Provincia
Primera Oficina Atención de Procuración General de Justicia en barrios populares y villas
12 de abril de 2025
Días atrás, el Obispado de San Justo, los Hogares de Cristo y la Procuración General de Justicia de la provincia de Buenos Aires firmaron un convenio mediante el cual se abrirá la primera oficina de atención de dicha Procuración en barrios populares y villas de emergencia bonaerenses.
Según el convenio, “se celebrarán reuniones bilaterales periódicas sobre asuntos de interés común, de conformidad con la agenda previamente acordada entre las partes, con el propósito de desarrollar y supervisar proyectos de colaboración”. Está previsto que esta iniciativa que llegue también a otros distintos lugares de la provincia.
Un avance en la dignificación de la vida de nuestros hermanos
“La firma de este convenio es un paso más en este esfuerzo que hacemos en los barrios por concretar Tierra-Techo-Trabajo porque la urbanización no solo son ladrillos, cloacas y techos. También es el acceso a la justicia y a otros bienes esenciales como educación y salud. Tener una oficina en nuestros barrios —lugares asediados por la violencia, el narco, las amenazas, los asesinatos; y también problemas familiares— donde los vecinos puedan llevar sus inquietudes y situaciones, es un avance en el proceso de dignificación de la vida de nuestros hermanos. Estamos contentos porque este trabajo mancomunado de la Iglesia y la comunidad organizada con el Estado es un paso dado en el camino de la esperanza para alcanzar la vida digna”, señaló monseñor García al término de esta fructífera reunión.
La primera sede de dicha repartición judicial estará ubicada en la Parroquia San José de La Matanza, lugar donde ayer se llevó a cabo la reunión de la que participaron el obispo de San Justo, monseñor Eduardo Horacio García; el párroco, presbítero Nicolás “Tano” Angelotti, el procurador general del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires Dr. Julio Conte Grand quien concurrió acompañado por el Secretario de Control Disciplinario y Enjuiciamiento, Dr. Miguel de Lezica, y el Dr. Mateo Laborde, Secretario de la Secretaría de Desarrollo y Seguimiento del Proyecto Institucional del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Argentina, entre otros funcionarios provinciales.
Durante el encuentro se abordaron temas que aquejan a la población de los barrios populares y villas en el Conurbano Bonaerense: el narcotráfico, la necesidad de implementar políticas públicas para las adicciones y la presencia del Estado como llave fundamental para el desarrollo de la sociedad.
La centralidad de las conversaciones pasó por los más frágiles del tejido social: personas en situación de calle, la emergencia en salud mental, el abandono progresivo de abuelos, menores desprotegidos y en conflicto con la ley, y la reinserción de liberados en la sociedad.
Escrituraciones
En declaraciones al multimedio comunitario La Voz de San José, el Dr. Conte Grand respondió a una de las mayores inquietudes de los vecinos del barrio, las escrituraciones del Barrio 17 de Marzo: “No es un área que incumba al precisamente Poder Judicial sino que es una tarea del Ministerio de Justicia. Pero nosotros seguimos con interés esta situación porque, efectivamente, la entrega de viviendas regularizadas desde el punto de vista dominial es un paso muy importante para consolidar la presencia del Estado en aquellos ámbitos donde el crimen organizado combate con herramientas muy fuertes”.
Prensa Equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares de la Argentina
Provincia
Legislatura trataría proyectos sobre endeudamiento de las familias
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires trataría este martes cuatro proyectos destinados a abordar el sobreendeudamiento de las familias y la situación de quienes registran deudas. Las iniciativas avanzaron en las comisiones de Legislación General y de Derechos del Usuario y el Consumidor y quedaron habilitadas para llegar al recinto.
Los cuatro proyectos contemplan diferentes herramientas frente a la morosidad. Entre ellas aparecen el respaldo legal a los deudores, la incorporación del concepto de “sobreendeudamiento” a la Ley de los Derechos del Consumidor y Usuarios, la prohibición de prácticas abusivas por parte de los bancos y la creación de un régimen judicial para reestructurar deudas de consumo.
En principio, las iniciativas se aprobarían durante la sesión del martes en la Cámara baja bonaerense. El tratamiento previo también generó diferencias entre sectores del oficialismo provincial alrededor de uno de los proyectos.
Uno de los textos fue presentado por el diputado Facundo Tignanelli junto con el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino. La propuesta busca brindar respaldo legal a los deudores y recibió reparos de legisladores vinculados al sector del gobernador Axel Kicillof, quienes finalmente se abstuvieron en la votación.
“Tenemos algunas diferencias en cuanto a la autoridad de aplicación. Estoy convencida de que la protección tiene que ser a través de las oficinas municipales de información al consumidor y en articulación con la Dirección de Defensa del Consumidor, porque entiendo que la Defensoría del Pueblo tiene otras competencias”, sostuvo la legisladora Ana Luz Balor.
Pese a esas diferencias, el proyecto consiguió avanzar en comisión. El planteo sobre la autoridad de aplicación marcó el principal punto de discusión durante su tratamiento.
