País
Reestructuran organismos clave para el agro y la industria
8 de julio de 2025
A través del Decreto 462/2025, el Gobierno nacional dispuso, entre las medidas más destacables, la transformación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en un organismo desconcentrado que dependerá de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Además, se elimina su histórica conducción colegiada, que será reemplazada por un Presidente designado por el Ejecutivo y un Consejo Técnico ad honorem que garantizará la representación del sector productivo.
“Con esta reforma, se busca reencauzar al organismo en su misión original: la investigación y el desarrollo tecnológico al servicio del campo argentino y del complejo agroindustrial”, resaltó el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
“La medida pone fin a una estructura sobredimensionada y opaca. En abril de 2025, el INTA contaba con 6.059 empleados (el doble que hace unos pocos años), 2.403 vehículos (uno cada 2,5 agentes), 1.611 celulares, 932 cargos jerárquicos (¡más que cualquier ministerio nacional!), y 450 sedes entre Centros Regionales, Centros e Institutos de Investigación, Estaciones Experimentales, Unidades de Extensión y Centros de Experimentación”, agregó.
Además, el INTA posee más de 110.000 hectáreas distribuidas en todo el país, de las cuales sólo 45.000 están siendo utilizadas para experimentación con fines comerciales y productivos.
Un informe de la SIGEN realizado en 2023 reveló importantes deficiencias en el control del organismo: viviendas usurpadas, bienes sin inventariar ni asignar, donaciones sin registrar, compras y viáticos sin documentación mínima, asociaciones cooperadoras sin balances ni supervisión.
Asimismo, el INTA creó y controla una empresa (INTEA S.A.) y una fundación (ArgenINTA), estructuras que operan por fuera del régimen de contrataciones y control del Estado.
La reforma llevada adelante mediante el Decreto 462/2025 permitirá echar luz sobre estas estructuras y transparentar el destino de los recursos generados por la explotación de los campos bajo su administración.
La transformación del INTA en un organismo desconcentrado preserva íntegramente sus capacidades técnicas, reduce la burocracia y refuerza los mecanismos de control y transparencia.
Además de los cambios en el INTA, el decreto dispone la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE), del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y de la Agencia Regulatoria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME). En tanto, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) se reorganiza como organismo desconcentrado, con mayor independencia técnica.
En el caso de ARICCAME, la normativa implica la redistribución de competencias en materia de regulación y control del cannabis medicinal y del cáñamo industrial. La decisión responde a objetivos de simplificación administrativa, reducción del gasto público y mayor eficiencia en la gestión del Estado. El Ministro Federico Sturzenegger, destacó: “Desde ahora, ANMAT se encargará del cannabis medicinal, de la misma manera que regula el resto de las drogas medicinales, la Secretaría de Industria regulará el cáñamo con destino industrial, y la Secretaría de Agricultura regulará la parte de las semillas y propagación vegetal de la planta de Cannabis”.
En referencia al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el mismo se transforma en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, pero mantendrá su nombre por su reconocimiento internacional. El Ministro Sturzenegger se expresó sobre un cambio clave de esta reforma: “El INV dejará de ejercer controles obligatorios sobre las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo (como la propiedad de los viñedos, la cosecha, la elaboración, el fraccionamiento, el transporte), y se concentrará exclusivamente en el tramo final de la cadena, en la góndola, donde controlará la aptitud para el consumo y que los productos no estén adulterados ni manipulados de forma indebida (los controles también se podrán hacer de manera privada)”.
La nueva norma también reforma el INTI, convirtiéndolo en una unidad organizativa dentro del Ministerio de Economía, con el fin de hacer más eficiente su estructura. La transformación del INTI en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio implica la eliminación de estructuras administrativas sobredimensionadas, conservando exclusivamente al personal técnico necesario para cumplir con sus funciones esenciales.
