JUDICIALES
Rechazan pedido K para visitar a Cristina Kirchner sin permiso
27 de junio de 2025
El Tribunal Oral que ejecuta la condena contra la expresidenta Cristina Kirchner por corrupción, afirmó que es “impertinente” el escrito de los senadores y diputados de Unión por la Patria en el que le informan a la Justicia que irán a visitar a la expresidenta a su departamento sin autorización judicial.
Señaló que los legisladores -que le enviaron una nota al tribunal advirtiéndole que iban a acudir a San José 1111 sin aviso y sin permiso- deben tramitar la autorización a través de los abogados defensores de la expresidenta Alberto Beraldi y Ary Llernovoy.
El Tribunal recordó en su resolución que ya había establecido reglas de conducta y advirtió que las personas que no están incluidas en la lista de visitantes autorizados deben pedir permiso en cada caso. Además, tienen que justificar el motivo de la reunión con Cristina Kirchner.
Así, los jueces respondieron al desafío que lanzaron ayer legisladores de Unión por la Patria cuando dijeron que sus fueros y su representación popular les dan atributos especiales para visitar a la expresidenta sin permiso.
El abogado Beraldi le planteó al tribunal que le explique cuál es el “criterio normativo” para autorizar o no la visita de los legisladores en caso de que las realicen. Y señaló que como “gozan de fueros e inmunidades parlamentarias”, los legisladores “no pueden ser limitados o restringidos por resoluciones judiciales”.
La defensa preguntó si debían hacer pedidos individuales por cada una de las visitas que se soliciten y planteó que se habilite un canal de asuntos de urgente tratamiento que no requieran demoras.
Los jueces dijeron que el pedido de Beraldi, más allá de como lo llame, es una “aclaratoria” y, por lo tanto, es “improcedente” pues están vencidos los plazos para presentarla.
“Se advierte que los solicitantes pretenden que se establezca y adelante un criterio judicial sobre circunstancias futuras, extremo que resulta manifiestamente impertinente al exigir, en alguna medida, que el tribunal se expida en abstracto sobre cuestiones cuyos pormenores de momento desconoce”, señalaron los magistrados.
No sin cierta ironía, dijeron: “Por más repetitivo que parezca, ya en la resolución del 17 de junio pasado se estableció como pauta de conducta que la parte debía informar una nómina de personas que podrían acceder al domicilio donde Fernández de Kirchner donde cumple su pena de prisión”.
Estas personas no requieren permiso pero debe “requerirse y motivarse” el acceso de cualquier otra persona que no esté en esa lista.
“A la luz de esa disposición, de hacerse lugar a esta última petición de la parte, se acabaría neutralizando la esencia de la regla impuesta que, precisamente, prevé el estudio de cada caso en particular que se encuentre por fuera del listado de personas autorizadas sin restricción alguna (según criterio de la interesada)“, señalaron.
Indicaron además que cuando los abogados presenten una solicitud de permiso “en la forma de estilo y habitual, serán atendidas con la diligencia que cada caso amerite”.
Por eso, los escritos de los diputados y senadores de Unión por la Patria se los mandaron a Beraldi y a Llernovoy, para que en todo caso, ellos hagan la solicitud de visita de cada legislador.
Mientras tanto, la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, fijó una audiencia para el 7 de julio próximo para definir si mantiene el actual régimen de visitas o si lo amplía, como solicitó la expresidenta.
Los únicos habilitados a ingresar sin permiso son hoy los integrantes de la familia de la expresidenta, sus abogados y los médicos. (DIB)
JUDICIALES
Minella bajo la lupa
La investigación judicial por la concesión del estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas sumará un nuevo capítulo con una medida que apunta directamente al principal accionista de la empresa concesionaria. Desde la ONG Mirada Ciudadana, que fue reconocida por la Justicia como querellante en la causa, confirmaron que enviarán un representante a San Pablo para profundizar la búsqueda de información sobre el Grupo Revee.
“Alguien del equipo viajará a San Pablo e incluso ya estamos trabajando con abogados de esa ciudad de Brasil para ver si podemos rastrear el dinero, las notas de crédito y otras cuestiones que los brasileños presentaron acá”, señalaron desde la entidad a LoQuePasa.net.
El objetivo será obtener documentación vinculada al origen de los fondos que la firma declaró al momento de participar en la licitación, además de conocer el estado de las causas judiciales que involucran al grupo empresario en Brasil por presunto lavado de activos.
La querella buscará determinar si el capital que la empresa aseguró poseer para respaldar su participación en el proceso licitatorio existió efectivamente y si fue suficiente para afrontar la inversión comprometida. Esa línea de investigación tomó mayor relevancia luego de que trascendieran distintos inconvenientes financieros de Minella Stadium S.A., entre ellos deudas con proveedores, servicios impagos y una importante cantidad de cheques rechazados por falta de fondos.
