JUDICIALES
Causa Vialidad: José López se entregó para cumplir la condena
17 de junio de 2025
José López, exsecretario de Obras Públicas, se entregó al Tribunal Oral Federal N°2 para comenzar a cumplir su condena en la causa Vialidad, luego de que la Corte Suprema confirmara la sentencia.
López fue condenado a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco de la investigación sobre la adjudicación irregular de obras viales en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas, que favoreció al empresario Lázaro Báez.
Su presentación ante la justicia coincide con el rechazo de la fiscalía al pedido de prisión domiciliaria solicitado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, también condenada en la misma causa. Se espera que en las próximas horas se determine el establecimiento penitenciario donde López cumplirá su condena y las condiciones de su detención. López ya cumple otra condena por enriquecimiento ilícito, tras ser detenido en 2016 intentando ocultar millones de dólares en un convento.
Ahora el Tribunal deberá decidir si le concede la domiciliaria o lo traslada a alguno centro carcelario.
López fue excarcelado en 2021 en el expediente que lo investigó por enriquecimiento ilícito luego de ser descubierto con bolsos con dinero en un convento de General Rodríguez.
En la Causa Vialidad, es uno de los nueve condenados en la investigación confirmada la semana pasada por la Corte Suprema, al rechazar los planteos contra el fallo de la Cámara de Casación, que confirmó la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2).
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López llegó este lunes a la Ciudad de Buenos Aires desde la provincia de Santa Cruz, para cumplir con la orden judicial que lo intimó a presentarse en los tribunales de Comodoro Py, tras quedar firme la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta.
López entrando los bolsos al convento de General Rodríguez
La condena en el caso Vialidad
La semana pasada, la Corte Suprema dejó firme la condena en la causa Vialidad, en la que también fueron sentenciados la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el empresario Lázaro Báez y el ex director de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, entre otros condenados. A partir de esa resolución, el Tribunal Oral Federal N°2 ordenó que todos ellos se presenten en Comodoro Py en un plazo máximo de cinco días hábiles.
López fue excarcelado en abril de 2021 en la causa en la que se lo juzgó por enriquecimiento ilícito, tras pagar una fianza de 85 millones de pesos. Desde entonces, permaneció en Río Gallegos. En la causa por la que ahora volverá a quedar detenido fue juzgado por el direccionamiento de obras públicas en favor de las empresas de Lázaro Báez durante el kirchnerismo.
En 2016, el exfuncionario fue detenido luego de que se conociera una filmación en la que se lo veía tratando de ocultar bolsos con nueve millones de dólares en un convento en General Rodríguez. Dos años más tarde, en 2018, fue aceptado como imputado colaborador en la causa de los Cuadernos de las coimas.
Pedido del defensor
López pidió cumplir la detención en un domicilio de Río Gallegos y puso como garante a María Amalia Díaz, su pareja. Díaz fue juzgada como presunta testaferro de López en la causa por los bolsos millonarios. Díaz había sido condenada a dos años de prisión, pero la Corte decidió que se dicte un nuevo fallo.
En el pedido de prisión domiciliaria, la defensa oficial de López señaló que el ex funcionario tiene problemas psiquiátricos que lo obligaron a internarse en distintas oportunidades. También argumentó que no puede ir a prisión por una cuestión de seguridad ya que es arrepentido en la causa de los «cuadernos de la corrupción».
La defensa señaló que su vida corre riesgo si vuelva a prisión. El TOF 2 tendrá en cuenta la opinión de los peritos médicos para definir su lugar de detención.
Imagen: José López con chaleco antibalas y casco es trasladado a la cárcel desde los Tribunales de Comodoro Py por la causa Vialidad. Foto Santiago Garcia Díaz
JUDICIALES
Minella bajo la lupa
La investigación judicial por la concesión del estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas sumará un nuevo capítulo con una medida que apunta directamente al principal accionista de la empresa concesionaria. Desde la ONG Mirada Ciudadana, que fue reconocida por la Justicia como querellante en la causa, confirmaron que enviarán un representante a San Pablo para profundizar la búsqueda de información sobre el Grupo Revee.
“Alguien del equipo viajará a San Pablo e incluso ya estamos trabajando con abogados de esa ciudad de Brasil para ver si podemos rastrear el dinero, las notas de crédito y otras cuestiones que los brasileños presentaron acá”, señalaron desde la entidad a LoQuePasa.net.
El objetivo será obtener documentación vinculada al origen de los fondos que la firma declaró al momento de participar en la licitación, además de conocer el estado de las causas judiciales que involucran al grupo empresario en Brasil por presunto lavado de activos.
La querella buscará determinar si el capital que la empresa aseguró poseer para respaldar su participación en el proceso licitatorio existió efectivamente y si fue suficiente para afrontar la inversión comprometida. Esa línea de investigación tomó mayor relevancia luego de que trascendieran distintos inconvenientes financieros de Minella Stadium S.A., entre ellos deudas con proveedores, servicios impagos y una importante cantidad de cheques rechazados por falta de fondos.
