuyo porcentaje asciende al 90 % del capital social” de la empresa.

Respecto al 10% restante del paquete accionario, el Gobierno informó en su momento que los empleados de la empresa permanecerán como accionistas, acción que se enmarcará dentro del programa de propiedad participada que ya se encuentra vigente en la compañía.

En el artículo 2° del texto publicado este martes, se instruye “a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria ‘Agencia de Transformación de Empresas Públicas’ del Ministerio de Economía a coordinar las acciones necesarias para “llevar a cabo la contratación de una entidad bancaria perteneciente al Sector Público Nacional para la tasación del paquete accionario” y “concretar la venta dentro del plazo de ocho meses contados desde la entrada en vigencia de la presente medida”.

Además, la Unidad Ejecutora deberá ejecutar “las medidas y acciones necesarias para la venta en bolsas y mercados del país del remanente de las acciones de propiedad del Estado Nacional en Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA) que no hayan sido vendidas de conformidad con lo previsto en el inciso a del artículo 2° del decreto 494/2025”.

En otro artículo, se instruyó a la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía a “elaborar la documentación licitatoria -técnica y contractual- del proceso de privatización, la cual incluirá el contrato de concesión correspondiente, debiendo contar con la intervención previa de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria”.

Esa misma Secretaría, en paralelo, tendrá que “arbitrar los medios necesarios para que lo dispuesto por la presente medida no afecte la continuidad de la prestación del servicio público de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales”.

AySA, incluida en la lista de las ocho compañías sujetas a privatización prevista en la Ley Bases sancionada en julio de 2024, es una empresa que tiene la estructura de una sociedad anónima privada en la que el Estado es el mayor accionista. (DIB)

País

Sin fondos: diciembre marcó record de cheques rechazados de la historia

La cadena de pagos del sector productivo nacional cerró 2025 con una señal de alarma financiera sin precedentes. Durante diciembre se alcanzó el récord histórico de cheques rechazados por falta de fondos, un dato que expone con crudeza la crisis de liquidez que enfrentan las empresas en todo el país.

Según un informe del Instituto Argentina Grande, elaborado a partir de datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el último mes del año se registraron 119.285 cheques rechazados, el número más alto desde que existen registros sistematizados sobre este indicador clave de la actividad económica.


Uno de los aspectos que más preocupa a los analistas es la velocidad del deterioro financiero. De acuerdo con el relevamiento, la cantidad de cheques sin fondos se triplicó en comparación con diciembre de 2024, lo que implica un aumento cercano al 200% interanual.

“Este indicador es un síntoma claro de la dificultad que tienen las empresas argentinas para cumplir con sus obligaciones”, señalaron desde el Instituto Argentina Grande. La dinámica, advirtieron, refleja una restricción severa de liquidez en la economía real, con impacto directo sobre la producción y el empleo.


La evolución mensual de los cheques rechazados muestra un quiebre marcado en la segunda mitad de 2025 y una aceleración abrupta hacia el cierre del año.

Período de estabilidad: entre 2020 y mediados de 2024, el promedio mensual de rechazos se ubicaba entre 25.000 y 35.000 cheques.

Inicio de la aceleración: a partir de mayo de 2025, cuando se registraron 41.759 rechazos, la curva comenzó a empinarse de manera sostenida.

Pico histórico: el último trimestre mostró una escalada sin freno, con 92.535 cheques rechazados en octubre, 108.979 en noviembre y el récord absoluto de 119.285 en diciembre.

Impacto sobre las PyMEs
El fenómeno golpea con especial dureza a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que utilizan el cheque de pago diferido como una herramienta central para financiar capital de trabajo y sostener la actividad cotidiana.

La multiplicación de cheques sin fondos no solo deteriora la confianza en la cadena de pagos, sino que además encarece el crédito comercial, profundiza los problemas de financiamiento y amplifica el riesgo de parálisis productiva en amplios sectores de la economía.

Una señal de alerta para 2026
El récord registrado en diciembre deja una señal clara sobre la fragilidad financiera con la que el entramado productivo argentino ingresó en 2026. En un contexto de bajo acceso al crédito y caída de la liquidez, la recuperación del financiamiento aparece como uno de los principales desafíos macroeconómicos para evitar un mayor deterioro de la actividad.

Continuar Leyendo

País

Periodistas piden al Congreso que frene la derogación de su Estatuto

Más de tres mil periodistas de todo el país firmaron y difundieron este domingo una solicitada con un pedido claro: que el Congreso de la Nación rechace la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, una normativa histórica que rige desde mediados del siglo XX y que actualmente está en el centro del debate por la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo nacional.

El documento, que incluye firmas de profesionales de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales, señala que la eliminación del estatuto —junto con el del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas— implicaría un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática del país.

Quienes suscriben la solicitada advierten que estos estatutos consagran derechos individuales, profesionales y colectivos que protegen tanto a los trabajadores de prensa como al ejercicio mismo del periodismo, y destacan que su vigencia fue fundamental para establecer condiciones laborales, marcos de estabilidad y un mínimo de garantías profesionales.

El texto también subraya que, si bien los firmantes no se oponen a debatir una eventual modernización de las normas laborales del sector, rechazan de plano “cualquier derogación que se haga sin mediar un debate democrático en el que los periodistas tengan participación efectiva”.

La protesta se enmarca en el debate legislativo por el proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno, dentro del cual se encuentra el artículo que propone la supresión total del Estatuto del Periodista Profesional —la Ley 12.908— y del Estatuto del Empleado Administrativo.

Organizaciones periodísticas y gremiales de prensa también han expresado su preocupación por la posible eliminación de este marco estratégico, advirtiendo que su derogación puede debilitar derechos laborales, facilitar la precarización, erosionar la libertad de prensa y socavar herramientas que garantizan confidencialidad de fuentes o condiciones éticas mínimas para el ejercicio de la profesión.

Los firmantes incluyen nombres reconocidos del periodismo argentino, quienes llamaron a las y los legisladores a defender el estatuto vigente y a garantizar que cualquier discusión sobre su futuro se dé de forma amplia y con participación del sector afectado.

Continuar Leyendo

País

Inflación de enero: el índice cerraría por encima del 2%


El arranque del año mostró una dinámica de precios persistente en los rubros más sensibles de la economía doméstica. Distintos relevamientos privados coinciden en que la inflación de enero se ubicará por encima del 2%, traccionada nuevamente por los aumentos en alimentos y bebidas, que no logran perforar el piso pese a la estabilidad macroeconómica y cambiaria.

Según revela la Agencia Noticias Argentinas (NA), los informes de las últimas semanas detectaron una aceleración de precios hacia el cierre del mes, concentrada en productos frescos y bienes de demanda inelástica. Si bien no hubo saltos abruptos, el "goteo" constante en góndolas, especialmente en carnes, verduras y aceites, fue suficiente para mantener la presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).



El fenómeno responde a una inflación que "conserva núcleos duros" en la canasta básica. Aunque hubo factores que ayudaron a moderar el índice —como bajas estacionales en algunas verduras, ajustes suaves en lácteos y la estabilidad en precios regulados como combustibles—, el peso de los alimentos frescos fue determinante.

El escenario de febrero traerá una novedad técnica clave: el INDEC comenzará a medir la inflación con una nueva canasta de bienes y servicios. Esta actualización, ajustada a hábitos de consumo más recientes, le dará mayor ponderación a los servicios y reducirá la incidencia relativa de los alimentos, lo que podría modificar la lectura estadística de la inflación en los próximos meses.

Continuar Leyendo