“El INTI fue creado para impulsar el desarrollo tecnológico de la industria, pero como un instituto independiente de las universidades argentinas que concentran el conocimiento necesario para ese desarrollo. El resultado, dramático y trágico a la vez, es que en los hechos fue utilizado por la burocracia para hacer todo lo contrario: generar trabas, regulaciones técnicas innecesarias y procesos engorrosos que perjudicaban a las empresas. El certificado CHAS para autopartes (ya desaparecido pero todavía ofrecido en la página del organismo), los controles para balanzas, o los requisitos sobre tanques -todas normativas que fuimos eliminando a lo largo de este último año-, son apenas algunos ejemplos del sinsentido de muchos de los requisitos del organismo y que le costaban millones a nuestra industria y otro tanto a todos los argentinos”, señaló el Ministro Sturzenegger.
Actualmente el INTI cuenta con 2.356 empleados y más de 250 reparticiones; el 20% de sus departamentos son puramente administrativos, y su área de administración concentra el 30% del personal, muy por encima de los estándares habituales para este tipo de organizaciones.
Repercusiones
En opinión de Luis Pablo Panatti, presidente del Consejo Regional del Centro Regional Córdoba del INTA, se “rompe con un sistema de gobernanza con un Consejo Directivo Nacional que representa a productores y la comunidad científica”.
“Quiénes mejores que ellos para saber qué puede brindar el INTA a la producción del país en todo su territorio, sistema que, además, ha durado casi 70 años y ha sido totalmente virtuoso, llevando al INTA a ser la institución de prestigio que es hoy en día y hacerla totalmente independiente del color político de turno”, agregó.
Remarcó: “Creo que se pierde una excelente oportunidad de reformar al INTA pero para bien, con una propuesta de adecuación que fue presentada, pero trabajada y consensuada desde el territorio, para eficientizar procesos, eliminar burocracia, y mejorar el uso de los recursos”.
Añadió: “Siempre estaremos dispuestos a dialogar para construir un INTA mejor, pero necesitamos que la política nos escuche y entienda las consecuencias que esto puede traer en el sistema productivo, que no se pierda más de lo que se ahorra”.
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APARECIÓ SANA Y SALVA
El final más esperado llegó este jueves a la ciudad de Cosquín. Luego de casi 24 horas de una búsqueda frenética que movilizó a fuerzas federales y provinciales, la pequeña Esmeralda, de 2 años, fue encontrada con vida.
La noticia, que trajo alivio tras una jornada de máxima tensión, fue adelantada por Cadena 3, Juan Federico, quien detectó el movimiento de un móvil policial que daba cuenta del hallazgo en plena zona de rastrillaje.
El fiscal General Manuel Delgado confirmó: “Apareció hace minutos, está a resguardo de la fiscalía y se harán los chequeos médicos y los trámites de rigor para ver que ha sucedido en términos reales con esta chiquita”.

El operativo, que incluía drones térmicos y más de 110 efectivos, dio sus frutos cerca de la zona de la Costanera, apenas a 400 metros del domicilio en el barrio San José Obrero donde la niña había sido vista por última vez.
Al escuchar el alerta por frecuencia radial, el jefe de la Policía de Córdoba se desplazó de urgencia al lugar para supervisar el rescate. Desde la fiscalía a cargo de Silvana Pen, confirmaron rápidamente la información más importante: Esmeralda está viva y en buen estado de salud general, aunque será sometida a los controles médicos de rigor para evaluar su condición tras pasar la noche a la intemperie.
Crónica de una desaparición que activó al país
La pesadilla había comenzado el miércoles por la tarde, cuando su madre, Tania López, la perdió de vista en un "segundo" mientras realizaba tareas domésticas. Lo que siguió fue un despliegue sin precedentes para la región:
Alerta Sofía: El Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo la gestión de Alejandra Monteoliva, activó el protocolo de emergencia nacional, blindando las salidas de la provincia con controles "auto por auto" en la autopista Córdoba-Carlos Paz, la Ruta 38 y el Caminos al Pan de Azúcar.
La sospecha criminal: La familia siempre mantuvo la hipótesis de que la niña no se había ido por sus propios medios. Su tía, Valeria, fue tajante al afirmar que "se la llevaron del frente de la casa", dado que la menor nunca se alejaba del perímetro familiar.
