JUDICIALES
El procurador Casal pidió condenar a Cristina Kirchner a 12 años de prisión
15 de mayo de 2025
El procurador ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eduardo Casal, pidió este jueves condenar a la expresidenta Cristina Kirchner a doce años de prisión en la denominada causa Validad, en un dictamen presentado ante el máximo tribunal del país.
Casal presentó ante el máximo tribunal un dictamen de trece páginas en el que mantuvo la posición de la fiscalía de agravar la actual condena de la exmandataria de seis años de prisión por administración fraudulenta. También para que el monto de lo que se le decomise a los condenados sea de 5.321.049.272,42 de pesos.
De ese modo, Casal respaldó la apelación del fiscal ante Casación Mario Villar, quien presentó una queja a la Corte Suprema para que se duplique y eleve de seis a doce años la condena a la también exvicepresidenta.
Para ello, reclama que se revoque su absolución por asociación ilícita y también se la condene por ese delito.
Por el momento, Cristina está condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta, en un veredicto del Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2 que está confirmado por la Cámara Federal de Casación.
Se trata de la causa que investigó el direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas de Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Los argumentos
«El fiscal general explicó, con toda razón, que no hay, en cambio, ninguna justificación para acudir a ese artificio cuando de lo que se trata aquí es de la adjudicación fraudulenta de cincuenta y un contratos de obra pública dentro de un esquema comprobado de corrupción», afirmó en su escrito de 13 carillas.
«Contrariamente a lo que estableció el a quo, que efectivamente la organización haya concretado un solo plan no es incompatible con la figura de la asociación ilícita, cuya configuración no depende de ejecución alguna», concluyó.
También acompañó Casal el reclamo por la absolución de Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro, a los que señaló por actos administrativos o funciones de contralor sobre Vialidad Nacional.
«Una vez más, la sentencia se limitó a reproducir los argumentos del tribunal oral sin dar una respuesta concreta a los agravios del apelante que demostraban que el intrincado sistema burocrático expuesto en el juicio no logró cohonestar el hecho —probado por numerosas pruebas y circunstanciales justamente valoradas por la acusación conforme a las máximas de la experiencia y el sentido común— de que De Vido no sólo adaptó su contribución a un plan criminal en curso que conocía a la perfección —descartando así toda posible consideración de su conducta como neutral o dentro del riesgo permitido— sino que más bien fue uno de sus principales organizadores», completó.
Resaltó, a su vez, que no se pudieron utilizar testimonios de «arrepentidos» de la denominada causa Cuadernos para incorporar a este juicio y reiteró que estaba en desacuerdo con el monto del decomiso.
Ahora, todo el caso pasa a estar integrado para que la Corte Suprema pueda tomar una decisión final sobre la causa, para lo cual no cuenta con plazos prefijados.
JUDICIALES
Ordenan suspender ordenanza de agroquímicos en Tandil y Rauch
La Suprema Corte de Justicia bonaerense ordenó suspender de manera preventiva la ordenanza que regula el uso de agroquímicos en el partido de Tandil, en el marco de una causa que también involucra a la Municipalidad de Rauch y que cuestiona la constitucionalidad de ambas normativas por su impacto ambiental sobre la Cuenca del arroyo Chapaleofú.
La cautelar se hizo a pedido de un grupo de vecinos de dicha cuenca y luego que estos hayan recibido el apoyo del procurador general Julio Conte Grand. El dictamen del fiscal reconoce la legitimidad del reclamo de pobladores de los distritos citados y de los de las localidades tandilenses de Gardey y Vela, donde rige una normativa aprobada en 2022.
El fallo del máximo tribunal suspende provisoriamente la aplicación de un artículo de una ordenanza de 2021 en Tandil que establece las distancias y condiciones para la aplicación de agroquímicos, y de otro artículo en Rauch hasta tanto se sustancien los requerimientos de información ordenados y se dicte una resolución definitiva sobre el fondo de la cuestión.
Además, se exigió a los intendentes de ambas localidades que en un plazo perentorio de diez días le eleven a ese cuerpo todos los antecedentes que dieron origen a las respectivas ordenanzas, antes de dictar un fallo definitivo.
En los considerandos, la Suprema Corte puso el foco en el potencial riesgo de contaminación del recurso hídrico, así como en la necesidad de adoptar decisiones judiciales acordes a los principios preventivo y precautorio que rigen en materia ambiental.
En ese marco, destacó que los límites previstos para la aplicación aérea de agroquímicos en ambas ordenanzas “prima facie se apartan de las pautas que la Provincia ha fijado” en su normativa general, lo que refuerza la necesidad de una evaluación más profunda. DIB
JUDICIALES
Investigan a Javier Faroni por el escándalo AFA
El empresario y ex diputado provincial por el Frente Renovador, Javier Faroni quedó envuelto en una investigación por la gestión del dinero de AFA en el exterior.
Según reveló el diario La Nación, el marplatense es socio y marido de Erica Gillette, titular de TourProdEnter LLC, empresa que adjudicó fondos a empresas fantasmas en EEUU.
Faroni, que intentó escapar a Uruguay después de que allanaran su casa en el marco de la investigación por el manejo de fondos en la AFA, tiene un largo recorrido en la Provincia, que lo llevó del mundo del espectáculo, donde cimentó su fortuna, a la política, a través de la cual fue diputado y casi compite por la intendencia de Mar del Plata, de la mano de Sergio Massa.