En paralelo, también se analizará la situación judicial del Grupo Revee en Brasil, donde aparece mencionado en investigaciones relacionadas con un presunto esquema de lavado de dinero que tendría vínculos con organizaciones criminales de ese país.
Mientras tanto, la empresa concesionaria intenta reorganizar su estructura accionaria con el ingreso de un nuevo socio mayoritario. Sin embargo, esa modificación aún requiere la autorización correspondiente y, hasta el momento, no hubo definiciones oficiales sobre si recibirá el aval del Municipio.
Con la incorporación de Mirada Ciudadana como querellante, la causa comienza a avanzar hacia una etapa en la que las medidas de prueba buscarán establecer si existieron irregularidades durante el proceso licitatorio y verificar el verdadero respaldo económico de quienes obtuvieron la concesión del principal escenario deportivo de Mar del Plata. (Loquepasa)
JUDICIALES
Piden la detención de Martín Insaurralde
El fiscal Sergio Mola pidió la detención de Martín Insaurralde, investigado por enriquecimiento ilícito. Es días después de la difusión de los videos de Jésica Cirio, a quién también le pidieron la captura, que muestran millones de dólares guardados en una casa del ex intendente de Lomas de Zamora.
Mola elevó el pedido al juez Luis Armella, que ahora decidirá el futuro del exintendente de Lomas de Zamora q quien se lo investiga por enriquecimiento ilícito y por lavado de dinero, luego de que fuera fotografiado en 2023 navegando por el Mediterráneo en el yate “Bandido” con Sofía Clerici como acompañante.
La causa fue sacudida por la aparición de videos de su exesposa Jesica Cirio contando millones de dólares en el vestidor de la casa que compartía con Insaurralde.
En las imágenes que tomaron estado público, se observa a la mediática grabando con su celular el interior de los cajones del vestidor de la casa que compartía con Insaurralde en el country de San Vicente, donde aparecen decenas de fajos de dólares guardados en bolsas plásticas, debajo de prendas de vestir.
Tras el conocimiento de los archivos, Armella ordenó allanamientos el domingo 21 de junio en los domicilios de Cirio, donde no se la encontró, y de Elías Piccirillo, su segundo exesposo. Piccirillo está acusado en otras dos causas. No obstante, mostró su celular y permitió su peritaje, el cual dio resultado negativo.
En un comunicado, la conductora televisiva había manifestado que el acceso a las grabaciones difundidas "han sido el producto de maniobras ilícitas”.
A su vez, en el mismo escrito, sostuvo: “Evidentemente, se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales. Mediante esa vía, se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado”.
De este modo, y ante el conocimiento de que terceros tenían los videos, Cirio hizo la denuncia correspondiente.
JUDICIALES
El Gobierno flexibiliza trámite para designar jueces de la Corte
El Gobierno avanzó formalmente en la reconfiguración del sistema legal para el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor General de la Nación.
Mediante la publicación del Decreto 467/2026 en el Boletín Oficial, la administración de Milei dispuso una profunda reforma sobre los históricos decretos 222 y 588 del año 2003, flexibilizando los requisitos y suprimiendo etapas administrativas previas al envío de las postulaciones para los cargos mencionados.
La normativa, firmada por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, elimina el filtro de exposición y observaciones ciudadanas que antes se desarrollaba bajo la órbita de la cartera judicial antes de la nominación formal.
El nuevo esquema deroga la obligación de publicar las candidaturas previamente para que sean de conocimiento público. A partir de ahora, la difusión de las hojas de vida y antecedentes de los aspirantes se canalizará exclusivamente mediante el Boletín Oficial y los portales web del Ministerio de Justicia, acortando sensiblemente los tiempos del trámite.
Bajo esta nueva modalidad, los nominados contarán con un margen de cinco días para aportar sus declaraciones juradas patrimoniales detalladas,
lcanzando tanto los bienes propios como los de sus cónyuges, convivientes e hijos menores de edad, bajo los parámetros de la Ley de Ética Pública.
Otro de los puntos impacta en el rol de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Si bien el Ejecutivo conservó la exigencia de evaluar el comportamiento impositivo y previsional de los postulantes, el nuevo texto establece por primera vez un tope máximo de cinco días para que el organismo fiscal elabore sus informes correspondientes, remarcando la obligación de preservar el secreto fiscal del candidato bajo análisis.
Finalmente, en términos de representatividad, el decreto firmado por Mahiques omitió replicar los criterios de sugerencia que contenía el texto original del año 2003, los cuales instaban al Presidente de la Nación a evaluar variables de diversidad de género, especialidades jurídicas y procedencia geográfica de los postulantes a la hora de estructurar la composición del tribunal supremo. (NA)