La pista del circo: Durante la madrugada, la atención se centró en un circo que se retiró de la zona justo el miércoles, y que los vecinos habían intentado inspeccionar sin éxito ante la falta de una orden judicial.
Un operativo cerrojo exitoso
Del rastrillaje participaron dotaciones de Bomberos de Cosquín, Valle Hermoso, La Falda y Santa María, junto a unidades especiales del ETAC y la división canes. La presión del operativo cerrojo y la difusión masiva del perfil de la menor —tez trigueña, pelo castaño claro y su característico body gris— fueron claves para mantener la zona bajo vigilancia extrema.
A esta hora, la justicia cordobesa mantiene el secreto de sumario para determinar las circunstancias exactas de cómo llegó la niña hasta el lugar del hallazgo y si efectivamente existió la intervención de un tercero, como denunciaba su entorno. Por ahora, el barrio San José Obrero celebra el milagro de haber recuperado a su vecina más pequeña. (Gentileza Cadena3)
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A 50 AÑOS DE GOLPE
En el marco del 50° aniversario del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) difundió un mensaje en el que renueva su “compromiso con la memoria”, rechaza de manera contundente “toda forma de violencia institucional” y convoca a “fortalecer una democracia fundada en la justicia, la dignidad humana y el bien común”.
El documento, titulado "’Nunca más’ a la violencia de la dictadura y ‘siempre más’ a una democracia justa", propone una reflexión sobre el período marcado por el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983. En ese sentido, los obispos subrayan que la memoria no puede ser fragmentaria ni selectiva, sino "íntegra y luminosa", como escribió el papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti.
Así, el texto del Episcopado afirma: “Tengamos bien presente que mutilar la historia abre la puerta a la posibilidad de repetir los mismos errores. Hacer memoria, en cambio, nos permite comprometernos con los desafíos del presente y orientarnos hacia un futuro mejor, capaz de iluminar el presente y prevenir la repetición de los errores del pasado”.
Sin “vuelta de página”
Se advierte sobre el riesgo de "dar vuelta la página": “Necesitamos mantener viva la llama de la conciencia colectiva, testificando a las generaciones venideras el horror de lo que sucedió”.
Recordar implica reconocer “el dolor de los familiares que enfrentan la muerte violenta de un hijo o pariente, sabiendo que ese dolor se multiplica si se trata de un ‘desaparecido’, al no poder tocar su cuerpo, ni llorar ante él”.
“La libertad para una Nación nunca se construye por la vía de la violencia y la violación de los derechos humanos de otros hermanos y hermanas. La memoria del terrorismo de Estado ha de conducirnos hacia una vida democrática más justa”, continúa el texto.
Asimismo, los obispos reconocen que este proceso de memoria “exige una autocrítica, de la sociedad y la Iglesia presente en ella, que ayude a redescubrir y reconstruir el sentido de la fraternidad entre los argentinos”.
Inclusión y dignidad
En otro tramo del mensaje, el Episcopado reafirma que la democracia debe orientarse al bien común y al desarrollo humano integral. En esa línea, advierte que "la democracia se envilece cuando deja a alguien afuera". “Una democracia justa no puede ser indiferente a las necesidades básicas de la canasta familiar y al deterioro creciente del trabajo digno”, afirma.
El texto también pone énfasis en la protección de los más vulnerables, particularmente niños, adolescentes y jóvenes frente a problemáticas como el consumo problemático y la trata de personas.
Para los obispos, una democracia auténtica se construye desde la inclusión: “La democracia tiene que acertar con su finalidad última que es el bien común, que es incluir a todos en el camino de la plenitud humana”.
También destacan “el valor central del trabajo como eje de la cuestión social”, no sólo como fuente de sustento, sino como ámbito de realización personal y de contribución al bien común: “Permite que cada ciudadano ‘ponga el hombro’ en la construcción de una patria de hermanas y hermanos”.
Rechazo a la violencia y llamado al diálogo
En un contexto social atravesado por tensiones y polarización, el Episcopado alerta sobre el crecimiento de actitudes autoritarias y discursos que promueven la confrontación. En ese sentido, advierte sobre los riesgos de una cultura que naturaliza la agresión, tanto en el ámbito político como en las redes sociales y la vida cotidiana.