El empresario marplatense quedó en el centro de las sospechas el fin de semana, cuando una investigación periodística reveló que es titular de TourProdCenter, la empresa que tiene junto a su esposa, Érica Gillette, con la que se quedó con la representación de la AFA en el exterior. Desde allí, habría desviado al menos 42 millones de dólares de los 260 millones que habría facturado a través de cuatro compañías que ahora son investigadas.
Faroni, que tenía una vinculación previa con la AFA a través de otra empresa, la ticketera deportiva Deportick, es oriundo de Córdoba, pero su carrera despegó en una ciudad bonaerense, Mar del Plata, a los que sus padres se mudaron cunado él tenía 11 años. Fue allí que desarrolló una carrera en el mundo de la producción de espectáculos de temporada y un vínculo muy especial con el actor -ya fallecido- Carlos “Carlin” Calvo, que fue clave en esta etapa de su trayectoria.
Después Faroni desembarcó en Capital Federal, donde produjo espectáculos a través de Faroni producciones, una compañía que llegó a tener ocho espectáculos simultáneos en escena y es responsable de más de 60 puestas en su historia, muchas de ellas con figuras muy reconocidas.
La vinculación con la política de la provincia llegó a través de Sergio Massa, el líder del Frente Renovador. Se conocieron porque Faroni programó el teatro de Tigre Niní Marshall, entre 2007 y 2011. Ese vínculo se estrechó al punto que Faroni fue diputado provincial por el FR entre 2015 y 2019, mientras que su hermana Marcela lo fue entre ese año y 2023. Faroni tuvo además actuación política en Mar del Plata, donde coqueteó con una candidatura a intendente que declinó para postulante a la cámara Baja. Con Massa como ministro de Economía, durante el gobierno de Alberto Fernández, Faroni fue director de Aerolíneas Argentinas.
Massa y Faroni tuvieron una relación cercana, incluso familiar. Pero desde 2021, el productor se alejó del Frente Renovador y se centró en su actividad en la AFA. Hoy, su casa de Nordelta fue allanada por orden del juez de Quilmes Luis Armella. La Policía de Seguridad Aeroportuaria lo interceptó, además, en Aeroparque, cuando intentaba abordar un vuelo privado hacia Uruguay, ya que el magistrado ordenó que no salga del país. (TN/DIB/La NoticiaWeb)
JUDICIALES
Imputan a Tapia y a Toviggino por retener aportes jubilatorios en AFA
La Justicia dio un paso clave en una causa que sacude a la conducción del fútbol argentino. El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial imputó formalmente a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) respectivamente, en una investigación por la presunta retención ilegal de aportes jubilatorios correspondientes a empleados de la entidad y de los principales clubes del país.
La acusación fue presentada ante el juez Diego Amarante y se centra en la falta de pago de contribuciones a la seguridad social por un monto que, según la denuncia, supera los $19.000 millones.
Se trata de la primera vez que Tapia y su principal colaborador quedan formalmente imputados en una causa de estas características.
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De acuerdo con fuentes judiciales, el expediente se originó a partir de una denuncia de la División Jurídica de Grandes Contribuyentes del organismo recaudador, que advirtió que la AFA habría retenido aportes previsionales y otros tributos a sus empleados sin efectuar el correspondiente depósito dentro de los plazos legales establecidos.
La conducta investigada encuadra, según el fiscal, en los artículos 4 y 7 del Régimen Penal Tributario, que sancionan la retención indebida de impuestos y contribuciones.
En su requerimiento de instrucción, Navas Rial imputó a Tapia en su rol de presidente y responsable de la administración de la clave fiscal de la AFA.
Además, sostuvo que, por la magnitud de la estructura económica de la entidad y los montos involucrados, resulta necesario ampliar la investigación a otros dirigentes vinculados al entramado societario que rodea a la asociación. Entre ellos mencionó a Cristian Ariel Malaspina y a Gustavo Lorenzo, ambos relacionados con empresas que, según la pesquisa, tendrían vínculos con el tesorero Toviggino.
Esta causa es una de las tres que se abrieron en los últimos días y que complican a la cúpula de la AFA. En paralelo, la Justicia también analiza otros expedientes que involucran a Tapia y a su entorno por presuntas irregularidades financieras, lo que podría derivar en procesamientos si se confirma la existencia de delitos.
En rigor, en el marco de la causa que analiza la compra de una propiedad de lujo en la localidad bonaerense de Pilar, presuntamente adquirida a través de testaferros vinculados a dirigentes de la entidad, el juez federal Marcelo Aguinsky ordenó nuevas medidas para profundizar la investigación.
Entre ellas, dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del inmueble con el objetivo de determinar si, en los días previos al allanamiento, se registraron movimientos llamativos, como el traslado de vehículos de alta gama o incluso caballos, un dato que llamó la atención de los investigadores por las características de la estancia.
Además, se realizará un procedimiento en la empresa Flyzar, propietaria del helicóptero que habría sido utilizado en la operatoria. La firma deberá entregar a la Justicia el listado completo de pilotos, pasajeros y vuelos realizados por la aeronave, información clave para reconstruir los desplazamientos vinculados a la causa.
Estas medidas fueron impulsadas luego de la presentación de un informe elaborado por el fiscal Eduardo Navas Rial, en el que se propuso avanzar con una serie de diligencias probatorias enfocadas en empresas presuntamente asociadas a Pablo Toviggino. (TN).