El segundo proyecto incorpora el concepto de “sobreendeudamiento” a la Ley de los Derechos del Consumidor y Usuarios. La iniciativa busca que las prestadoras de dinero entreguen “información clara” a las personas interesadas en tomar deuda.
Además, contempla la posibilidad de revisar las condiciones de los créditos ante un deterioro de la situación económica general o de las condiciones económicas particulares del deudor.
La tercera propuesta apunta a prohibir las “prácticas abusivas” de los bancos contra los deudores. También busca “prevenir el hostigamiento en los reclamos extrajudiciales de deuda”.
Por último, otra iniciativa contempla la creación del Régimen Judicial de Reestructuración de Deudas de Consumo. Este mecanismo permitirá a los vecinos presentar denuncias ante los Juzgados de Familia y de Paz para agilizar la vía legal de los reclamos sin iniciar previamente un trámite administrativo.
Los cuatro proyectos quedaron así en condiciones de llegar a la Cámara de Diputados bonaerense. Su tratamiento está previsto, en principio, para la sesión del martes.
Provincia
Zona Fría: varios municipios sufrirán el recorte de subsidio
El proyecto oficial establece que los beneficios del régimen Zona Fría quedarán limitados a los usuarios que residan en la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la región de la Puna. De este modo, el mayor impacto se concentraría en la provincia de Buenos Aires, que fue una de las principales beneficiadas por la ampliación del régimen en 2021.
Si la iniciativa oficial se convierte en ley, perderán el descuento por Zona Fría hogares de 55 ciudades bonaerenses, incluyendo a Mar del Plta a y gran prtebde lap rovinica (Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Guaminí, General Lamadrid, Laprida, Monte Hermoso, Pellegrini, Puan, Saavedra, Salliqueló, Tres Arroyos, Tres Lomas, Tornquist y Villarino).
Además, se quedarán sin el beneficio distritos como General Pueyrredón, Necochea, Partido de la Costa, Pinamar, Villa Gesell, Tandil, Olavarría, Azul, Pergamino, entre otras.
También perderán el beneficio municipios de Santa Fe incorporados en 2021, por ejemplo, Rosario, General López, San Lorenzo y Constitución.
En Mendoza, el único departamento que conservaría el beneficio sería Malargüe. En cambio, quedarían excluidas Mendoza Capital, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.
Mientras que en San Luis, la capital provincial, Villa Mercedes y Merlo perderán el beneficio de aprobarse la iniciativa oficial junto a las ciudades de Andalgalá, Belén y Tinogasta de San Juan.
Lo mismo ocurrirá en Salta en los departamentos de Cafayate, Cerrillos, Chicoana, La Caldera, La Viña, Rosario de Lerma, San Carlos y Salta Capital. En Catamarca; en Famatina, Chilecito y General Lamadrid, en La Rioja; y en Tafí del Valle, Tucumán. (TN)
Provincia
Escapes libres: Habrá multas de hasta $2.281.000
El Senado bonaerense buscará en la próxima sesión avanzar con un proyecto de ley que apunta a terminar con los ruidos molestos generados por motos y autos modificados. La limitación en el uso de los escapes libres, que impactan en la calidad de vida de personas y de animales, podría tener sanción en ese cuerpo el 6 de octubre
La decisión de tratar esta iniciativa se dio tras una reunión de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Senado, que busca dotar al Estado de herramientas más duras para prevenir, controlar y sancionar la contaminación sonora vehicular en todo el territorio provincial. Las multas, de hecho, podrían llegar a 1000 Unidades Fijas, lo que hoy significaría $2.281.000.
La comisión aprobó por unanimidad el proyecto impulsado por la legisladora de Hechos, María Emilia Subiza, que tiene el objetivo de “prevenir, controlar y sancionar la contaminación sonora vehicular en la provincia de Buenos Aires”, especialmente en las motos y los autos que circulan con escapes no autorizados o adulterados.
Según precisó Subiza, el proyecto que tiene una expericia en San Nicolás apunta a que el Estado bonaerense pueda actuar de manera integral frente a una problemática que “afecta el sueño de miles de familias, principalmente de poblaciones vulnerables, tales como adultos mayores, y niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA)”.
El texto que plantea un abordaje integral de la problemática, puesto que establece controles y sanciones más allá de las establecidas para los conductores de los vehículos que posean escapes libres, o carezcan del silenciador reglamentario. Es decir, también incluye en las penas a los comercios que trabajan con este tipo de productos.
De esta manera, en caso de prosperar la ley, aquellos comerciantes que la infrinjan, serán sancionados con una multa de hasta 5.000 Unidades Fijas, equivalente hoy a $11.405.000, el decomiso y disposición final del caño de escape antirreglamentario, la clausura preventiva o temporaria del establecimiento.
En tanto, para los conductores de motos o autos con escapes libres, la norma ingresada por la senadora de la Segunda sección electoral contempla multas de 300 hasta 1.000 Unidades Fijas (de $684.300 hasta $2.281.000), la inhabilitación para conducir de tres meses a un año, y la incautación y compactación final del vehículo, caño antirreglamentario y demás elementos en infracción. DIB