“Vivimos una época con una tendencia creciente al autoritarismo; un tiempo en que los populismos de distinto signo explotan la angustia de los ciudadanos, pero no representan el remedio de una vida buena. Un tiempo en que va predominando una ideología de la supervivencia del más fuerte sobre el más débil, cuando la fortaleza de la democracia debería manifestarse en el cuidado a los más frágiles”, resalta el texto.
Y señala que “frente a esto, es necesario rehabilitar una política que ponga la economía al servicio de la dignidad humana, que promueva la paz y que cuide nuestra casa común, empezando por preservar el aire puro y las fuentes de agua dulce y potable. Para ello, es imprescindible recuperar el diálogo sincero, desinteresado y honesto al servicio de una verdadera amistad social”.
El documento retoma el anhelo de "ser Nación" como una tarea pendiente que requiere compromiso, unidad y una visión compartida de futuro. Para ello, reclaman “una presencia inteligente y eficiente del Estado que vele por la dignidad de las personas, la igualdad de todos los ciudadanos y garantice su participación plena en la vida de la comunidad”.
En ese marco, reafirman el valor de la Constitución Nacional como base de la vida democrática: “Si en todo el territorio del país se garantizaran los derechos y se cumplieran las obligaciones que ésta manda, todos viviríamos con mayor dignidad”. Y destacan: “En la Carta Magna está la base de todo proyecto de Nación que se precie de tal”.
Señalan la necesidad de “un proyecto estratégico de desarrollo”, que “abra un horizonte de mayor dignidad, paz social, trabajo y prosperidad, privilegiando a las puntas de la vida: los ancianos y los niños”. Este proyecto “daría lugar a la esperanza activa y la no violencia que tanto necesitamos”.
En el final del texto los obispos elevan una oración: “Con todo cariño pedimos al Señor que bendiga nuestra patria y a la Virgen de Luján que no nos suelte de la mano en la búsqueda del bien común y la solidaridad con los más débiles”.
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Vuelven los créditos de ANSES
Un nuevo proyecto de ley busca reactivar los créditos de ANSES, pero con un enfoque diferente al de programas anteriores. El objetivo central de esta propuesta es el "desendeudamiento" de los sectores más vulnerables, cubriendo un vacío legal tras la baja de normativas previas y apuntando a ofrecer una alternativa formal frente a los prestamistas informales.
La medida alcanzaría a más de diez millones de personas, incluyendo a titulares de AUH y AUE, jubilados y pensionados del SIPA con ingresos bajos, beneficiarios de Pensiones No Contributivas, personal de casas particulares y monotributistas de las categorías A a la D.
Una de las novedades más importantes de este proyecto es que los fondos no llegarían directamente a las manos de los titulares. Para garantizar que el dinero se utilice exclusivamente para saldar deudas y no para consumo discrecional, la ANSES transferiría el monto solicitado directamente a los acreedores indicados por el beneficiario, ya sean entidades bancarias, emisoras de tarjetas de crédito o financieras.
El trámite se plantea como un proceso 100% digital a través de la plataforma "Mi ANSES", sin necesidad de gestores ni intermediarios. Los solicitantes deberán registrar sus deudas y el sistema realizará auditorías automáticas y cruces de información con el sistema financiero para validar la operación.
Montos, tasas y plazos
El proyecto establece condiciones específicas para proteger el ingreso de los beneficiarios:
- Tope máximo: Los créditos serían de hasta $1,5 millones, monto que se actualizaría automáticamente según el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
- Límite de cuota: Los descuentos mensuales en los haberes no podrán superar el 30% del ingreso neto del solicitante.
- Tasa de interés: Se busca que el costo financiero esté por debajo del promedio comercial para facilitar la regularización de las obligaciones pendientes.
Debido a que se trata de un proyecto de ley, la iniciativa debe ser debatida primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado. Los impulsores del programa estiman que, de obtener el respaldo legislativo necesario, los créditos podrían estar operativos durante el segundo semestre de 2026. El debate principal se centrará en el uso de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para financiar esta medida.