En paralelo, también se analizará la situación judicial del Grupo Revee en Brasil, donde aparece mencionado en investigaciones relacionadas con un presunto esquema de lavado de dinero que tendría vínculos con organizaciones criminales de ese país.
Mientras tanto, la empresa concesionaria intenta reorganizar su estructura accionaria con el ingreso de un nuevo socio mayoritario. Sin embargo, esa modificación aún requiere la autorización correspondiente y, hasta el momento, no hubo definiciones oficiales sobre si recibirá el aval del Municipio.
Con la incorporación de Mirada Ciudadana como querellante, la causa comienza a avanzar hacia una etapa en la que las medidas de prueba buscarán establecer si existieron irregularidades durante el proceso licitatorio y verificar el verdadero respaldo económico de quienes obtuvieron la concesión del principal escenario deportivo de Mar del Plata. (Loquepasa)
JUDICIALES
Piden la detención de Martín Insaurralde
El fiscal Sergio Mola pidió la detención de Martín Insaurralde, investigado por enriquecimiento ilícito. Es días después de la difusión de los videos de Jésica Cirio, a quién también le pidieron la captura, que muestran millones de dólares guardados en una casa del ex intendente de Lomas de Zamora.
Mola elevó el pedido al juez Luis Armella, que ahora decidirá el futuro del exintendente de Lomas de Zamora q quien se lo investiga por enriquecimiento ilícito y por lavado de dinero, luego de que fuera fotografiado en 2023 navegando por el Mediterráneo en el yate “Bandido” con Sofía Clerici como acompañante.
La causa fue sacudida por la aparición de videos de su exesposa Jesica Cirio contando millones de dólares en el vestidor de la casa que compartía con Insaurralde.
En las imágenes que tomaron estado público, se observa a la mediática grabando con su celular el interior de los cajones del vestidor de la casa que compartía con Insaurralde en el country de San Vicente, donde aparecen decenas de fajos de dólares guardados en bolsas plásticas, debajo de prendas de vestir.
Tras el conocimiento de los archivos, Armella ordenó allanamientos el domingo 21 de junio en los domicilios de Cirio, donde no se la encontró, y de Elías Piccirillo, su segundo exesposo. Piccirillo está acusado en otras dos causas. No obstante, mostró su celular y permitió su peritaje, el cual dio resultado negativo.
En un comunicado, la conductora televisiva había manifestado que el acceso a las grabaciones difundidas "han sido el producto de maniobras ilícitas”.
A su vez, en el mismo escrito, sostuvo: “Evidentemente, se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales. Mediante esa vía, se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado”.
De este modo, y ante el conocimiento de que terceros tenían los videos, Cirio hizo la denuncia correspondiente.
JUDICIALES
El Gobierno flexibiliza trámite para designar jueces de la Corte
El Gobierno avanzó formalmente en la reconfiguración del sistema legal para el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor General de la Nación.
Mediante la publicación del Decreto 467/2026 en el Boletín Oficial, la administración de Milei dispuso una profunda reforma sobre los históricos decretos 222 y 588 del año 2003, flexibilizando los requisitos y suprimiendo etapas administrativas previas al envío de las postulaciones para los cargos mencionados.
La normativa, firmada por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, elimina el filtro de exposición y observaciones ciudadanas que antes se desarrollaba bajo la órbita de la cartera judicial antes de la nominación formal.
El nuevo esquema deroga la obligación de publicar las candidaturas previamente para que sean de conocimiento público. A partir de ahora, la difusión de las hojas de vida y antecedentes de los aspirantes se canalizará exclusivamente mediante el Boletín Oficial y los portales web del Ministerio de Justicia, acortando sensiblemente los tiempos del trámite.
Bajo esta nueva modalidad, los nominados contarán con un margen de cinco días para aportar sus declaraciones juradas patrimoniales detalladas,
lcanzando tanto los bienes propios como los de sus cónyuges, convivientes e hijos menores de edad, bajo los parámetros de la Ley de Ética Pública.
Otro de los puntos impacta en el rol de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Si bien el Ejecutivo conservó la exigencia de evaluar el comportamiento impositivo y previsional de los postulantes, el nuevo texto establece por primera vez un tope máximo de cinco días para que el organismo fiscal elabore sus informes correspondientes, remarcando la obligación de preservar el secreto fiscal del candidato bajo análisis.
Finalmente, en términos de representatividad, el decreto firmado por Mahiques omitió replicar los criterios de sugerencia que contenía el texto original del año 2003, los cuales instaban al Presidente de la Nación a evaluar variables de diversidad de género, especialidades jurídicas y procedencia geográfica de los postulantes a la hora de estructurar la composición del tribunal supremo. (NA)
